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06.06.2005
Brasil: La construcción de una represa hidroeléctrica afectará aproximadamente a 20.000 personas a
orillas del río Tocantins
Más de 5.000 familias campesinas, aproximadamente 20.000 personas, entre ellas campesinas, afrobrasileñas e
indígenas, se verán afectadas por la construcción de la represa hidroeléctrica de Estreito, en el río Tocantins,
entre los municipios de Estreito (MA) y Aguiarnópolis (TO). Esta represa tendrá graves repercusiones en todo
el área cubierta por los municipios de Aguiarnópolis, Babaçulândia, Barra do Ouro, Darcinópolis, Filadélfia,
Goiatins, Itapiratins, Palmeiras do Tocantins, Palmeirante y Tupiratins, en el estado do Tocantins, y Carolina y
Estreito, en el estado do Maranhão.
Además del impacto en las familias, que serán despojadas del acceso a la tierra, la represa de Estreito provocará
alteraciones sociales, ambientales y paisajísticas irreversibles. Tales impactos van a dificultar el desarrollo del
turismo ecológico en la región, considerada una de las mejores alternativas económicas para la población local.
Por favor, envíe lo antes posible esta carta al Presidente del IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y
de Recursos Naturales Renovables), Marcus Barroso Barros, con una copia a la Ministra de Medio Ambiente,
Marina Silva. Informe también a la Comisión Pastoral de la Tierra de Araguaia Tocantins.
Antecedentes
La represa hidroeléctrica de Estreito está proyectada para una potencia total de 1.109,7 MW. Provocará la
inundación de 434 km² de tierras. Las empresas pertenecientes al CESTE (Consórcio Estreito Energia) –en el
que TRACTEBEL es la principal accionista–, junto con otras empresas privadas (ALCOA, BHP Billiton,
Votorantim y Vale do Rio Doce), han desempeñado un papel escandaloso, con la finalidad de obtener la
licencia del IBAMA para la construcción de la represa de Estreito. La construcción de dicha represa cambiará
la vida de muchas personas en los municipios afectados, causando el desalojo de más de 5.000 familias, es
decir, de aproximadamente 20.000 personas. También provocará alteraciones sociales, ambientales y
paisajísticas irreversibles.
Actualmente, ya existe un desequilibrio biológico de la fauna, debido a la construcción de otras represas en el
río Tocantins. Con esta presa, será aún mayor la interferencia en el ciclo reproductivo de los peces y disminuirá
la diversidad de especies de peces que los pueblos indígenas utilizan para su alimentación. Los propios
empresarios reconocen que cambiará la calidad de las aguas y de las condiciones climáticas de la región, lo
que tendrá un impacto directo en las actividades agrícolas y pondrá fin a la cultura de rituales de las aldeas
Krahô do Bacuri, Rio Vermelho y Krintu, situadas en la ribera del río Vermelho, afluente del río Manuel Alves
Grande. Además, las prácticas culturales de las comunidades van a verse directamente afectadas, como
consecuencia de la desaparición de especies acuáticas (como el Tep Arkwá o el Tep Teré) , de gran importancia
en las fiestas populares. Con esta represa se violarán, por tanto, los derechos de los pueblos indígenas a una
alimentación adecuada, establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Asimismo, aumentará la presión sobre las tierras de los indígenas Krahô y Apinajé, ya que muchos trabajadores
acudirán a la región para trabajar en las obras, provocando así un aumento en estas áreas de las ocupaciones y
de la caza ilegales, dificultando la integridad de las comunidades y de los recursos naturales. El aumento del
contacto con poblaciones no indígenas, resultante de la gran afluencia de trabajadores hacia la región,
provocará también un incremento del número de enfermedades, incluso de las transmisibles sexualmente.
La inundación y la pérdida de varios yacimientos arqueológicos, reconocidas incluso por los empresarios,
acabará con la memoria de los antepasados indígenas Timbira, especialmente de los Krahô, que vivieron en
esta región. Las acciones de remedio previstas por los empresarios no van a garantizar la preservación de la
memoria de los indígenas ancestrales. Además de la pérdida de la memoria de los pueblos indígenas, la región
precisa conservar sus patrimonios históricos y ambientales, los principales en las zonas preservadas de
"cerrado" en Brasil.
Aparte de la presión de los grandes proyectos en áreas indígenas, que afectan a la riqueza de la biodiversidad de
estas áreas de cerrado y de transición al bosque amazónico, otra razón en contra de la construcción de la represa
es la existencia de varios grupos que están desarrollando proyectos de aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales del cerrado. Estas comunidades y organizaciones están creando alternativas económicas y de
creación de empleo y renta para los “pueblos de las zonas de cerrado” –indios y pequeños productores agrícolarecolectores–, con el fin de contribuir a la conservación del medio ambiente y de construir un nuevo modelo de
desarrollo, no predatorio y sostenible. Además, las fuentes de energía alternativas, como la eólica, solar,
maremotriz, geotérmica y biomasa vegetal (caña de azúcar, paja de arroz, gasificación de la madera, basura
doméstica, entre otras fuentes) deben convertirse en alternativa estratégica a corto y mediano plazo, para contar
así con opciones energéticas renovables, sostenibles y sin grandes impactos sociales.
El mandato de FIAN
Tras los hechos arriba relatados, FIAN enfatiza una vez más que el Estado Brasileño asumió, en el ámbito del
derecho internacional, obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos el
derecho a una alimentación adecuada. El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
del que Brasil es Estado Parte, define que las autoridades están obligadas a respetar y proteger el derecho al
acceso a la tierra, especialmente el de los grupos indígenas y campesinos, sobre todo cuando el acceso a sus
tierras ancestrales se ve amenazado, lo que ocurrirá con la construcción de la represa de Estreito.
