La protección constitucional de los derechos económicos, sociales y culturales. Una experiencia de derecho comparado Caso de Brasil Sumario: Parte 1: Texto constitucional vigente e panorama histórico‐constitucional antecedente Parte 2: Ponto de partida justeórico para interpretação dos DESC: O conceito de liberdade da Constituição Federal brasileira (CFB) Parte 3: Desenvolvimento jurídico‐dogmático em prol de imprimir força normativa à CFB Parte 4: Instrumentos processuais de proteção 1. PREÁMBULO 2. TÍTULO I ‐ DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 3. TÍTULO II ‐ DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES 1. CAPÍTULO I ‐ DE LOS DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS 2. CAPÍTULO II ‐ DE LOS DERECHOS SOCIALES 3. CAPÍTULO III ‐ DE LA NACIONALIDAD 4. CAPÍTULO IV ‐ DE LOS DERECHOS POLÍTICOS 5. CAPÍTULO V ‐ DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 4. TÍTULO III ‐ DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 1. CAPÍTULO I ‐ DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICO‐ADMINISTRATIVA 2. CAPÍTULO II ‐ DE LA UNIÓN 3. CAPÍTULO II ‐ DE LOS ESTADOS FEDERALES 4. CAPÍTULO IV ‐ DE LOS MUNICIPIOS 5. CAPÍTULO V ‐ DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS TERRITORIOS 1. Sección I ‐ Del Distrito Federal 2. Sección II ‐ De losTerritorios 6. CAPÍTULO IV ‐ DE LA INTERVENCIÓN 7. CAPÍTULO VII ‐ DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 1. Sección I ‐ DisposicionesGenerales 2. Sección II ‐ De los Funcionarios Públicos Civiles 3. Sección III ‐ De los funcionarios Públicos Militares 4. Sección III ‐ De lasRegiones 5. TÍTULO IV ‐ DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES 1. CAPÍTULO I ‐ DEL PODER LEGISLATIVO 1. Sección I Del Congreso Nacional 2. Sección II ‐ De las Atribuciones del Congreso Nacional 3. Sección III ‐ De la Cámara de Diputados 4. Sección IV ‐ Del Senado Nacional 5. Sección V ‐ De los Diputados y de los Senadores 6. Sección VI ‐ De lasReuniones 7. Sección VII ‐ De lasComisiones 8. Sección VIII ‐ Del Proceso Legislativo 9. Sección IX ‐ De la Fiscalización Contable Financiera y Presupuestaria 2. CAPÍTULO II ‐ DEL PODER EJECUTIVO 1. Sección I ‐ Del Presidente y del Vicepresidente de la República 2. Sección II ‐ De las Atribuciones del Presidente de la República 3. Sección III ‐ De la Responsabilidad del Presidente de la República 4. Sección IV ‐ De los Ministros de Estado 5. Sección V ‐ Del Consejo de la República y del Consejo de Defensa Nacional 3. CAPÍTULO III ‐ DEL PODER JUDICIAL 1. Sección I ‐ DisposicionesGenerales 2. Sección II ‐ Del Supremo Tribunal Federal 3. Sección III ‐ Del Superior Tribunal de Justicia 4. Sección IV ‐ De los Tribunales Regionales Federales y de los Jueces Federales 5. Sección V ‐ De los Tribunales y Jueces del Trabajo 6. Sección VI ‐ De los Tribunales y Jueces Electorales 7. Sección VII ‐ De los Tribunales y Jueces Militares 8. Sección VIII ‐ De los Tribunales y Jueces de los Estados 4. CAPÍTULO IV ‐ DE LAS FUNCIONES ESENCIALES DE LA JUSTICIA 1. Sección I ‐ Del Ministerio Público 2. Sección II ‐ De la Abogacía General de la Unión 3. Sección III ‐ De la Abogacía y de la Defensa de Oficio 6. TÍTULO V ‐ DE LA DEFENSA DEL ESTADO Y DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS 1. CAPÍTULO I ‐ DEL ESTADO DE DEFENSA Y DEL ESTADO DE SITIO 1. Sección I ‐ Del Estado de Defensa 2. Sección II ‐ Del Estado de Sitio 3. Sección III ‐ DisposicionesGenerales 4. Sección II ‐ De las Fuerzas Armadas 5. Sección III ‐ De la Seguridad Pública 7. TÍTULO VI ‐ DE LA TRIBUTACIÓN Y DEL PRESUPUESTO 1. CAPÍTULO I ‐DEL SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL 1.
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Sección I ‐ De los Principios Generales Sección II ‐ De las limitaciones del Poder de Tributar Sección III ‐ De los Impuestos de la Unión Sección IV ‐ De los Impuestos de los Estados y del Distrito Federal 5. Sección V ‐ De los Impuestos de los Municipios 6. Sección VI ‐ Del Reparto de los Ingresos Tributarios 2. CAPÍTULO II ‐ DE LAS FINANZAS PUBLICAS 1. Sección I ‐ Normas Generales 2. Sección II ‐ De losPresupuestos 8. TÍTULO VII ‐ DEL ORDEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 1. CAPÍTULO I ‐ DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 2. CAPÍTULO II ‐ DE LA POLÍTICA URBANÍSTICA 3. CAPÍTULO III ‐ DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA Y TERRITORIAL Y DE LA REFORMA AGRARIA 4. CAPÍTULO IV ‐ DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 9. TÍTULO VIII ‐ DEL ORDEN SOCIAL 1. CAPÍTULO I ‐ DISPOSICIÓN GENERAL 1. Sección I ‐ DisposicionesGenerales 2. Sección II ‐ De laSalud 3. Sección III ‐ De la Previsión Social 4. Sección IV ‐ De la Asistencia Social 2. CAPÍTULO III ‐ DE LA EDUCACIÓN, DE LA CULTURA Y DEL DEPORTE 1. Sección I ‐ De laEducación 2. Sección II ‐ De la Cultura 3. Sección III ‐ Del Deporte 3. CAPÍTULO IV ‐ DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4. CAPÍTULO V ‐ DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 5. CAPÍTULO VI ‐ DEL MEDIO AMBIENTE 6. CAPÍTULO VII ‐ DE LA FAMILIA, DEL NIÑO, DEL ADOLECENTE Y DEL ANCIANO 7. CAPÍTULO VIII ‐ DE LOS INDIOS 10. TÍTULO IX ‐ DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES GENERALES PREÁMBULO Nosotros, representantes del pueblo brasileño, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente para instituir un Estado Democrático, destinado a asegurar el ejercicio de los derechos sociales e individuales, la libertad, la seguridad, el bienestar, el desarrollo, la igualdad y la justicia como valores supremos de una sociedad fraterna, pluralista y sin prejuicios, fundada en la armonía social y comprometida, en el odien interno e internacional, en la solución pacífica de las controversias, promulgamos bajo la protección de Dios, la siguiente Constitución: TÍTULO I ‐ DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES CAPÍTULO I ‐ DE LOS DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS Art. 1. La República Federal del Brasil, formada por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal, se constituye en Estado Democrático de Derecho y tiene como fundamentos: 1. la soberanía; 2. la ciudadanía; 3. la dignidad de la persona humana; 4. los valores sociales del trabajo y la libre iniciativa; 5. el pluralismo político. Párrafo único. Todo el poder emana del pueblo, que lo ejerce por medio de representantes elegidos directamente, en los términos de esta Constitución. Art. 2. Son poderes de la Unión, independientes armónicos entre sí, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Art. 3. Constituyen objetivos fundamentales de la República Federal de Brasil: 1. construir una sociedad libre, justa y solidaria; 2. garantizar el desarrollo nacional; 3. erradicar la pobreza y la marginación y reducir las desigualdades sociales y regionales; 4. promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color edad o cualesquiera otras formas de discriminación. Art. 4. La República Federativa de Brasil se rige en sus relaciones internacionales por los siguientes principios: 1. independencia nacional; 2. prevalencia de los derechos humanos; 3. autodeterminación de los pueblos; 4. no intervención; 5. igualdad de los Estados; 6. defensa de la paz; 7. solución pacífica de los conflictos; 8. repudio del terrorismo y del racismo; 9. cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad; 10. concesión de asilo político. Párrafo único: La República Federativa del Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con vistas a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones. TÍTULO II ‐ DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES CAPÍTULO I ‐ DE LOS DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS Art. 5. Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaliza, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los siguientes términos: 1. el hombre y la mujer son iguales en derechos y obligaciones, en los términos de esta Constitución; 2. Nadie está obligado a hacer o dejar de hacer alguna cosa sino en virtud de ley; 3. Nadie será sometido a tortura ni a trato inhumano o degradante. 4. es libre la manifestación del pensamiento, quedando prohibido el anonimato; 5. Queda asegurado el derecho de respuesta, proporcional al agravio, además de la indemnización por daño material, moral o a la imagen. 