1
REVISTA ELETRÔNICA - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
2
EDITORIAL
A quinta edição da Revista Eletrônica Temas Atuais de Processo Civil é inaugurada
com o artigo La prueba Ilícita em el Proceso Civil Español, de autoria do professor espanhol
Juan Picó i Junoy, catedrático de direito processual, que traz diversas perspectivas de
abordagem do tema desde o direito espanhol.
Ainda no âmbito do direito probatório, Júlio César Ballerini Silva trata dos contornos
atuais e das novas questões da prova documental, dando ênfase ao tema no que diz respeito ao
projeto do novo Código de Processo Civil.
Na sequência, Haide Maria Hupffer e Valéria Koch Barbosa fazem uma análise do
ensino do processo civil a partir de um contraponto com o paradigma racionalista, na linha
das lições de Ovídio A. Baptista da Silva.
Fechando a revista, Gabriel Peixoto Dourado faz uma análise da eficácia prospectiva
das decisões judiciais e dos meios de estabiliadde das relações jurídicas à luz do projeto do
novo Código de Processo Civil.
Conjugando questões a respeitdo do projeto do novo Código de Processo Civil,
doutrina internacional sobre questões teóricas de grande relevância e a análise de questões
sobre o ensino e o desenvolvimento do direito processual, esperamos que esta edição continue
contribuindo para o estudo do processo civil. Uma ótima leitura!
Os Editores
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
3
SUMÁRIO
La Prueba Ilícita en el Proceso Civil Español........................................................................4
Joan Picó i Junoy
Contornos Atuais e Novas Questões sobre a Prova Documental no Processo Civil
Brasileiro – O Anteprojeto de Código de Processo Civil ....................................................34
Júlio César Ballerini Silva
O Resgate do Saber Histórico no Ensino do Direito Processual Civil como
Contraponto ao Paradigma Racionalista .............................................................................52
Haide Maria Hupffer e Valéria Koch Barbosa
A Eficácia Prospectiva das Decisões Judiciais e os Meios de Estabilidade das
Relações Jurídicas à Luz do Novo Código de Processo Civil .............................................75
Gabriel Peixoto Dourado
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
4
LA PRUEBA ILÍCITA EN EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL
Joan Picó i Junoy1
Sumario: Introducción. 2 ¿Qué es una prueba ilícita? 2.1 Concepto. Distinción entre prueba
ilícita y prueba ilegal; 2.2 El problema del alcance de la ilicitud probatoria: la doctrina de los
frutos del árbol prohibido o efectos reflejos de la prueba ilícita; a) Introducción; b) La falta de
recepción normativa en el art. 11.1 LOPJ; c) Inadmisión de los efectos reflejos de la prueba
ilícita: límites (art. 243 LOPJ y 230 LEC); 3 ¿Qué consecuencias se derivan de una prueba
ilícita? 3.1 Introducción; 3.2 Prohibición de admisión de la prueba ilícita. Reconsideración con la
nueva LEC; a) Significado; b)Efectos de la estimación de la “impugnación” de la prueba ilícita;
b.1.- Imposibilidad de subsanación de la prueba ilícita; b.2 Custodia de la prueba ilícita por parte
del Secretario Judicial; 3.3.- Prohibición de valoración de la prueba ilícita; a)Significado; b) El
problema del efecto psicológico de la prueba ilícita en el juzgador; 4 ¿Cuándo debe determinarse
judicialmente el caráter ilícito de una prueba? 4.1 ¿En la admisión de la prueba? 4.2 Durante el
curso del proceso con incidente contradictorio; 4.3 En la sentencia; 5 Conclusiones
1 Introducción
Uno de los temas probatorios más complejos que se plantean en la actualidad es el de la
ilicitud de las pruebas. Hace tiempo, en ocasión del estudio del derecho a la prueba, tuve ocasión
de analizar esta problemática2, que con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (LEC) ha
vuelto a adquirir protagonismo dada la confusión que han introducido sus arts. 283.3 y 287.
Por ello, el objetivo básico de este trabajo es definir el concepto de prueba ilícita dentro
del actual marco normativo español; las consecuencias procesales que del mismo se derivan; y
cómo debe realizarse el control judicial de estas pruebas3.
2¿Qué es una prueba ilícita?
1
Catedrático de Derecho Procesal. Director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Rovira i
Virgili (España)
2
PICÓ I JUNOY, J.: El derecho a la prueba en el proceso civil, edit. J. Mª. Bosch editor, Barcelona, 1996, pág.
367.
