La contribución de los intelectuales en la construcción de una identidad
sudamericana
Lincoln Bizzozero
*
1.- Introducción:
Este trabajo pretende realizar un aporte en un tema complejo y sensible
referido a la contribución de los intelectuales en la construcción de una
identidad sudamericana. El primer aspecto que surge es si efectivamente
puede plantearse una contribución en un espacio que hasta hace pocas
décadas era un referente geográfico y que hoy pasa a tener connotaciones
geopolíticas. Una segunda reflexión atañe a si efectivamente pueden
visualizarse determinados valores en el espacio sudamericano por los cuales
se pueda comenzar a definirse la construcción de una identidad a los efectos
de poder intercambiar en el sistema internacional con otras regiones y
actores. Finalmente, otro aspecto que plantea interrogantes es el de la
contribución de los intelectuales en los procesos regionales, lo cual amerita
una reflexión específica desde el momento que los intelectuales no han
acompañado con entusiasmo los regionalismos latinoamericanos.
El trabajo se estructurará sobre la base de las preguntas y reflexiones
señaladas. El siguiente apartado se interrogará sobre la pertinencia del
concepto Sudamérica y las consecuencias que genera su inclusión en el
lenguaje cotidiano. Estas consecuencias llegan a poner un punto de
interrogación en cuanto a la continuidad del concepto América Latina frente
al cisma que produjo el acuerdo de libre comercio en América del Norte
(Gudynas, 2000). Un segundo punto tratará específicamente el alcance y
características de la Comunidad Sudamericana en sus objetivos, pilares,
instrumentos para llegar a los objetivos y propuestas. Este segundo punto
permite visualizar una entidad sudamericana en formación a partir de los
procesos regionales existentes y de otros antecedentes e iniciativas que están
operando. Es por eso que el tercer apartado se interrogará sobre la efectiva
convergencia de algunos valores en la construcción de la identidad
sudamericana a partir del análisis de los dos procesos regionales que se
encuentran vigentes, la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR.
Finalmente, una vez contestados los pasos anteriores, se expondrá sobre la
efectiva y concreta contribución de los intelectuales en la conformación de
una identidad sudamericana. Las respuestas esbozadas sobre la
contribución de los intelectuales dejan abierto el espacio para otras
reflexiones en el devenir del proceso.
2.- ¿Hacia una modificación de las identidades culturales de la región?
El concepto Sudamérica es antes que nada una noción geográfica que
todavía no ha ingresado en los textos escolares y en los contenidos
curriculares de los cursos dictados por los docentes en su referencia políticoestratégica y en tanto componente específico de la historia latinoamericana
reciente. América Latina sigue siendo predominantemente el concepto
abarcador de la identidad cultural de las distintas “Américas” y comunidades
que se agrupan a partir del mestizaje.
Las identidades culturales se conforman históricamente a partir de los
condicionamientos que surgen de la geografía, de la tecnología y de la
evolución humana en cuanto a las ideas predominantes sobre el desarrollo y
las relaciones con el ambiente externo. De ahí que desde el mismo
conocimiento por parte de Europa del Nuevo Mundo surja un primer desafío
vinculado con la identidad del espacio conquistado desde el momento que la
colonización que primeramente se concreta sobre la base de una
confrontación de culturas posteriormente da paso a un mestizaje cultural.
Los conceptos por ende son significativos en tanto dan cuenta de una visión
del mundo tal cual se percibe y se entiende. América Latina fue el concepto
que predominó durante el siglo XX sobre otros como Hispanoamérica,
Iberoamérica o Indoamérica, que intentaron dar cuenta de esa nueva y
diversa realidad de repúblicas independientes que surgieron durante el siglo
XIX (Abud, 2005). Todos esos conceptos tenían su razón de ser, pero el que
terminó predominando lo fue con un sentido definidor de lo “latino” en
América para diferenciarlo de la América anglo-sajona.
"América Latina" es un concepto francés del siglo XIX, que nació con el
intento imperial de Maximiliano en México entre 1862 y 1865, con el objetivo
de unificar a las naciones católicas y latinas de América para contrarrestar
los nórdicos de origen anglosajón y protestante que obstaculizaban la
influencia de Francia1. El concepto quedó registrado para definir la identidad
de esta parte del continente americano, en contraposición con otras regiones
del mundo. Ello ayudaba a diferenciarse tanto de la Península Ibérica, de la
cual se había emancipado, como del imperio de América del Norte, que
amenazaba con su designio de la doctrina Monroe "América para los
americanos". De esta manera esta noción posibilitó congregar los dos
mundos de la península ibérica en una identidad cultural, pero dejaba por
resolver el sentido de identidad en tanto aporte y posición en el mundo en
relación al otro (Zum Felde, 1943).
1
De acuerdo a Marras (1992), el primero en utilizarlo fue Michel Chevalier (1806-1879),
escritor sobre temas de política económica, que buscaba legitimar el expansionismo de
Napoleón III y detener a su vez el de los Estados Unidos sobre el continente.
La definición América Latina siguió predominando en las décadas que
siguieron a la segunda guerra mundial, a pesar de las diferencias étnicas y
regionales que posibilitaban otras formas de aprehender la realidad y de
aproximarse a ella. Además de los componentes étnicos, la posición
geográfica (cercanía mayor o menor de Estados Unidos), el sistema políticoinstitucional y la organización que se dieron los sectores económicos fueron
otorgando atributos distintivos.
