WEB: www.mujeresafro.org
Resumen Ejecutivo elaborado por la Red de Mujeres
Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas
Diseño y Diagramación de Elizabeth Fonseca Bojorge
Red de Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora
Gracias al Financiamiento del Fondo de
Población de las Naciones Unidas UNFPA y ONU Mulheres
Contenido
ANTECEDENTES
6
INTroDuCCIóN
7
1.
DErEChoS humANoS DE lAS
mujErES AfroDESCENDIENTES,
TEmAS y AgENDA EN CoNSTruCCIóN
8
1.1.
Derechos económicos sociales y culturales
9
1.2.
Derechos civiles y políticos
16
2.
AVANCES y DESAfIoS
19
2.1.
Entre los principales avances reconocemos los
siguientes
20
2.2.
Censos
21
3.
juVENTuD y fuTuro
21
4.
AgENDA mÍNImA PArA gArANTIZAr loS DErEChoS
humANoS DE lAS AfroDESCENDIENTES
22
4.1.
Para enfrentar la Pobreza
22
4.2.
Para garantizar la Participación Política
22
4.3.
Para elevar los niveles de educación de las mujeres
afrodescendientes
23
Para mejorar la Salud y enfrentar la Violencia
contra la mujer afrodescendiente
23
CoNCluSIoN
24
4.4.
5.
Español
ANTECEDENTES
La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD)
es un espacio autónomo, de articulación política e incidencia para la defensa de los
derechos y el desarrollo humano de la mujeres afrodescendientes.
La Red tiene como estrategia la incidencia política para el cambio y transformación
estructural de la discriminación racial, exclusión, pobreza y la migración mediante la
propuesta y acción de políticas públicas nacionales e internacionales. En el proceso
de fortalecimiento político de la Red se asume, de forma decisiva, la participación
equitativa de las jóvenes en todas las instancias de la Red sean locales, nacionales y
regionales. En ese sentido en los procesos nacionales y sub regionales están presente
y se incluyen los aportes de las jóvenes.
Para la Conferencia Examen Durban, en Ginebra 2009, la Red impulsó la iniciativa de construir colectivamente y elaborar técnicamente un informe alternativo
(Sombra) que recogió nuestro análisis sobre el monitoreo de avances o retrocesos,
posicionamiento político y propuestas a los diferentes Estados de la Región. Entendimos que era necesario analizar y evaluar su implementación, sobre todo con una
perspectiva de género y étnico racial.
En este momento queremos presentar un documento que sitúe, de manera crítica,
los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes de América Latina, el Caribe y la diáspora. Es un documento para acercarnos a la búsqueda de respuestas
a las demandas de las mujeres afrodescendientes de inclusión, justicia e igualdad.
Queremos llamar la atención a la necesidad no sólo de reconocer las discriminaciones múltiples y las intersecciones de género y raza, sino además que las soluciones,
compromisos y respuestas institucionales requieren a su vez de análisis.
Como hemos señalado antes “La complejidad del desafío está en la mirada que
hacemos desde las intersecciones de género y de mujeres y desde las intersecciones
étnico-raciales. Para las afrodescendientes y para todas las mujeres en general de
la región el ejercicio debe incluir esa mirada para que los resultados sean lo más
inclusivos posibles de todas las mujeres en su diversidad”.
Han pasado 10 años desde la adopción de la Declaración y el Programa de Acción
de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, La
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Sudáfrica, Durban.
Esta Conferencia, con el compromiso de 170 Estados, constituye uno de los hitos
más significativos del siglo XXI para las víctimas del racismo, la discriminación racial,
la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia en el mundo y de manera
muy especial para las Américas. La misma marcó un cambio de paradigma, al reafirmar la urgencia de protección de los derechos fundamentales para las víctimas del
racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y al reconocer las nuevas
modalidades del racismo y sus interconexiones con otras formas de exclusión social.
El año 2011 añade un significado adicional a este trabajo ya que ha sido declarado
por la Organización de Naciones Unidas y por la Organización de Estados Americanos como Año Internacional de los y las Afrodescendientes. Un año en el que
debemos recordar que ser mujer, negra, indígena, lesbiana, pobre, migrante en
sociedades patriarcales, racistas, homo-lesbofóbicas y neoliberales, es vivir desde
un territorio corporal, afectivo, espiritual y material en permanente disputa con los
grupos hegemónicos que pretenden modelar sociedades a la medida de los hombres, de los blancos, de los heterosexuales y de los que concentran recursos.
El presente documento trata de hacer las conexiones entre raza, etnia y género en
temas relacionados a los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes, considerando que la garantía de un ejercicio pleno de los mismos contribuye a fortalecer
la ciudadanía de las mujeres, ampliar su participación en los procesos de toma de
decisiones y en las esferas de poder, enfrentar todas las formas de violencia, facilitar
el acceso a las nuevas tecnologías, promover medios de comunicación igualitarios,
democráticos y no discriminatorios, así como promover la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Las mujeres afrodescendientes demandamos nuestros derechos humanos, nuestros
derechos civiles, políticos y culturales, ya sea en la participación política, en el empoderamiento económico, en el campo de la salud, en la educación, en el trabajo,
en el acceso a la vivienda, en el acceso al crédito, en los derechos sexuales y los
derechos reproductivos, en el acceso a la tierra, en el respeto a la cultura, en el
derecho a vivir sin violencia y en todo lo que represente inclusión social, política y
económica.
Español
INTroDuCCIóN
Español
1.
DErEChoS humANoS DE lAS
mujErES AfroDESCENDIENTES,
TEmAS y AgENDA EN CoNSTruCCIóN
Como sabemos los 150 millones de personas afrodescendientes latinoamericanas
están ubicadas en prácticamente todos los países de la región. Más de 75 millones
de afrodescendientes son mujeres y más de 100 millones son menores de 20 años.
La violencia racial estructural afecta a la gran mayoría de los 150 millones de afrodescendientes de las Américas, y se manifiesta en desplazamientos forzados, criminalización de jóvenes, genocidio justificado en niñas, trata y tráfico de mujeres
jóvenes, negación del derecho a la inscripción e identidad jurídica, violencia contra
las mujeres y sobre-representación de jóvenes en el sistema penitenciario.
La propiedad de las tierras y territorios, incluido el suelo y el subsuelo, de los pueblos y comunidades afrodescendientes, amenazadas por prácticas de concentración
del capital e inversiones privadas con consentimiento de los Estados, ha ocasionado
el desplazamiento forzado de comunidades enteras. El despojo de nuestras tierras y
territorios obliga al desplazamiento de pueblos afrodescendientes a centros urbanos
incrementando la pobreza integral, el racismo y discriminación en todas sus formas.
La inexistencia de políticas concretas que reconozcan el derecho a la tierra, a la
educación y la salud han puesto en riesgo la sobrevivencia y sustentabilidad de las
comunidades quilombolas, palenqueras y cimarronas, tradicionalmente identificadas con la ancestralidad africana.
Durante mucho tiempo la población afrodescendiente de América Latina y El Caribe
ha sido invisibilizada en términos de información, datos cuantitativos y cualitativos
lo que repercute en la ausencia de políticas públicas que favorezcan sus intereses. Las
rondas censales que integran las categorías étnicas y raciales nos ayudarán a ver en
estudios, diagnósticos e informes, las condiciones de vida, la participación política,
el disfrute de derechos humanos, entre otros temas, de los y las afrodescendientes
en nuestra región.
La situación de las mujeres es aún peor, ya que, por las desigualdades de género
que caracterizan la sociedad patriarcal, éstas han sido colocadas en situación de
subordinación y discriminación, engrosando los grupos de poblaciones pobres con
poco o ningún acceso a los servicios básicos, de salud y educación, el acceso a los
recursos productivos, la tierra, el crédito, vivienda, etc., a lo que se suma el hecho
de ser negras, lo que genera mayor discriminación y las coloca en condiciones de
vulnerabilidad.
Esta situación se refleja, no sólo, en las condiciones materiales de vida de estos grupos poblacionales, sino también, en la falta de acceso al empleo, a servicios de salud
de calidad, a las dificultades que enfrentan para obtener una educación adecuada,
a la invisibilidad en los espacios de toma de decisión y a los obstáculos que deben
enfrentar en sus intentos de tener una participación política activa y efectiva. La
exclusión de los y las afrodescendientes de la participación y del acceso a oportunidades es fundamental para comprender las dimensiones materiales y no materiales
de la inequidad y de la pobreza.
1.1. Derechos económicos sociales y culturales
1.1.1. Pobreza y acceso a recursos
En Brasil, por ejemplo, se ha demostrado, por diversos estudios que incorporan la
variable racial, que las mujeres afro brasileras son las más pobres de las pobres y
enfrentan un sinnúmero de barreras para su incorporación en condiciones de equidad en el empleo remunerado y en la economía, y a pesar de los avances logrados,
como es una mayor escolaridad en relación a los hombres negros en todos los
grupos de edad, sin embargo, esta ventaja no se manifiesta en mejores oportunidades económicas y, por el contrario, este grupo poblacional sigue exhibiendo altos
índices de pobreza.
Se estima que alrededor de cuatro millones de afro brasileñas están ocupadas en
el servicio doméstico y es el grupo de trabajadoras que enfrenta mayores tasas de
explotación y precariedades en el ejercicio de su trabajo.
En términos generales, las variables de empleo y desempleo, siguen siendo de las
más relevantes para caracterizar la situación de las afrodescendientes, ya que evidencian, de forma contundente, la desigualdad y la marginalidad en que se encuentran a consecuencia de su condición de género y su pertenencia étnico-racial.
Datos de otros países de la región muestran que la situación no varía de forma
significativa. En Honduras, por ejemplo, la desigualdad es una constante que se expresa en una mayor tasa de desempleo abierto de un 8,3% entre las mujeres frente
a 4,7% entre los hombres; en Cuba, el desempleo general es de 1,6%, pero para
las mujeres es de 2,0%, aunque ellas representan el 46,7% de la fuerza laboral del
país, en el sector estatal civil y el 23,1% de los/as trabajadores/as por cuenta propia,
Español
Las mujeres afrodescendientes han sido víctimas de las causas históricas que han
determinado la pobreza como condición derivada del racismo y la desigualdad socioeconómica que caracteriza la región latinoamericana y caribeña, con una distribución de la riqueza inequitativa que revela un irrespeto a los derechos humanos fundamentales de las poblaciones afrodescendientes y particularmente de las mujeres.
Español
evidenciándose que, a pesar de las condiciones particulares de esta sociedad, las
mujeres están en situación de desigualdad como en el resto de la región en lo que
al acceso al empleo se refiere.
No obstante a lo anteriormente expresado, tenemos la otra cara de la moneda en
Cuba que exhibe indicadores de avance para las mujeres en relación a su participación en las diferentes categorías ocupacionales, en el presente representan el 39,1%
de la capa dirigencial en el país y el 65,7% de técnicos/as y profesionales. Igual el
país cuenta con sectores con presencia mayoritaria de mujeres en relación al empleo, como la Judicatura, el sector de Salud y el de Educación. Las mujeres juezas y
fiscales son el 71,3% y 73,7%, respectivamente. Además se señala que áreas como
el Sistema de las Ciencias, la Innovación y la Tecnológica están altamente feminizados, con un 53,3% de participación, siendo ellas el 48.8% de los/as investigadores/
as, el 24% de los/as directores/as de importantes centros científicos del país, con
alto reconocimiento social. Un elemento significativo de avance para la condición
de las mujeres es el derecho de igual salario por trabajo de igual valor, lo que no va
a ser característico del resto de los países en la región.
Pero la precariedad en las condiciones de vida de las afrodescendientes en otras
latitudes de la región latinoamericana permanece. En Costa Rica las mujeres afrodescendientes han sido discriminadas en el acceso al empleo a pesar de presentar
mayores niveles de preparación académica y de ser en su mayoría una población
bilingüe. Exhiben una escasa presencia en los puestos de dirección y gerencia en los
lugares de trabajo y una sobrerrepresentación de la pobreza en las zonas de mayor
concentración de población afrodescendiente con respecto a las zonas más pobladas por otros grupos étnicos (con excepción de la población indígena). Aunque la
población negra ha logrado una mejor inserción al sector formal de la economía,
en comparación con la población indígena y con ello, un mayor acceso al seguro
social, revelándose que solamente el 9.9% de las mujeres y el 17,1% de los varones
ocupados no tiene acceso a este derecho (INEC, 2002).
Mientras que en República Dominicana ni los censos, ni las encuestas oficiales incluyen ninguna variable étnico-racial, por lo que no se cuenta con información sobre
este grupo poblacional, por ende tampoco de las mujeres afrodescendientes. Sin
embargo, si se asume que el 90% es afrodescendientes y se sabe que las mujeres
representan el 51,4% de la población, se puede extrapolar que los datos generales
sobre la situación de pobreza de las mujeres es aplicable a las afrodescendientes.
En lo que respecta al nivel general de desempleo, actualmente alcanza un 14,9%,
mientras que para las mujeres esta variable es de un 24,8%, reflejando la desigualdad en que éstas se encuentran.
La participación de las mujeres en República Dominicana en el mercado laboral ha
ido en aumento alcanzando un 49%, en el 2009, contribuyendo a ir cerrando la
En términos promedios en la región latinoamericana y caribeña, las mujeres afrodescendientes se ubican en los estratos más bajos de la sociedad y por tanto más
pobres, realizan trabajos de menor remuneración, principalmente, en las empresas
de zonas francas (maquila), en el trabajo doméstico remunerado y en la economía
informal, como resultado de la marginación en su condición de mujer y del racismo
que prevalece en nuestra sociedad.
En Puerto Rico, el estudioso Francisco Rivera Batiz, expresa que una educación
universitaria eleva los ingresos de los hombres blancos en 89% comparado con
los ingresos promedio de trabajadores blancos que han completado sólo escuela
intermedia. Sin embargo, para los hombres negros un grado universitario eleva sus
ingresos en un 71%, comparado con los ingresos de un hombre negro que ha completado sólo la escuela intermedia. Un grado universitario eleva los ingresos de las
mujeres blancas en 67%, mientras para las mujeres negras en un 60%.
Evidentemente, según el autor, el factor que explica la porción más grande de la
brecha salarial entre la población de trabajadoras blancas y negras es la educación.
Las variables de destrezas, años de experiencia laboral, diferencias entre personas
casadas y solteras, lugar de nacimiento de la persona, tiempo que ha vivido en
Puerto Rico, empleo en el sector público o en el sector privado explican 52,7% de
la brecha salarial entre hombres blancos y negras y 54,4% en el caso de las mujeres
blancas y negras. Sin embargo, el resto de la brecha salarial no se puede explicar. El
autor sugiere que se debe a discriminación racial en el ámbito laboral (labor market
discrimination).
En Uruguay, las mujeres afrodescendientes representan los valores más altos en la
tasa de desempleo con un 14,3%, cuando la tasa general ronda valores cercanos al
7%; y entre éstas, las jóvenes (entre 14 y 24 años) que muestran la mayor tasa de
desempleo de la población, donde 1 de cada 3 mujeres activas no logra acceder a
puestos de trabajo.