3
El tratamiento jurídico del tema de la prueba ilícita varía en función del concreto ordenamiento jurídico analizado,
como bien indica PARRA QUIJANO quien describe los diferentes modelos normativos a favor de la
inadmisibilidad de la prueba ilícita: los de tradición anglosajona -con sus reglas de exclusión-; los de tradición
romana -con el régimen de nulidades-; y los de tradición germánica –que se remiten a la potestad del juez para
determinar en cada caso concreto cuándo una prueba es ilícita (Manual de Derecho Probatorio, 14ª edic., edit.
Librería ediciones del profesional Ltda.., Bogotá, 2004, págs. 22 a 41).
5
2.1 Concepto. Distinción entre prueba ilícita y prueba ilegal
La ilicitud de la prueba es un límite extrínseco del derecho constitucional a la prueba4.
Como nos recuerda constantemente nuestro Tribunal Constitucional, estamos en presencia de un
derecho de configuración legal, motivo por el cual el legislador puede regular su ejercicio como
estime más oportuno (SSTC 121/2004, de 12 de julio, f.j. 2º; 88/2004, de 10 de mayo, f.j. 4º; et
altri).
La prueba ilícita es aquella cuya fuente probatoria está contaminada por la vulneración de
un derecho fundamental o aquella cuyo medio probatorio ha sido practicado con idéntica
infracción de un derecho fundamental5. En consecuencia, como puede comprobarse, el concepto
de prueba ilícita se asocia a la violación de los citados derechos fundamentales. Este concepto se
deduce de las siguientes dos normas:
a)
El art. 11.1 LOPJ establece: “[...] No surtirán efecto las pruebas obtenidas,
directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”.
Este precepto introdujo por primera vez en nuestro sistema procesal una norma que
formula, de manera expresa, la proscripción de la prueba ilícita. Del estudio de su iter
parlamentario6 se desprenden dos relevantes consideraciones: en primer lugar, la progresiva
reducción del alcance o ámbito de aplicación de la prueba ilícita a la estricta vulneración de un
4
En distintos trabajos he clasificado los límites del derecho a la prueba en intrínsecos y extrínsecos: los primeros, o
inherentes a la actividad probatoria, son aquellos que necesariamente deben concurrir en la prueba para que pueda
considerarse como tal, y son su pertinencia y utilidad; los segundos, se derivan del carácter procesal de este
derecho, y son aquellos exigidos por los normas de proposición que con carácter general –para cualquier prueba- o
con carácter específico –para cada medio probatorio- exige la Ley de Enjuiciamiento Civil. Desde esta misma
perspectiva, la ilicitud de la prueba la consideré como un límite intrínseco, si bien es cierto que, propiamente, nos
encontramos ante un límite extrínseco, ya que la prueba ilícita no deja de ser prueba, esto es, un mecanismo a través
del cual puede lograrse –en línea de principio- la convicción del juez acerca de los hechos litigiosos, si bien no es
válido su uso en méritos del debido respeto a los derechos fundamentales.
5
Este concepto se deduce de los propios trabajos parlamentarios del art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(L.O.P.J.), que regula el tema de la ilicitud probatoria, pues se utilizó el término genérico de "prueba" para referirse
a ambos conceptos, indistintamente, con cambios de denominación sin justificación alguna. De igual modo,
ASENCIO MELLADO entiende que "hay que hablar aquí de actividad en un sentido amplio. No sólo parece que
haya que incluir en este término la noción "fuente", sino igualmente, toda actuación que se realice sobre tal fuente y
el propio resultado de dicha labor" (Prueba prohibida y prueba preconstituida, edit. Trivium, Madrid, 1989, pág.
82); y en la misma línea, vid. GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N.: Proporcionalidad y derechos
fundamentales en el proceso penal, edit. Colex, Madrid, 1990, pág. 333 (nota 57); y VEGAS TORRES, J.:
Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal, edit. La Ley, Madrid, 1993, pág. 121, nota 128. Sin
embargo, PASTOR BORGOÑÓN (Eficacia en el proceso de las pruebas ilícitamente obtenidas, en “Justicia”,
1986, II, pág. 362) sostiene que el término "prueba" utilizado en el art. 11.1. L.O.P.J. únicamente hace referencia a
las fuentes de prueba (en la misma línea, vid. GONZALEZ MONTES, J.L.: La prueba obtenida ilícitamente con
violación de los derechos fundamentales, en “Revista de Derecho Procesal”, 1990, 1, págs. 39-40).