A partir de los años sesenta surgen los primeros procesos de integración
regional que comienzan a delinear los objetivos de los países
latinoamericanos y las nuevas fronteras e identidades regionales: por una
parte los países de América Central que crean el Mercado Común
Centroamericano y por la otra el resto de países latinoamericanos que
conforma la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). A su
vez, hacia fines de los sesenta, en el marco de la ALALC, los países andinos
fundan el Pacto Andino, planteando una identidad geográfica, que tiene un
sentido económico –países de menor desarrollo en relación a Argentina,
Brasil o México-, pero además cultural por las diferencias con los países
predominantemente forjados sobre la inmigración europea (Argentina, parte
de Brasil y Uruguay) o bien países “nuevos” (Brasil).
Los procesos de apertura que se dieron en los noventa modificaron las bases
sobre las cuales se planteaba el modelo de desarrollo, buscando cada país
una inserción competitiva en la economía internacional. Los países en
desarrollo fueron incentivados a modificar sus políticas económicas
tradicionales, para abandonar sus demandas de un tratamiento especial y
diferenciado y para otorgar reciprocidad total en sus relaciones comerciales.
Las políticas domésticas y externas de los países en desarrollo fueron
diseñadas para mejorar sus oportunidades de inserción en la economía
global. En América Latina, luego de los ajustes estructurales que se
procesaron con motivo de la crisis de la deuda externa en la década de los
ochenta, el Consenso de Washington planteó, para la década de los noventa,
una agenda temática de reformas a realizar, entre los cuales se propulsó una
mayor apertura de las economías con vistas a la competencia internacional.
Al quedar comprendidos la mayoría de los países del continente en un mismo
esquema de reformas económicas y de adaptación, el tema de las posibles
estrategias de desarrollo pasó a ser encarado fundamentalmente en función
de las consecuencias que comenzaron a generar las iniciativas regionales de
Estados Unidos en los procesos de integración latinoamericanos y en los
países individualmente (Deblock, Brunelle, 1998).
La respuesta regional se canalizó en América Latina a través de los procesos
de integración ya existentes y se percibió como una de las vías a través de las
cuales acceder a los mercados, a la obtención de inversiones y de tecnología.
La orientación y contenidos de la respuesta regional fue condicionada por el
regionalismo estratégico de los bloques económicos (en particular por las
iniciativas de Estados Unidos) y por el patrimonio histórico de los procesos
de integración ya existentes. La hegemonía histórica de Estados Unidos, la
importancia que ha tenido ese mercado para muchos países de América
Latina y el impacto que tuvo la Iniciativa para las Américas al inicio de la
década de los noventa y con posterioridad el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y el ALCA derivó en que las respuestas desde los procesos
regionales fueran en función de la agenda externa que enfatizaba en
particular las reformas económicas y la no intervención del Estado.
Los dos países que tuvieron una atención especial desde los inicios por parte
de Estados Unidos fueron México y Chile. La consideración de estos dos
países sirvió como modelo del posible camino a seguir para otros países de
América Latina, pero la especificidad de los ejemplos hizo que esos países
plantearan la definición de las opciones en términos nacionales y no
exclusivamente regionales, por lo que contribuyó a la diversidad de caminos
que se fueron construyendo. De esta manera, se fue concretando para este
nuevo período histórico, una división geo-política que erosionó las bases
sobre los cuales se sustentaba la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI).
México pudo continuar en ALADI por la interpretación de uno de los artículos
del Tratado de Montevideo, pero su inclusión en el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) echó la primera semilla de la conformación de
un Acuerdo de Libre Comercio de América del Sur (ALCSA).
Esta propuesta, que puso sobre la mesa Brasil en 1993, no planteó
instrumentos ni bases sobre las cuales trabajar para llegar al objetivo. Por
otra parte, la respuesta se planteó en el campo exclusivo del comercio, es
decir que en ese momento Brasil visualizaba como respuesta al TLCAN, un
ALCSA, sin plantear otros supuestos u otros contenidos temáticos al
proyecto.
De esta manera, los avances de Estados Unidos para articular los países de
la región América Latina –Caribe llevaron a que las alternativas de los
mismos en sus esfuerzos de búsqueda de acceso a los mercados, la
tecnología, y la inversión como el elemento central de sus intentos de
inserción en la economía global quedaran circunscritos a dos niveles: una fue
la vinculación directa por parte de un país a través de un acuerdo bilateral
con Estados Unidos (o posteriormente el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte-TLCAN) y otra fue negociar la inserción en alguna
estructura regional.
El aspecto a tener en cuenta desde una perspectiva de política internacional
y de economía política es que Argentina y Brasil habían concretado diversos
acuerdos de cooperación regional desde mediados de los ochenta que
derivaron en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en 1991. La
importancia del MERCOSUR se encuentra en su importancia estratégica y su
significación en el conjunto de América Latina. Si bien en el mapa del
comercio mundial el MERCOSUR representa poco más del 1% mundial y un
PBI de alrededor de mil millones de dólares, no deja de ser significativo que
constituya el área económica más importante de América Latina (54 % del
total donde México representa el 19%) y la cuarta región del mundo luego de
la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) y Japón. Por otra parte el MERCOSUR resulta relevante en su
consideración e importancia estratégica por sus recursos naturales. En el
caso de Brasil, la cuenca del Amazonas que cubre el 42% del territorio,
representa el 20% de las reservas de agua dulce del planeta. A la importancia
del Amazonas hay que añadir el Acuífero Guaraní que es uno de los
reservorios de aguas subterráneas más grandes del mundo que recorre los
cuatro países del proceso regional.