Los/as trabajadores/as afrodescendientes uruguayos/as siguen estando sub representados/as en las categorías ocupacionales de mayor calificación y sobre representados/as en las de menor calificación, además de la desigualdad en el salario que
complementa este panorama. Según un estudio realizado en el 2010, la brecha
salarial, en promedio, es del orden de 35%, es decir que el salario por hora de los
afrodescendientes equivale al 65% del salario por hora que perciben los blancos.
Español
brecha de género en este ámbito. A pesar de estos avances, el mercado mantiene
una segregación ocupacional donde las mujeres están sobre representadas en ocupaciones como los servicios secretariales y en el sector servicios, manteniéndose las
brechas de desigualdad en los salarios (79%) y en el acceso a sectores de mayor
competitividad en la economía.
Español
Pero cuando se comparan las diferencias a lo largo de la distribución de salarios, la
brecha es aproximadamente del 22% entre los salarios bajos y medios y aumenta a
un 82% entre los salarios altos.
En este país las afrodescendientes se concentran en el sector terciario de la economía en un 89,6%, siendo el servicio doméstico preponderante, ya que aglutina el
35% del total de la ocupación en el sector servicios, frente a un 19% de mujeres
blancas; y en ocupaciones no calificadas de este mismo sector, las afrodescendientes
son un 13%, frente a un 8% de mujeres blancas. Ahora bien, si se toma como referencia el total de mujeres afrodescendientes ocupadas en trabajos no calificados, un
72% lo hace como trabajadoras domésticas.
Hay que señalar que la vasta presencia de las mujeres afrodescendientes en la
economía informal, común a casi todos los países, es consecuencia de la incapacidad de los Estados de dar respuesta a su participación en el mercado de trabajo,
exhibiendo altas tasas de desempleo, como ya ha sido mencionado, por lo que
se ven en la necesidad de refugiarse en este nicho del mercado como salida de
subsistencia, pero a sabiendas de que el sector informal se caracteriza por los bajos
salarios/ingresos, inestabilidad de las actividades, inexistencia de seguridad social
y en consecuencia, escasas posibilidades, para ellas y sus familias, de salir de la pobreza y la marginalidad.
La informalidad acompaña la ocupación femenina y tiende a concentrarse más en
los centros urbanos que en las zonas rurales, por ejemplo, se estima que en la región
de cada 100 mujeres ocupadas, 18 laboraban en las zonas rurales y 82 en las zonas
urbanas, ya que las oportunidades de empleo para las mujeres se han expandido
a un ritmo mayor que en las zonas rurales. Esto puede explicarse por el hecho de
que el empleo femenino se focaliza, principalmente, en el sector servicios, cuyas
ocupaciones son más urbanas que rurales, pero también peor pagadas y de mayor
inestabilidad y precariedad laboral.
Pero, en lo que respecta al empleo femenino rural en la región latinoamericana,
este se concentra mayormente en actividades no-agrícolas, y se evidencia una segregación ocupacional por género donde las mujeres con empleo agrícola remunerado tienden a trabajar en cultivos de mano de obra intensiva como el café y el
tabaco; cerca del 68% de estas trabajan durante la cosecha y 25% en el proceso
post-cosecha. Sin embargo, la expansión del sector de exportaciones agrícolas notradicionales ha dado paso a un cambio en el mercado de trabajo en las áreas rurales. Un 40%, aproximadamente, de los trabajadores en este sector – que incluye la
producción y procesamiento de frutas y vegetales, nueces, y plantas ornamentales,
entre otros – son mujeres. Esta situación se mantiene hasta el presente como tendencia de este sector, en la mayoría de los países.
No obstante la carga redoblada que deben sobrellevar las mujeres afrodescendientes, su contribución a la economía a través del trabajo no remunerado doméstico
y de cuidado, de sostenimiento de la vida familiar ha sido totalmente invisible para
los hacedores de políticas y para ser considerado en las Cuentas Nacionales de los
Estados.
Sin embargo, los Estados continúan sin hacerse eco de esta situación, y se evidencia
en que las mujeres afrodescendientes son las grandes ausentes en las políticas públicas en el ámbito del desarrollo, del cual forma parte el empleo decente, el crédito,
las medianas, pequeñas y microempresas y el acceso a la tierra, como medio de
producción fundamental en las zonas rurales.
La ausencia de políticas públicas que favorezcan la situación de las mujeres afrodescendientes ayuda a que los problemas que se relacionan con la incidencia de
la pobreza en los grupos étnicos se agudicen, problemas como la falta de seguridad sobre sus tierras; la poca y deficiente presencia de servicios básicos de salud,
educación, agua potable, alcantarillado, electricidad y caminos; la elevada tasa de
enfermedades contagiosas e infecciosas (el SIDA constituye un grave problema para
la población Garífuna, por ejemplo, en Centroamérica); y el escaso apoyo para
programas de empleo productivo y la defensa de su patrimonio cultural, a lo largo
de todo el continente.
1.1.2. mujeres jefas de familia
En otro aspecto, los hogares con jefatura femenina, como es de conocimiento amplio, son más proclive a registrar tasas de pobreza significativamente mayores que
las del resto de los hogares, alcanzando hasta un 20,1%, en muchos de los países de
la región, mientras que los hogares monoparentales de jefatura masculina y el resto
de los hogares registran tasas de pobreza muy inferiores, de un 12,9% en promedio. Esta desigualdad está íntimamente vinculada a la condición de discriminación
en que continúan las mujeres en relación al acceso a los recursos económicos en las
sociedades latinoamericanas.
Esta situación preocupa todavía más al encontrar que las mujeres mayores de 50
años están asumiendo la responsabilidad de sostener económicamente a los hogares, sumando a esto que una parte importante de las mujeres jefas de hogar tienen
Español
En adición a lo mencionado, las mujeres, en su mayoría, tienen que enfrentar otra
dificultad en el mercado laboral relacionada a la necesidad de conciliar el trabajo
productivo con el reproductivo, que al no contar con programas de apoyo por
parte del Estado, las coloca en condiciones de menos competitividad que los hombres, mayor vulnerabilidad a tener que aceptar condiciones laborables no adecuadas, y por lo tanto son más propensas a la pobreza.
Español
menor nivel educativo y menos posibilidades de encontrar empleo, como consecuencia del poco acceso a la educación, por la discriminación existente por edad y
por el factor étnico-racial que prevalece en el mercado de trabajo latinoamericano
y caribeño.
A todo esto se suma la falta de acceso a recursos para el desarrollo que caracteriza
la situación de las mujeres afrodescendientes y la ausencia de interés por parte de
los Estados, ya que no existen políticas que faciliten el crédito para las mujeres,
esto más bien depende de la “voluntad” y disposiciones internas de las entidades
microfinancieras que se especializan en micro crédito con líneas de préstamos a las
mujeres, pero los mismos son de pequeños montos y con frecuencia los intereses
son altos, lo que no promueve la “emprendeduría” femenina.
1.1.3. Vivienda
Derechos como el acceso a la vivienda sigue siendo una problemática sin soluciones
a corto plazo para la población afrodescendiente, particularmente para las mujeres,
que enfrentan un crecimiento importante de los hogares con jefatura femenina, ya
mencionado.
En Ecuador se evidencia una discriminación en relación al acceso a vivienda, el 38%
de la población afroecuatoriana no cuenta con un techo, apenas el 15,3% de las
afroecuatorianas poseen una vivienda. Algunos estudios revelan que este segmento
poblacional exhibe el mayor porcentaje de viviendas con material irrecuperable
(21,5%) y el hacinamiento de vivienda llega al 38,8%. (Fuente: Índice 10 – Etnicidad, desigualdad y Racismo-2007). A esta situación se suma el racismo que existe
en el momento de la adquisición o alquiler de la vivienda, “Aquí no se aceptan
negros”, es algunos de los letreros que pueden encontrarse en barrios de Quito de
clase media, reflejándose el conflicto que enfrentan la población afrodescendiente
y particularmente las mujeres y sus hijos/as.
1.1.4. Salud
Los indicadores de salud también reflejan la interconexión entre raza/etnia/género.
Las mujeres afrodescendientes representan uno de los grupos en situación de mayor
vulnerabilidad frente a la salud. En Brasil, datos del Ministerio de Salud del año
2005, indican que las mujeres afrodescendientes fueron las que presentaron mayor
riesgo de muerte durante el embarazo, parto, puerperio y aborto.
En la salud es importante estudiar las tendencias epidemiológicas de las mujeres
afrodescendientes por razones de raza, por ejemplo la anemia falciforme en mujeres afrodescendientes, es más frecuente debido a problemas genéticos de las células
sanguíneas.
La situación de salud de las jóvenes no se diferencia de lo anterior, cada vez es
mayor el número de embarazos no deseados, generando abortos en condiciones
de insalubridad, derivando en muchos casos en la muerte de la madre y el hijo. La
muerte materna continúa siendo un grave problema a enfrentar entre las jóvenes y
mujeres adultas, ya que presentan indicadores mayores que el resto de la población
femenina en la región.
1.1.5. Derechos Sexuales y Derechos reproductivos
Los derechos sexuales y derechos reproductivos se pueden ejercer únicamente en un
Estado laico, con justicia económica, justicia de género y justicia sexual. Estas condiciones no siempre están presentes en las democracias latinoamericanas y caribeñas y
aún cuando lo estuviesen, el acceso a las mismas no siempre es posible para grupos
marginados como las mujeres afrodescendientes.
En el caso particular de las mujeres uruguayas, estas cargan con estigmas y estereotipos sexistas y machistas, agravada esta situación por la condición étnico-racial de
las afrodescendientes, de tal manera que impactan en su autoestima limitando su
capacidad de negociar sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Lo anterior
junto a carencias en la educación sexual, el veto de la Ley de derechos sexuales y
derechos reproductivos, que por razones religiosas realizó el ex presidente Tabaré
Vásquez, la penalización del aborto, entre otros retrocesos afectan la vida de estas
mujeres.
En Perú, la iglesia sigue teniendo gran incidencia en la opinión pública y generando
una oposición contra el libre ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, manteniendo una campaña permanente en contra de las
propuestas del movimiento de mujeres, al igual que sobre los matrimonios entre
personas de un mismo sexo.
Puede presentarse como avance el que, en muchos de los países de la región, se
imparte Educación Sexual en las escuelas, contribuyendo a dotar de información y
conciencia a las y los jóvenes.
En Colombia, por ejemplo, existe una política de derechos sexuales y derechos
reproductivos, esto ha ayudado a que se enfatice un poco más en la defensa de
Español
Hay muchas enfermedades que padecen las poblaciones afros y kreole, que son de
tardío diagnostico, hay subregistro por el no reconocimiento de las mismas, cuyos
síntomas se registran con otras. Muchas enfermedades no están identificadas, no se
realizan estudios epidemiológicos y no se explora en las consultas. Las mujeres afrodescendientes al sufrir tanta discriminación o no tener la información, no se asumen
sujetas de derechos y les cuesta más exigir una atención y cuidados de su salud.
Español
estos derechos. Sin embargo, el conflicto armado utiliza la violencia sexual contra
las mujeres como método de coerción reclutándolas por la fuerza y violándolas,
y cuando de estas violaciones surgen embarazos les practican abortos inseguros en
condiciones de riesgo, desconociendo la legislación que penaliza estas acciones.
En términos generales la situación de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres afrodescendientes permanece como uno de los grandes retos de
la lucha por el reconocimiento de los derechos en general y el combate al racismo
y la discriminación en nuestros países.
1.2. Derechos civiles y políticos
1.2.1. Participación Política
La participación política de las mujeres afrodescendientes se considerará en el presente informe como el porcentaje de las mismas en relación al total de mujeres que
se encuentran en cargos de decisión y de elección en las instituciones del Estado, en
los partidos políticos y en los gobiernos locales o municipales en los países latinoamericanos y caribeños de los cuales se tienen los datos correspondientes.
Esta participación, en términos generales, se ha caracterizado más por la lucha por
un ejercicio activo de sus derechos fundamentales, que por una presencia masiva en
los espacios formales de la política. Las mujeres han tenido y siguen teniendo que
enfrentar toda serie de obstáculos para validar su participación, lograr el reconocimiento social desde lo comunitario hasta lo partidario.
En el caso de las afrodescendientes es obligatorio agregar que su condición étnicoracial agrega un elemento más a las causas de la desigualdad entre mujeres y hombres, anteriormente mencionadas. Esta condición hace el camino más escabroso y
accidentado para el logro de una participación de mayor presencia e incidencia,
mayores posibilidades de tener acceso a los puestos de decisión, con el agravante
de la ausencia de políticas que faciliten la superación de los obstáculos señalados.
Algunos estudios en Centroamérica indican que la vida política regional ha ido
paulatinamente desplazando a las mujeres afrodescendientes de espacios públicos
decisorios, es decir, que la institucionalización de la política autonómica y la normalización de los procesos electorales lo que han promovido ha sido la masculinización del espacio público, contrario a lo ocurrido en la década anterior cuando
las indígenas y las afrodescendientes jugaron un papel vital en la pacificación de la
región y en las consultas previas a la formulación final del modelo autonómico.
En el caso de República Dominicana, la elección de los cargos congresales y municipales según sexo, muestra la gran ausencia de las ciudadanas como senadoras de la
República, actualmente (2010) de 32 curules en el Senado sólo 2 son ocupados por
mujeres, igual ocurrió en el 2006 y en el 2002, es decir que en las últimas tres elecciones congresales el porcentaje correspondiente a la participación femenina no ha
variado; en la Cámara de Diputados/as las mujeres tienen mayor presencia, pero no
logra acercarse a la cuota mínima propuesta (33%), acercándose a un 22%, hoy día.
Es importante señalar que si los partidos políticos y, en particular sus organismos
de dirección, constituyen un trampolín para que ciudadanos y ciudadanas puedan
participar en la conducción de la vida política de un país, la integración de las
mujeres, particularmente de las afrodescendientes, a estos mecanismos partidarios,
constituye un asunto estratégico a ser abordado por los partidos políticos y por la
sociedad en su conjunto, como una de las estrategias más importante para poder
garantizar la participación de estas ciudadanas en la construcción y consolidación
de la democracia.
Se cuenta con ejemplos paradigmáticos como es el caso de Cuba, y aunque no se
tienen datos especializados sobre las mujeres afrodescendientes, pero al considerar que su población es mayoritariamente afrodescendiente, se usarán los datos
generales disponible. En la actualidad Cuba cuenta con 7 mujeres ministras y 49
viceministras, que representan el 25,9% y 39,2% respectivamente, que exhiben un
desempeño exitoso en sus responsabilidades, rompiendo con tradiciones y roles al
interior de la sociedad. Además, en el Consejo de Estado, el porcentaje de mujeres
ha alcanzado el 40%, considerándose un logro histórico.
Según informe oficial del Gobierno Cubano, en la XI Legislatura de la Asamblea
Nacional del Poder Popular (2007-2009) en las asambleas provinciales las mujeres
ascendieron al 40,63% de representatividad y a 27,3% a nivel municipal.
En Costa Rica, A pesar de que el derecho al voto y a ser electas fue reconocido a
las mujeres hace más de 50 años, la desigualdad en la escena política sigue siendo
evidente, ya que su participación se encuentra en mayor número en las bases, pero
disminuye en los niveles que se toman las decisiones políticas más importantes.