6
Efectuado en mi trabajo El derecho a la prueba en el proceso civil, ob. cit., págs. 311 a 315.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
6
derecho o libertad fundamental; y, en segundo lugar, la voluntad del legislador de recoger la
doctrina que sobre dicha problemática había formulado el Tribunal Constitucional en su
Sentencia 114/1984, de 29 de noviembre. Ambos datos deberán siempre tomarse en
consideración para resolver cualquier cuestión interpretativa que pueda suscitarse en la
aplicación de la mencionada norma.
b) El art. 287 LEC indica: “Ilicitud de la prueba.- 1. Cuando alguna de las partes
entendiera que en la obtención u origen de alguna prueba admitida se han vulnerado derechos
fundamentales habrá de alegarlo de inmediato, con traslado, en su caso, a las demás partes. Sobre
esta cuestión, que también podrá ser suscitada de oficio por el tribunal, se resolverá en el acto del
juicio o, si se tratase de juicios verbales, al comienzo de la vista, antes de que dé comienzo la
práctica de la prueba. A tal efecto, se oirá a las partes y, en su caso, se practicarán las pruebas
pertinentes y útiles que se propongan en el acto sobre el concreto extremo de la referida ilicitud.
2. Contra la resolución a que se refiere el apartado anterior sólo cabrá recurso de reposición, que
se intenpodrá, sustanciará y resolverá en el mismo acto del juicio o vista, quedando a salvo el
derecho de las partes a reproducir la impugnación de la prueba ilícita en la apelación contra la
sentencia definitiva”.
El claro panorama legislativo ha venido a oscurecerse por la literalidad del nuevo art.
283.3 LEC según el cual: “Nunca se admitirá como prueba cualquier actividad prohibida por la
ley”. Pese a la apariencia de haberse ampliado el alcance de la prueba ilícita7, ello no es así pues,
propiamente, dicha norma sólo viene a recoger un criterio de admisión de pruebas, ya que el
propio enunciado que inicia esta norma indica que estamos ante la “Impertinencia o inutilidad de
la actividad probatoria”, esto es, los criterios de admisión de pruebas. Por ello, el juez sólo puede
admitir aquella prueba que sea pertinente y útil (apartados 1º y 2º del art. 283 LEC), y además
que no esté prohibida por la ley” (apartado 3º del art. 283 LEC). Pero ¿Qué prueba está prohibida
por la ley?. Como hemos tenido ocasión de destacar, sólo lo está aquella obtenida vulnerando un
7
Entendiéndose como tal cualquier prueba basada en un elemento probatorio obtenido vulnerando cualquiera
precepto legal. Así lo entiende, por ejemplo, MORENO CATENA, para quien “intentando construir una
interpretación sistemática de los arts. 283 y 287 LEC, cabe sostener que la ley procesal maneja un concepto amplio
de prueba ilícita, como toda actividad prohibida por la ley [...]. En principio, por prueba ilícita debe entenderse toda
aquella prueba obtenida o practicada con vulneración relevante de las normas legales, ya sean constitucionales o de
legalidad ordinaria” (Comentario al art. 287, en “Proceso civil”, edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pág. 2228);
así como LÓPEZ SIMO, F., Disposiciones generales sobre la prueba, edit. La Ley, Madrid, 2001, págs. 93 y 94; o
GARCIMARTIN MONTERO, R., Comentario al art. 282, en “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol.
I, coord. F. Cordón Moreno, J. Muerza Esparza, T. Armenta Deu y I. Tapia Fernandez, edit. Aranzadi, Elcano,
2001, pág. 1013.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
7
derecho fundamental. En definitiva, dicha norma sólo recoge el principio de legalidad procesal
en materia probatoria, esto es, la sumisión del juez al procedimiento probatorio legalmente
previsto8, por lo que entiendo que el art. 283.3 LEC no establece un concepto amplio de prueba
ilícita, equiparándola a la violación de cualquier ley, sino que sólo se limita a establecer una
pauta de conducta del juez en orden a evitar que puedan infringirse las normas de procedimiento,
permitiendo la admisión de pruebas en contra de lo previsto en la LEC (así, por ejemplo, el
interrogatorio del colitigante respecto del cual no exista en el proceso oposición o conflicto de
intereses con el otro colitigante que solicita su interrogatorio –art. 301.1 LEC-; el informe
elaborado por profesionales de la investigación privada que no estén legalmente habilitados –art.