6. Es inviolable la libertad de conciencia y de creencia, estado asegurado el libre ejercicio de los cultos religiosos y garantizada, en la forma de la ley, la protección de los locales de culto y sus liturgias; 7. Queda asegurada, en los términos de la ley, la prestación de asistencia religiosa en las entidades civiles y militares de internamiento colectivo; 8. Nadie será privado de derechos por motivo de creencia religiosa o de convicción filosófica o política, salvo si las invocara para eximirse de obligación legal impuesta a todos y rehusase cumplir la prestación alternativa, fijada por ley; 9. es libre la expresión de la actividad intelectual, artística, científica y de comunicación, sin necesidad de censura o licencia; 10. Son inviolables la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen de las personas, asegurándose el derecho a indemnización por el daño material o moral derivado de su violación; 11. La casa es asilo inviolable del individuo, no pudiendo penetrar nadie en ella sin el consentimiento del morador, salvo en caso de flagrante delito o desastre, o para prestar socorro, o, durante el día, por determinación judicial; 12. Es inviolable el secreto de la correspondencia, de las comunicaciones telegráficas, de las informaciones y de las comunicaciones telefónicas, salvo, en el último caso, por orden judicial, en las hipótesis y en la forma que la ley establezca para fines de investigación criminal o instrucción penal; 13. Es libre el ejercicio de cualquier trabajo, oficio o profesión, cumpliendo las calificaciones profesionales que la ley establezca; 14. Queda garantizados a todos el acceso a la información y salvaguardado el secreto de las fuentes cuando sea necesario para el ejercicio profesional; 15. Es libre el desplazamiento en el territorio nacional en tiempo de paz, pudiendo cualquier persona, en los términos de la ley, entrar en él, permanecer o salir de él con sus bienes. 16. Todos pueden reunirse pacíficamente, sin armas, en locales abiertos al público, sin necesidad de autorización, siempre que no frustren otra reunión anteriormente convocada en el mismo local, exigiéndose sólo a viso previo a la autoridad competente; 17. Es plena la libertad de asociación para fines lícitos, prohibiéndose la de carácter paramilitar; 18. La creación de asociaciones y, en la forma de la ley, la de cooperativas no dependen de autorización, quedando prohibida la interferencia estatal en su funcionamiento; 19. Las asociaciones sólo podrán ser compulsivamente disueltas o ser suspendidas en sus actividades por decisión judicial, exigiéndose, en el primer caso, sentencia firme; 20. Nadie podrá ser obligado a asociarse o permanecer asociado; 21. Las entidades asociativas, cuando estén expresamente autorizadas, están legitimadas para representar a sus afiliados judicial o extrajudicialmente; 22. se garantiza el derecho a la propiedad; XXIII la propiedad privada atenderá su función social; XXIV la ley establecerá el procedimiento para la expropiación por causa de necesidad o utilidad pública, o por interé s social, mediante justa y previa indemnización en dinero, salvo los casos previstos en esta Constitución; 23. en caso de inminente peligro público, la autoridad competente podrá usar la propiedad particular asegurándose al propietario indemnización posterior, si hubiese daño; 24. la pequeña propiedad rural, así definida en la ley, siempre que sea trabajada por la familia, no será objeto de embargo por el pago de deudas derivadas de su actividad productiva, debiendo regular la ley los medios de financiar su desarrollo; 25. pertenece a los autores el derecho exclusivo de utilización, publicación o reproducción de sus obras, siendo transmisible a los herederos por el tiempo que la ley determine; 26. la ley asegurará a los autores de inventos industriales el privilegio temporal para su utilización, así como la protección de las creaciones industriales, de la propiedad de marcas, de los nombres de empresas y de otros sig nos distintivos, teniendo en cuenta el interés social y el desarrollo económico del País; 27. están asegurados, en los términos de la ley: 1. la protección de las participaciones individuales en obras colectivas y de la reproducción de la imagen y voz humanas, incluso en las actividades deportivas; 2. el derecho de los creadores, de los intérpretes y de las respectivas representaciones sindicales y asociativas de fiscalización del aprovechamiento económico de las obras que creasen o en las que participasen; 28. la ley asegurará a los autores de inventos industriales el privilegio temporal para su utilización, así como la protección de las creaciones industriales, de la propiedad de marcas, de los nombres de empresas y de otros sig nos distintivos, teniendo en cuenta el interés social y el desarrollo económico del País; 29. se garantiza el derecho a la herencia; 30. la sucesión de los bienes de extranjeros situados en el País será regulada por la ley brasileña en beneficio del cónyuge o de los hijos brasileños siempre que no les sea más favorable la ley personal del `decujus'; 31. el Estado promoverá, en la forma de la ley, la defensa del consumidor; 32. todos tienen derecho a recibir de los órganos públicos informaciones de su interés particular, o de interés colectivo o general, que serán facilitados en el plazo señalado en la ley, bajo pena de responsabilid ad, salvo aquellas cuyo secreto sea imprescindible para la seguridad de la sociedad y del Estado; 33. quedan garantizados a todos, sin necesidad del pago de tasas: 1. el derecho de petición ante los Poderes Públicos en defensa de derechos o contra la ilegalidad o el abuso de poder ; 2. la obtención de certificaciones en oficinas públicas para la defensa de derechos y el esclarecimiento de situaciones de interés personal; 34. la ley no excluirá de la apreciación del Poder Judicial la lesión o la amenaza de derechos; 35. la ley no perjudicará los derechos adquiridos, los actos jurídicos perfectos ni la cosa juzgada; 36. no habrá juicios ni tribunales de excepción; 37. se reconoce la institución del jurado, con la organización que la ley le dé, asegurándose: 1. la plenitud de la defensa; 2. el secreto de las votaciones; 3. la superioridad de los veredictos ; 4. la competencia para el enjuiciamiento de los delitos dolosos contra la vida; 38. no hay delito sin ley anterior que lo defina, ni pena sin previa conminación legal; 39. la ley penal no será retroactiva salvo para beneficiar al reo; 40. la ley castigará cualquier discriminación atentatoria contra los derechos y libertades fundamentales; 41. la práctica del racismo constituye delito no susceptible de fianza e imprescriptible, sujeto a penas de reclusión en los términos de la ley; 42. la ley considerá delitos no afianzables y no susceptibles de indulto o amnistía la práctica de la tortura, el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines, el terrorismo y los definidos como delitos repugnantes , respondiendo de ellos los incitadores, los ejecutores y los que pudiendo evitarlos se abstuvieran; 43. constituyen delito no afianzable e imprescindible las acciones de grupos armados, civiles o militares, contra el orden institucional y el Estado Democrático; 44. ninguna pena trascenderá de la persona del condenado, pudiendo extenderse a los sucesores y ser ejecutadas contra ellos la obligación de reparar el daño y la decisión de privació de bienes, en los términos de l a ley, hasta el límite del valor del patrimonio transmitido ; 45. la ley regulará la individualización de la pena y adoptará, entre otras, las siguientes: 1. privación o restricción de libertad; 2. privación de bienes; 3. multa; 4. prestación social alternativa; 5. suspensión o privación de derechos; 46. no habrá penas 1. de muerte, salvo en caso de guerra declarada en los términos del art. 84, XIX; 2. de carácter perpetuo; 3. de trabajos forzados; 4. de destierro; 5. crueles; 47. la pena será cumplida en establecimientos distintos, de acuerdo con la naturaleza del delito, la edad y el sexo del penado; 48. esta asegurado a los presos el respeto a la integridad física y moral; 49. se garantizarán las condiciones para que las condenadas puedan permanecer con sus hijos durante el período de lactancia; 50. ningún brasileño será extraditado, salvo el naturalizado, en supuesto de delito común, practicado antes de la naturalización o de comprobada vinculación en tráfico ilícito de estupefacientes y dro gas afines, en la forma de la ley ; 51. No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión; 52. nadie será procesado ni condenado sino por autoridad competente; 53. nadie será privado de la libertad o de sus bienes sin el debido proceso legal; 54. Se garantiza a los litigantes, en el procedimiento judicial o administrativo, ya los acusados en general, un proceso contradictorio y amplia defensa con los medios y recursos inherentes a la misma. 