La visualización de las dificultades de ser considerado por Estados Unidos en
tanto país a ser incluido en una posible adhesión a un acuerdo de libre
comercio, dejó a los países de América Latina con la alternativa de negociar
desde los acuerdos regionales. Esta opción generó una cantidad de acuerdos
multilaterales y bilaterales superpuestos y a veces contradictorios, que se
plantearon concretar una convergencia a los efectos de una mejor
negociación con Estados Unidos.
Diversos factores llevaron a que el siglo XXI acelerara el proceso de
regionalización y de “conciencia para sí” de América del Sur frente a los
procesos de mundialización: los diferentes fracasos de las denominadas
políticas neoliberales apoyadas por Estados Unidos, de los cuales el ejemplo
más dramático fue Argentina, el estancamiento de las negociaciones
multilaterales de comercio y sobre todo la convergencia entre la crisis
energética, un mayor liderazgo de Brasil y el cambio en las prioridades de las
agendas nacionales, en particular derivadas de las opciones de las
sociedades2.
De esta manera, la incipiente Comunidad Sudamericana es producto de un
contexto histórico que se nutre de la tendencia a la regionalización en el
sistema internacional en sus diversos ámbitos. Para llegar a la misma fueron
factores desencadenantes el mayor protagonismo regional de Brasil, las
insuficiencias de Estados Unidos que ha generado respuestas globales
2 La vinculación entre el relanzamiento del proceso del MERCOSUR y el estancamiento de
las instancias de negociación internacional constituyeron el núcleo principal de la XVII
Cumbre Presidencial que se realizó en diciembre de 1999 en Montevideo. En la Cumbre, los
principales motivos para impulsar el MERCOSUR, que se adelantaron por parte del
Presidente de Brasil, Fernando Cardoso, se remitieron al decaimiento de las instancias de
negociación externa, en particular a las tres de significación para los países del Mercosur: la
Organización Mundial del Comercio luego del fracaso de Seattle, las dilaciones del Acuerdo
de Libre Comercio de las Américas por el proceso electoral en los Estados Unidos y
finalmente la demora en las negociaciones con la Unión Europea, debido a las dificultades
en abordar el tema de los subsidios agrícolas.
depredadoras, sin poder llegar a articular dinámicas articuladoras para
impulsar el ALCA y los caminos recorridos por los procesos regionales, en
particular el MERCOSUR.
La Declaración de Cusco que viene a plasmar la idea de la Comunidad
Sudamericana en la III Cumbre de Presidentes sudamericanos, se inserta en
tanto identidad espacial y cultural en el seno de América Latina (y también
del Caribe), con el objetivo de desarrollar un espacio sudamericano
integrado, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que
contribuya en articulación con otras experiencias al fortalecimiento de
América Latina y Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación
en los foros internacionales. Esa nueva entidad busca entonces un desarrollo
específico como región, una presencia en el escenario internacional y el
fortalecimiento de una identidad propia, lo cual deriva en dos consecuencias
fundamentales en términos culturales: completa de definir el cisma de la
América Latina del Norte con la América Latina del Sur y en segundo lugar
abre el espacio para terminar de cerrar el cisma histórico luso-hispano que
comenzó con la cooperación argentino-brasileña y el MERCOSUR y a partir
del mismo abrir una instancia de concertación de las diferentes culturas
existentes.
3.- Fundamentos e identidad de la Comunidad Sudamericana
Plantearse el tema de la Comunidad Sudamericana implica definir su
contorno, fundamentos y objetivos. De ahí que el paso previo para
interrogarse sobre la identidad de la Comunidad Sudamericana es saber de
qué se parte, es decir si tenemos antecedentes y fundamentos de la misma.
La Declaración de Cusco, suscrita en diciembre del 2004, por todos los
presidentes de los países de América del Sur, resulta en ese sentido
esclarecedora: señala los fundamentos políticos y los valores comunes sobre
los cuales se asienta y también define los objetivos explícitos hacia los cuales
apunta.
La Declaración de Cusco da cuenta de las raíces que han coadyuvado a
conformar la Comunidad Sudamericana: la historia compartida y solidaria de
las naciones que componen América del Sur desde las gestas de la
independencia, un pensamiento político y filosófico, que ha asentado valores
comunes y una identidad compartida, la convergencia de intereses políticos,
económicos, sociales, culturales y de seguridad, el reconocimiento que el
desarrollo solamente puede ser tal si incluye la dimensión social, el
reconocimiento de las asimetrías entre las regiones para contribuir al
desarrollo de las mismas como forma de desarrollar el proyecto comunitario,
el combate a la pobreza y el acceso de todos a la salud y educación como
herramientas de desarrollo, la identificación con los valores de la paz y la
seguridad internacionales, la común pertenencia a sistemas democráticos de
gobierno y a una concepción de gobernabilidad, sustentada en la
participación ciudadana que incremente la transparencia en la conducción
de los asuntos públicos y privados. Además de esas raíces comunes, se
plantea la determinación en desarrollar un espacio sudamericano integrado y
la convicción de que solamente la participación y protagonismo popular
puede desarrollar los valores compartidos y el objetivo de la identidad son los
fundamentos sobre los cuales se asienta la Comunidad Sudamericana.