265.1.5ºLEC-; la aportación extemporánea de un documento o dictamen pericial de parte sin que
exista una norma de cobertura que lo permita –arts. 269, 270 y 336 LEC-; etc.). Si el proceso se
concibe como el medio para resolver jurisdiccionalmente los conflictos intersubjetivos,
disciplinado jurídicamente por un conjunto de normas y principios, ello conduce a sostener que
todo acto que infrinja dicho sistema debe ser excluido del mismo. En esta línea, RAMOS
MÉNDEZ destaca como "el proceso discurre desde su nacimiento hasta su terminación por
cauces previamente fijados" por lo que cuando "se desvía de los moldes jurídicos marcados por
el procedimiento y se desliza al margen de los mismos, los actos procesales son ineficaces"9.
En mi opinión, este es el concepto de prueba ilícita más acorde a nuestro marco
constitucional. El derecho a utilizar los medios probatorios pertinentes para la defensa obliga a
mantener un concepto de prueba ilícita lo más restrictivo posible al objeto de permitir que el
mencionado derecho despliegue su mayor eficacia y virtualidad. Ello significa limitar el alcance
de la prueba ilícita a la obtenida o practicada con infracción de derechos fundamentales10. Estos
8
En este sentido se pronuncian también MARTÍN OSTOS, J., Comentario al art. 283, en “Comentarios a la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil”, coord.A. Mª. Lorca Navarrete, vol. II, edit. Lex Nova, Valladolid, 2000, pág. 1764;
ASENCIO MELLADO, J.M., Comentario al art. 283, en “Proceso Civil Práctico”, T. IV, coord. V. Gimeno
Sendra, edit. La Ley, Madrid, 2001, pág. 1-48; y FERNÁNDEZ URZAINQUI, F.J.: Comentario al art. 283, en
“Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, vol. II, coord. M. A. Fernández-Ballesteros, J. Mª. Rifá
Soler, y J. F. Valls Gombau, edit. Iurgium-Atelier, Barcelona, 2001, pág. 1312.
9
RAMOS MÉNDEZ, F.: Derecho y Proceso, edit. Bosch, Barcelona, 1978, págs. 43 y 44.
10
En este sentido, SAINZ DE ROBLES y ALBÁCAR LÓPEZ afirman que "cobran en este punto un interés
trascendental las precisiones anteriormente hechas acerca del rango constitucional del derecho a la prueba, lo que
permitirá, en principio, pronunciarse en favor de la admisibilidad de las pruebas ilícitas, cuando los derechos y
normas violadas no alcancen aquél carácter" (El derecho a la prueba, en “Primeras Jornadas de Derecho Judicial”,
Presidencia del Tribunal Supremo, Madrid, 1983,pág. 600). De igual modo, GONZÁLEZ MONTES subraya que
"los límites del derecho a la prueba, consagrado constitucionalmente, tenían que suponer una infracción del mismo
nivel, esto es, sólo pueden ser tachados de ilícitos y no admisibles en el proceso aquellos medios de prueba en cuya
obtención se hubiera violado un derecho fundamental del mismo rango al menos o superior que el derecho a la
prueba" (ob. cit., pág. 31). Vid. también PASTOR BORGOÑÓN, B.: ob. cit., pág. 356.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
8
derechos constituyen los pilares básicos sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico
español, por lo que su vulneración tan sólo puede comportar, necesariamente, el rechazo más
absoluto, esto es, en nuestro caso, la imposibilidad de utilizarse dicha prueba11.
El problema surge respecto de la validez de las pruebas obtenidas con vulneración de una
norma que no tiene dicho rango constitucional, esto es, las que denomino pruebas ilegales.
A la vista de los distintos argumentos formulados para la defensa de la eficacia o
ineficacia de estas pruebas, y de acuerdo a nuestro marco normativo actual, estamos en
condiciones de mantener que, a priori, tales medios probatorios deben ser admitidos y valorados
en función, básicamente, de dos razonamientos: el primero se deriva de la voluntas legislatoris
de la L.O.P.J., y el segundo de la configuración constitucional del derecho a la prueba como
fundamental (art. 24.2 C.E.). Si junto al hecho de que nuestro legislador quiso que la única
limitación expresa de ineficacia de una prueba fuese la obtenida infringiendo derechos
fundamentales (art. 11.1 L.O.P.J.)12, observamos que el derecho a la prueba se encuentra
constitucionalizado al máximo nivel, ello me conduce a la conclusión de que no existe
interdicción del resto de las pruebas, esto es, las ilegales13.