Lo anterior ocurre a pesar de que las mujeres poseen altos niveles de preparación
Español
En Ecuador, la participación de las afrodescendientes en comités barriales de la capital no se caracteriza por ocupar las posiciones de poder, casi siempre aparecen en
los cargos de secretarias, tesoreras y vocales, según estudio realizado por Paloma
Fernández, en el 2009, señalando, en contraposición, que son estas mujeres las
que lideran la interlocución y el activismo dentro de los barrios, promoviendo las
organizaciones y facilitando las reuniones y comisiones de trabajo de sus habitantes.
Español
académica y un amplio conocimiento y experiencia política. Lamentablemente, no
se cuenta con indicadores étnicos en las estadísticas de participación política por
lo que resulta prácticamente imposible determinar el nivel de participación de las
mujeres afrodescendientes.
En lo que respecta a las mujeres afrodescendientes brasileñas, el Informe “Mulheres
Negras Brasileiras e os Resultados de Durban” indica que si bien es cierto que ha
habido avances importantes en la participación política de las mujeres negras, sin
embargo, no existe, en la actualidad, ningún mecanismo que apoye la lucha de éstas en contra del racismo, la xenofobia y la intolerancia que son características de la
sociedad brasileña. De igual manera señala la ausencia de fondos públicos, tanto nacionales como internacionales, que le den soporte al trabajo de las organizaciones
de mujeres negras para el logro de la incorporación de los intereses de este grupo
poblacional en las políticas públicas.
Evidentemente que esta situación viene a ser común para las mujeres afrodescendientes de toda la región, quienes a pesar de los logros obtenidos en las conferencias internacionales, tanto de las mujeres como de los temas étnico-raciales, la
resistencia de los grupos dominantes de nuestras sociedades a incorporar cambios
a favor del respeto de los derechos humanos y el reconocimiento de los intereses y
necesidades de este grupo poblacional, no permite avanzar, por lo que la desigualdad y la marginalidad continúa matizando las condiciones de participación política
de las mujeres afrodescendientes.
1.2.2. Violencia contra las mujeres y Acceso a la justicia
Las mujeres afrodescendientes continúan enfrentando el racismo, la discriminación
y la xenofobia, lo cual se manifiesta en diversas formas de abuso y explotación sexual, exclusión, trata, tráfico, violencia doméstica e institucional y desplazamiento
territorial forzado.
Se exige la adopción de acciones inmediatas y comprometidas tanto por parte de
los Estados como de instituciones internacionales e intergubernamentales, para enfrentar la violencia racial estructural que afecta a las y los 150 millones de afrodescendientes de América Latina y el Caribe. En el caso de las mujeres afrodescendientes es importante tener estadísticas segregadas por género y raza, para ver mejor
como les afecta de manera particular la violencia contra las mujeres y el acceso a
la Justicia.
1.2.3. Seguridad ciudadana
La seguridad ciudadana forma parte esencial de los derechos humanos fundamentales, en el entendido de que es la preocupación por la calidad de vida y la digni-
En la medida que estas condiciones no son garantizadas por el Estado en esa misma
medida se reduce la calidad de vida de las personas. Hoy día la seguridad ciudadana
se ha convertido en uno de los principales reclamos de la ciudadanía en la mayoría
de los países de la región, particularmente en Centroamérica, donde se concentran
uno de los mayores índices de criminalidad, y donde las mujeres son colocadas en
condiciones de vulnerabilidad extrema, convirtiéndose en las principales víctimas
de la violencia intrafamiliar, y los jóvenes afrodescendientes, marcados por la marginalidad, son con frecuencia mayoría en la población penal. Todo esto amerita
acciones contundentes por parte de los gobiernos y la sociedad en su conjunto, que
confronten la delincuencia y el crimen, los cuales conllevan a condiciones de vida
infrahumanas y disminuyen las posibilidades de un ejercicio pleno de los derechos
humanos.
2.
AVANCES y DESAfIoS
La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, continua
realizando particulares esfuerzos para aportar a las reflexiones desde el reconocimiento de las expresiones de racismo y discriminación racial que se entrecruzan
con las dimensiones de género, profundizando la negación de derechos hacia las
mujeres afrodescendientes.
Si bien los Estados de nuestra Región reconocen que deben proteger y promover
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y las mujeres de
descendencia africana, esto no se ha traducido en un compromiso real en la lucha
contra las manifestaciones del racimo y la discriminación presentes.
Los resultados de las evaluaciones de progreso en la implementación del Programa
de Acción (Durban) realizadas por los Estados, las reuniones y compromisos en las
reuniones de la CEPAL, entre otras instancias, si bien muestran avances en varios aspectos, también ponen en evidencia, inaceptables retrasos, obstáculos y retrocesos,
que imponen el desafío de priorizar e intensificar los esfuerzos para cumplir con los
objetivos propuestos en el programa de acción.
Español
dad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales.
La seguridad ciudadana tiene como principal significado el no temer una agresión
violenta, saber respetada la integridad física y sobre todo, poder disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado y poder circular tranquilamente por las
calles sin temer un robo o una agresión.
Español
A 10 años de haber sido aprobada la Declaración y el Plan de Acción de Durban,
no obstante los esfuerzos de la Sociedad Civil y de algunos Estados de la región, no
existe la institucionalidad ni los recursos presupuestarios necesarios para implementar los compromisos establecidos, y los Estados no han creado las condiciones para
una participación efectiva y paritaria de la sociedad civil en el diseño e implementación de las políticas.
Igualmente, se observa un incremento de los fundamentalismos de índole religioso,
económico e ideológico, que niegan la diversidad cultural y los derechos humanos
para las víctimas del racismo. Enfrentamos un modelo de desarrollo neoliberal deshumanizado que tiene como consecuencia múltiples formas de exclusión, pobreza,
incremento de la desigualdad, racismo y discriminación.
Como Red queremos poder tener acceso a la información que nos permita hacer un
retrato mejor de las mujeres afrodescendientes en la Región, en las diferentes áreas
que competen a las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes.
Acceso a los recursos y pobreza.
Participación política.
Acceso a la Educación.
Salud y Derechos sexuales y Derechos reproductivos.
Violencia contra las mujeres y Acceso a la Justicia.
Mecanismos para la Igualdad Racial y de género.
2.1. Entre los principales avances reconocemos los
siguientes
Creación de algunos organismos de lucha por la igualdad racial pero con poco
o nulo poder político y sin presupuestos necesarios para asegurar su quehacer;
Adopción de algunas Políticas de Acción Afirmativa; incorporación de la agenda
de los y las afrodescendientes en algunos organismos internacionales;
Ratificación en varios países de la Convención contra la Discriminación Racial;
Creación de la Relatoría de afrodescendientes en la Organización de los Estados
Americanos;
Creación de Relatoría Especial sobre Derechos de Afrodescendientes en la ONU;
Desarrollo de un proceso de trabajo para la elaboración y adopción de una
Convención Interamericana para la Eliminación del Racismo y Todas las Formas
de Discriminación e Intolerancia.
2.2. Censos
Actualmente, en más países de la Región, se han comenzado a realizar censos nacionales con indicadores concretos que permiten conocer la situación de la población
afrodescendiente e indígena, pero sigue siendo importante que la información pueda estar también desagregada por género para hacer las conexiones necesarias con
las condiciones de vida de las mujeres y de los hombres, de forma separada.
3.
juVENTuD y fuTuro
La recomendación de transversalizar el componente generacional para garantizar la
visión y participación activa y proactiva de las jóvenes expresado en el Documento
Conceptual de la RMAAD es también un desafío importante:
Le debemos a las generaciones futuras el disfrute no sólo de sus derechos humanos,
sino también un espacio donde disfrutarlos. Ese espacio es su casa, su nación y el
planeta completo. Aunque todos los derechos humanos son igualmente importantes, en esta discusión de los temas étnicos raciales y de género, los llamados
derechos de la tercera generación cobran mayor importancia. Estos plantean la
protección al legado que dejamos al futuro al ser los derechos que convocan a la
solidaridad, al reconocimiento de lo colectivo, el reconocimiento de los pueblos
indígenas y afrodescendientes y al reconocimiento de los derechos de las personas y
grupos excluidos y discriminados. Es la deuda intergeneracional que debemos tener
en cuenta con lo que hacemos ahora.
Este compromiso con las jóvenes incluye garantías de que podrán acceder a empleos
decentes, garantizar la visión y participación activa y proactiva de las jóvenes en su
empoderamiento económico, que se les garantice acceso a la educación sexual y a
la educación en el uso de métodos anticonceptivos y el acceso a los de su elección.
Español
Avances en la inclusión de variables étnico raciales a partir de la ronda de censos
de 2010 y producción de estadísticas que permiten reconocer las dimensiones de
discriminación que enfrentan las poblaciones afrodescendientes;
Español
4. AgENDA mÍNImA PArA gArANTIZAr loS DErEChoS humANoS DE lAS AfroDESCENDIENTES
4.1.
Para enfrentar la Pobreza
1.
Comprometer recursos financieros y voluntades políticas así como a una revisión estructural de los programas de erradicación de la pobreza que se ejecutan
en América Latina y el Caribe a fin de contribuir a reducir el impacto de ésta en
las mujeres afrodescendientes y a trabajar con un enfoque etno-racial en todas
las estrategias y medidas que se adopten en ese orden.
2.
Adoptar, con carácter de urgencia, medidas, políticas y programas de acción
afirmativa, como una forma de disminuir la brecha racial y de género que en
el ámbito económico enfrentamos las mujeres afrodescendientes de América
Latina y el Caribe.
3.
Adoptar medidas para garantizar el acceso al empleo de calidad y en condiciones de equidad, eliminando las barreras etno-raciales que enfrentamos las
mujeres afrodescendientes en el mercado de trabajo.
4.
Crear un fondo que permita el acceso a recursos productivos para las mujeres
afrodescendientes y la promoción de empresas productivas.
4.2.
Para garantizar la Participación Política
1.
Adoptar todas las medidas a su alcance para promover el acceso de las mujeres
afrodescendientes a las instancias de toma de decisiones e incrementar su participación en cargos electivos y en las instancias del poder público, tanto a nivel
nacional como local.
2.
Demandamos que como parte del proceso de fortalecimiento de la democracia, en los países donde están establecidas leyes de cuotas de acción afirmativas
para el incremento de la participación política de las mujeres, estas sean revisadas con el objetivo de asegurar la inclusión de mujeres afrodescendientes.
3.
Instar a los partidos políticos a incluir, en las plataformas y programas de campaña, la toma de posición acerca de las reivindicaciones de las mujeres afrodescendientes y las estrategias para su implementación.
Adecuar el sistema jurídico interno adoptando las normas necesarias de tipo
legal y reglamentario para dar efectividad plena a la protección de los derechos
civiles y políticos que amparan a las mujeres afrodescendientes contemplados en
los instrumentos internacionales vinculantes.
4.3. Para elevar los niveles de educación de las mujeres
afrodescendientes
1.
Eliminar las barreras existentes y promover acciones específicas para el acceso
de las mujeres afrodescendientes a todos los niveles de educación, con especial
atención a la situación de la niñez, incluyendo la sensibilización de las y los
educadores hacia una cultura de no discriminación.
2.
Ampliar la cobertura del sistema educativo hacia las zonas donde habita la
población afrodescendiente, creando más centros de enseñanza y disponiendo
del personal docente necesario.
3.
Promover acciones para que la producción cultural e intelectual de los y las
afrodescendientes sea respaldada y que tenga las mismas posibilidades que el
resto de los productores culturales en la promoción de su obra.
4.4. Para mejorar la Salud y enfrentar la Violencia
contra la mujer afrodescendiente
1.
Desarrollar programas para proteger la salud integral, sexual y reproductiva
de las mujeres afrodescendientes así como fomentar el respeto a sus derechos
sexuales y reproductivos.
2.
Ampliar la cobertura del sistema de salud para todas las mujeres afrodescendientes a través de servicios integrales de calidad así como garantizar criterios
étnico, racial y de género en los planes para lograr los Objetivos de Desarrollo
del Milenio dedicados a salud, en particular la reducción de la mortalidad materna.
3.
Crear una instancia en el Ministerio de Salud que sistematice la información de
salud desagregada por etnia-raza, como un instrumento para el diagnóstico de
la situación de las poblaciones afrodescendientes, en especial de las mujeres, y
diseñar los programas específicos de Políticas de Acción Afirmativa (PAA).
4.
Impulsar políticas para detener la violencia de género contra las mujeres que
afecta de manera especial a las afrodescendientes, así como la trata y tráfico
de personas con fines de explotación sexual comercial, y la imagen de la mujer
como objeto sexual.
Español
4.
Español
1.
Realizar censos nacionales con indicadores concretos que permitan conocer
la situación de la población afrodescendiente desagregada por género, raza y
etnia, como fundamento de las políticas públicas orientadas a combatir el racismo y la discriminación.
2.
Construir y elaborar un sistema de indicadores de inclusión racial con perspectiva de género para todos los programas de desarrollo que impulsen los
gobiernos y los organismos de desarrollo internacional.
5.
CoNCluSIoN
Pese a las múltiples limitaciones que enfrentan nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas para liberarse del racismo, la discriminación racial y de género, del
rechazo a las personas por su procedencia, por su identidad sexual o expresión
de género, las mujeres somos parte de una revolución sociocultural que ha hecho
emerger un nuevo paradigma de sociedad, que nos permite creer en sociedades
que afirmen la igualdad, la no discriminación, la solidaridad, el respeto por la
diferencias y la no violencia. Este sigue siendo el principal reto de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, como síntesis de dichos
valores.
Contens
BACKgrouND
26
INTroDuCTIoN
27
humAN rIghTS of Afro-DESCENDANT WomEN,
ISSuES AND AgENDA IN CoNSTruCTIoN
28
1.1.
Economic, social and cultural rights
29
1.2.
Civil and political rights
35
2.
ProgrESS AND ChAllENgES
38
2.1.
Among the main advances we recognize the following
39
2.2.
Censuses
39
3.
youTh AND fuTurE
40
4.
mINImum AgENDA To ENSurE ThE humAN
rIghTS of Afro-DESCENDANT WomEN
40
4.1.
To deal with poverty
40
4.2.
To ensure political participation
41
4.3.
To raise the education levels of afro-descendant women
41
4.4.
To improve the health of afro-descendant women and
deal with the violence against them
41
1.
5.
CoNCluSIoN
42
BACKgrouND
English
The Network of Afro-Descendant Women of Latin America, the Caribbean and
the Diaspora (RMAAD) is an autonomous space of political linking and advocacy
for the defense of the rights and human development of Afro-descendant women.
The Network strategy is political advocacy for structural change and transformation of racial discrimination, exclusion, poverty and migration through proposals
and actions on national and international public policies. In the process of politically strengthening the Network, it decisively assumes equitable participation for
young women in all the Network entities, be they local, national or regional. The
contributions of young women are thus present and included in the national and
sub-regional processes.
For the Durban Review Conference in Geneva in 2009, the Network promoted
the initiative of collectively constructing and technically preparing a shadow report
that gathered our analysis of the monitoring of progress or rollbacks, political positioning and proposals for the different States of the Region. We understood that it
was necessary to evaluate their implementation, above all with a gender and ethnic
racial perspective.