Los fundamentos sobre los cuales se asienta la Comunidad Sudamericana
plantean también el delicado aspecto de los valores comunes y los objetivos
hacia los cuales aspira, uno de los cuales es el desarrollo de esa identidad
común. Los valores comunes, que señala la Declaración son: la democracia,
la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto
a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación
de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica
de controversias. Esos valores comunes no son principios abstractos, sino
que han sido parte de la construcción regional de las últimas décadas y han
sido conquistas específicas, que de alguna forma se trasuntan en los desafíos
de conformar un espacio integrado sudamericano.
Los objetivos que se plantea la Comunidad Sudamericana son conseguir la
cohesión social y el desarrollo de valores compartidos y la ambición de lograr
una dimensión exterior. Para la consecución de estos objetivos se plantea
impulsar algunos procesos entre los cuales, la concertación y coordinación
política y diplomática, la profundización de la convergencia entre el
MERCOSUR, la Comunidad Andina y Chile, al cual se asociarán Guyana y
Surinam, la integración física y energética sobre la base de la profundización
de las experiencias existentes, la armonización de políticas que promuevan el
desarrollo rural y agroalimentario, la transferencia de tecnología y de
cooperación horizontal en todos los ámbitos de la ciencia, educación y
cultura y la interacción de las empresas y la sociedad civil en los procesos de
integración.
En otras palabras, la Comunidad Sudamericana se sustenta en el patrimonio
histórico de los procesos regionales (MERCOSUR, CAN) y en la Iniciativa
Regional que fuera planteada en la Primera Cumbre de Presidentes
Sudamericanos y que tiene diversos proyectos en ejecución. Desde el punto
de vista de los objetivos –definición de valores comunes e identidad regional,
rol como actor en el escenario internacional-, lo que importa es el grado de
desarrollo de esos valores en los respectivos procesos regionales y en
particular en el MERCOSUR, espacio que como señaláramos concentra el
mayor porcentaje de PBI regional, pero además porque es el lugar de
encuentro de la tradición cultural ibérica que constituyó el primer cisma en
el denominado Nuevo Mundo.
4.- Los valores en la conformación del espacio regional:
La democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia
social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no
discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los
Estados y la solución pacífica de controversias son los valores que dan
sustento a la identidad sudamericana compartida que tiene como
antecedente histórico el pensamiento político y filosófico. Algunos de estos
valores son comunes de América Latina y constituyeron el soporte de los
principios republicanos en las gestas de independencia y contribuyen a la
afirmación de los Estados latinoamericanos en la escena regional e
internacional (igualdad soberana de los Estados, no discriminación y
afirmación de la autonomía).
Resultan en cambio de interés algunos valores que se entroncan en las
experiencias históricas recientes ya que han jalonado los procesos regionales
y son construcciones en las memorias colectivas de las sociedades y de los
pueblos. En esa dirección se encuentran la democracia, los derechos
humanos y la justicia social, valores que si bien tenían su camino recorrido
en la sociedad internacional, han comenzado a afirmarse recientemente en
los países sudamericanos y en particular del Cono Sur, con posterioridad a
las transiciones democráticas que se produjeron en la década del ochenta y
comienzos del noventa 3.
Si bien en esos distintos valores se ha ido manifestando una convergencia
que lleva a un sustrato común sudamericano, los aprendizajes y experiencias
han sido diferentes en los países del MERCOSUR y en los andinos. En ese
sentido un elemento definidor en el impulso de algunos valores en el plano
regional ha sido el eje de Argentina con Brasil, que conjuntamente con
Uruguay generaron un activismo por la democracia, la paz y la no
intervención externa a mediados de los años ochenta, echando las raíces de
una apuesta diferente de América Latina en el escenario internacional.
La relación de la democracia con la cooperación regional, la participación de
la sociedad y el proceso de integración se planteó desde las primeras
reuniones bilaterales argentino-brasileñas y fue consolidando el vínculo entre
el régimen democrático y los procesos de cooperación e integración regional.
En la Declaración de Iguazú, de noviembre de 1985, los presidentes Alfonsín
y Sarney expresaron: “...los éxitos recientemente alcanzados por las dos
3
El cambio de régimen en Argentina se concretó en noviembre de 1983, mientras en
Uruguay se realizó en marzo de 1985 y en Brasil también en 1985. En cambio en Paraguay
continuó la dictadura de Stroessner hasta febrero de 1989 en que fue derrocado por un
golpe de Estado para posibilitar un llamado a elecciones. Finalmente en Chile, luego de un
plebiscito en que resultó triunfante la opción contraria a la continuidad del General Augusto
Pinochet, se realizó un llamado a elecciones en diciembre de 1989
naciones en sus respectivos procesos de consolidación democrática han
creado condiciones particularmente propicias para el perfeccionamiento de
sus vínculos en los más variados sectores...” (Punto 16), para luego enfatizar
dentro de ese espíritu, “su firme voluntad política de acelerar el proceso de
integración bilateral, en armonía con los esfuerzos de cooperación y
desarrollo regional” (punto 18). Al final de la Declaración los presidentes
señalaron que “el proceso de democratización que vive el continente deberá
conducir a una mayor aproximación e integración entre los pueblos de la
región” (punto 32). El vínculo entre la democracia, la política exterior, los
objetivos de paz y de una mayor aproximación en la región y la
profundización de los procesos de cooperación e integración regional fue
reafirmado en las distintas declaraciones que se sucedieron en la década de
los ochenta. En los noventa, en el proceso del MERCOSUR las declaraciones
de las cumbres continuaron reafirmando el vínculo indisoluble entre la
democracia y la integración hasta que el Protocolo de Ushuaia de junio de
1998 estableció normativamente sanciones al Estado que se apartara de los
principios democráticos4.