Partiendo de la base de que en la adquisición del material probatorio no se ha infringido
derecho fundamental alguno, éste podrá ser, en principio, libremente valorado por el juzgador al
realizar la fundamentación fáctica de la sentencia, sin perjuicio de exigir la correspondiente
responsabilidad civil, penal o disciplinaria en que haya podido incurrir la persona que ha
realizado tal irregularidad14. Entendemos que el carácter de fundamental que la Constitución
11
Para una lectura crítica de esta opinión, vid. DE LA OLIVA, A.: Sobre la ineficacia de las pruebas ilícitamente
obtenidas, en “Homenaje a don Eduardo Font Serra”, T.I, Ministerio de Justicia, Madrid, 2004, págs. 96 a 100.
12
De los trabajos parlamentarios de la L.O.P.J. se desprende que el legislador restringió ex processo el ámbito de la
ineficacia probatoria a los medios de prueba logrados con infracción de derechos fundamentales, pues el Senado
modificó el texto inicialmente aprobado en el Congreso de los Diputados en el que dicha ineficacia se extendía a la
prueba obtenida "de modo contrario a la ética o al Derecho" (sobre este particular, vid. ampliamente mi trabajo El
derecho a la prueba en el proceso civil, ob. cit., pág. 311 a 315).
13
Además, con anterioridad a la redacción de la L.O.P.J., el Tribunal Constitucional en su sentencia 114/1984, de
29 de noviembre (f.j. 3º), declaró la inexistencia en nuestro ordenamiento de una regla que imponga la ineficacia
procesal de las pruebas obtenidas antijurídicamente. La ausencia de esta regla permite a priori la admisibilidad de
la prueba ilegal.
14
Estaremos en presencia de un acto procesal irregular pero no ineficaz. Al respecto, SERRA DOMÍNGUEZ
distingue entre ineficacia e irregularidad de los actos procesales, para referir esta última a "la ausencia en un acto
procesal de determinado requisito que, si bien determina la incorreción del acto y la subsiguiente imposición a su
titular de una sanción determinada, no impide la plena producción de sus efectos jurídicos. El acto irregular es
incorrecto, pero aun advertida de oficio o por las partes su incorrección no se perjudica su eficacia" (Actos
procesales irregulares, en sus “Estudios de Derecho Procesal”, edit. Ariel, Barcelona, 1969, pág. 468). De igual
modo, la doctrina italiana se refiere a la irregularidad procesal para designar aquel vicio del acto realizado con
infracción de la ley, que no impide la producción de sus efectos típicos (en este sentido, cfr. CONSO, G.: Il
concetto e le specie d'invalidità, Edit. Giuffré, Milano, 1955, pág. 24; DENTI, V.: Nullità degli atti processuali
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
9
otorga al derecho a la prueba, así como el interés del Estado en ofrecer una tutela judicial
efectiva, permiten al órgano jurisdiccional apreciar y valorar esta prueba ilegal15. En este sentido,
la STC 114/1984 de 29 de noviembre (f.j. 4º), afirma: "[...] Estas últimas (las garantías -por el
ordenamiento en su conjunto- de las situaciones jurídicas subjetivas de los ciudadanos) acaso
puedan ceder ante la primera (la necesaria procuración de la verdad en el proceso) cuando su
base sea estrictamente infraconstitucional, pero no cuando se trate de derechos fundamentales
que traen su causa, directa e inmediata, de la norma primera del ordenamiento"16. De igual
modo, la sentencia de la Audiencia Provincial (SAP) de Barcelona de 3 de noviembre de 1992
(Sección 15ª, de lo Civil), acerca de la aportación de una carta lograda mediante engaño, y tras
recoger la doctrina constitucional según la cual "no existe en nuestro sistema un derecho
fundamental autónomo a que no se propongan en contra pruebas de origen o desarrollo
antijurídico", afirma que "ninguna infracción de derecho fundamental se advierte en este proceso
(civil) [...] por el hecho de que un detective siguiera por la calle a una persona sospechosa e
informara de sus salidas o porque con engaño, hubiera obtenido de ella una carta"17.
2.2 El problema del alcance de la ilicitud probatoria: la doctrina de los frutos del árbol
prohibido o efectos reflejos de la prueba ilícita
a) Introducción
La doctrina de los frutos del árbol prohibido viene a determinar la ineficacia jurídica de
aquellas pruebas válidamente obtenidas pero que se derivan de una inicial actividad vulneradora
de un derecho fundamental.
civili, en “Novissimo Digesto Italiano”, T. XI, Edit. UTET, Torino, 1965, pág. 478; MANDRIOLI, C.: Sulla
nozione di «irregolarità» nel processo civile, en “Rivista di diritto processuale”, I/1977, págs. 509 y ss.; y ORIANI,
R.: Nullità degli atti processuali (Diritto processuale civile), en “Enciclopedia Giuridica”, Istituto della
Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani, T. XXI, Roma, 1990, pág. 6).
