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17.08.04
Campesinas y campesinos del ingenio Prado luchan por la tierra
Desde hace más de siete años 280 familias de trabajadores rurales sin tierra de Pernambuco, noreste
del Brasil, luchan por las tierras abandonadas del Ingenio Prado. En 1997, las familias ocuparon y
cultivaron las tierras y cosecharon sus alimentos. Sin embargo, en 2003 las familias fueron
violentamente expulsadas de estas tierras por una decisión judicial ilegal de la Justicia Provincial, sus
viviendas, escuelas, iglesias, centro comunitário y cultivos fueron destruídos. Ellos también sufrieron
acciones violentas de grupos paramilitares del propietario del Ingenio y de la Policia Militar de la
Provincia. Actualmente, las familias viven a la orilla de una calle, sin condiciones para producir, a
merced de donaciones particulares y de la ayuda alimentaria del gobierno, que es escasa y
suministrada de manera irregular. Las tierras fueron expropiadas, por segunda vez en el 2003, por
medio de un Decreto Presidencial. El propietario interpuso una medida judicial para anular el
Decreto. Este proceso se encuentra ahora en la más alta instancia jurídica del Brasil, el Supremo
Tribunal Federal (STF), el cual se ha demorado en casos similares dos años para tomar una decisión.
Frente a esta situación, es muy importante escribir al Ministro del Supremo Tribunal Federal
(STF) para que agilize una decisión en relación con este proceso, para que el Instituto Nacional
de Colonización y Reforma Agrária (INCRA) pueda dar seguimento a la expropiación del área.
Por favor, escriba de manera cordial al STF. Envíe una copia al presidente del STF y otra a la
Comisión Pastoral de la Tierra.
Antecedentes
El conflicto por las tierras del Ingenio Prado tiene lugar en la región conocida como Mata, en el Estado de
Pernambuco, nordeste de Brasil. Esta región se caracteriza desde hace siglos por la economía de la caña de
azúcar. El monocultivo de la caña es concentrador de tierra, de ingresos y de poder. La producción de caña utilizada para la producción de azúcar y alcohol- es dominada por una élite poderosa, que controla sectores del
Estado, sobreexplota a los trabajadores y no respeta las leyes laborales. Con la crisis de la caña en los años 90,
muchos productores se endeudaron y despidieron a sus trabajadores. Actualmente estas oligarquías han
recobrado influencia en el gobierno brasileño que depende de la exportación de productos agrícolas para generar
divisas. El fortalecimiento de los barones del azúcar crea nuevas dificultades para los campesinos que luchan
por la tierra y el apoyo del Estado a la agricultura de subsistencia.
En 1997, las 280 familias ocuparon las tierras improductivas del Ingenio Prado, Papicu, Taquara, Tocos y
Dependência, en la municipalidad de Tracunhaém, estado de Pernambuco. El Estado brasileño, por medio del
INCRA - Instituto encargado de la implementación de la reforma agraria - confirmó que las tierras son
improductivas, y, en conformidad con la ley brasileña, el gobierno expropró las tierras para fines de reforma
agraria. Sin Embargo, el Grupo João Santos, propietário de las tierras, recurrió a la justicia suspendiendo la
expropiación.
Las familias todavía vivían y producían en las tierras. El noviembre de 2003, la situación de las familias cambió
radicalmente cuando la Justicia de Pernambuco, con el apoyo de la policía y de milicias privadas del
terrateniente expulsaron a las familias de las tierras, destruyendo plantaciones, casas, matando animales, y
ejerciendo todo tipo de humillaciones contra las familias. Desde noviembre de 2003, las familias están
acampando a la orilla de la carretera, hombres, mujeres, niños y ancianos viven en barracas de plástico, sin
acceso a tierras e impedidas de producir su alimento, dependiendo de las donaciones particulares y del gobierno.
En junio de 2004 una Misión de Investigación de FIAN y La Via Campesina (LVC), en el marco de la Campaña
Global por la Reforma Agraria, verificó las condiciones inhumanas en las que viven las familias.