La vinculación de los gobiernos democráticos de Argentina, Brasil y Uruguay
con el Grupo de Contadora, mecanismo de concertación política regional
para evitar la inserción de América Central en el conflicto bipolar y para
buscar una resolución al conflicto existente, fue el escalón inicial que
propulsó el ámbito de concertación política regional. La articulación de este
tercer ámbito se fue construyendo a partir de la conformación del Grupo de
Apoyo a Contadora, por iniciativa de Uruguay, donde representó un papel de
primera importancia el Canciller de ese período, Enrique Iglesias.
La conformación de dos niveles de concertación política regional -uno
articulado sobre el conflicto de América Central y el otro sobre la deuda
externa- derivó finalmente en la concreción del Grupo de los Ocho y
posteriormente el Grupo de Río, que pasó a representar políticamente la
región latinoamericana en el sistema internacional (Tomassini, 1988).
El aspecto que interesa resaltar es que el Grupo de Río en su primera etapa,
que va desde 1986 hasta los inicios de los noventa, enfatizó el tema de la
consolidación democrática como aspecto fundamental para la paz y
seguridad regional y además como pilar básico para el funcionamiento de la
cooperación regional5. En otras palabras, durante ese período se fue
4
El vínculo democracia – integración fue reafirmado en la Cumbre de Las Leñas en junio de
1992 y en la Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en San Luis,
Argentina, en la Cumbre de junio de 1996.
5 El numeral 20 del llamado “Compromiso de Acapulco para la paz, el desarrollo y la
democracia” que fue el resultado de la primera reunión del Grupo de los Ocho, antecedente
gestando el proceso que terminaría consagrando el principio de legitimidad
democrática como principio regulador de los distintos ámbitos de
cooperación y concertación política de América Latina (Bustamante, 1996).
La inclusión de la democracia en la agenda del Grupo de Río se debió
también a que la Comunidad Andina lo incluyó como una condición esencial
de participación en el bloque. El Protocolo Adicional al Acuerdo de
Cartagena: Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia firmado
en octubre de 1998 en Oporto
estableció la plena vigencia de las
instituciones democráticas y el Estado de derecho como condiciones
esenciales para la cooperación política y la integración económica, social y
cultural en la Comunidad Andina (CAN) y ratificó la Declaración Presidencial
sobre Compromiso de la Comunidad Andina por la Democracia, suscrito en
Santa Fe de Bogotá, el 7 de agosto de 1998.
Esta prioridad temática por la democracia como pilar de la cooperación
regional propulsada por el núcleo argentino-brasileño-uruguayo y que fuera
incluido por el Grupo de Río y la Comunidad Andina de Naciones como tema
fundamental, también fue incorporado en la agenda interamericana por la
Organización de Estados Americanos (OEA). La vinculación entre la
democracia y los procesos de cooperación regional se verían refrendados en
la instancia hemisférica en el octavo período de sesiones de la Asamblea
General, celebrado en Lima, Perú, el 11 de septiembre del 2001. En esa
Asamblea General se aprobó la Carta Democrática Interamericana, que
servirá para preservar, fortalecer y consolidar la democracia representativa
en el hemisferio.
La Carta, además de garantizar la preservación y la vigencia del orden
democrático a través de un mecanismo gradual, transparente, legal y
legítimo, según lo previsto en sus artículos 17 al 21, consolida una definición
de la democracia dentro del sistema interamericano, reconoce el vínculo
entre la democracia y los derechos humanos como una demostración más del
progreso político y jurídico alcanzado en el hemisferio y destaca la relación
evidente entre la democracia, el desarrollo integral y el combate a la pobreza.
En la Asamblea General se señaló la continuidad de la Carta con el
Protocolo de Washington aprobado por la OEA, que contiene previsiones para
asegurar la defensa de los Gobiernos democráticamente constituidos contra
los derrocamientos por la fuerza, el Protocolo de Ushuaia del MERCOSUR
más Bolivia y Chile y los antecedentes de ese Protocolo en la gestación del
MERCOSUR (Ricardes, 2001).
del Grupo de Río, se menciona como uno de los desafíos en el esfuerzo de “concertación y
desarrollo”, la “consolidación de la democracia y el respeto de los derechos humanos”.
El tema de los derechos humanos también ha sido incluido como uno de los
valores comunes de la región. En este tema lo que caracteriza la región es la
común recuperación de la memoria colectiva en las violaciones de los
derechos humanos efectuadas en distintos períodos históricos. La relación
memoria-verdad-justicia, es el común denominador de comunidades nativas,
poblaciones campesinas, sectores urbanos, luchadores sociales y políticos,
familiares de desaparecidos, mujeres violentadas, niños y adolescentes
abusados. En este aspecto la Comunidad Andina de Naciones ha dado un
paso importante al aprobar la Carta Andina para la Promoción y Protección
de los Derechos Humanos en julio del 2002 y al reivindicar conjuntamente
con la defensa de los derechos humanos universalmente reconocidos, la
defensa específica de derechos humanos de la región. En esa dirección se
incluyen a los pueblos indígenas y comunidades de afrodescendientes,
señalando en particular la preservación y desarrollo de las identidades
ancestrales a través del desarrollo de espacios sociales para el contacto, el
diálogo e interacción entre esos pueblos y comunidades y el resto de las
sociedades de los países andinos y a la reafirmación de las identidades y
culturas. Además se incluyen los derechos de las mujeres, los niños, niñas y
adolescentes, adultos mayores, emigrantes y sus familias, personas con
discapacidades, personas con diversa orientación sexual, desplazados
internos, personas privadas de libertad, refugiadas y apátridas.