55. Son inadmisibles en el proceso las pruebas obtenidas por medios ilícitos; 56. Nadie será considerado culpable hasta la firmeza de la sentencia penal condenatoria; 57. el identificado civilmente no será sometido a identificación criminal, salvo en las hipótesis previstas en ley; 58. se admitirá la acción privada en los delitos de acción pública cuando ésta no fuera ejercida en el plazo legal; 59. la ley sólo podrá restringir la publicidad de los actos procesales cuando lo exigieran la defensa de la intimidad o el interés social; 60. nadie será detenido sino en flagrante delito o por orden escrita y fundamentada de la autoridad judicial competente, salvo el de los casos de transgresión militar o delito propiamente militar, definidos en la ley; 61. la detención de cualquier persona y el lugar donde se encuentre serán comunicados inmediatamente al juez competente y a la familia del detenido o a la persona indicada por él; 62. el detenido será informado de sus derechos, entre ellos el de permanecer callado, asegurándose la asistencia de la familia y de abogado ; 63. el detenido tiene derecho a la identificación de los responsables de su detención o de su interrogatorio policial; 64. la detención ilegal será inmediatamente levantada por la autoridad judicial; 65. nadie será llevado a prisión, ni mantenido en ella, cuando la ley admitiere la libertad provisional, con o sin fianza; 66. no habrá prisión civil por deudas, salvo para los responsables por el incuplimiento voluntario e inexcusable de la obligación de alimentos y para los depositarios infieles; 67. Se concederá "habeas corpus" siempre que alguien sufriera o se creyera amenazado de sufrir violencia o coacción en su libertad de locomoción, por ilegalidad o abuso de poder; 68. Se concederá mandamiento de seguridad para proteger un derecho determinado y cierto, no amparado por "habeas corpus" o "habeas data" cuando el responsable por la ilegalidad o abuso de poder fuese una autoridad o un agente de persona jurídica en el ejercicio de atribuciones del Poder Público; 69. El mandamiento de seguridad colectivo puede ser imperado por: 1. un partido político con representación en el Congreso Nacional; 2. una organización sindical, entidad de clase o asociación legalmente constituida y en funcionamiento desde hace un año por lo menos, en defensa de los intereses de sus miembros o asociados; 70. Se concederá "mandado de injuncao" siempre que por falta de norma reguladora, se torne inviable el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales y de las prerrogativas inherentes a la nacionalidad, a la soberanía y a la ciudadanía; 71. Se concederá "habeas data": 1. para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona del impetrante que consten en registros o bancos de datos de entidades gubernamentales o de carácter público; 2. para la rectificación de datos, cuando no se prefiera hacerlo por procedimiento secreto, judicial o administrativo; 72. cualquier ciudadano es parte legítima para proponer la acción popular que pretenda anular un acto lesivo para el patrimonio público o de una entidad en que el Estado participe, para la moralidad administrativa, para el medio ambiente o para el patrimonio histórico y cultural, quedando el actor, salvo mala fe comprobada, exento de las costas judiciales y de los gastos de sucumbencia ; 73. el Estado prestará asistencia jurídica íntegra y gratuita a los que demuestren insuficiencia de recursos ; 74. El Estado indemnizará al condenado por error judicial así como al que permaneciere en prisión más allá del tiempo fijado en la sentencia; 75. nadie será llevado a prisión, ni mantenido en ella, cuando la ley admitiere la libertad provisional, con o sin fianza; 76. son gratuitas las acciones de "habeas corpus" y "habeas data" y, en la forma de la ley, los actos necesarios al ejercicio de la ciudadanía. 1o. Las normas definidoras de los derechos garantías fundamentales son de aplicación inmediata. 2o. Los derechos y garantías expresadas en esta Constitución no excluyen otros derivados del régimen y de los principios por ella adoptados, o de los tratados internacionales en que la República Federativa de Brasil s ea parte. CAPÍTULO II ‐ DE LOS DERECHOS SOCIALES Art. 6. Son derechos sociales la educación, la salud, el trabajo, el descanso, la seguridad, la previsión social, la proyección de la maternidad. Art. 7. Son Derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros que tiendan a la mejora de su condición social: 1. el contrato de trabajo protegido contra el despido arbitrario o sin justa causa, en los términos de la ley complementaria que establecerá indemnización compensatoria, entre otros derechos; 2. el seguro de desempleo, en caso de desempleo involuntario ; 3. el fondo de garantía del tiempo de servicio; 4. el salario mínimo, fijado en ley y unificado para toda la nación, capaz de atender sus necesidades vitales básicas y las de su familia como vivienda, alimentación, educación, salud, descanso, vestido, higiene, transporte y seguridad social, con reajustes periódicos que preserven el poder adquisitivo, quedando prohibida su afectación a cualquier fin ; 5. el salario base proporcional a la extensión y a la complejidad del trabajo; 6. irreductibilidad de salario, salvo lo dispuesto en convenio o acuerdo colectivo; 7. la garantía de un salario, nunca en la remuneración íntegra o en el valor de la pensión de jubilación; 8. el décimo tercer salario en base en la remuneración íntegra o el valor de la pensión de jubilación; 9. la remuneración del trabajo nocturno superior a la del diurno; 10. la protección del salario en la forma de la ley, constituyendo delito su retención dolosa; 11. la participación en los beneficios, o resultados, desvinculada de la remuneración, y excepcionalmente, participación en la gestión de la empresa, conforme a lo señalado en la ley; 12. el salario familiar para sus dependientes; 13. La duración del trabajo normal no superior a ocho horas diarias y a cuarenta y cuatro semanales, facultándose la compensación de horarios y la reducción de jornada, mediante acuerdo o convenio colectivo de trabajo; 14. la jornada de seis horas para el trabajo realizado en turnos ininterrumpidos de alternancia, salvo negociación colectiva; 15. El descanso semanal remunerado, preferentemente en domingo; 16. La remuneración de horas extraordinarias superior, como mínimo, en un cincuenta por ciento a las normales; 17. el disfrute de vacaciones anuales remuneradas, por lo menos con un tercio más, que el salario normal; 18. la licencia de embarazo, sin perjuicio del empleo y, del salario, con una duración de ciento veinte días; 19. la licencia de paternidad, en los términos fijados en la ley; 20. la protección del mercado de trabajo de la mujer mediante incentivos específicos, en los términos de la ley; 21. el aviso previo proporcional al tiempo de servicio, siendo como mínimo de treinta días, en los términos de la ley; 22. la reducción de riesgos inherentes al trabajo, por medio de normas de salud, higiene y seguridad ; 23. la remuneración adicional para las actividades penosas, insalubres o peligrosas, en la forma de la ley; 24. la jubilación; 25. la asistencia gratuita a los hijos y personas dependientes desde el nacimiento hasta los seis años de edad en guardería y centros preescolares; 26. el reconocimiento de los convenios y acuerdos colectivos ; 27. la protección frente a la automatización, en la forma de la ley; 28. el seguro contra accidentes de trabajo, a cargo del empleador, sin excluir la indemnización a que este está obligado, cuando incurriese en dolo o culpa; 29. la acción, en cuanto a los créditos resultantes de las relaciones laborales, con plazo de prescripción de: 1. cinco años para el trabajador urbano, con el límite de dos años después de la extinción del contrato; 2. hasta dos años después de la extinción del contrato para el trabajador rural; 30. la prohibición de diferencias salariales, de ejercicio de funciones y de criterios de admisión por motivos de sexo, edad, color o estado civil; 31. la prohibición de cualquier discriminación, en lo referente al salario y a criterios de admisión, del trabajador portador de deficiencias; 32. la prohibición de distinción entre trabajo manual, técnico e intelectual, o entre los profesionales respectivos; 33. la prohibición del trabajo nocturno, peligroso o insalubre a los menores de dieciocho años y de cualquier trabajo a las menores de catorce, salvo en condición de aprendiz; 34. la igualdad de derechos entre el trabajador con vínculo laboral permanente y el trabajador eventual. Párrafo único. Están aseguradas a la categoría de los trabajadores domésticos los derechos previstos en los incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI y XXIV, así como su integración en la seguridad social. Art. 8. Es libre la asociación profesional o sindical, observándose lo siguiente: 1. la ley no podrá exigir autorización del Estado para la fundación de un sindicato, salvo el registro en el órgano competente, prohibiéndose al poder público la intervención en la organización sindical cal; 2. está prohibida la creación de más de una organización sindical, en cualquier grado, representativa de una categoría profesional o económica, en la misma base territorial, la cual será definida por los t rabajadores o empleados interesados, no