El noviembre del 2003, después del desalojo, el gobierno nuevamente expropió las tierras. Ante esto, el
propietario nuevamente entró con medidas judiciales para anular el Decreto. A pesar de que la primera medida
judicial había sido negada por el Supremo Tribunal Federal (STF), el propietario presentó una segunda medida,
que fue acepta por el STF. Trás de siete años de lucha, el proceso de expropiación se encuentra en la instancia
máxima de la justicia brasilera. Se espera que el STF agilice la decisión, según la promesa hecha por su
presidente a la Misión Internacional de FIAN y LVC. Además las familias esperan ser indemnizadas por las
pérdidas de los desalojos ocurridos en 2003.
El mandato de FIAN
Brasil ratificó el Pacto Internacional de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, por lo tanto, está obligado a proteger y garantizar el derecho a
alimentarse de las familias campesinas que luchan por las tierras del Ingenio Prado. El acceso y control de la
tierra es de vital importancia para que las familias campesinas tengan un acceso garantizado a los alimentos. El
Estado brasileño tiene los recursos (tierras) disponibles para garantizar este derecho y es inaceptable que se
mantenga inmóvil, violando el derecho humano a alimentarse de las familias.
Fin de la acción:
10.10.2004
Direcciones:
Ministro Sepúlveda Pertence
Supremo Tribunal Federal
Praça dos Três Poderes,
Brasília - DF – Brasil
CEP.: 70175-900
Copias:
Ministro Nelson Jobim
Presidente do Supremo Tribunal Federal
Praça dos Três Poderes,
Brasília - DF – Brasil
CEP.: 70175-900
Fax: 0055 61 2174129
Comissão Pastoral da Terra
Rua Esperanto, 490 - Ilha do Leite
50070 - 390 - Recife – Pernambuco
Brasil
Fax.: 00 55 81 3222 2943
Email: [email protected]
Fax: 0055 61 2174020
Traducción de la carta modelo:
Excelentísimo Ministro,
Por medio de la presente me permito compartir con Usted las preocupantes informaciones que he recibido sobre la situación de 280 familias
campesinas, las cuales desde 1997 vivían en las tierras del Ingenio Prado, en el municipio de Tracunhaém, en Pernambuco.
En noviembre del año pasado las familias fueron expulsadas violentamente de las tierras por policías militares del estado de Pernambuco y
por paramilitares del grupo João Santos. Sus plantaciones fueron destruidas, les quemaron sus casas, las iglesias y templos fueron
derrumbados, se dañaron escuelas y centros comunitarios, mataron animales y las fuentes de agua fueron envenenadas.
Los daños incurridos a causa de las mencionadas acciones no han sido indemnizadas hasta hoy. Las familias perjudicadas viven desde
noviembre del 2003 en campamentos de plástico al borde de la calle (PE-041), y debido a su precaria situación se encuentran impedidas para
producir puesto, que se encuentran aprisionadas entre las cercas del propietario y la avenida. Estos grupos vulnerables actualmente dependen
de la ayuda alimentaria del gobierno y de las donaciones particulares.
He recibido denuncias según las cuales la entrega de esta ayuda alimentaria no solo es insuficiente, sino que además es suministrada
irregularmente, lo cual agrava la precaria situación vivida por las famílias, llevando a los niños y ancianos a niveles inaceptables de
desnutrición, y los convierte en víctimas constantes de epidemias e infecciones gastro-instestinales.
Desde hace siete años las familias están esperando que las tierras sean expropiadas. Actiualmente el proceso de expropiación de las tierras
para fines de la reforma agraria se encuentra en trámite ante ese honorable tribunal y está bloqueado por una medida de aseguramiento
solicitada por el propietario. El honorable Tribunal ha tenido el asunto bajo su conocimiento por un tiempo aproximado de dos años.
Tomo la libertad de escribirle a su excelencia, puesto que Brasil es un estado parte de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas, de manera que ha asumido compromisos en el ámbito del derecho internacional, obligádose a
proteger y garantizar los derechos a la alimentación, a la tierra y a la vida de las familias campesinas. Consideramos que el Estado brasilero
cuenta con las condiciones para garantiztar estos derechos a su población.