Por su parte el MERCOSUR ha conformado recientemente una Reunión de
Altas Autoridades de Derechos Humanos en la estructura institucional y ha
aprobado en la Cumbre que se realizó en junio del 2005 el Protocolo de
Asunción sobre Compromiso con la Protección y Promoción de los Derechos
Humanos en el MERCOSUR (decisión 17/05). En noviembre del 2005 se
realizó en el marco de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos
Humanos del MERCOSUR un seminario sobre la Memoria, tema que
congrega a las sociedades de los países del Cono Sur. Si bien el MERCOSUR
ha incorporado recientemente en la agenda política el tema de los derechos
humanos, debe consignarse la activa participación de la sociedad civil en
rescatar los temas de la memoria colectiva vinculados a la historia reciente
de las sociedades de la región e incluir temas del presente cotidiano
relacionados con la propia dinámica del proceso regional. En ese sentido ha
surgido como expresión regional un Observatorio de Políticas Públicas de
Derechos Humanos en el MERCOSUR que agrupa diversas organizaciones de
la sociedad civil de los países y se ha constituido en portavoz regional.
Un tema que convoca y que lleva a una convergencia entre los países a los
efectos de intercambiar experiencias sobre las políticas sociales y las
posibilidades de plasmar planes conjuntos es el crecimiento de la pobreza en
la región. Este dato que se encuentra en la base común de potenciar la
dimensión social de los procesos regionales, ha sido un tema común en la
región en los inicios del siglo XXI. En este tema, la Comunidad Andina ha
dado un paso importante al aprobar recientemente el Plan Integrado de
Desarrollo Social (Decisión 601 aprobada en septiembre del 2004). El
combate a la pobreza no es un objetivo del proceso regional, pero está
vinculado estrechamente a los resultados que se obtengan y a la meta de
alcanzar un desarrollo sustentable.
El Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) se transforma así en la primera
respuesta integrada de un bloque regional frente al agravamiento de la
pobreza en los países de la región y las respuestas que se han otorgado a
nivel internacional (Objetivos del Milenio y Propuesta de reducción de la
pobreza). De esa forma, los países andinos se posicionan como bloque
regional para complementar esfuerzos en los programas nacionales de
combate a la pobreza definiendo a su vez algunas áreas sensibles para el
desarrollo como son las regiones fronterizas y algunos sectores prioritarios
como son la educación y la salud. El Plan se integra en la agenda social del
proceso de integración en la medida que constituye una estrategia social
comunitaria que tiene el propósito de encauzar acciones de alcance
subregional (actividades, proyectos y programas) que enriquezcan y
complementen las políticas nacionales de superación de la pobreza y la
inequidad social. El énfasis es puesto en proyectos vinculados a la salud, la
educación y el empleo productivo, pero además se incluyen otras propuestas
de carácter transversal, dada la concepción integral del PIDS, que lleva a
promover propuestas de estrategia sobre biodiversidad,
política de
integración y desarrollo fronterizo y desarrollo rural (SELA, 2005).
En este Plan se aplica el principio de subsidiariedad, que implica que las
instancias regionales actúan solamente en caso de que los objetivos
perseguidos puedan conseguirse mejor a través de la intervención
comunitaria que nacional. Además del principio de subsidiariedad, otros
principios que se encuentran incluidos en el Plan son el de solidaridad, que
implica el reconocimiento de que la colaboración entre las cinco naciones
permitirá alcanzar metas que sería imposible que alcanzara cada una por
separado y el principio de cohesión que significa la estructuración de un
espacio social sin grandes disparidades en los niveles y vida y las
perspectivas de un progreso social de las naciones y de las distintas regiones,
son reafirmados en el Plan y en las líneas y prioridades expresadas.
El proceso de integración del MERCOSUR ha desarrollado la dimensión
social a través de la canalización y la participación de la sociedad civil
(Bizzozero, 2000). La participación se ha realizado a través de distintos
ámbitos como es el caso del Foro Consultivo Económico y Social, la red de
Mercociudades que ha concretado la creación de numerosas redes temáticas,
entre las cuales se ubica la de desarrollo local, a través de instancias
institucionales como lo es el MERCOSUR educativo y otras redes de actores
de la sociedad civil. Sin embargo, en lo que concierne las desigualdades
regionales y nacionales, el bloque no había concretado acuerdos básicos y
operativos hasta muy recientemente, en que los cambios de gobierno en
Argentina y Brasil promovieron una inclusión de prioridades sociales e
institucionales en el proceso (Bizzozero, 2003).
Finalmente, tanto el MERCOSUR como la Comunidad Andina de Naciones
han dado pasos significativos para que los espacios regionales sean zonas de
paz y seguridad. En ese sentido, el MERCOSUR aprobó la Declaración
Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile como Zona de Paz y la Comunidad
Andina de Naciones aprobó el Compromiso de Lima: Carta Andina para la
Paz y la Seguridad – Limitación y Control de los Gastos destinados a la
Defensa Externa.
La convergencia entre los dos procesos regionales no se agota en estos
valores, sino que efectivamente se ha propulsado una aceleración de los
tiempos, en que además de los temas propios de la inserción competitiva en
el mundo se incluyen aspectos sociales, culturales y ambientales y se toma
en cuenta la dimensión de la(s) memoria (s) para comenzar a armar de
manera renovada la identidad de Sudamérica y aportar desde la misma al
mundo.