pudiendo ser inferior al área de un Municipio; 3. compete al sindicato la defensa de los derechos e intereses colectivos o individuales de la categoría, incluso en cuestiones jurídicas o administrativas; 4. la Asamblea General fijará la contribución que, tratándose de categoría profesional, será descontada de la nomina, para el sostenimiento del sistema confederativo de la representación sindical respectiva, independientemente de la contribución prevista en la ley; 5. nadie estará obligado a afiliarse o a mantenerse afiliado a un sindicato ; 6. es obligatoria la participación de los sindicatos en las negociaciones colectivas de trabajo; 7. el jubilado afiliado tendrá derecho a votar y a ser votado en las organizaciones sindicales; 8. está prohibido el despido del empleado afiliado desde el registro de la candidatura a cargo de dirección o representación sindical y, si fuera elegido, aunque fuese de suplente; hasta un año después de la finalización del mandato, salvo que cometiese una falta grave en los términos de la ley. Párrafo único. Las disposiciones de este artículo se aplican a la organización de sindicatos rurales y de colonias de pescadores respetando las condiciones que la ley establezca. Art. 9. Se garantiza el derecho de huelga, correspondiendo a los trabajadores decidir sobre la oportunidad de su ejercicio y sobre los intereses que deban defenderse por medio de él. 1o. La ley definirá los servicios o actividades esenciales y regulará la satisfacción de las necesidades inaplazables de la comunidad. 2o. Los abusos cometidos someten a los responsables a las penas de la ley. Art. 10. Está asegurada la participación de los trabajadores y empleadores en las asambleas de los órganos públicos en que sus intereses profesionales o de seguridad social sean objeto de discusión y deliberación. Art. 11. En las empresas de más de doscientos empleados está asegurada la elección de un representante de éstos con la finalidad exclusiva de promover el entendimiento directo con los empleadores. Sección II ‐ Del Supremo Tribunal Federal Art. 101. El Supremo Tribunal Federal está compuesto por once Ministros con más de treinta y cinco y menos de sesenta y cinco años de edad, de notable saber jurídico y de reputación intachable. Art. 102. Es competencia del Supremo Tribunal Federal, principalmente, la garantía de la Constitución, correspondiéndole: 1. procesar y juzgar, originariamente: 1. la acción directa de inconstitucionalidad de leyes o actos normativos federales o estatales; 2. al Presidente de la República, al Vicepresidente, a los miembros del Congreso Nacional, a sus propios Ministros y al Procurador General de la República en las infracciones penales comunes; 3. a los Ministros de Estado, con excepción de lo dispuesto en el art. 52, I, a los miembros de los Tribunales Superiores, a los del Tribunal de Cuentas de la Unión y a los jefes de misiones diplomáticas de carácter permanente en las infracciones penales comunes y en los delitos de responsabilidad; 4. los "habeas corpus", siendo sujeto pasivo cualquiera de las personas señaladas en las líneas anteriores; los "mandados de suguranca" y los "habeas data" contra actos del Presidente de la República, de las Mesas de la Cámara de los Diputados y del Senado Federal, del Tribunal de Cuentas de la Unión, del Procurador General de la República y del propio Supremo Tribunal Federal; 5. los litigios entre Estado extranjero o organismo internacional y la Unión, el Estado, el Distrito Federal o el Territorio; 6. las causas y los conflictos entre la Unión y los Estados, la Unión y el Distrito Federal, o entre unos y otros, inclusive las respectivas entidades de la administración indirecta; 7. la extradición solicitada por un Estado extranjero; 8. la homologación de sentencias extranjeras y la concesión de "exequatur" a las cartas rogatorias, que pueden ser conferidas, por reglamento interno, a su Presidente. 9. los "habeas corpus", cuando el coactor o el sujeto pasivo fuese un tribunal, una autoridad o un funcionario cuyos actos estén sujetos directamente a jurisdicción del Supremo Tribunal Federal, o se trate de delito sujeto a la misma jurisdicción en única instancia. 10. la revisión criminal y la acción rescisoria de sus juzgados; 11. la reclamación para el mantenimiento de su competencia y la garantía, estándole permitida la delegación de atribuciones para la práctica de actos procesales; 12. la ejecución de las sentencias en las causas de su competencia originaria, estándole permitida la delegación de atribuciones para la práctica de actos procesales; 13. las acciones en la que todos los miembros de la magistratura estén directa o indirectamente interesados, y aquella en que más de la mitad de los miembros del tribunal de origen se encuentren impedidos o estén directa o indirectamente interesados; 14. los conflictos de jurisdicción entre el Superior Tribunal de Justicia y cualesquiera tribunales, entre Tribunales Superiores o entre estos y cualquier otro Tribunal; 15. las solicitudes de medidas carteleras en las acciones directas de inconstitucionalidad; 16. los "mandados de injuncao", cuando la elaboración de la norma reglamentaria estuviese atribuida al Presidente de la República, al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, al Senado Federal, a las mesas de una de esas Cámaras Legislativas, al Tribunal de Cuentas de la Unión a uno de los Tribunales Superiores, o al propio Supremo Tribunal Federal. 2. Juzgar, en recursos ordinario: 1. los "habeas corpus", los "mandados de seguranca", los "habeas data" y los "mandados de injuncao" decididos en única instancia por los Tribunales Superiores, si la resolución fuese denegatoria; 2. el delito político. 3. Juzgar, mediante recurso extraordinario, las causas decididas en única o última instancia, cuando la decisión recurrida: 1. fuese contraria a disposiciones de esta Constitución; 2. declárese la inconstitucionalidad de un tratado o una ley federal; 3. juzgarse válida una ley o un acto de un gobierno local discutido a la vista de esta Constitución; Párrafo único. La alegación de incumplimiento de un precepto fundamental derivado de esta Constitución será apreciado por el Supremo Tribunal, en la forma de la ley. Art. 103. Puede interponer la Acción de inconstitucionalidad: 1. el Presidente de la República; 2. la Mesa del Senado Federal; 3. la Mesa de la Cámara de los Diputados; 4. la Mesa de la Asamblea Legislativa; 5. el Gobernador del Estado; 6. el Procurador General de la República; 7. el Consejo Federal de la Orden de los Abogados de Brasil; 8. los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional; 9. las Confederaciones Sindicales o entidades de clase de ámbito nacional. 1o. El Procurador General de la República deberá ser previamente oído en las acciones de inconstitucionalidad y en todos los procesos de competencia del Supremo Tribunal Federal. 2o. Declarada la inconstitucionalidad por omisión de una medida destinada a dar efectividad a una norma Constitucional, se comunicará al Poder Competente para la adopción de las providencias necesarias y, tratándose de órgano administrativo, para que se haga en treinta días. 3o. Cuando el Supremo Tribunal Federal apreciarse la inconstitucionalidad, de manera, general, de una norma legal o acto normativo, citará, previamente, al Abogado General de la unión, que defenderá el acto o texto impugnado. CAPÍTULO V ‐ DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL Art. 220. La manifestación del pensamiento, la creación, la expresión y la formación, bajo cualquier proceso o vehículo no sufrirán ninguna restricción observándose los dispuesto en esta Constitución. 1o. No contendrá la ley ninguna disposición que pueda construir una traba a la plena libertad de información periodística en cualquier medio de comunicación social, observándose lo dispuesto en el artículo 5o. , IV, V, X, XIII y XIV. 2o. Está prohibida toda censura de naturaleza política, ideológica y artística . 3o. Corresponde a la ley Federal: 1. regular las diversiones y espectáculos públicos, correspondiendo al Poder Público informar sobre su naturaleza, los límites de edad para los que se recomiendan, los locales y horarios en que su presentación se muestr e inadecuada. 2. Establecer los medios legales que garanticen a la persona y a la familia la posibilidad de defenderse de programas o programaciones de radio y televisión que contraríen lo dispuesto en el art. 221, así como de la publicidad de productos, prácticas y servicios que puedan ser nocivos a la salud y al medio ambiente. 4o. La publicidad comercial de tabaco, bebidas y agrotóxicos, medicamentos y terapias estará sujeta a restricciones legales, en los términos del inciso II del párrafo anterior, y contendrá, siempre que fuese necesario, advertencia sobre los perjuicios derivados de su uso. 5o. Los medios de comunicación social no pueden, directa o indirectamente, ser objeto de monopolio o oligopolio. 