15
En este orden de ideas se pronuncia también BARBOSA MOREIRA: Alguns problemas atuais da prova civil, en
“Revista de Processo”, núm. 53, 1989, págs. 122-124.
16
En esta línea, el auto del Tribunal Supremo (ATS) de 18 de junio de 1992, (f.j.4º), establece: "Como no toda
infracción de las normas procesales reguladoras de la obtención y práctica de pruebas puede conducir a esa
imposibilidad (de valoración de las pruebas obtenidas con infracción de derechos fundamentales), hay que concluir
que sólo cabe afirmar que existe prueba "prohibida" (ilícita) cuando se lesionan los derechos que la Constitución
ha proclamado como fundamentales.". De igual modo, vid. la sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 2 de julio
de 1993, f.j. único (Ar. 5703).
17
Sentencia recogida por MUÑÓZ SABATÉ, Ll: Técnica probatoria, 4ª ed. Praxis, Barcelona, 1993, págs. 81 y
83.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
10
b) La falta de recepción normativa en el art. 11.1 LOPJ
La mayoría de la doctrina y jurisprudencia española entienden que en España ha sido
acogida la teoría de origen norteamericano de la fruit of the poisonous tree doctrine (o doctrina
de los efectos reflejos de la prueba ilícita)18, en virtud de los términos “directa o indirectamente”
que emplea el art. 11.1 LOPJ19-20.
Sin embargo, en mi opinión, esta teoría no ha sigo acogida por el art. 11.1 LOPJ. Para
comprender en sus justos términos la expresión “directa o indirectamente”, es hace necesario
partir de la doctrina fijada en la STC 114/1984, de 29 de noviembre, de la cual trae causa
inmediata y directa la redacción final del precepto objeto de estudio21. En esta sentencia se
relacionan constantemente los conceptos de fuente de prueba e infracción directa de un derecho
fundamental. De este modo, destaca que "la hipotética lesión de los derechos reconocidos en el
art. 18.3 de la Constitución Española no podría imputarse -con carácter directo e inmediato- a
las resoluciones judiciales, sino [...] a los actos extraprocesales [...] la lesión no podría referirse
directa e inmediatamente a la actuación judicial" (f.j. 1º). Igualmente señala que "el
razonamiento del actor parece descansar en la equivocada tesis de que existe una consecutividad
lógica y jurídica entre la posible lesión extraprocesal de su derecho fundamental y la pretendida
18
Para un estudio de esta doctrina norteamericana me remito a mis estudios Nuevas perspectivas sobre el alcance
anulatorio de las pruebas ilícitas, en “La Ley”, 1997, T.I, págs. 1871 a 1879; y El derecho a la prueba en el
proceso civil, ob. cit., págs. 355 a 359; así como los recientes trabajos de FIDALGO GALLARDO, C.: Las pruebas
ilegales: de la exclusionary rule estadounidense al artículo 11.1 LOPJ, edit. Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid, 2003; MARTÍNEZ GARCÍA, E.: Eficacia de la prueba ilícita en el proceso penal, edit.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, págs. 63 a 106; MIRANDA ESTRAMPES, M.: La regla de exclusión de la
prueba ilícita: historia de su nacimiento y de su progresiva limitación, en “Jueces para la Democracia”, núm. 47,
julio, 2003, págs. 53 a 66; o DÍAZ CABIALE, J.A., y MARTÍN MORALES, R.: La garantía constitucional de la
inadmisión de la prueba ilícitamente obtenida, edit. Civitas, Madrid, 2001, págs. 70 a 134.
19
En este sentido, cfr. ASENCIO MELLADO, J.M.: Prueba prohibida ..., ob. cit., pág. 89; GONZÁLEZCUELLAR SERRANO, N.: ob. cit., pág. 334 (nota 59); LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T.: ob. cit., pág. 98; id.:
Nulidad de las fuentes de prueba obtenidas mediante una intervención telefónica, en “Estudios de Jurisprudencia”,
núm. 2, septiembre 1992, pág. 36; FERNÁNDEZ ENTRALGO, J.: Prueba ilegítimamente obtenida, en “La Ley”,
1990, 1, pág. 1204; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J.: Las escuchas telefónicas y la prueba ilegalmente obtenida,
edit. Akal, Madrid, 1989, págs. 147-148; CLIMENT DURAN, C.: Sobre la prueba prohibida: invalidez de la
prueba lícitamente realizada a partir de una anterior prueba ilícitamente obtenida, en “Revista General del
Derecho”, núm. 560, mayo, 1991, pág. 2552; DÍAZ CABIALE y MARTÍN MORALES: ob. cit., pág. 71;
FIDALGO GALLARDO, C.: ob. cit., pág. 35; o MARTÍNEZ GARCÍA, E.: ob. cit., pág. 76.