En razón de la precaria situación de las familias sin tierra y de los compromisos del estado brasilero, le solicito respetuosamente a su
Excelencia que adopte las medidas posibles para:
agilizar la adopción de una decisión en cuanto al mérito de la Medida de Aseguramiento n° 24.764/04, para que garantice al INCRA la
posibilidad de continuar con la expropiación y la adjudicación de las tierras que se encuentran mencionadas en el Decreto de
Expropiación de 25 de noviembre del 2003, Publicado en el Diario Oficial de la Unión, Sección I, página 64, nº 230 de 26 de
noviembre del 2003;
determinar la indemnizacion material y moral de las familias por los daños y prejuicos causados mediante los despojos adelantados el
03.07 y el 01.11.03 por el Estado de Pernambuco en la Usina Santa Teresa;
determinar al INCRA que de forma urgente, regularice el suministro de alimentos a las familias que se encuentran en los
campamentos, hasta que se encuentren debidamente asentadas en condiciones de producir para alimentarse.
determinar al Estado de Pernambuco que, de forma urgente, provea servicios de salud, educación y transporte adecuados a la
comunidad.
Por favor manténgame informado de las medidas que se adopten a este respecto.
Respetuosamente,
Sírvase informar al secretariado internacional de FIAN de cada respuesta de Sus cartas
Ministro Sepúlveda Pertence
Supremo Tribunal Federal
Praça dos Três Poderes,
Brasília - DF - Brasil
CEP.: 70175-900
Excelentíssimo Ministro,
Gostaria de partilhar com Vossa Excelência as informações preocupantes que estou recebendo sobre a
situação das 280 famílias camponesas que, desde 1997 viviam nas terras do Engenho Prado, no
município de Tracunhaém, em Pernambuco.
Em novembro do ano passado, as famílias foram violentamente expulsas por polícias militares do
Estado de Pernambuco e milícias privadas do Grupo João Santos, tendo suas plantações destruídas,
casas queimadas, Igrejas e Templos derrubados, escolas e centros comunitários postos ao chão,animais
mortos e fontes de água envenenadas.
As perdas que tiveram não foram indenizadas até hoje. As famílias vivem, desde novembro de 2003,
sob barracas de plástico(lonas pretas), à margem da estrada (PE-041), impedidas de produzir,visto que
estão espremidas entre o arame farpado do proprietário e a estrada, dependendo de ajuda alimentar do
governo e de doações particulares.
Tenho recebido denúncias de que a entrega desta ajuda alimentar além de insuficiente também é
fornecida de forma irregular, o que agrava a precária situação vivida pelas famílias, levando crianças e
idosos ao nível inaceitável de sub-nutrição, vitimas de constantes epidemias e doenças gastroinstestinais.
Há sete anos, as famílias esperam pela desapropriação das terras. Atualmente o processo de
desapropriação das terras para fins de reforma agrária tramita neste Egrégio Tribunal, e está bloqueado
por um Mandado de Segurança impetrado do proprietário. O Egrégio Tribunal tem levado em média
dois anos para decidir sobre questões envolvendo esta questão.
Tomo a liberdade de escrever a Vossa Excelência, pois o Brasil é Estado Parte dos Pactos
Internacionais de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) e, desta forma,
assumiu compromissos no âmbito do direito internacional de proteger e garantir os direitos à
alimentação, à terra e à vida das famílias camponesas. Consideramos que o Estado brasileiro tem as
condições de garantir estes direitos à sua população.
Em razão da situação precária das famílias sem terra e dos compromissos do Estado brasileiro, solicito
respeitosamente que Vossa Excelência tome todas as medidas possíveis para
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agilizar a tomada de decisão quanto ao mérito do Mandado de Segurança n° 24.764/04, para que
possa garantir ao INCRA dar continuidade à desapropriação e imissão de posse das terras que se
encontram no Decreto de Desapropriação de 25 de novembro de 2003, Publicado no Diário Oficial
da União, Seção I, página 64, nº 230 de 26 de novembro de 2003;
determinar a indenização material e moral das famílias pelos prejuízos com os despejos ocorridos
em 03.07 e 01.11.03 cometidos pelo Estado de Pernambuco e a Usina Santa Teresa;
determinar ao INCRA que, de forma urgente, regularize o fornecimento alimentar às famílias
acampadas até que estejam devidamente assentadas e em condições de produzir para alimentaremse; determinar ao Estado de Pernambuco, que de forma urgente, forneça serviços de saúde,
educação e transporte adequadas à comunidade.
Por favor, mantenha-me informado das medidas que forem tomadas.
Respeitosamente,
cc. Ministro Nelson Jobim, Presidente do Supremo Tribunal Federal