At this time we would like to present a document that critically situates the human
rights of Afro-descendant women of Latin America, the Caribbean and the Diaspora. This document is aimed at bringing us closer to finding responses to the demands
of Afro-descendant women for inclusion, justice and equality.
We want to call attention to the need for recognition not only of the multiple
discriminations and intersections of gender and race, but also of the fact that institutional solutions, commitments and responses first require analysis.
As we have pointed out previously, “The complexity of the challenge is in our look
at the intersections of gender and women and at the ethnic-racial intersections. For
Afro-descendant women and all women in general from the region, the exercise
must include that look to make the results as inclusive of all women in their diversity
as possible.”
INTroDuCTIoN
This year adds new significance to this work, as the United Nations and Organization of American States have declared 2011 as International Year for People of African Descent. It is a year in which we must remember that being female, black, indigenous, lesbian, poor and/or migrant in racist, homo/lesbophobic and neoliberal
patriarchal societies is to live within a bodily, affective, spiritual and material territory in permanent dispute with the hegemonic groups that aspire to model society
to the measure of men, whites, heterosexuals and those who concentrate resources.
This document attempts to make the racial, ethnic and gender connections on issues related to the human rights of Afro-descendant women, considering that the
guarantee of the full exercise of those rights helps strengthen women’s citizenship;
expand their participation in decision-making processes and in the spheres of power
to confront all forms of violence; facilitate their access to the new technologies;
promote egalitarian, democratic and nondiscriminatory media; as well as promote
women’s comprehensive health care and sexual and reproductive rights.
We Afro-descendant women demand our human rights, our civil, political and cultural rights, whether in political participation, in economic empowerment, in the
health field, in education, in work, in access to housing, in access to credit, in sexual
rights and reproductive rights, in access to land, in respect for culture, in the right
to live without violence and in all that represents social, political and economic
inclusion.
English
Ten years have passed since the adoption of the Declaration and Program for Action
of the Third World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia
and Related Forms of Intolerance, held in Durban, South Africa. This conference,
with the commitment of 170 States, is one of the most significant milestones of the
21st Century for the victims of racism, racial discrimination, xenophobia and all
related forms of intolerance in the world, and very especially for the Americas. It
marked a change of paradigm by reaffirming the urgency of protecting the fundamental rights of victims of racism, xenophobia and related forms of intolerance and
by recognizing the new modalities of racism and its interconnections with other
forms of social exclusion.
1. humAN rIghTS of Afro-DESCENDANT WomEN,
ISSuES AND AgENDA IN CoNSTruCTIoN
English
As we know, the 150 million Latin Americans of African descent are found in virtually all countries of the region. More than 75 million Afro-descendants are women
and more than 100 million are under 20 years old.
Structural racial violence affects the great majority of these 150 million Afro-descendant people of the Americas, and is manifested in forced displacements, criminalization of youths, justified genocide of girls, kidnapping and trafficking of young
women, negation of the right to legal registration and identity, violence against
women and over-representation of youths in the penitentiary system.
The threat to the ownership of lands and territories, including soil and subsoil, by
Afro-descendant communities by practices of capital concentration and private investment with the consent of the States, has caused the forced displacement of entire
communities. Dispossessed of our lands and territories, Afro-descendant peoples
are forced to move to urban centers, increasing the overall poverty, racism and discrimination in all its forms. The lack of concrete policies that recognize the right to
land, education and health of the Quilomba, Palenquera and Cimarron communities, traditionally identified with African ancestry, has put at risk their sustainability
and their very survival.
The Afro-descendant populations of Latin America and the Caribbean have long
been made invisible with respect to information and quantitative and qualitative
data, and this has repercussions in the absence of public policies favoring their interests. The census rounds that include ethnic and racial categories will help us see
the living conditions, political participation and enjoyment of human rights, among
other issues, of Afro-descendants in our region in studies, assessments and reports.
The situation of women is worse yet, given that the gender inequalities that characterize patriarchal society have placed them in a situation of subordination and
discrimination, swelling the groups of poor populations with little or no access to
basic health and education services, or to productive resources, land, credit, housing, etc. To this is added the fact that being black generates greater discrimination
and puts them in conditions of vulnerability.
Afro-descendant women have been victims of the historical causes that have determined poverty as a condition derived from the racism and socioeconomic inequality characterizing the Latin American and Caribbean region, with an inequitable
distribution of wealth that reveals disrespect for the fundamental human rights of
Afro-descended populations, particularly women.
This situation is reflected not only in the material living conditions of these population groups, but also in their lack of access to employment or to quality health
services, the difficulties they face to obtain an adequate education, their invisibility
in decision-making arenas and the obstacles they must deal with in their efforts to
have active and effective political participation. The exclusion of Afro-descendant
men and women from participation and access to opportunities is fundamental to
understand the material and non-material dimensions of inequity and poverty.
1.1. Economic, social and cultural rights
1.1.1. Poverty and access to resources
It is estimated that around four million Afro-Brazilian women work in domestic
service and it is the group of female workers facing the highest exploitation and
precariousness rates in the exercise of their job.
In general terms, employment and unemployment variables are still the most relevant for characterizing the situation of Afro-descendant women, as they resoundingly show the inequality and marginalization in which these women are found as
a consequence of their gender condition and ethnic-racial identity.
Data from other countries of the region show that the situation does not vary significantly. In Honduras, for example, inequality is a constant that is expressed in a
higher open unemployment rate: 8.3% among women compared to 4.7% among
men. In Cuba, the general employment is 1.6%, but for women it is 2.0%, even
though they represent 46.7% of the country’s labor force in the State’s civil sector
and 23.1% of self-employed workers. This shows that, despite this society’s particular conditions, women are in an unequal situation similar to the rest of the region
with respect to employment access.
Notwithstanding the above, we have the other side of the coin in Cuba, which
shows indicators of progress for women regarding their participation in the different
occupation categories. At present they represent 39.1% of the managerial stratum
in the country and 65.7% of the technicians and professionals. The country also
has sectors in which women are the majority with respect to employment, such as
English
In Brazil, for example, various studies that incorporate the racial variable have
shown that Afro-Brazilian women are the poorest of the poor and face innumerable barriers to their incorporation into remunerated employment and into the
economy in equitable conditions. Despite the progress achieved, such as greater
schooling compared to black men in all age groups, this advantage is not manifested
in better economic conditions. On the contrary, Afro-Brazilian women continue
exhibiting high poverty rates.
English
the judiciary and the health and education sectors. Women judges and attorneys
are 71.3% and 73.7% of the total, respectively. It is also noted that areas such as
the Sciences, Innovation and Technology System are highly feminized, with 53.3%
participation. They make up 48.8% of the researchers and 24% of the directors of
important scientific centers in the country, with high social recognition. A significant
element of progress for women’s condition is their right to equal salary for work of
equal value, which is not characteristic of the other countries in the region.
But in other countries of the Latin American region, the precariousness in the living
conditions of Afro-descendant women remains. In Costa Rica, Afro-descendant
women have been discriminated against in access to employment despite having
higher levels of academic preparation and being a bilingual population in the majority of cases. They are barely present in managerial and executive posts in their
workplaces and are overrepresented in the poverty of the areas with the highest
concentration of Afro-descendant population compared to areas more populated
by other ethnic groups (with the exception of indigenous populations). The black
population is better inserted into the formal sector of the economy than the indigenous population and thus has greater access to social security, with only 9.9%
of employed women and 17,1% of employed men not having access to this right
(INEC, 2002).
Meanwhile, in the Dominican Republic, neither censuses nor official surveys include
any ethnic-racial variable, so there is no information about this population group,
or, for that same reason, about Afro-descendant women. Nonetheless, if it is assumed that 90% is Afro-descendant and is known that women represent 51.4%
of the population, it can be extrapolated that the general data about women’s
poverty situation is applicable to Afro-descendant women. The general unemployment level is currently 14.9%, while for women this variable is 24.8%, reflecting
their inequality.
Women’s participation in the labor market in the Dominican Republic has been on
the rise, reaching 49% in 2009, thus helping to close the gender gap in this sphere.
Despite this progress, however, the market maintains an occupational segregation in
which women are over-represented in occupations such as secretarial services and
the service sector, maintaining the inequality gaps in salaries (79%) and in access to
more competitive sectors of the economy.
In average terms in the Latin American and Caribbean region, Afro-descendant
women are found in the lowest and therefore poorest strata of society. As a result
of the marginalization in their condition as women and of the racism that prevails
in our society, they hold lower-paying jobs, mainly in the free trade zone assembly
plants (maquila), in paid domestic work and in the informal economy.
In Puerto Rico, the scholar Francisco Rivera Batiz states that a university education
raises the incomes of white men by 89% compared to the average salaries of white
male workers who have only completed middle school. Nonetheless, for black men,
a university degree only raises their income by 71%, compared to the income of a
black man who has only completed middle school. A university degree raises the
salaries of white women by 67%, while it only raises those of black women by 60%.
In Uruguay, Afro-descendant women represent the highest values in the unemployment rate, with 14.3%, while the general rate is around 7%. Young women (between 14 and 24 years of age) show the highest unemployment rate of the female
population, with one in three economically active women unable to get access to
job posts.
Uruguayan Afro-descendant workers of both sexes continue to be underrepresented in the more qualified occupation categories and overrepresented in those of
lower qualification, in addition to the inequality in the salary that complements
this picture. According to a study done in 2010, the salary gap on average is on
the order of 35%, i.e. the hourly salary of Afro-descendants is equivalent to 65%
of the hourly salary received by whites. But when the differences are compared
throughout the salary distribution, the gap is approximately 22% among low and
medium salaries and increases to 82% among high salaries.
In this country, 89.6% of Afro-descendant women are concentrated in the tertiary
sector of the economy, predominantly in domestic service, covering 35% of the total occupation in the service sector compared to 19% of white women. And in unskilled occupations of this same sector, Afro-descendant women are 13% compared
to 8% of white women. Thus if the total number of Afro-descendant women
occupied in unskilled jobs is taken as a reference, 72% work as domestic workers.
It must be noted that the vast presence of Afro-descendant women in the informal
economy, common to almost all countries, is a consequence of the States’ inability to
provide a response to their participation in the labor market. Because of the abovementioned high unemployment rates, they must seek refuge in the informal market
English
Evidently, according to the author, the factor that explains the largest portion of the
salary gap between white and black women workers is education. The variables of
skills, years of work experience, differences between married and single individuals,
place of birth, the time lived in Puerto Rico and employment in the public or private sector all explain 52.7% of the salary gap between white and black men and
54.4% in the case of white vs. black women. The rest of the salary gap, however,
cannot be explained. The author suggests that it is due to racial discrimination in
the labor sphere, what he calls “labor market discrimination”.
niche as a subsistence solution, knowing that it is characterized by low salaries/incomes, unstable activities, inexistent social security and, as a consequence, scant possibilities for these women and their families to escape from poverty and marginality.
English
Informality accompanies female occupation and tends to concentrate more in the
urban centers than in the rural zones. For example, it is estimated that 18 of every
100 women occupied in the region work in the rural zones and 82 in the urban
zones, since the job opportunities for women have expanded at a greater rate
in the urban areas. This can be explained by the fact that female employment is
mainly focused on the service sector, whose job posts are more urban than rural,
but also more poorly paid and with greater instability and labor precariousness.
But with respect to rural female employment in Latin America, it is concentrated
mainly in non-agricultural activities and there is evidence of gender-based labor segregation where women doing paid agricultural work tend to work in labor-intensive
crops such as coffee and tobacco; nearly 68% of them work during the harvest and
25% in the post-harvest process. Nonetheless, the expansion of nontraditional agroexports has made way for a change in the labor market in rural areas. Approximately
40% of the workers in this sector –which includes the production and processing of
fruits and vegetables, nuts and ornamental plants, among others– are women. This
situation is a continuing trend of this sector in the majority of countries.
In addition to what is already mentioned, most women must deal with yet another
difficulty in the labor market, related to the need to conciliate productive with reproductive work, in which the lack of support programs by the State puts them in
less competitive conditions than men and greater vulnerability. By having to accept
inadequate labor conditions, they are more prone to poverty.
Notwithstanding the double load Afro-descendant women must bear, their contribution to the economy through non-remunerated domestic work and their care
and sustaining of family life have been totally invisible to policy-makers and are not
considered in the National Accounts of the States.
Nonetheless, the States continue failing to do anything about this situation, as shown
in the fact that Afro-descendant women are the great missing piece in the public
policies in the development sphere, of which decent employment; credit; small,
medium and micro-businesses; and access to land as a fundamental means of production in the rural zones form a part.
The absence of public policies favoring the situation of Afro-descendant women
further aggravates the problems influenced by poverty in the ethnic groups, such as
lack of security over their lands; little and deficient presence of basic health, educa-
tion and drinking water services; sewerage systems; electricity and roads; the high
rate of infectious and contagious diseases (AIDS is a serious problem for the Garífuna
population in Central America, for example), and the scant support for productive
employment programs and defense of their cultural heritage all over the continent.
1.1.2. Women heads of family
This situation is still more worrying upon finding that women over 50 years old are
assuming the responsibility of economically sustaining the homes, added to which
an important part of the female heads of household have a lower educational level
and fewer possibilities of finding jobs thanks to their scant access to education given
the prevailing discrimination by age and by the ethnic-racial factor in the Latin
American and Caribbean labor market.
To all this is added the lack of access to resources for development that characterizes
the situation of Afro-descendant women and the lack of interest on the part of the
States, as no policies facilitate credit to women. It rather depends on the “willingness” and internal dispositions of micro-financing entities that specialize in microcredit to women, but it is for small amounts and frequently with high interest rates
that do not promote female “enterprise.”
1.1.3. housing
Rights such as access to housing continue to be a problem without short-term solutions for the Afro-descendant population, particularly women, who face an important growth of homes headed by women, as already mentioned.
In Ecuador, discrimination is evidenced with respect to access to housing, with
only 38% of the Afro-Ecuadorian population now having a roof; barely 15.3%
of Afro-Ecuadorians have a house. Some studies reveal that this population segment exhibits the largest percentage of housing with discarded material (21.5%) and
household overcrowding is at 38.8%. (Source: Índice 10 – Etnicidad, desigualdad
y Racismo-2007). To this situation is added the racism that exists when trying to
acquire or rent housing. “Black people not accepted here” is one of the signs that
can be found in middle-class Quito neighborhoods, reflecting the conflict facing the
Afro-descendant population, particularly women and their children.
English
As is widely known, homes headed by women are more prone to register significantly higher poverty rates than other homes, reaching 20.1% in many of the
countries of the region, while the poverty rates of mono-parent homes headed by
males and the other homes average 12.9%. This inequality is intimately linked to
the discrimination against women regarding access to the economic resources in
Latin American societies.
1.1.4. health
English
Health indicators also reflect the race/ethnicity/gender interconnection. Afro-descendant women represent one of the most vulnerable groups with respect to
health. In Brazil, Ministry of Health data from 2005 indicate that Afro-descendant
women were at greatest risk of death during pregnancy, delivery, postnatal period
and abortion/miscarriage.
In health it is important to study the epidemiological trends of Afro-descendant
women for reasons of race, for example, sickle-cell anemia in Afro-descendant
women is more frequent due to genetic problems of their blood cells.