Respecto a la jurisprudencia, vid. las SSTC 22/2003, de 10 de febrero, f.j. 10ª; 149/2001, de 27 de junio, f.j. 3º; o la
81/1998, de 2 de abril, f.j. 4º.
20
La adopción de esta doctrina norteamericana ha obligado a nuestro TC ha crear una nueva teoría, denominada
de la “conexión de antijuricidad”, en orden a evitar la desproporcionalidad que genera su aplicación ilimitada,
como puede comprobarse en sus sentencias 22/2003, de 10 de febrero; 149/2001, de 27 de junio; 138/2001, de
18 de junio; entre otras.
21
Al respecto, vid. ampliamente mi trabajo El derecho a la prueba en el proceso civil, ob. cit., págs. 311 y ss.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
11
irregularidad procesal de admitir la prueba obtenida a partir de aquella lesión. Sin embargo, el
acto procesal podrá haber sido o no conforme a Derecho, pero no cabe considerarlo como
atentatorio, de modo directo, de los derechos reconocidos en el art. 18.3 de la Constitución" (f.j.
1º), para concluir indicando que "la pretendida lesión jurisdiccional de los derechos reconocidos
en el art. 18.3 de la Constitución carece de fundamento en este caso y no es posible imputar a las
resoluciones impugnadas una conculcación directa e inmediata del derecho del recurrente al
secreto de sus comunicaciones" (f.j. 2º in fine). Tras este planteamiento, la citada resolución del
TC sostiene que sólo en el supuesto de admitirse jurisdiccionalmente dicha fuente de prueba se
da origen a la vulneración de otros derechos fundamentales distintos de los que han sido ya
infringidos para la obtención de la fuente probatoria. Concretamente, pone de manifiesto que es
otro problema el que "suscita el recurso a propósito del artículo 24.2 de la Constitución, puesto
que en este punto posee una consistencia inicial el reproche dirigido a las actuaciones del
juzgador y, específicamente, a la admisión por éste de una prueba tachada por la parte -en
casación y ante este Tribunal- de ilegítima [ilícita], por atentatoria a los derechos reconocidos en
el art. 18.3 de la Constitución, pues si la ilicitud en la obtención de la prueba fuese cierta y si
fuese posible inferir de nuestro ordenamiento una regla que imponga su ineficacia procesal,
habría que concluir que la decisión jurisdiccional basada en tal material probatorio pudo afectar a
los derechos fundamentales del recurrente a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 de la
Constitución) y, en relación con ello, al derecho a la igualdad de las partes en el proceso (art. 14
de la Constitución) [f.j. 3º ab initio]"22. En definitiva, de esta doctrina constitucional –básica para
comprender el verdadero alcance del art. 11.1 LOPJ que, como he indicado, trae causa directa de
la citada sentencia del Tribunal Constitucional- se desprende la siguiente conclusión: es nulo
todo elemento probatorio logrado directamente con vulneración de derechos fundamentales23, así
como también lo es el medio de prueba mediante el cual pretende introducirse el citado elemento
probatorio en el proceso, pues ello implica vulnerar indirectamente otros derechos fundamentales
22
E insiste en el f.j. 5º que "constatada la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas con violación de derechos
fundamentales, su recepción procesal implica una ignorancia de las «garantías» propias al proceso (art. 24.2 de la
Constitución) implicando también una inaceptable confirmación institucional de la desigualdad entre las partes en
el juicio (art. 14 de la Constitución), desigualdad que se ha procurado antijurídicamente en su provecho quien ha
recabado instrumentos probatorios en desprecio a los derechos fundamentales de otro".
23
El f.j. 4º de la citada sentencia destaca la "nulidad radical de todo acto -público o, en su caso, privado- violatorio
de las situaciones jurídicas reconocidas en la sección primera del capítulo segundo del Título I de la Constitución".