5.- Los intelectuales, Sudamérica y la contribución en el armado
regional
Los intelectuales tienen diversos desafíos que se les irán planteando en el
proceso de regionalización. Los desafíos pueden llegar a ser oportunidades y
favorecer cambios en la gestión de las organizaciones, los temas prioritarios y
las instituciones regionales. La contribución de los intelectuales es tener
capacidad de respuesta a estos diferentes desafíos que podrían agruparse en
los siguientes ítems: la consideración de un nivel global-sudamericanoregional-nacional en la perspectiva analítica, la (adecuada) articulación del
nivel sudamericano, la capacidad de generar los cambios necesarios
vinculados con la gestión en la organización, la participación en instituciones
regionales para su cuidado institucional y normativo, la definición de
prioridades temáticas y su adecuada consideración institucional y de
contenidos y finalmente la identificación del intelectual con el cuidado de los
valores en los ámbitos en que desarrolla sus actividades a través de una
actitud de compromiso y servicio.
La participación de la sociedad civil resulta de vital importancia en la
construcción de los procesos regionales, tal cual han manifestado los
presidentes sudamericanos en la Declaración de Cusco. En la sociedad civil
se encuentran las instituciones educativas, en particular las Universidades,
pero también diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil identificadas con
diversos temas que atañen a los procesos regionales y que tienen además
una impronta regional.
El intelectual antes que nada debe incrementar sus capacidades analíticas
globales para poder incluir a la región en la perspectiva sudamericana y
poder pensar ese espacio en términos de contenidos concretos y propuestas
estratégicas. Ello sea que el intelectual se encuentre en una institución
universitaria o bien en una organización de la sociedad civil que tenga como
funciones el desarrollo una perspectiva regional como podría ser el de un
Observatorio de la Sociedad Civil. El Observatorio así como cualquier
emprendimiento que tenga características regionales deberá incluir la
dimensión global en sus análisis y ello posibilitará también la perspectiva
regional.
En la medida que los intelectuales son partícipes de diversas instituciones, el
otorgar contenido a los valores sudamericanos pasa por articular las
instancias ya existentes en la Comunidad Andina y en el MERCOSUR y
comenzar a intercambiar entre las mismas en sus respectivos ámbitos de
competencia, buscando las afinidades sectoriales y disciplinarias. Este
primer objetivo que puede parecer sencillo de realizar, es complejo en la
medida que implica el armado de un tejido de redes temáticas y sectoriales
en términos sudamericanos. En otras palabras, los intelectuales en su
perspectiva estratégica de gestión y políticas institucionales deben agregar al
nivel local-nacional y regional del CAN o MERCOSUR, el sudamericano.
Esta perspectiva de armados horizontales en el espacio sudamericano debe
acompañarse necesariamente de una articulación vertical de los espacios ya
existentes con el horizontal. En otras palabras, solamente integrando los
distintos niveles –el local, nacional y regional- se puede pasar al
sudamericano para efectivamente ir armando, con la participación efectiva de
los distintos niveles en el ámbito correspondiente, los valores sudamericanos.
Esto quiere decir también, que el intelectual debe absolutamente cuidar los
distintos niveles participativos a los efectos de poder escuchar
adecuadamente las propuestas y sugerencias en cada uno de los mismos y
poder transmitir con la debida claridad la versión final que surja. Ello implica
que el intelectual debe tener capacidades de integrar equipos con
perspectivas disciplinarias y abordajes diferentes y de trabajar con
perspectivas que integren lo macro-micro desde la transdisciplinariedad.
La inclusión de temas regionales en la administración de las organizaciones
nacionales, por el efecto del impulso regional a procurar una gobernabilidad
frente a diversos asuntos que comenzaron a escapar de la exclusiva
consideración nacional, provoca cambios que en algunos casos son más
permanentes. Lo que resulta de importancia es que estos cambios necesarios
por el devenir de los acontecimientos pueden ser canalizados por el
intelectual proveyendo los recursos humanos e institucionales necesarios
para que puedan capacitarse y formarse. Esta respuesta no depende
exclusivamente de los intelectuales, porque los mismos están acotados por
un contexto institucional y presupuestal determinado que limita el margen
de acción. La cuestión delicada de por sí es que el intelectual puede canalizar
la dirección y cambios partiendo de una estructura y aprovechando el déficit
institucional y humano que acompaña esos momentos. En definitiva, la
respuesta de gestión institucional implicaría incluir canales de consideración
regional en el ámbito y promover y proveer al desarrollo de recursos
humanos mediante capacitación específica.
Otro ámbito de importancia donde los intelectuales pueden contribuir es en
la construcción del nivel institucional y en el ordenamiento normativo. Se
suelde dejar este ámbito para algunos juristas y políticos, cuando este nivel
representa uno de suma importancia por el cuidado que se debe tener de la
salud del proceso. Este ámbito que puede visualizarse como exclusivamente
técnico, tiene otras facetas en los que el intelectual debería resultar muy
importante a la hora de construir identidades, en particular la comunicación,
el acceso a la información, la transparencia y la generación de canales y
oportunidades para la participación de la sociedad civil. Cada uno de estos
puntos específicos –acceso a la información, comunicación, transparencia,
generación de canales para la participación de la sociedad civil- resulta de
importancia a los efectos de poder promover el compromiso y la
participación.