Afro and Black Creole populations suffer many illnesses that are slow to be diagnosed. They are under-recorded due to the lack of recognition of them, leading to
their symptoms being recorded with others. Many illnesses are not identified, epidemiological studies are not done and there is no exploration in the consultations.
Because Afro-descendant women suffer so much discrimination or do not have the
information, do not assume their role as subjects of rights and it is harder for them
to demand health treatment and care.
The health situation of young women is no different. There are ever increasing unwanted pregnancies, triggering abortions in unhealthy conditions, which often lead
to the death of both mother and child. Maternal death is still a serious problem
among young and adult women that needs to be dealt with, as they present greater
indicators than the rest of the female population in the region.
1.1.5. Sexual rights and reproductive rights
Sexual rights and reproductive rights can be exercised only in a secular State with
economic, gender and sexual justice. These conditions are not always present in
the Latin American and Caribbean democracies, and even when they are, access
to them is not always possible for marginalized groups such as Afro-descendant
women.
In the particular cased of Uruguayan women, they bear sexist and macho stigmas and stereotypes, aggravated by the ethnic-racial conditions of Afro-descendant
women, which impact their self-esteem, limiting their capacity to negotiate their
sexual rights and reproductive rights. The lives of these women are affected by the
above, together with lacks in sexual education, the veto for religious reasons of the
law of sexual and reproductive rights by former President Tabaré Vásquez and the
criminalization of abortion, among other rollbacks.
In Peru, the Church continues to have major influence on public opinion, generating opposition to the free exercise of women’s sexual and reproductive rights, main-
taining an ongoing campaign against the proposals of the women’s movement, as it
does regarding same sex marriages.
It can be called progress that sex education is being imparted in the schools in many
of the countries in the region, helping to provide young men and women with
information and awareness.
Colombia, for example, has a sexual rights and reproductive rights policy that emphasizes the defense of these rights somewhat more. Nonetheless, the armed conflict uses sexual violence against women as a method of coercion, recruiting them
by force and raping them, and when the victims of these rapes get pregnant, they
practice unsafe abortions in risky conditions, ignoring the legislation criminalizing
these actions.
1.2. Civil and political rights
1.2.1. Political Participation
Afro-descendant women’s political participation is considered in this report as the
percentage of these women relative to the totality of women found in decisionmaking posts and elected posts in state institutions, political parties and local and
municipal governments in the Latin American and Caribbean countries that have
the corresponding data.
In general terms, this participation has been characterized more by struggle than by
active exercise of basic rights or by massive presence in the formal arenas of politics. Women have had and continue to have to face a whole series of obstacles to
validate their participation and be socially recognized from the community level to
the party level.
In the case of Afro-descendant women it must be added that their ethnic-racial
condition adds yet another element to the causes of inequality between women
and men mentioned above. This condition makes rockier and rougher the road to
achieving participation with greater presence and influence and greater possibilities
of access to decision-making posts, with the further complication of an absence of
policies that would make it easier to surmount these obstacles.
Some studies in Central America indicate that the region’s political life has gradually been moving Afro-descendant women out of decisive public spaces. In other
words, the institutionalizing of the autonomous policy and normalizing of the elec-
English
In general terms, the situation of sexual rights and reproductive rights of Afrodescendant women remains one of the great challenges of the struggle for recognition of their rights in general, and the fight against racism and discrimination in our
countries.
toral processes that have been promoted have made the public arena even more
masculine, contrary to what occurred in the previous decade, when indigenous and
Afro-descendant women played a vital role in pacifying the region and in the consultations prior to the final formulation of the autonomous model.
English
In Ecuador, the participation of Afro-descent women in neighborhood committees
of the capital is not characterized by occupying positions of power. They always
appear as secretaries, treasurers and at-large members, according to the 2009 study
by Paloma Fernández, which notes, in contrast, that these women are the ones who
head up the interlocution and activism within the barrios, promoting the organizations and facilitating meetings and work commissions of the residents.
In the case of the Dominican Republic, the election of congressional and municipal
posts by sex shows the grand absence of female senators of the Republic. Currently
(2010) out of 32 Senate seats, only 2 are occupied by women, just as occurred
in 2006 and 2001. In other words, in the past three congressional elections, the
percentage of female participation has not varied; women had greater presence in
the House of Representatives, but now even it has not come close to the minimum
proposed quota of 33%, only approaching 22%.
It is important to note that if political parties, particularly their leadership bodies,
are a trampoline for citizens to be able to participate in the running of a country’s
political life, the integration of women, above all Afro-descendant women, into
these party mechanisms is a strategic issue to be addressed by the parties and also by
society as a whole. It is one of the most important strategies to be able to guarantee the participation of these female citizens in the construction and consolidation
of democracy.
There are paradigmatic examples, such as the case of Cuba. While it does not have
specialized data about Afro-descendant women, the general available data is used
here given that its population is largely Afro-descendant. Today Cuba has 7 female
ministers and 49 deputy ministers, respectively representing 25.9% and 39.2%, and
they are successfully performing their responsibilities, breaking with societal traditions and roles.
In addition, the percentage of women in the Council of State has reached 40%,
considered a historic achievement. According to the official report of the Cuban
Government, women reached 40.63% of the representation in the Eleventh Legislature of the National Assembly of Popular power (2007-2009) in the provincial
assemblies and 27.3% at the municipal level.
In Costa Rica, even though the right of women to elect and be elected was recognized over 50 years ago, inequality in the political scene remains evident, as their
participation is found in larger numbers at the base but diminishes at the levels
where the most important political decisions are made. This happens despite the
fact that women have high levels of academic preparation and broad political
knowledge and experience. Regrettably there are no ethnic indicators in the statistics of political participation, making it virtually impossible to determine the
participation of Afro-descendant women.
As is evident, this situation is common to Afro-descendant women throughout
the region. Despite the achievements in international conferences regarding both
women and ethnic-racial issues, the resistance of our societies’ dominant groups
to incorporate changes favoring respect for human rights and recognition of this
population group’s interests and needs does not allow progress. As a result, inequality and marginalization continues to tinge the conditions of Afro-descendant
women’s political participation.
1.2.2. Violence against women and access to justice
Afro-descendant women still face racism, discrimination and xenophobia, which is
manifested in diverse forms of sexual abuse and exploitation, kidnapping, trafficking, domestic and institutional violence and forced territorial displacement.
This requires the adoption of immediate and committed actions by both States and
international and inter-governmental institutions to confront the structural racial
violence affecting the 150 million Afro-descendant citizens of Latin America and
the Caribbean. In the case of Afro-descendant women, it is important to have
statistics segregated by gender and race, to better see how violence against women
and access to justice particularly affects them.
1.2.3. Citizen security
Citizen security forms an essential part of fundamental rights, understanding it as
concern for the quality of life and human dignity in terms of freedom, access to the
market and social opportunities. Citizen security has as its main significance not
fearing violent aggression, having one’s physical integrity respected and, above all,
English
With respect to Brazilian Afro-descendant women, the report “Mulheres Negras
Brasileiras e os Resultados de Durban” (Brazilian Black Women and the Results of
Durban) indicates that while there have been important advances in the political
participation of black women, no mechanism today supports their struggle against
the racism, xenophobia and intolerance characteristic of Brazilian society. It also
points out the absence of either national or international public funds that could
support the work of black women’s organizations to get this population group’s
interests incorporated into public policies.
English
being able to enjoy the privacy of one’s home without fear of being assaulted and
being able to move through the streets calmly without fear of robbery or aggression.
People’s quality of life is reduced to the same degree by which the State does not
guarantee these conditions. Citizen security in these times has become one of the
main demands of the citizenry in the majority of the region’s countries, particularly
Central America, where one of the highest criminality rates is concentrated and
where women are put in conditions of extreme vulnerability, becoming the main
victims of domestic violence. Furthermore, Afro-descendant youth, marked by
marginality, are frequently the majority of the prison population. All this merits
decisive actions by governments and society as a whole to deal with delinquency
and crime because they entail infrahuman living conditions and reduce the possibilities of full exercise of human rights.
2.
ProgrESS AND ChAllENgES
The Network of Afro-Descendant Women of Latin America, the Caribbean and the
Diaspora is continuing to make particular efforts to contribute to reflections that
recognize the experiences of racism and racial discrimination that intersect with gender dimensions, intensifying the denial of rights to Afro-descendant women.
While the States of our region recognize that they must protect and promote the
human rights and fundamental freedoms of peoples and women of African descent,
this has not translated into a real commitment to struggle against the manifestations
of racism and discrimination.
While showing progress in various aspects, the evaluations of progress by the States
in implementing the Program for Action (Durban) and the commitments in meetings of ECLAC, among other authorities, also reveal unacceptable delays, obstacles
and backpedaling, which impose the challenge of prioritizing and intensifying efforts to fulfill the objectives proposed in the program for action.
Ten years after approval of the Durban Declaration and Plan for Action, despite the
efforts of civil society and some States in the region, neither the institutionality nor
the budgetary resources exist to implement the commitments established and the
States have not created the conditions for effective and joint participation by civil
society in policy design and implementation.
Furthermore, an increase is observed in religious, economic and ideological fundamentalisms that deny cultural diversity and human rights for the victims of racism.
We are dealing with a dehumanized model of neoliberal development whose consequences include multiple forms of exclusion, poverty, increased inequality, racism
and discrimination.
As a network, we want access to information that allows us do paint a better portrait of Afro-descendant women in the region, in the different areas related to their
living conditions:
Resource access and poverty
Political participation
Health and sexual and reproductive rights
Violence against women and access to justice
Mechanisms for racial and gender equality.
2.1. Among the main advances we recognize the following
Creation of some organizations of struggle for racial equality, but with little or
no political power and without the budgets needed to ensure their mission;
Adoption of some Affirmative Action Policies; incorporation of the agenda of
Afro-descendant men and women in some international bodies;
Ratification in several countries of the Convention against Racial Discrimination;
Creation of the Rapporteur of Afro-descendants in the Organization of American States;
Progress in including ethnic-racial variables starting with the 2010 census round
and producing statistics that make it possible to recognize the dimensions of
discrimination faced by the Afro-descendant populations;
Creation of the Special Rapporteur for the Rights of Afro-descendants in the UN.
Development of a work process for the drafting and adoption of an Inter-American Convention for the Elimination of Racism and All Forms of Discrimination
and Intolerance.
2.2. Censuses
National censuses with concrete indicators have now begun to be conducted in
more countries of the region, making it possible to learn about the situation of the
Afro-descendant and indigenous population, but it is still important for the information to also be disaggregated by gender to make the necessary connections with
the separate living conditions of women and men.
English
Access to education
3.
youTh AND fuTurE
English
The recommendation to mainstream the generational component to ensure the
vision and active and pro-active participation of young women expressed in the
RMAAD Conceptual Document is also an important challenge:
We owe the future generations the enjoyment not only of their human rights but
also a space where they can enjoy them. This space is their home, their nation and
the complete planet. While all human rights are equally important, in this discussion
of ethnic-racial and gender issues, what are called the rights of the third generation
take on major importance. These propose protecting the legacy we are leaving
to the future of being the rights that call for solidarity in recognizing the collective
aspect, in recognizing indigenous and Afro-descendant peoples and in recognizing
the rights of excluded and discriminated groups and individuals. It is the intergenerational debt we must consider in what we do now.
This commitment to the youth includes guarantees of their access to decent jobs, of
the vision and active and proactive participation of young people in their economic
empowerment, and of their access to sex education and education on the use of
contraceptive methods and access to those of their choice.
4.
mINImum AgENDA To ENSurE ThE humAN
rIghTS of Afro-DESCENDANT WomEN
4.1.
To deal with poverty
1. Commit financial resources as well as political volitions to a structural revision
of the poverty eradication programs being executed in Latin America and the
Caribbean to help reduce the impact of poverty on Afro-descendant women
and to work with a ethno-racial focus in all strategies and measures of this kind
adopted.
2. Fast track the adoption of affirmative action measures, policies and programs as
a way to reduce the racial and gender gap which we Afro-descendant women
of Latin America and the Caribbean face in the economic sphere.
3. Adopt measures to ensure access to quality employment in equitable conditions,
eliminating the ethno-racial barriers we Afro-descendant women face in the
labor market.
4. Create a fund that permits access to productive resources for Afro-descendant
women and the promotion of productive enterprises.
4.2.
To ensure political participation
1. Adopt all measures within reach to promote Afro-descendant women’s access to
the decision-making entities and increase their participation in elected posts and
in the entities of political power, both nationally and locally.
3. Urge the political parties to take a position on the demands of Afro-descendant
women in their campaign platforms and programs, and include strategies for
implementing them.
4. Adjust the internal legal system by adopting the legal and regulatory norms needed to make fully effective the protection of the civil and political rights protecting
Afro-descendant women that are included in the binding international instruments.
4.3.
To raise the education levels of afro-descendant women
1. Eliminate the existing barriers and promote specific actions for the access of
Afro-descendant women to all education levels, with special attention to the
situation of children, including building the awareness of educators toward a
culture of nondiscrimination.
2. Expand the coverage of the educational system to the areas where the Afrodescendant population lives, creating more educational centers and providing
the needed teaching personnel.
3. Promote actions to back the cultural and intellectual production of Afro-descendant men and women, ensuring it the same possibilities as other cultural producers in the promotion of their work.
4.4. To improve the health of afro-descendant women and
deal with the violence against them
1. Develop programs to protect the comprehensive, sexual and reproductive
health of Afro-descendant women and foster respect for their sexual and reproductive rights.
English
2. We demand that, as part of the process of strengthening democracy in countries
where there are established laws of affirmative action quotas to increase women’s political participation, that these laws be revised to ensure the inclusion of
Afro-descendant women.
2. Expand health system coverage for all Afro-descendant women through comprehensive quality services and guarantee ethnic, racial and gender criteria in
the plans to achieve the Millennium Development Goals dedicated to health,
particularly the reduction of maternal mortality.
English
3. Create an authority in the Ministry of Health to systematize the health information disaggregated by ethnicity-race as an instrument for diagnosing the situation of Afro-descendant populations, especially women, and design specific
programs of Affirmative Action Policies (AAP).
4. Promote policies to halt gender violence against women, which especially affects Afro-descendant women, as well as kidnapping and trafficking in people
for purposes of commercial sexual exploitation, and the image of women as a
sexual object.
1. Conduct national censuses with concrete indicators that permit knowledge of
the situation of the Afro-descendant population disaggregated by gender, race
and ethnicity, as an underpinning for public policies designed to combat racism
and discrimination.
2. Construct and prepare a system of indicators of racial inclusion with a gender
perspective for all development programs promoted by the governments and
international development agencies.
5.
CoNCluSIoN
Despite the multiple limitations our Latin American and Caribbean societies face to
free ourselves from racism, racial and gender discrimination, rejection of people
based on their origins, sexual identity or gender expression, we women are part of
a socio-cultural revolution that has brought about the emergence of a new paradigm of society, one that permits us to create nondiscrimination, solidarity, respect
for difference and nonviolence in societies that affirm equality. This remains the
principal challenge of the Network of Afro-Descendant Women of Latin America,
the Caribbean and the Diaspora, as a synthesis of these values.