6o. La publicación de medios impresos de comunicación no necesita de licencia de la autoridad. Art. 221. La producción y la programación de las emisoras de radio y televisión, atenderán a los siguientes principios: 1. preferencia a las finalidades educativas, artísticos, culturales e informativas; 2. promoción de la cultura nacional y regional y estimulo a la producción independiente que haga posible su divulgación; 3. regionalización de la producción cultural, artística y periodística, de acuerdo con los porcentajes establecidos en la ley; 4. respeto a los valores éticos y sociales de la persona y de la familia. Art. 222. La propiedad de empresas periodísticas y de radiodifusión sonora y de sonidos e imágenes es privativa de brasileños de origen o naturalizados hace más de diez años, a los cuales corresponderá la responsabilidad por su administración y orientación intelectual. 1o. Se prohibe la participación de personas jurídicas en el capital social de las empresas periodísticas y de radiodifusión, excepto a partidos políticos y sociedades cuyo capital corresponda exclusiva y nominalmente a brasileños. 2o. La participación señalada en el párrafo anterior sólo se efectuará a través de capital sin derecho a voto y no podrá exceder del treinta por ciento del capital social. Art. 223. Corresponde al Poder Ejecutivo otorgar y renovar concesiones, permisos y autorizaciones para el servicio de radiodifusión sonora y de sonidos e imágenes, observando el principio de complementariedad de los sistemas privado, publico y estatal. 1o. El Congreso Nacional examinará el acto en el plazo del artículo 64, 2o. y 4o., a contar desde la recepción de la comunicación. 2o. La no renovación de la concesión o permiso dependerá de la aprobación de al menos, dos quintos del Congreso Nacional, en votación nominal. 3o. La renovación de la concesión o permiso, antes del vencimiento del plazo, depende de decisión judicial. 4o. El plazo de concesión o permiso, será de diez años para las emisoras de radio y de quince para las de televisión. Art. 224. A los efectos de lo dispuesto en esta capítulo, el Congreso Nacional, instituirá, como órgano auxiliar, el Consejo de Comunicación Social, en la forma de la ley. CAPÍTULO VI ‐ DEL MEDIO AMBIENTE Art. 225. Todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y ala colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las generaciones presentes y futuras. 1o. Para asegurarla efectividad de este derecho, incumbe al poder público: 1. preservar y restaurar los procesos ecológicos esenciales y procurar el tratamiento ecológico de las especies y ecosistemas; 2. preservar la diversidad y la integridad del patrimonio genético del País y fiscalizar a las entidades dedicadas a la investigación y manipulación de material genético; 3. definir en todas las unidades de la Federación, espacios territoriales y sus componentes para ser objeto de especial protección, permitiéndose la alteración y la supresión solamente a través de ley, prohibiéndose cualquier uso que comprometa la integridad de los elementos que justifican su protección; 4. exigir, en la forma de la ley, para la instalación de obras o actividades potencialmente causantes de degradación significativa del medio ambiente, un estudio previo del impacto ambiental, al que se dará publicidad; 5. controlar la producción, la comercialización y el empleo de técnicas, métodos y sustancias que supongan riesgos para la vida, para la calidad de vida y para el medio ambiente; 6. promoverla educación ambienta en todos los niveles de enseñanza y la conciencia publica para la preservación del medio ambiente; 7. proteger la fauna y la flora, prohibiéndose, en la forma de la ley, las prácticas que pongan en riesgo su fusión ecológica, provoquen la extinción de especies o sometan a los animales a la crueldad. 2o. Los que explotasen recursos minerales quedan obligados a reponer el medio ambiente degradado, de acuerdo con la solución técnica exigida por el órgano público competente, en la forma de la ley. 3o. Las conductas y actividades consideradas lesivas al medio ambiente sujetan a los infractores, personas físicas o jurídicas, a sanciones penales y administrativas, independientemente de la obligación de reparar el daño causado. 4o. La floresta Amazónica brasileña, la Mata Atlántica, la Sierra del Mar, el Pantanal Mato Grossense y la zona Costera son patrimonio nacional, y su utilización se hará en la forma de la ley, dentro de las condiciones que aseguren la preservación del medio ambiente, incluyendo lo re referente al uso de los recursos naturales. 5o. Son indisponibles las tierras desocupadas o las adquiridas por los Estados, a través de acciones discriminatorias, necesarias para la protección de los ecosistemas naturales. 6o. Las fábricas que operen con reactor nuclear deberán tener su localización definida en ley federal, sin la cual no podrán instalarse. CAPÍTULO VII ‐ DE LA FAMILIA, DEL NIÑO, DEL ADOLECENTE Y DEL ANCIANO Art. 226. La familia base de la sociedad, es objeto de especial protección por el Estado. 1o. El matrimonio es civil y su celebración es gratuita. 2o. El matrimonio religioso tiene efecto civil, en los términos de la ley. 3o. A efectos de la protección por el Estado, se reconoce la unión estable entre el hombre y la mujer como entidad familiar, debiendo la ley facilitar su conversión en matrimonio. 4o. Se considera, también, como entidad familiar la comunidad formada por cualquier de los padres y sus descendientes. 5o. Los derechos y deberes referentes a la sociedad conyugal serán ejercidos con igualdad por el hombre y por la mujer . 6o. El matrimonio civil puede disolverse por divorcio, después de previa separación judicial por más de un año en los casos expresadas en la ley, o probándose la separación de hecho por más de dos años. 7o. Fundado en los principios de dignidad de la persona humana y de paternidad responsable, la planificación familiar es libre decisión del casado, correspondiendo al Estado propiciar recursos educacionales y científicos para el ejercicio de ese derecho, prohibiéndose cualquier actuación coactiva por parte de instituciones oficiales o privadas. 8o. El Estado garantizará la asistencia familiar en la persona de cada uno de los que la integran, creando mecanismos para evitar la violencia en el ámbito de sus relaciones. Art. 227. Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado asegurar al niño y al adolescente, con absoluta prioridad, el derecho a la vida a la salud, a la alimentación, al a educación, al ocio, a la profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la convivencia familiar y comunitaria, además de protegerlos de toda forma de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión . 1o. El Estado promoverá programas de asistencia integral a la salud del niño y del adolescente, admitiéndose la participación de entidades no gubernamentales y obedeciendo los siguientes preceptos: 1. aplicación de un porcentaje de los recursos públicos destinados o la salud en la asistencia materno‐infantil. 2. Creación de programas de prevención y atención especializados para los portadores de deficiencia física, sensorial o mental, así como de integración social del adolescente portador de deficiencia, mediante la formación para el trabajo y la convivencia, y el favorecimiento del acceso a los bienes y servicios colectivos, con la eliminación de discriminaciones, y obstáculos arquitectónicos. 2o. La ley regulará la construcción de los paseos públicos y de los edificios de uso público y la fabricación de vehículos de transporte colectivo, a fin de garantizar el acceso adecuado a las personas portadoras de deficiencia. 3o. El derecho a la protección especial abarcará los siguientes aspectos: 1. edad mínima de catorce años para la admisión al trabajo, observándose lo dispuesto en el artículo 7, XXXIII; 2. garantía de derechos de previsión y laborales; 3. garantía del acceso del trabajador adolecente a la escuela; 4. garantía de pleno y formal conocimiento de la imputación de actos infractores, de la igualdad en la relación procesal y de la defensa técnica por profesional habilitado, según dispusiese la legislación tutelar específica; 5. obediencia a los principios de brevedad, exepcionalidad y respeto a la condición peculiar de la persona en desarrollo, en la aplicación de cualquier medida privativa de libertad; 6. estímulo del Poder Público, a través de asistencia jurídica, incentivos fiscales y subsidios, en los términos de la ley, al acogimiento, bajo la forma de guarda; del niño o adolescente huérfano o abando nado; 7. programas de prevención y atención especializada al niño y al adolescente dependiente de estupefacientes y drogas afines. 4o. La ley castigará severamente el abuso, la violencia y la explotación sexual del niño y del adolescente. 5o. La adopción estará asistida por el Poder Público, en la forma de la ley, que establecerá los casos y condiciones de su ejercicio por parte de extranjeros. 6o. Los hijos habidos o no dentro de la relación matrimonial o por adopción, tendrán los mismos derechos y calificaciones, prohibiéndose cualquier diferencia discriminatoria relativa a la filiación. 7o. En la atención a los derechos del niño y del adolescente se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 204. Art. 228. Los menores de dieciocho años, sujetos a las normas de la legislación especial, son penalmente inimputables. Art. 229. Los padres tienen el deber de asistir, criar y educar a sus hijos mayores tienen el deber de ayudar y amparar a los padres en la vejez, carencia o enfermedad. Art. 230. La familia, la sociedad y el Estado tienen el deber de amparar a los ancianos, asegurando su participación en la comunidad, defendiendo su dignidad y bienestar y garantizándoles el derecho a la vida . 1o. Los programas de amparo a los ancianos serán ejecutados preferentemente en su casas. 2o. Se garantiza a los mayores de sesenta y cinco años la gratuidad de los transportes colectivos urbanos. Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º