Fin de la acción: El 10 de agosto 2005
Direcciones;
Marcus Barroso Barros, Presidente do
IBAMA
SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal
nº 09870 - CEP 70818-900 - Brasília-DF
FAX: +55-61 322-1058
E-mail: [email protected]
Cópias para: Marina Silva, Ministra do
Ministério do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios, Bloco "B", 5º
andar , 70068-900 - Brasília – DF
Fax: +55-61 400911756
E-Mail: [email protected]
CPT – Araguaia Tocantins
Rua Porto Alegre 446
Bairro São João
77813-650 – Araguaína – TO
Fone: +55-63-34123200
E-Mail: [email protected] .br
Traducción de la carta
Excelentísimo Señor Presidente:
Estoy muy preocupado con los impactos que la construcción de la represa hidroeléctrica de Estreito, planificada para el río Tocantins y
entre los municipios de Estreito (MA) y Aguiarnópolis (TO), tendrá en las condiciones de vida de muchas personas de estos municipios,
causando el desalojo de más de 5.000 familias campesinas, aproximadamente 20.000 personas. También provocará cambios sociales,
ambientales y paisajísticos irreversibles.
Tales impactos van a dificultar el desarrollo del turismo ecológico en la región, considerado una de las mejores alternativas económicas
para la población local. También se me informó de que las empresas pertenecientes al CESTE (Consórcio Estreito Energia), en el que
TRACTEBEL es la principal accionista, desempeñaron, junto con otras empresas privadas (ALCOA, BHP Billiton, Votorantim y Vale
do Rio Doce), un papel escandaloso, con la finalidad de conseguir del IBAMA la licencia para la construcción de la represa de Estreito.
Me dirijo a usted, porque Brasil es Estado Parte de diversos Pactos Internacionales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y,
con su firma, asumió los compromisos de derecho internacional de proteger y respetar los derechos a la tierra y a la alimentación de los
pueblos, en especial de las familias campesinas e indígenas. Según la ONU, “la obligación de proteger requiere que el Estado Parte
adopte medidas para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada”. O
sea, los impactos de la construcción de la represa de Estreito no están en consonancia con los tratados de derechos humanos asumidos
por Brasil.
En varios casos semejantes, por exemplo Cana Brava e Irapé, la construcción de represas hidroelétricas implicó
violaciones graves de los derechos humanos, sin que las autoridades tomaran medidas efectivas para salvaguardar los
derechos de las familias victimas. En razón de los impactos sociales y ambientales que la construcción de la represa de Estreito
causará y en función de los acuerdos asumidos por el Estado Brasileño en materia de derecho internacional, le solicito respetuosamente
que tome la siguiente medida, para evitar más violaciones de derechos humanos:
Que el Estado Brasileño, a través del Ministerio de Medio Ambiente y del IBAMA, no conceda la licencia de instalación de
la represa hidroeléctrica de Estreito.
Le agradecería que me mantuviera informado de todas las medidas que tome a este respecto.
Atentamente
Marcus Barroso Barros
Presidente do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis)
SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal nº 09870 –
CEP 70818-900 - Brasília-DF
FAX: (61) 61 322-1058
E-mail: [email protected]
Excelentíssimo Presidente,
Estou muito preocupado com os impactos que a implantação da Usina Hidroelétrica de Estreito, no Rio
Tocantins, entre os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), causará nas condições de vida de
milhares de pessoas dos municípios atingidos, causando dentre outros o deslocamento de mais de
5.000 famílias, ou seja, aproximadamente 20.000 pessoas. Também provocará alterações sociais,
ambientais e cênicas irreversíveis. Também fui informado de que as empresas através do CESTE
(Consórcio Estreito Energia), onde a TRACTEBEL é a maior acionária, em parceria com outras
empresas privadas (ALCOA, BHP Billiton, Votorantim e Vale do Rio Doce) têm desempenhado um
papel escandaloso com a finalidade de liberar a Licença Prévia junto ao IBAMA.
Tomo a liberdade de escrever a Vossa Excelência, pois o Brasil é Estado Parte de diversos Pactos
Internacionais de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) e, desta forma,
assumiu compromissos no âmbito do direito internacional de proteger e respeitar o direito humano à
alimentação e o acesso à terra dos povos, em especial das famílias camponesas e indígenas. Segundo a
ONU, “a obrigação de proteger requer que medidas sejam tomadas pelo Estado para assegurar que
empresas ou indivíduos não privem outros indivíduos de seu acesso à alimentação adequada”. Ou
seja, os impactos da construção da UHE de Estreito não estão em consonância com os tratados de
direitos humanos assumidos pelo Brasil.
Temos conhecimento que a construção de hidrelétricas no Brasil, em vários casos, como por exemplo,
Cana Brava e Irapé, têm provocado massivas violações de direitos humanos, sem que exista uma ação
efetiva do poder público para a defesa ou proteção dos direitos das famílias atingidas. Em razão dos
impactos sociais e ambientais que a construção da Usina de Estreito causará e em função dos acordos
assumidos pelo Estado brasileiro no âmbito do direito internacional, solicito respeitosamente que
Vossa Excelência adote a seguinte medida, para evitar mais violações dos direitos humanos:
Que o Estado Brasileiro através do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA não conceda
a liberação da licença de instalação da Usina Hidroelétrica de Estreito.
Por favor, mantenha-me informado das medidas que forem tomadas.
Respeitosamente