Conteúdo
ANTECEDENTES
44
INTroDuÇÃo
45
1.
1.1.
DIrEIToS humANoS DAS mulhErES AfroDESCENDENTES,
TEmAS E AgENDA Em CoNSTruÇÃo
46
Direitos Econômicos Sociais e Culturais
47
1.1.4. Saúde
53
1.2.
Direitos civis e políticos
54
2.
AVANÇoS E DESAfIoS
58
2.1.
Entre os principais avanços reconhecemos os seguintes
59
2.2.
Censos
59
3.
juVENTuDE E fuTuro
60
4.
AgENDA mÍNImA PArA gArANTIr oS DIrEIToS
humANoS DAS AfroDESCENDENTES
60
4.1.
Para enfrentar a Pobreza
60
4.2.
Para garantir a Participação Política
61
4.3.
Para aumentar os níveis de Educação das mulheres
afrodescendentes
61
Para melhorar a Saúde e enfrentar a violência contra a mulher
afrodescendente
62
de gênero
62
CoNCluSÃo
63
4.4.
5.
ANTECEDENTES
A Rede Mulheres Afro-latino-americanas, Afro-caribenhas e da Diáspora (RMAAD)
foi criada em 1992 e desde então tem se constituído em um espaço autônomo, de
articulação política e influência para a defesa dos direitos e o desenvolvimento humano das mulheres afro-descendentes.
A Rede tem como estratégia a influência política para a mudança e transformação
estrutural da discriminação racial, exclusão, pobreza e migração mediante a proposta e ação de políticas públicas nacionais e internacionais. No processo de fortalecimento político da Rede se assume, de forma decisiva, a participação equitativa das
jovens em todas as instâncias da Rede, sejam locais, nacionais ou regionais. Dessa
forma, é pertinente que as jovens que estejam presentes tenham colaboração nos
processos nacionais e subregionais.
Portuguese
Para a Conferência Exame Durban, em Genebra, em 2009, a Rede gerou a iniciativa de construir coletivamente e elaborar tecnicamente um informe alternativo
(Sombra) que utilizou nossa análise sobre o monitoramento dos avanços e retrocessos, posicionamento político e propostas aos diferentes Estados da região. Compreendemos a necessidade de analisar e avaliar sua implementação, principalmente sob
uma perspectiva de gênero e etnia racial.
Neste momento queremos apresentar um documento que situe, de forma crítica,
os direitos humanos das mulheres afrodescendentes da America Latina, Caribe e
diáspora. Este é um documento para se aproximar da busca às respostas das demandas das mulheres afrodescendentes em relação à inclusão, justiça e igualdade.
Também queremos chamar a atenção para a necessidade não apenas de reconhecer
as múltiplas discriminações e as interseções de gênero e raça, como também que as
soluções, compromissos e respostas institucionais requerem análise. Como já assinalamos antes “A complexidade do desafio esta no olhar que temos da interseção
de gênero e de mulheres, e também das interseções étnico-raciais. Para as afrodescendentes e para todas as mulheres em geral da regiao o exercicio debe incluir ese
olhar para que os resultados sejam os mais inclusivos possiveis de todas as mulheres
em sua diversidade”.
INTroDuÇÃo
Passaram-se 10 anos desde a adoção da Declaração e do Programa de Ação da Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e
as Formas Relacionadas de Intolerância, realizada em Durban, na África do Sul. Esta
Conferência, com o compromisso de 170 Estados, se constituiu em um dos marcos
mais significativos do século XXI para as vítimas do racismo, discriminação racial,
xenofobia e todas as formas relacionadas de intolerância no mundo e de maneira
muito especial para as Américas. A mesma marcou uma mudança de paradigma,
ao reafirmar a urgência de proteção dos direitos fundamentais para as vítimas de
racismo, xenofobia e formas relacionadas de intolerância e ao reconhecer as novas
modalidades de racismo e suas inter-relações com outras formas de exclusão social.
Este ano de 2011 acrescenta um significado adicional a esse trabalho uma vez
que foi declarado pela Organização das Nações Unidas e pela Organização dos
Estados Americanos como Ano Internacional das Afrodescendentes. Um ano no
qual devemos lembrar também que ser mulher, negra, indígena, lésbica, pobre,
migrante em sociedades patriarcais, racistas, homofóbicas e neoliberais é viver a
partir de um território corporal, afetivo, espiritual e material em permanente disputa com os grupos hegemônicos que pretendem modelar sociedades sob medida
para os homens, os brancos, os heterossexuais e para os que concentram recursos.
Nós, mulheres afrodescendentes, demandamos nossos direitos humanos, nossos direitos civis, políticos e culturais, seja na participação política, no empoderamento
econômico, no campo da saúde, na educação, no trabalho, no acesso a moradia,
no acesso a credito, nos direitos sexuais e nos direitos reprodutivos, no acesso a
terra, no respeito à cultura, no direito de viver sem violência e em tudo o que represente inclusão social, política e econômica.
Portuguese
O presente documento trata de fazer as conexões entre raça, etnia e gênero em
temas relacionados aos direitos humanos das mulheres afrodescendentes, considerando o fato de que a garantia de um exercício pleno do mesmo contribui para fortalecer a cidadania das mulheres, ampliar sua participação nos processos de tomada
de decisão e nas esferas de poder, enfrentar todas as formas de violência, facilitar
o acesso às novas tecnologias, promover os meios de comunicação igualitários,
democráticos e não discriminatórios, assim como promover a saúde integral e dos
direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.
1. DIrEIToS humANoS DAS mulhErES
AfroDESCENDENTES, TEmAS E AgENDA
Em CoNSTruÇÃo
Como sabemos, os 150 milhões de pessoas afrodescendentes latino-americanos estão localizadas em praticamente todos os países da região. Mais de 75 milhões de
afrodescendentes são mulheres e mais de 100 milhões têm menos de 20 anos.
Portuguese
A violência racial estrutural afeta a grande maioria dos 150 milhões de afrodescendentes das Américas, e se manifesta em deslocamentos forçados, criminalização de
jovens, genocídio justificado/desculpado de meninas e meninos, tráfico e tráfico de
mulheres jovens, negação do direito a registro e identidade jurídica, violência contra as mulheres e superpopulação de jovens no sistema penitenciário.
A propriedade de terra e territórios, incluindo o solo e o subsolo dos povos e
comunidades afrodescedentes, ameaçadas por práticas de concentração de capital
e investimentos privados com consentimento dos Estados, ocasionaram o deslocamento forçado de comunidades inteiras. O saque de nossas terras e territórios
obriga o deslocamento de povos afrodescendentes a centros urbanos aumentando
a pobreza no todo, o racismo e a discriminação em todas as suas formas. A inexistência de políticas concretas que reconheçam o direito à terra, à educação e à saúde
colocaram em risco a sobrevivência e sustentabilidade das comunidades quilombolas, palenqueras e cimarronas, tradicionalmente identificadas com a ancestralidade
africana.
Por muito tempo estas populações estiveram invisíveis no sentido de informação,
dados quantitativos e qualitativos que repercutem na ausência de políticas públicas
que favoreçam aos interesses delas, nos países latino-americanos e do Caribe. As
rodadas de censo que integram as categorias étnicas e raciais vão nos ajudar a ver
em estudos, diagnósticos e relatórios as condições de vida, a participação política,
o usufruto dos direitos humanos, entre outros temas, dos e das afrodescendentes
de nossa região.
A situação das mulheres é ainda pior, por conta das desigualdades de gênero que
caracterizam a sociedade patriarcal, as quais foram colocadas em situação de subordinação e discriminação, engrossando os grupos de populações pobres, com pouco
ou nenhum acesso aos serviços básicos, de saúde e educação, o acesso aos recursos
produtivos, a terra, o créditos, habitação, etc., ao que se soma o fato de serem negras, o que gera maior discriminação e as coloca em condições de vulnerabilidade.
As mulheres afrodescendentes foram vítimas das causas históricas que determinaram a pobreza como condição derivada do racismo e da desigualdade socioeconômica que caracteriza a região latino-americana e caribenha, com uma distribuição
da riqueza desigual que revela um desrespeito aos direitos humanos fundamentais
das populações afrodescendentes e particularmente das mulheres.
Esta situação se reflete, não apenas nas condições materiais de vida destes grupos
populacionais, mas também, no acesso a emprego, a serviços de saúde de qualidade, a dificuldades que enfrentam para obter uma educação adequada, a invisibilidade nos espaços de tomada de decisão e aos obstáculos que devem enfrentar em
suas tentativas de ter uma participação política ativa e efetiva. A exclusão dos e das
afrodescendentes da participação e do acesso a oportunidades é fundamental para
compreender as dimensões materiais e não materiais da desigualdade e da pobreza.
1.1.
Direitos Econômicos Sociais e Culturais
1.1.1. Pobreza e Acesso a recursos
Levantamento feito pelo governo federal, com base em dados preliminares do Censo Demográfico de 2010, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e
estudos do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), revelam que 16,2 milhões de brasileiros, o equivalente a 8,5% da população do país vivem em situação
de extrema pobreza, com uma renda per capita de até R$ 70,00 por mês, ou pouco mais de R$ 2,00 por dia. Desse total, 70,8% são afrodescendentes e 50,9% têm,
no máximo, 19 anos de idade. A análise dos dados revela também que, além da
renda baixa, a parcela da população em extrema pobreza não tem acesso a serviços
públicos como água encanada, coleta de esgoto e energia elétrica. Estima-se, por
Portuguese
No Brasil, por exemplo, de acordo com os dados do Censo do IBGE divulgado
oficialmente, os negros são a maioria da população brasileira, 96,7 milhões – o
equivalente a 50,7% da população -, contra 91 milhões de brancos (47,7%). Entretanto, outros dados do mesmo Censo ao analisar a situação da população revelam
que a população afro brasileira e que as mulheres afro brasileiras em particular são
as mais pobres das pobres e enfrentam incontáveis barreiras para sua incorporação
em condições de igualdade no emprego remunerado e na economia, e apesar dos
avanços conquistados, como escolarização maior em relação aos homens negros
em todos os grupos de idade, contudo, esta vantagem não se manifesta em melhores oportunidades econômicas e, ao contrário, este grupo populacional continua
mostrando altos índices de pobreza.
exemplo, que mais de 300 mil casas não estão ligadas à rede de energia elétrica.
Segundo a OIT – Organização Internacional do Trabalho, na América Latina mais
de 14 milhões de mulheres trabalham como empregadas domésticas. Somente no
Brasil estima-se que essa cifra atinja seis milhões e meio, das quais 61,6% são negras,
conforme dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Trata-se
de uma das ocupações com piores condições de trabalho, extensas jornadas, baixas
remunerações, escassa cobertura social e um alto nível de descumprimento de normas trabalhistas e uma das profissões com maior déficit de trabalho decente. “Este
fenômeno está relacionado a uma herança escravista da sociedade brasileira que se
combinou com a construção de um cenário de desigualdade no qual as mulheres
negras têm menor escolaridade e maior nível de pobreza e no qual o trabalho
doméstico desqualificado, desregulado e de baixos salários constitui-se numa das
poucas opções de emprego”.
Portuguese
Em termos gerais, as variáveis emprego e desemprego, continuam sendo as mais relevantes para caracterizar a situação das afrodescendentes, porque evidenciam, de
forma contundente, a desigualdade e a marginalização em que se encontram como
conseqüência de sua condição de gênero e pertencimento étnico-racial.
Os dados dos outros países da região mostram que a situação não varia de forma
significativa. Em Honduras, por exemplo, a desigualdade é uma constante que se
expressa em uma maior taxa de desemprego de aproximadamente 8,3% entre as
mulheres, frente a 4,7% entre os homens; em Cuba o desemprego geral é de 1,6%,
mas dentre as mulheres é de 2,0%, embora elas representem 46,7% da força de
trabalho do país no setor estatal civil e 23,1% dos/as trabalhadores/as autônomos,
o que evidencia que, apesar das condições particulares desta sociedade, as mulheres estão em situação de desigualdade com o resto da região, no que se refere ao
acesso a emprego.
A despeito do que foi expresso anteriormente, temos o outro lado da moeda em
Cuba que exibe indicadores de avanço para as mulheres em relação a sua participação nas diferentes categorias de ocupação, que no presente representam 39,1% da
camada dirigente no país e 65,7% de técnico/as e profissionais. Da mesma forma
o país conta com setores que têm presencia majoritária de mulheres em relação a
empregos, como no Judiciário, no setor de Saúde e na Educação. As mulheres juízas
e fiscais correspondem a 71,3% e 73,7%, respectivamente. Além disso, se chama
a atenção de que áreas como o Sistema das Ciências, da Inovação e da Tecnologia
estão altamente feminizados, com aproximadamente 53,3% de participação sendo 48,8% de mulheres pesquisadoras, e 24% de diretoras de importantes centros
científicos do país, com alto reconhecimento social. Um elemento significativo do
avanço para a condição das mulheres é o direito de salário equiparado por trabalho
de valor igual, o que não é característico nos resto dos países da região.
Mas a precariedade das condições de vida das afrodescendentes em outras latitudes
da região latino-americana permanecem. Por exemplo, na Costa Rica, as mulheres
afrodescedentes têm sido discriminadas para ter acesso a emprego apesar de apresentarem maiores níveis de preparação acadêmica e de ser em sua maioria uma população bilíngüe. Exibem uma presença escassa nos postos de direção e gerência nos
lugares de trabalho onde estão presentes e uma super-representação da pobreza nas
zonas de maior concentração de população afrodescendente em relação às zonas
mais povoadas por outros grupos étnicos (com exceção à população indígena).
Enquanto na República Dominicana nem os censos nem as pesquisas oficiais incluem
qualquer variável étnico-racial, isso porque não se conta com informação sobre
este grupo populacional, portanto também não das mulheres afrodescendentes.
Contudo, se assumirmos que 90% são afrodescendentes, sabendo que as mulheres
representam 51,4% da população, pode-se extrapolar os dados gerais sobre a situação de pobreza das mulheres como sendo aplicável às afrodescendentes. No que
diz respeito ao nível geral de desemprego, atualmente chega a 14,9% enquanto que
para mulheres esta variável está em torno de 24,8%, o que reflete a desigualdade
na qual elas se encontram.
Em média, na região latino-americana e caribenha, as mulheres afrodescentendes
se situam nos estratos mais baixos da sociedade e, portanto mais pobres, e realizam
trabalhos de menor remuneração, principalmente nas empresas de zonas francas
(maquila), no trabalho doméstico remunerado e na economia informal, como resultados da marginalização na sua condição de mulher e de racismo que prevalece
em nossa sociedade.
Em Porto Rico, o estudioso Francisco Rivera Batiz, explica que uma educação universitária aumenta os rendimentos dos homens brancos em 98% se comparado
com os rendimentos médios dos trabalhadores brancos que completaram apenas o
ensino médio. Entretanto, para os homens negros um nível universitário aumenta
seus rendimentos em torno de 71%, comparado com os rendimentos de um homem negro que completou apenas o ensino médio. Um nível universitário aumenta os rendimentos das mulheres brancas em 67%, enquanto que para as mulheres
Portuguese
A participação das mulheres na República Dominicana no mercado de trabalho
cresceu a 49% em 2009, contribuindo para diminuir a diferença de gênero nesse
âmbito. Apesar destes avanços, o mercado tem uma segregação ocupacional, onde
as mulheres estão super-representadas em ocupações como os serviços secretariais
e no setor de serviço em geral, mantendo-se a desigualdade nos salários (79%) e o
acesso a setores de maior competitividade na economia.
negras aproximadamente 60%.