ÍNDICE TEMÁTICO
Texto compilado
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário.
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos
seguintes princípios:
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
VI - defesa da paz;
VII - solução pacífica dos conflitos;
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X - concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política,
social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latinoamericana de nações.
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
<p
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício
dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas
liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades
civis e militares de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e
das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal; (Vide Lei nº 9.296, de 1996)
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional;
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa,
nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público,
independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de
autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
XXII - é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade
pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados
os casos previstos nesta Constituição;
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela
família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de
suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e
voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que
participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e
associativas;
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
XXX - é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira
em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei
pessoal do "de cujus";
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da
sociedade e do Estado; (Regulamento)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou
abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento
de situações de interesse pessoal;
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei,
assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão, nos termos da lei;
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da
tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou
militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o
dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores
e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do
delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus
filhos durante o período de amamentação;
LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum,
praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;
LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória;
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas
hipóteses previstas em lei; (Regulamento).
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no
prazo legal;
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da
intimidade ou o interesse social o exigirem;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado,
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu
interrogatório policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade
provisória, com ou sem fiança;
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;
LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do Poder Público;
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou
associados;
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora
torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
LXXII - conceder-se-á "habeas-data":
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante,
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter
público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial
ou administrativo;
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos;
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso
além do tempo fixado na sentença;
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratuitas as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na forma da lei, os
atos necessários ao exercício da cidadania. (Regulamento)
LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a
República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados,
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004) (Atos aprovados na forma deste parágrafo)
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha
manifestado adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
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CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição.
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000)
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 64, de 2010)
Seção II
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre
cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável
saber jurídico e reputação ilibada.
Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente
da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual;
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros
do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado,
ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de
Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e
os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I,
os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de
missão diplomática de caráter permanente;(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23,
de 1999)
d) o "habeas-corpus", sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores;
o mandado de segurança e o "habeas-data" contra atos do Presidente da República, das
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do
Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito
Federal ou o Território;
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre
uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;
h) a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do "exequatur" às cartas
rogatórias, que podem ser conferidas pelo regimento interno a seu Presidente; (Revogado pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
i) o "habeas-corpus", quando o coator ou o paciente for tribunal, autoridade ou funcionário
cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate
de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente
for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo
Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única
instância; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 1999)
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas
decisões;
m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a
delegação de atribuições para a prática de atos processuais;
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente
interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam
impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais,
entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do
Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um
dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do
Ministério Público; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
II - julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção
decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
b) o crime político;
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última
instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Incluída pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
Parágrafo único. A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta
Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.