Si bien la Declaración de Cusco alude a la importancia del protagonismo de
los pueblos, el intelectual tiene el desafío de saber canalizar desde su ámbito
de acción y competencia la articulación vertical-horizontal a distintos niveles,
incluido el nacional para forjar capacidades locales en los temas de
importancia y coadyuvar a otorgar contenidos en los valores del espacio
sudamericano. Algunos ejemplos en la construcción del MERCOSUR abonan
en la dirección señalada: los intelectuales han sido llamados por los
gobiernos en distintos momentos para reflexionar críticamente sobre las
instituciones y bosquejar propuestas y se ha ido incorporando la idea de que
las Universidades de la región deben participar del proceso regional. La firma
de un convenio de varias Universidades públicas de la región con la Comisión
Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR va en la dirección del compromiso
institucional y de los intelectuales con un órgano regional de la estructura
institucional.
La contribución de los intelectuales para la definición de prioridades
temáticas y sectoriales surge como una consecuencia natural e ineludible de
las capacidades analíticas en la articulación global-sudamericano-regional.
Ello requiere que el intelectual tenga acceso a la información y de ahí la
importancia de las reivindicaciones en el nivel global por una mayor apertura
en la sociedad de la información, pero además implica necesariamente un
acceso en los niveles regional, nacional y local. Aun cuando puede
entenderse que se planteen niveles de confidencialidad en el proceso de
decisiones y en algunos temas, cada vez más la sociedad exige acceso a la
información. El hecho de que todavía varios documentos de interés específico
para las sociedades de la región del bloque MERCOSUR continúen siendo
confidenciales van en desmedro del protagonismo y el compromiso solicitado.
El intelectual debe ser el primero en demandar las necesarias aperturas para
que pueda accederse a la información.
El acceso a la información posibilita además generar las sinergias y
acumulación necesaria para posibilitar avances en la organización del
espacio común, en el adecuado tratamiento de los temas, lo cual posibilita
un círculo virtuoso entre las instituciones, los intermediarios en los canales
de participación y la sociedad. La Declaración de Cusco no plantea
instituciones para ir conformando el espacio sudamericano ya que los
instrumentos están definidos en los bloques e iniciativas existentes. Sin
embargo, debe enfatizarse la importancia de ir generando institucionalidad
que consolide los avances registrados: es la única manera como ya se ha
visto en la experiencia del MERCOSUR de ir consolidando el tejido regional y
otorgar credibilidad institucional y jurídica y además sustento y legitimidad
democrática. En ese sentido, la construcción institucional en sí, tal cual se
señalara anteriormente resulta de suma importancia.
La definición de prioridades temáticas y sectoriales se encuadra en
determinadas dimensiones definidas por los Presidentes en la Declaración.
Ello significa una atención especial a la dimensión política, social, ambiental
además de la económica. También implica partir de la condición humana que
es el referente principal en la construcción del espacio sudamericano, como
se enfatiza en materia de derechos humanos. Esas dimensiones se
encontrarán entonces transversalmente en diferentes ámbitos e instancias y
abarcará los diferentes temas. Un ejemplo de este tratamiento transversal de
temas en diferentes instancias surge del recientemente aprobado “Plan del
Sector Educativo del MERCOSUR 2006-2010”, donde se plantean cinco
objetivos estratégicos que atraviesan los distintos niveles educativos (básico,
tecnológico y superior), pero además donde se incluyen temas que son
condiciones y objetivos del proceso regional. En ese sentido, el primer
objetivo estratégico del Plan señala: “Contribuir a la integración regional
acordando y ejecutando políticas educativas que promuevan una ciudadanía
regional, una cultura de paz y el respeto a la democracia, a los derechos
humanos y al medio ambiente”. Como se señalara, la inclusión de este
objetivo implica que en los distintos niveles educativos se plantearán
acciones educativas y de capacitación en materia de derechos humanos,
democracia y medio ambiente, lo cual implica ir forjando una identidad
específica en esos temas que articule el pasado con el futuro en el tiempo
presente.
Finalmente, el intelectual para esa contribución debe estar identificado con el
cuidado de los valores en los ámbitos en que desarrolla sus actividades a
través de una actitud de compromiso y servicio. Ello marca una diferencia en
relación al compromiso intelectual de otras décadas: en el presente, la
aceptación del intelectual como de otros actores, es una prueba del día al día
en que la credibilidad y aceptación para la construcción de los nuevos
espacios regionales y las nuevas dinámicas comunitarias constituyen los
pilares necesarios. La credibilidad del intelectual pasa por su actitud de
servicio social y compromiso con el hombre y con todos. Es ese respeto hacia
la memoria ancestral, la historia de los pueblos sudamericanos, de sus
realizaciones y sufrimientos, hacia el entorno ambiental y humano que carga
diferentes memorias para armar que no se olvidan, que abre las puertas para
construcciones diferentes. Ese desafío para el intelectual significa una
superación de los egos al apelar al entorno, el erradicar los prejuicios
mentales para abrir el espacio a los valores legados de la madre tierra y el
saber escuchar por sobre todo las voces que nos han transmitido algunos
maestros en la los tiempos.
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Alberto Zum Felde (1943) El problema de la cultura americana. (Buenos Aires,
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*
Presidente de la Comisión Sectorial del MERCOSUR de la Universidad de la República.
Delegado nacional en el MERCOSUR educativo. Investigador del Programa de Política
Internacional y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de la República. Profesor del Instituto Artigas de Servicio Exterior del Ministerio
de Relaciones Exteriores. Consultor del Observatorio de Políticas Públicas de Derechos
Humanos en el MERCOSUR.