Evidentemente, de acordo com o autor, o fator que explica a maior porção da diferença salarial entre a população de trabalhadoras brancas e negras é a educação. As
variáveis de habilidades, anos de experiência de trabalho, diferenças entre pessoas
casadas e solteiras, lugar de nascimento da pessoa, tempo vivido em Porto Rico,
emprego no setor público ou no setor privado explicam 52,7% da diferença salarial
entre homens brancos e negros e 54,4% no caso das mulheres brancas e negras. No
entanto, o resto da diferença salarial não se pode explicar. O autor sugere que se
deva a discriminação racial no mercado de trabalho (labour market discrimination).
Portuguese
No Uruguai, a situação das mulheres afrodescendentes apresenta os valores mais
altos de taxa de desemprego com aproximadamente 14,3%, quando a taxa em geral está em torno de 7%; e entre estas as jovens (entre 14 e 24 anos) que mostram
a maior taxa de desemprego da população, onde 1 em cada 3 mulheres ativas não
conseguem acessar postos de trabalho.
Os/as trabalhadores/as afrodescendentes uruguaios/as continuam a ser subrepresentados nas categorias ocupacionais de maior qualificação e sobre-representados nas
categorias de menos qualificação, além da desigualdade salarial que complementa
este cenário. De acordo com estudo realizado em 2010, a diferença salarial, em média, é da ordem de 35% ou seja, o salário por hora dos afrodescendentes equivale
a 65% do salário por hora que recebem os brancos. Mas quando se compara as
diferenças na distribuição salarial, a diferença é de aproximadamente 22% entre os
salários mais baixos e médios e aumenta a 82% entre os salários mais altos.
Neste país as afrodescendentes se concentram no setor terciário da economia com
89,6%, sendo o serviço domestico preponderante, uma vez que acumula 35% do
total da ocupação no setor de serviços, frente a 19% das mulheres brancas; e em
ocupações não qualificadas no mesmo setor, as afrodescendentes representam 13%,
frente a 8% das mulheres brancas. Contudo, ao tomar como referência o total de
mulheres afro ocupadas em trabalhos não qualificados, 72% delas trabalham como
empregadas domésticas.
Deve-se assinalar que a presença maciça das mulheres afrodescendentes na economia informal, comum em quase todos os países, é conseqüência da incapacidade
dos Estados de dar resposta para sua participação no mercado de trabalho, exibindo altas taxas de desemprego, como já mencionado, ao que se vê a necessidade de
se refugiar neste nicho de mercado como saída de subsistência, mas ciente de que
o setor informal se caracteriza pelos baixos salários, instabilidade das atividades,
inexistência de previdência social e como conseqüência, poucas possibilidades de
sair da pobreza e da marginalização para elas e suas famílias.
A informalidade acompanha a ocupação feminina e tende a se concentrar mais nos
centros urbanos do que nas zonas rurais. Por exemplo, estima-se que na região de
cada 100 mulheres com ocupação, 18 trabalham nas zonas rurais e 82 nas zonas
urbanas, uma vez que as oportunidades de emprego para as mulheres se expandiram em um ritmo maior do que nas zonas rurais. Isso se explica pelo fato de que o
emprego feminino se concentra, principalmente, nos setor de serviços, cujas ocupações são mais urbanas que rurais, mas também pior pagas e de maior instabilidade
e precariedade de trabalho.
No entanto, no que se refere ao emprego feminino rural na região latino-americana, o mesmo de concentra principalmente em atividades não agrícolas, e se
evidencia uma segregação ocupacional por gênero onde as mulheres com emprego agrícola remunerado tendem a trabalhar em cultivo de mão-de-obra intensiva
como o café e o tabaco; cerca de 68% delas trabalham na colheita e 25% no
processo pós colheita. Todavia, a expansão do setor de exportações agrícolas não
tradicionais tem impulsionado uma mudança no mercado de trabalho nas áreas rurais. Aproximadamente 40% dos trabalhadores deste setor – que inclui a produção
e processamento de frutas e vegetais, nozes, plantas ornamentais entre outros – são
mulheres. Esta situação se mantém até a atualidade como tendência deste setor, na
maioria dos países.
No entanto, os Estados continuam não fazendo eco desta situação, e se evidencia
que as políticas públicas são ausentes para as mulheres afrodescendentes no âmbito
do desenvolvimento, ao qual fazem parte um emprego decente, crédito, as micro,
pequenas e médias empresas e o acesso à terra como meio de produção fundamental nas zonas rurais.
A ausência de políticas públicas que favoreçam a situação das mulheres afrodescendentes reforça o agravamento dos problemas relacionados à incidência da pobreza
nos grupos étnicos, como a falta de segurança em suas terras, a pouco e deficiente
presença dos serviços básicos de saúde, educação, água potável, esgoto, eletricida-
Portuguese
Adicionalmente, as mulheres, em sua maioria, têm que enfrentar outra dificuldade
no mercado de trabalho relacionada à necessidade de conciliar o trabalho produtivo com o reprodutivo, que pelo fato de não poder contar com programas de
apoio do Estado, coloca-as em condições de menos competitividade que os homens, com maior vulnerabilidade por ter que aceitar condições de trabalho inadequadas, e desta forma, mais propensas a pobreza. Apesar da carga redobrada que
as mulheres afrodescedentes têm que suportar, sua contribuição à economia através
do trabalho doméstico e de cuidado não remunerado, de sustendo da vida familiar,
tem sido totalmente invisível para os fazedores de políticas e deve ser considerado
nas Contas Nacionais dos Estados.
de e estradas; a alta taxa de doenças contagiosas e infecciosas (a AIDS se constitui
em um grande problema para, por exemplo, a população Garifuna, na America
Central); e o apoio escasso para programas de emprego produytivo e a defesa de
seu patrimônio cultural, por todo o continente.
1.1.2. mulheres chefes de família
Sob outro aspecto, os lares chefiados pelas mulheres, como é sabido, são mais
propensos a registrar taxas de pobreza significativamente maiores do que as dos
demais lares, chegando a 20,1% em muitos países da região, enquanto que os lares
chefiados apenas pelos pais e os demais lares registram taxas de pobreza muito inferiores, de 12,9% em média. Esta desigualdade está intimamente ligada à condição
de discriminação em que as mulheres continuam em relação ao acesso a recursos
econômicos nas sociedades latino-americanas.
Portuguese
Esta situação preocupa até mais ao encontrar mulheres com mais de 50 anos assumindo a responsabilidade de sustentar os lares economicamente, somando-se a
isso o fato de que uma parte importante das mulheres chefes de família tem menor
nível de educação e menos possibilidades de encontrar emprego, como conseqüência do pouco acesso à educação, pela discriminação existente por conta da idade e
pelo fator étnico-racial que prevalece no mercado de trabalho latino-americano e
caribenho.
Soma-se a isso a falta de acesso a recursos para o desenvolvimento que caracteriza a
situação das mulheres afrodescendentes e a ausência de interesse por parte dos Estados, uma vez que não existem políticas que facilitem o crédito para as mulheres, ao
que depende mais da “vontade” e disposições internas das microfinanciadoras que
se especializam em microcrédito com linhas de empréstimos para as mulheres, mas
mesmo assim sendo de pequenos montantes e com freqüência os juros são altos ao
que no promove o “empreendedorismo” feminino.
1.1.3. moradia
Direitos como o acesso a habitação continua sendo um problema sem solução a
curto prazo para a população afrodescendente, particularmente para as mulheres,
que enfrentam um crescimento importante de lares chefiados por mulheres, como
já mencionado.
No Equador, por exemplo, pode-se evidenciar a discriminação em relação ao acesso a moradia, pois que 38% da população afro-equatoriana não conta com um
teto, e apenas 15% das afro-equatorianas possuem uma moradia. Alguns estudos
revelam que este segmento populacional exibe a maior porcentagem de moradias
com material irrecuperável (21,5%) e a superlotação de moradias chega a 38,8%.
(Fonte: Índice 10 – Etnicidade, desigualdade e Racismo-2007). Soma-se a esta situação o racismo que existe no momento da aquisição ou aluguel da moradia, “Aqui
negros não são aceitos”, é algum dos letreiros que se pode encontrar em bairros de
classe média de Quito, o que reflete o conflito que a população afrodescendente
enfrenta e particularmente as mulheres e seus filhos/as.
1.1.4. Saúde
Os indicadores de saúde também refletem a interconexão entre raça/etnia/gênero.
As mulheres afrodescendentes representam um dos grupos em situação de maior
vulnerabilidade em relação à saúde. No Brasil, relatório elaborado pelo Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais (LAESER), da UFRJ, a partir de dados do IBGE, dos Ministérios da Educação, Saúde e
do Sistema Único de Saúde, revelam a desvantagem, pois que 40,9% das mulheres
negras (pretas e pardas) têm menor acesso aos exames ginecológicos preventivos:
37,5% nunca fizeram exame de mamas, 40% nunca fizeram mamografia, 15,5%
jamais fizeram exames para detectar o câncer de mama? O Relatório revela, ainda,
que mães de crianças negras têm maior probabilidade de falecer por mortalidade
materna – cerca de 2,6 mulheres afrodescendentes por dia por causas maternas –
contra 1,5 por dia das mulheres brancas.
A situação de saúde das jovens não se diferencia da anterior, o número de gestações
não desejadas é cada vez maior, gerando abortos em condições insalubres, o que
leva a muitos casos de morte da mãe e do filho. A morte materna continua a ser
um problema grave a ser enfrentado entre as jovens e mulheres adultas, pois apresentam indicadores maiores que o resto da população feminina na região.
1.1.5. Direitos Sexuais e Direitos reprodutivos
Os direitos sexuais e direitos reprodutivos podem ser exercidos apenas em um Estado laico, com justiça econômica, justiça de gênero e justiça sexual. Estas condições
nem sempre estão presentes nas democracias latino-americanas e caribenhas e mes-
Portuguese
As populações afrodescendentes e criola padecem de muitas doenças com diagnóstico tardio, com poucos dados por conta do não reconhecimento destas doenças,
as quais seus sintomas são registrados com outras doenças. Muitas doenças não estão identificadas, estudos epidemiológicos não são realizados e não são explorados
nas consultas. As mulheres afrodescendentes, por sofrerem tanta discriminação ou
mesmo não terem informação suficiente, não se entendem como sujeito de direitos
e para elas é mais difícil exigir atenção e cuidados para a saúde.
mo que estivessem o acesso a elas nem sempre é possível para grupos marginalizados como as mulheres afrodescendentes.
No caso particular das mulheres uruguaias, estas carregam estigmas e estereótipos
sexistas e machistas, situação agravada pela condição étnico-racial das afrodescendentes, de modo que impactam sua auto-estima limitando sua capacidade de negociar seus direitos sexuais e direitos reprodutivos. Adiciona-se a tudo isso a carência
de educação sexual, o veto da Lei de direitos sexuais e direitos reprodutivos, fato
que, por razões religiosas, o ex-presidente Tabaré Vásquez penalizou o aborto entre
outros retrocessos que afetam a vida destas mulheres.
No Peru, a igreja continua a ter grande influencia na opinião pública, o que gera
uma oposição ao exercício livre dos direitos sexuais e direitos reprodutivos das
mulheres, mantendo-se uma campanha permanente contra as propostas de movimentos de mulheres, e da mesma forma contra a união de pessoas do mesmo sexo.
Portuguese
Um avanço que se pode apresentar neste tema em muitos países da região é a
criação de aulas de Educação Sexual nas escolas, o que contribui para informar e
conscientizar os jovens.
Na Colômbia, por exemplo, existe uma política de direitos sexuais e direitos reprodutivos, o que tem ajudado a acentuar um pouco mais a defesa destes direitos e
poder fazer um trabalho de pesquisa nas escolas sobre o tema. Contudo, o conflito
armado se utiliza da violência sexual com as mulheres como forma de coerção,
recrutando-as à força e estuprando-as. Se desses estupros surgirem gestações, realizam abortos inseguros em condições de risco, sem o conhecimento da legislação
que penaliza tais ações.
Em termos gerais a situação dos direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres
afrodescendentes permanece como um dos grandes desafios na luta pelo reconhecimento dos direitos em geral y no combate ao racismo e à discriminação em nossos
países.
1.2. Direitos civis e políticos
1.2.1. Participação Política
A participação política das mulheres afrodescendentes será considerada no presente
relatório como a porcentagem das mesmas em relação ao total de mulheres que se
encontram em cargos de decisão e de eleição nas instituições do Estado, nos partidos políticos e nos governos locais ou municipais nos países latino-americanos e
caribenhos aos quais detém os dados correspondentes.
Esta participação, em termos gerais, foi caracterizada mais pela luta pelo exercício
ativo de seus direitos fundamentais, do que por uma presença massiva nos espaços
formais da política. As mulheres tiveram e continuam tendo que enfrentar uma série de obstáculos para validar sua participação, conseguir o reconhecimento social
desde o comunitário até o partidário.
No caso das afrodescendentes, é obrigatório acrescentar que sua condição étnico-racial agrega um elemento a mais às causas da desigualdade entre mulheres e homens, mencionado anteriormente. Tal condição perfaz o caminho mais escabroso
e acidentado para a conquista de uma participação de maior presença e impacto,
maiores possibilidades de obter acesso aos postos de decisão, com o agravante da
ausência de políticas que facilitem a superação destes obstáculos assinalados.
Alguns estudos na América Central indicam que a vida política regional tem removido as mulheres afrodescendentes dos espaços públicos decisórios gradualmente,
ou seja, que a institucionalização da política autônoma e a normalização dos processos eleitorais promoveram a masculinização do espaço público, o contrário do
que ocorreu na década anterior quando as indígenas e as afrodescendentes tiveram
papel vital na pacificação da região e nas consultas prévias à formulação final do
modelo autônomo.
No caso da República Dominicana, a eleição dos cargos congressivos e municipais
segundo sexo, mostram a grande ausência das cidadãs como senadoras da República, atualmente (2010) de 32 assentos no Senado, apenas 2 são ocupados por
mulheres, o mesmo ocorreu em 2006 e em 2002, ou seja, que nas ultimas três eleições para o Congresso, a percentagem correspondente a participação feminina não
variou; a situação na Câmara de Deputados/as as mulheres têm maior participação,
mas não consegue chegar à cota mínima proposta (33%), aproximando-se a 22%
hoje em dia.
É importante assinalar que se os partidos políticos e, em particular os organismos de
direção, constituem um trampolim para que cidadãos e cidadãs possam participar
na condução da vida política de um país, a integração das mulheres, particularmente das afrodescendentes, a estes mecanismos partidários, constitui um assunto
estratégico a ser abordado pelos partidos políticos e pela sociedade em conjunto,
Portuguese
No Equador, a participação das afrodescendentes nos comitês de bairro da capital
não se caracteriza na ocupação de posições de poder, mas sim quase sempre aparecem nos cargos de secretarias, tesoureiras, vogais, de acordo com estudo realizado
por Paloma Fernández, em 2009, onde assinala, por outro lado, que são estas mulheres que lideram a interlocução e o ativismo dentro dos bairros, promovendo as
organizações e facilitando as reuniões e comissões de trabalho de seus habitantes.
como uma das estratégias mais importantes para poder garantir a participação destas cidadãs na construção e consolidação da democracia.