§ 1.º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição,
será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. (Transformado em § 1º pela
Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93)
§ 2.º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações
declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia contra
todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder
Executivo. (Incluído em § 1º pela Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93)
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações
diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e
à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das
questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine
a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus
membros. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 103. Podem propor a ação de inconstitucionalidade:
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de
constitucionalidade: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
a
IV
V - o Governador de Estado;
Mesa
de
Assembléia
Legislativa;
IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito
Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
§ 1º - O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de
inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.
§ 2º - Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma
constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências
necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.
§ 3º - Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de
norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá
o ato ou texto impugnado.
§ 4.º A ação declaratória de constitucionalidade poderá ser proposta pelo Presidente da
República, pela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara dos Deputados ou pelo
Procurador-Geral da República. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)(Revogado
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta
e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004) (Vide Lei nº 11.417, de 2006).
§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses
e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de
processos sobre questão idêntica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta
de inconstitucionalidade.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e
determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o
caso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de quinze membros com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta e seis anos de idade, com mandato de dois anos, admitida
uma recondução, sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
I - um Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respectivo tribunal; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com
mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 61, de 2009)
I - o Presidente do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 61, de 2009)
II - um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
III - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
IV - um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal
Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de
Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
VIII - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do
Trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
X - um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da
República; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
XI um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República
dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
XII - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
XIII - dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara
dos Deputados e outro pelo Senado Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
§ 1º O Conselho será presidido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, que votará em
caso de empate, ficando excluído da distribuição de processos naquele tribunal. (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 2º Os membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República, depois de
aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.(Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
§ 1º O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas
suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal
Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)
§ 2º Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)
§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao
Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder
Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura,
podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar
providências; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a
legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário,
podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências
necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas
da União; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário,
inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais
e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da
competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares
em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou
proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas,
assegurada ampla defesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de
abuso de autoridade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros
de tribunais julgados há menos de um ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas,
por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a
situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar
mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional,
por ocasião da abertura da sessão legislativa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Corregedor e
ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições
que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
I receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e
aos serviços judiciários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
II exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral; (Incluído pela
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
III requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de
juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
§ 6º Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. (Incluído pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
§ 7º A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça,
competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros
ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente
ao Conselho Nacional de Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Emendas Constitucionais
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Nº da EMC
Ementa
73, de 6.4.2013
Cria os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões.
Publicado no DOU 7.4.2013
72, de 2.4.2013
Publicado no DOU 3.4.2013
71, de 29.11.2012
Publicado no DOU 30.11.2012
70, de 29.3.2012
Publicado no DOU 30.3.2012
69, de 29.3.2012
Publicado no DOU 30.3.2012
68, de 21.12.2011
Publicado no DOU 22.12.2011
67, de 22.12.2010
Publicado no DOU 23.12.2010
66, de 13.7.2010
Publicado no DOU 14.7.2010
65, de 13.7.2010
Publicado no DOU 14.7.2010
64, de 4.2.2010
Publicado no DOU 5.2.2010
63, de 4.2.2010
Publicado no DOU 5.2.2010
62, de 9.12.2009
Publicado no DOU 10.12.2009
61, de 11.11.2009
Publicado no DOU 12.11.2009
60, de 11.11.2009
Publicado no DOU 12.11.2009
59, de 11.11.2009
Publicado no DOU 12.11.2009
Altera a redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição
Federal para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas
entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores
urbanos e rurais.
Acrescenta o art. 216-A à Constituição Federal para instituir o
Sistema Nacional de Cultura.
Acrescenta art. 6º-A à Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
para estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos
proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos
que ingressaram no serviço público até a data da publicação
daquela Emenda Constitucional.
Altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir
da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e
manter a Defensoria Pública do Distrito Federal.
Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Prorroga, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
Dá nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, que
dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio,
suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de 1
(um) ano ou de comprovada separação de fato por mais de 2
(dois) anos.
Altera a denominação do Capítulo VII do Título VIII da
Constituição Federal e modifica o seu art. 227, para cuidar dos
interesses da juventude.
Altera o art. 6º da Constituição Federal, para introduzir a
alimentação como direito social.
Altera o § 5º do art. 198 da Constituição Federal para dispor
sobre piso salarial profissional nacional e diretrizes para os
Planos de Carreira de agentes comunitários de saúde e de
agentes de combate às endemias.
Altera o art. 100 da Constituição Federal e acrescenta o art. 97
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo
regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Altera o art. 103-B da Constituição Federal, para modificar a
composição do Conselho Nacional de Justiça.
Altera o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para dispor sobre o quadro de servidores civis e
militares do ex-Território Federal de Rondônia.
Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do
exercício de 2009, o percentual da Desvinculação das Receitas
da União incidente sobre os recursos destinados à manutenção e
desenvolvimento do ensino de que trata o art. 212 da
Constituição Federal, dá nova redação aos incisos I e VII do art.
208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de quatro a
dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas
suplementares para todas as etapas da educação básica, e dá
nova redação ao § 4º do art. 211 e ao § 3º do art. 212 e
ao caput do art. 214, com a inserção neste dispositivo de inciso
VI.
58, de 23.9.2009
Publicado no DOU 24.9.2009
57, de 18.12.2008
Publicado no DOU 18.12.2008 edição extra
56, de 20.12.2007
Publicado no DOU 21.12.2007
55, de 20.9.2007
Publicado no DOU 21.9.2007
54, de 20.9.2007
Publicado no DOU 21.9.2007
53, de 19.12.2006
Publicado no DOU 20.12.2006
52, de 8.3.2006
Altera a redação do inciso IV do caput do art. 29 e do art. 29-A da
Constituição Federal, tratando das disposições relativas à
recomposição das Câmaras Municipais.
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para convalidar os atos de criação, fusão,
incorporação e desmembramento de Municípios.
Prorroga o prazo previsto no caput do art. 76 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras
providências.
Altera o art. 159 da Constituição Federal, aumentando a entrega
de recursos pela União ao Fundo de Participação dos
Municípios.
Dá nova redação à alínea c do inciso I do art. 12 da Constituição
Federal e acrescenta art. 95 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, assegurando o registro nos
consulados de brasileiros nascidos no estrangeiro.
Dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da
Constituição Federal e ao art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Publicado no DOU 9.3.2006
Dá nova redação ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal para
disciplinar as coligações eleitorais.
51, de 14.2.2006
Acrescenta os §§ 4º, 5º e 6º ao art. 198 da Constituição Federal.
Publicado no DOU 15.2.2006
50, de 14.2.2006
Modifica o art. 57 da Constituição Federal.
Publicado no DOU 15.2.2006
49, de 8.2.2006
Publicado no DOU 9.2.2006
48, de 10.8.2005
Publicado no DOU 11.8.2005
47, de 5.7.2005
Altera a redação da alínea b e acrescenta alínea c ao inciso XXIII
do caput do art. 21 e altera a redação do inciso V do caput do art.
177 da Constituição Federal para excluir do monopólio da União
a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos de
meia-vida curta, para usos médicos, agrícolas e industriais.
Acrescenta o § 3º ao art. 215 da Constituição Federal, instituindo
o Plano Nacional de Cultura.
Publicado no DOU 6.7.2005
Altera os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal, para
dispor sobre a previdência social, e dá outras providências.
46, de 5.5.2005
Altera o inciso IV do art. 20 da Constituição Federal.
Publicado no DOU 6.5.2005
45, de 30.12.2004
Publicado no DOU 31.12.2004
Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102,
103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128,
129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts.
103-A, 103-B, 111-A e 130-A, e dá outras providências.
44, de 30.6.2004
Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.
Publicado no DOU 1º.7.2004
43, de 15.4.2004
Publicado no DOU 16.4.2004
42, de 19.12.2003
Altera o art. 42 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, prorrogando, por 10 (dez)anos, a aplicação, por
parte da União, de percentuais mínimos do total dos recursos
destinados à irrigação nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste.
Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências.
Publicado no DOU 12.2003
41, de 19.12.2003
Publicado no DOU 31.12.2003
40, de 29.5.2003
Publicado no DOU 30.5.2003
39, de 19.12.2002
Publicado no DOU 20.12.2002
38, de 12.6.2002
Publicado no DOU 13.6.2002
37, de 12.6.2002
Publicado no DOU 13.6.2002
36, de 28.5.2002
Publicado no DOU 29.5.2002
35, de 20.12.2001
Modifica os arts. 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição
Federal, revoga o inciso IX do § 3 do art. 142 da Constituição
Federal e dispositivos da Emenda Constitucional nº 20, de 15
de dezembro de 1998, e dá outras providências.
Altera o inciso V do art. 163 e o art. 192 da Constituição Federal,
e o caput do art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Acrescenta o art. 149-A à Constituição Federal (Instituindo
contribuição para custeio do serviço de iluminação pública nos
Municípios e no Distrito Federal).
Acrescenta o art. 89 ao ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, incorporando os Policiais Militares do extinto
Território Federal de Rondônia aos Quadros da União.
Altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e acrescenta os
arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Dá nova redação ao art. 222 da Constituição Federal, para
permitir a participação de pessoas jurídicas no capital social de
empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, nas condições que especifica.
Dá nova redação ao art. 53 de Constituição Federal.
Publicado no DOU 21.12.2001
34, de 13.12.2001
Publicado no DOU 14.12.2001
33, de 11.12.2001
Dá nova redação à alínea c do inciso XVI do art. 37 da
Constituição Federal.
Altera os arts. 149, 155 e 177 da Constituição Federal.
Publicado no DOU 12.12.2001
32, de 11.9.2001
Publicado no DOU 12.9.2001
31, de 14.12.2000
Publicado no DOU 18.12.2000
30, de 13.9.2000
Publicado no DOU 14.9.2000
Altera dispositivos dos arts. 48, 57, 61, 62, 64, 66, 84, 88 e 246
da Constituição Federal, e dá outras providências.
Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
introduzindo artigos que criam o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza.
Altera a redação do art. 100 da Constituição Federal e
acrescenta o art. 78 no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, referente ao pagamento de precatórios judiciários.
29, de 13.9.2000
Publicado no DOU 14.9.2000
28, de 25.5.2000
Publicado no DOU 26.5.2000
27, de 21.3.2000
Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição
Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos
para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.
Dá nova redação ao inciso XXIX do art. 7o e revoga o art. 233 da
Constituição Federal.
Publicado no DOU 22.3.2000
Acrescenta o art. 76 ao ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, instituindo a desvinculação de arrecadação de
impostos e contribuições sociais da União.
26, de 14.2.2000
Altera a redação do art. 6o da Constituição Federal.
Publicado no DOU 15.2.2000
25, de 14.2.2000
Publicado no DOU 2.2000
24, de 9.12.1999
Publicado no DOU 10.12.1999
23, de 2.09.1999
Publicado no DOU 3.09.1999
22, de 18.03.1999
Publicado no DOU 19.03.1999
21, de 18.03.1999
Publicado no DOU 19.03.1999
20, de 15.12.1998
Publicado no DOU16.12.1998
19, de 04.06.1998
Publicado no DOU 05.06.1998
18, de 05.02.1998
Altera o inciso VI do art. 29 e acrescenta o art. 29-A à
Constituição Federal, que dispõem sobre limites de despesas
com o Poder Legislativo Municipal.
Altera dispositivos da Constituição Federal pertinentes à
representação classistas na Justiça do Trabalho.
Altera os arts. 12, 52, 84, 91, 102 e 105 da Constituição Federal
(criação do Ministério da Defesa).
Acrescenta parágrafo único ao art. 98 e altera as alíneas "i" do
inciso I do art. 102 e "c" do inciso I do art. 105 da Constituição
Federal.
Prorroga, alterando a alíquota, a contribuição provisória sobre
movimentação ou transmissão de valores e de créditos e de
direitos de natureza financeira, a que se refere o art. 74 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
Modifica o sistema de previdência social, estabelece normas de
transição e dá outras providências.
Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da
Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle
de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo
do Distrito Federal, e dá outras providências.
Dispõe sobre o regime constitucional dos militares.
Publicado no DOU 06.02.1998
17, de 22.11.1997
Publicado no DOU 25.11.1997
16, de 04.06.1997
Altera dispositivos dos arts. 71 e 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, introduzidos pela Emenda
Constitucional de Revisão nº 1, de 1994.
Publicado no DOU 05.06.1997
Dá nova redação ao § 5º do art. 14, ao caput do art. 28, ao inciso
II do art. 29, ao caput do art. 77 e ao art. 82 da Constituição
Federal.
15, de 12.09.1996
Dá nova redação ao § 4º do art. 18 da Constituição Federal.
Publicado no DOU13.09.1996
14, de 12.09.1996
Publicado no DOU 13.09.1996
Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212 da Constituição Federal e dá
nova redação ao art. 60 do Ato das Disposições constitucionais
Transitórias.
13, de 21.08.1996
Dá nova redação ao inciso II do art. 192 da Constituição Federal.
Publicado no DOU 22.08.1996
12, de 15.08.1996
Publicado no DOU 16.08.1996
11, de 30.04.1996
Publicado no DOU 02.05.1996
10, de 04.03.1996
Publicado no DOU 07.03.1996
9, de 09.11.1995
Publicado no DOU 10.11.1995
8, de 15.08.1995
Publicado no DOU 16.08.1995
7, de 15.08.1995
Publicado no DOU 16.08.1995
6, de 15.08.1995
Outorga competência à União, para instituir contribuição
provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de
créditos e direitos de natureza financeira.
Permite a admissão de professores, técnicos e cientistas
estrangeiros pelas universidades brasileiras e concede
autonomia às instituições de pesquisa científica e tecnológica.
Altera os arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional de
Revisão nº 1, de 1994.
Dá nova redação ao art. 177 da Constituição Federal, alterando e
inserindo parágrafos.
Altera o inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art. 21 da
Constituição Federal.
Altera o art. 178 da Constituição Federal e dispõe sobre a
adoção de Medidas Provisórias.
Publicado no DOU 16.08.1995
Altera o inciso IX do art. 170, o art. 171 e o § 1º do art. 176 da
Constituição Federal.
5, de 15.08.1995
Altera o § 2º do art. 25 da Constituição Federal.
Publicado no DOU 16.08.1995
4, de 14.09.1993
Dá nova redação ao art. 16 da Constituição Federal.
Publicado no DOU 15.09.1993
3, de 17.03.1993
Publicado no DOU 18.03.1993
2, de 25.08.1992
Publicado no DOU 01.09.1992
1, de 31.03.1992
Publicado no DOU 06.04.1992
Altera os arts. 40, 42, 102, 103, 155, 156, 160, 167 da
Constituição Federal.
Dispõe sobre o plebiscito previsto no art. 2º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Dispõe sobre a remuneração dos Deputados Estaduais e dos
Vereadores