Conta-se com exemplos paradigmáticos como é o caso de Cuba, e mesmo que não
se tenha dados especializados sobre as mulheres afrodescendentes, mas se considerando que sua população é majoritariamente afrodescendente, utilizam-se os dados
gerais disponíveis. Atualmente, Cuba conta com 7 mulheres ministras e 49 vice-ministras, que representam 25,9% e 39,2% respectivamente, e que mostram um
desempenho bem sucedido nas suas responsabilidades, rompendo com tradições e
papéis do interior da sociedade. Além disso, no Conselho de Estado, a porcentagem
de mulheres alcançou 40%, considerando-se um feito histórico.
Segundo relatório oficial do Governo Cubano, na XI Legislatura da Assembléia
Nacional do Poder Popular (2007-2009) nas assembléias provinciais as mulheres
aumentaram sua representatividade para 40,63% e no nível municipal aumentaram para 27,3%.
Portuguese
Na Costa Rica, apesar do direito ao voto e a eleição para as mulheres ter sido reconhecida há mais de 50 anos, a desigualdade na cena política segue evidente, uma
vez que sua participação se encontra em maior número nas bases, mas diminui nos
níveis aos quais as decisões mais importantes são tomadas. Isso acontece a despeito
das mulheres possuírem altos níveis de preparação acadêmica e um amplo conhecimento e experiência política. Infelizmente, as estatísticas de participação política
não contam com indicadores étnicos, ao que se torna praticamente impossível determinar o nível de participação das mulheres afrodescendentes.
No que se refere às mulheres afrodescendentes brasileiras, o Relatório “Mulheres
Negras Brasileiras e os Resultados de Durban” indica que mesmo que tenha havido
avanços importantes na participação política das mulheres negras, entretanto, não
existe, na atualidade, nenhum mecanismo que apóie a luta delas contra o racismo, a
xenofobia e a intolerância que são características da sociedade brasileira. Da mesma
forma assinala a ausência de fundos públicos, tanto nacionais quanto internacionais,
que dêem suporte ao trabalho das organizações de mulheres negras para o êxito da
incorporação dos interesses deste grupo populacional nas políticas públicas.
Evidentemente esta situação é lugar comum para as mulheres afrodescendentes de
toda a região, às quais, apesar dos êxitos obtidos nas conferencias internacionais,
tanto das mulheres, como dos temas étnico-raciais, a resistência dos grupos dominantes de nossas sociedades para incorporar mudanças a favor do respeito aos
direitos humanos e o reconhecimento dos interesses e necessidades deste grupo da
população, segue sem grandes mudanças, ao que a desigualdade e marginalização
continuam delineando as condições de participação política das mulheres afrodescendentes.
1.2.2. Violência contra as mulheres e Acesso à justiça
As mulheres afrodescendentes continuam enfrentando o racismo, a discriminação
e a xenofobia, que se manifesta em diversas formas de abuso e exploração sexual,
exclusão, tráfico de pessoas e tráfico, violência doméstica e institucional e deslocamento territorial forçado.
Exige-se a adoção imediata de ações e comprometimento dos Estados e das instituições internacionais e intergovernamentais para enfrentar a violência racial estrutural que afeta as/os 150 milhões de afrodescendentes da América Latina e Caribe.
No caso das mulheres afrodescendentes é importante ter estatísticas separadas por
gênero e raça, para melhor observar de maneira particular como elas são afetadas
em relação à violência às mulheres e o acesso à Justiça.
1.2.3. Segurança pública
A segurança pública é parte essencial dos direitos humanos fundamentais, no que se
entende pela preocupação com a qualidade de vida e dignidade humana em termos
de liberdade, acesso a mercados e oportunidades sociais. A segurança pública tem
como principal significado não temer uma agressão violenta, ter a integridade física
respeitada e principalmente, poder gozar da privacidade do lar sem medo de ser
assaltado e poder circular tranquilamente pelas ruas sem temer roubo ou agressão.
Nos últimos 20 anos, o problema dos homicídios no Brasil atingiu as proporções
de uma tragédia genocida. A cada ano, cerca de 50 mil pessoas, em sua maioria
jovem, negra e pobre, são assassinadas no país, o que o coloca no topo mundial
deste ranking triste e indesejável, superando países em guerra ou em conflitos civis.
A maior parte destas pessoas morre vitimada por armas de fogo. São homens as
principais vítimas desta guerra, mas, de 1980 a 2000, as taxas de homicídios de
mulheres praticamente dobram no Brasil, passando de 2,37 para 4,32 por 100 mil
mulheres (Souza et. al, 2002).
Portuguese
Na medida em que estas condições não são garantidas pelo Estado, a qualidade
de vida das pessoas diminui. Atualmente, a segurança pública se tornou uma das
principais queixas de cidadania na maioria dos países da região, particularmente na
América Central, onde se concentram um dos maiores índices de criminalidade, e
onde as mulheres são colocadas em condições de vulnerabilidade extrema, convertendo-se nas principais vítimas da violência familiar, e os jovens afrodescendentes
marcados pela marginalização, são freqüentemente maioria da população penal.
Tudo isso merece ações coerentes dos governos e da sociedade em conjunto, que
confrontem a delinqüência e o crime, aos quais implicam em condições de vida subumanos e diminuem as possibilidades de um exercício pleno dos direitos humanos.
2.
AVANÇoS E DESAfIoS
A Rede de Mulheres Afro-latino-americanas, Afro-caribenhas e da Diáspora, continua realizando esforços particulares para contribuir com as reflexões desde o
reconhecimento das expressões racismo e discriminação racial que se entrecruzam
com as dimensões de gênero, aprofundando a negação aos direitos das mulheres
afrodescendentes.
Embora os Estados da nossa Região, na luta contra as manifestações de racismo e
discriminação, reconheçam que devam proteger e promover os direitos humanos
e as liberdades fundamentais dos povos e mulheres de descendência africana, isso
não se traduziu em um compromisso real.
Portuguese
Os resultados das avaliações do progresso da implementação do Programa de
Ação (Durban) realizadas pelos Estados, as reuniões e compromissos nas reuniões
da CEPAL entre outras instâncias, embora mostrem avanços em vários aspectos,
também colocam em evidência atrasos inaceitáveis, obstáculos e retrocessos que
impõem o desafio de priorizar e intensificar os esforços para cumprir os objetivos
propostos no programa de ação.
Dez anos após a aprovação da Declaração e o Plano de Ação de Durban, apesar
dos esforços da Sociedade Civil e de alguns Estados da região, a institucionalidade
assim como os recursos orçamentários necessários para implementar os compromissos estabelecidos não existem, além de os Estados não terem criado as condições para uma participação efetiva e igualitária da sociedade civil no desenho e
implementação das políticas.
Do mesmo modo, observa-se um aumento de fundamentalismos de fundo religioso, econômico e ideológico, que negam a diversidade cultural dos direitos humanos para as vítimas do racismo. Enfrentamos um modelo de desenvolvimento
neoliberal desumanizado que tem como conseqüências várias formas de exclusão,
pobreza, aumento da desigualdade, racismo e discriminação.
Como Rede, queremos poder ter acesso à informação que nos permita fazer um
retrato melhor das mulheres afrodescendentes na Região, e nas diferentes áreas
relacionadas às condições de vida dessas mulheres.
Acesso aos recursos e pobreza.
Participação política.
Acesso à Educação.
Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos.
Violência contra as mulheres e Acesso à Justiça.
Mecanismos para Igualdade Racial e de gênero.
2.1. Entre os principais avanços reconhecemos os seguintes
Criação de alguns organismos de luta pela igualdade racial, mas com pouco
ou nulo poder político e sem orçamentos necessários para assegurar suas atividades;
Adoção de algumas Políticas de Ação Afirmativas; incorporação da agenda
dos/das afrodescendentes em alguns organismos internacionais;
Ratificação da Convenção contra a Discriminação Racial em vários países;
Criação da Relatoria de afrodescendentes na Organização dos Estados Americanos;
Avanços na inclusão de variáveis étnico-raciais a partir da rodada de censos
de 2010 e produção de estatísticas que permitam reconhecer as dimensões de
discriminação que as populações afrodescendentes enfrentam;
Desenvolvimento de processo de trabalho para a elaboração e adoção de uma
Convenção Interamericana para a Eliminação do Racismo e Todas as Formas
de Discriminação e Intolerância.
2.2.
Censos
Atualmente, um número crescente de países da Região tem começado a realizar
censos nacionais com indicadores concretos que permitam conhecer a situação da
população afrodescendente e indígena, porém continua sendo importante que a
informação também possa estar desagregada por gênero para que se possam fazer
as ligações necessárias com as condições de vida das mulheres e homens de forma
separada.
Portuguese
Criação da Relatoria Especial sobre Direitos de Afrodescendentes na ONU;
3.
juVENTuDE E fuTuro
A recomendação de transversalizar o componente geracional para garantir a visão
e a participação ativa e pró-ativa das jovens, expressado no Documento Conceitual da RMAAD é também um desafio importante:
Devemos às gerações futuras o desfrute não apenas de seus direitos humanos, mas
também de um espaço para poder gozar destes direitos. Este espaço é sua casa,
sua nação, e todo o planeta. Embora todos os direitos humanos sejam igualmente
importantes, nesta discussão dos temas étnico-raciais e de gênero, os chamados
direitos da terceira geração cobram maior importância. Eles propõem a proteção
do legado que deixamos ao futuro, por serem os direitos que proclamam a solidariedade, ao reconhecimento do coletivo, o reconhecimento dos povos indígenas e
afrodescendentes e ao reconhecimento dos direitos das pessoas e grupos excluídos
e discriminados. É a dúvida intergeracional que devemos ter em conta com o que
fazemos agora.
Portuguese
Este compromisso com as jovens inclui garantias de que poderão alcançar empregos decentes, garantir a visão e participação ativa e pró-ativa das jovens no seu
empoderamento econômico, que garanta o acesso à educação sexual e à educação
no uso de métodos contraceptivos bem como à sua escolha.
4. AgENDA mÍNImA PArA gArANTIr oS DIrEIToS
humANoS DAS AfroDESCENDENTES
4.1.
Para enfrentar a Pobreza
1. Alocar recursos financeiros e vontades políticas, assim como uma revisão estrutural dos programas de erradicação da pobreza que são executados na América
Latina e Caribe, com o objetivo de contribuir na redução do seu impacto nas
mulheres afrodescendentes, e para trabalhar com enfoque étnico-racial em todas as estratégicas e medidas que sejam adotadas nesse sentido.
2. Adotar medidas, políticas e programas de ação afirmativa, em caráter de urgência, como forma de diminuir a diferença racial e de gênero que as mulheres
afrodescendentes na América Latina e Caribe enfrentam no âmbito econômico.
3. Adotar medidas para garantir o acesso a emprego de qualidade e em condições
de igualdade, eliminando as barreiras étnico-raciais que enfrentam as mulheres
afrodescendentes no mercado de trabalho.
4. Criar um fundo que permita o acesso a recursos produtivos para as mulheres
afrodescendentes e à promoção de empresas produtivas.
4.2.
Para garantir a Participação Política
1. Adotar todas as medidas ao alcance para promover o acesso das mulheres afrodescendentes nas instâncias de tomada de decisão e aumentar sua participação
em cargos eletivos e nas instâncias de poder público, tanto em nível nacional
como local.
2. Demandamos que como parte do processo de fortalecimento da democracia,
nos países onde leis de cotas de ação afirmativas para o aumento da participação política de mulheres foram estabelecidas, que as mesmas sejam revisadas
com o objetivo de assegurar a inclusão de mulheres afrodescendentes.
3. Estimular os partidos políticos a incluir um posicionamento sobre as reivindicações das mulheres afrodescendentes e as estratégias para sua implementação,
nas plataformas e programas de campanha.
4.3.
Para aumentar os níveis de Educação das mulheres
afrodescendentes
1. Eliminar as barreiras existentes e promover ações específicas para o acesso das
mulheres afrodescendentes a todos os níveis de educação, com atenção especial
à situação da primeira infância, incluindo a sensibilização das/dos educadores
para uma cultura de não discriminação.
2. Ampliar a cobertura do sistema de educação nas zonas onde a população de
afrodescendentes habita, criando mais centros de ensino e disponibilizando a
quantidade necessária de docentes.
Portuguese
4. Adequar o sistema jurídico interno, adotando as normas necessárias de tipo
legal e regulamentar para dar efetividade plena à proteção dos direitos civis e
políticos que amparam as mulheres afrodescendentes, contemplados nos instrumentos internacionais vinculantes.
3. Promover ações para que a produção cultural e intelectual dos/das afrodescendentes seja respaldada e que tenham as mesmas possibilidades que o resto dos
produtores culturais na promoção de sua obra.
4.4. Para melhorar a Saúde e enfrentar a violência contra a mulher
afrodescendente
1. Desenvolver programas para proteger a saúde integral, sexual e reprodutiva
das mulheres afrodescendentes, bem como fomentar o respeito a seus direitos
sexuais e reprodutivos.
2. Ampliar a cobertura do sistema de saúde para todas as mulheres afrodescendentes, através de serviços integrais e de qualidade, assim como garantir critérios
étnicos, raciais e de gênero nos planos para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio dedicados a saúde, particularmente à redução da mortalidade materna.
Portuguese
3. Criar uma instância no Ministério da Saúde que sistematize a informação de
saúde desagregada por etnia-raça, como um instrumento de diagnóstico da situação das populações afrodescendentes, especialmente as mulheres, e projetar
os programas específicos de Políticas de Ação Afirmativa (PAA).
4. Estimular políticas para deter a violência de gênero contra as mulheres que afeta
de forma especial as afrodescendentes, além de tráfico e tráfico humano com
fins de exploração sexual comercial, e a imagem da mulher como objeto sexual.
de gênero
1. Realizar censos nacionais com indicadores concretos, que permitam conhecer a
situação da população afrodescendente desagregada por gênero, raça e etnia,
como fundamento das políticas públicas orientadas para combater o racismo e
a discriminação.
2. Construir e elaborar um sistema de indicadores de inclusão social com perspectiva de gênero para todos os programas de desenvolvimento que estimulem os
governos e os organismos de desenvolvimento internacional.
5.
CoNCluSÃo
Apesar das várias limitações que enfrentam nossas sociedades latino-americanas e
caribenhas para se libertar do racismo, a discriminação racial e de gênero, exclusão
das pessoas pela sua procedência, pela sua identidade sexual ou expressão de gênero, as mulheres somos parte de uma revolução sociocultural que tem feito emergir
um novo paradigma de sociedade, que nos permite crer em sociedades que afirmem a igualdade, a não discriminação, a solidariedade, o respeito às diferenças e
a não violência. Este tem sido nosso principal desafio da Rede de Mulheres Afrolatino-americanas, Afro-caribenhas e da Diáspora, como síntese de tais valores.
Portuguese