De este modo, el TC no limita el alcance de la prueba ilícita a las fuentes probatorias obtenidas por funcionarios
públicos, como ocurre en otros ordenamientos jurídicos –como el norteamericano-, sino que también lo extiende a
las logradas por los particulares.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
12
(en concreto, los referentes al proceso con todas las garantías y a la igualdad de las partes).
Mediante la expresión "directa o indirectamente", el legislador ha pretendido recoger, de manera
no muy afortunada, la doctrina constitucional anteriormente expuesta, destacando la ineficacia
procesal de todo elemento probatorio para cuya obtención se haya infringido directamente un
derecho fundamental (ejemplo, la inviolabilidad del domicilio o la integridad física o psíquica de
las personas), así como también la ineficacia del medio de prueba a través del cual se intenta dar
entrada en el proceso a dicho elemento probatorio, ya que ello supone indirectamente conculcar
otros derechos fundamentales (así, los referentes al proceso con todas las garantías y a la
igualdad de las partes)24.
Además, la doctrina de los "frutos del árbol prohibido" supone un límite a la eficacia y
virtualidad del derecho a la prueba, configurado como fundamental en nuestra norma normarum
(art. 24.2 C.E.) lo que obliga, como reiteradamente destaca el Tribunal Constitucional, a efectuar
una lectura restrictiva del mismo. En el presente caso, esta interpretación me conduce a negar
que el art. 11.1. L.O.P.J. suponga la consagración legal de los efectos reflejos de la prueba
ilícita25.
Finalmente, el nuevo art. 287 LEC que regula la “ilicitud de la prueba” en el proceso civil
en ningún momento recoge la doctrina de los frutos del árbol prohibido. Siendo consciente el
legislador de la problemática que ha generado la admisión o rechazo de dicha doctrina, su falta
de inclusión debe interpretarse como voluntad expresa de su no recepción26.
Partiendo de lo antedicho ¿Significa ello que en España se admite la eficacia de todo lo
obtenido de forma refleja de una prueba ilícita?. La respuesta debe ser negativa como
seguidamente paso a analizar.
24
Si bien es cierto que la STC 64/86, de 21 de mayo (f.j. 2º), declara que la admisión o práctica de una prueba
ilícita debe reconducirse a la regla de la interdicción de la indefensión, no lo es menos que esta resolución es
posterior a la fecha de elaboración de la L.O.P.J., por lo que no sirve para interpretar la voluntas legislatoris del
redactor del citado texto normativo.
25
En este sentido, DE MARINO destaca que la aceptación de esta doctrina "limitaría el derecho a la prueba de
manera inconveniente" (Los problemas probatorios como límite del Derecho a la prueba, en “Primeras Jornadas de
Derecho Judicial”, Presidencia del TS, Madrid, 1983, pág. 619). Por otro lado, algunos autores, si bien no se
pronuncian al respecto, destacan la duda sobre la recepción en nuestro ordenamiento jurídico de la doctrina
estadounidense aquí analizada (así, por ejemplo, cfr. ORTELLS RAMOS, M., en AAVV: Derecho Jurisdiccional,
T.III, edit. J. Mª. Bosch, Barcelona, 1994, pág. 325).
26
En contra también podría entenderse que se trata de un olvido o error del legislador, si bien en este caso debería
razonarse debidamente este lapsus legislativo.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
13
b) Inadmisión de ciertos efectos reflejos de la prueba ilícita: límites (art. 243 LOPJ y 230
LEC)
Tan sólo existe, en mi opinión, un argumento legal en el que puede apoyarse la vigencia
de ciertos efectos reflejos de la prueba ilícitamente obtenida, y éste no viene dado por el art. 11.1
L.O.P.J., como he examinado, sino por el art. 243 del mismo Texto Normativo, que declara
inválidos los actos que se deriven y sean dependientes de otros declarados nulos. En concreto,
establece: “"1.- La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que fueren independientes
de aquél ni la de aquellos cuyo contenido hubiese permanecido invariable aun sin haberse
cometido la infracción que dio lugar a la nulidad. 2.- La nulidad de parte de un acto no implicará
la de las demás del mismo que sean independientes de aquélla". Y de igual modo, el art. 230
LEC prevé un contenido muy similar al transcrito27.
No obstante, la aplicación de estos preceptos debe limitarse en la medida en que en ellos
tiene su acomodo normativo, precisamente, el principio contrario a la expansión de las nulidades,
esto es, el de conservación de los actos. Este principio, conjuntamente con la necesidad de no
reducir la eficacia del derecho constitucional a la prueba, me conduce a exigir la concurrencia de
dos requisitos para que puedan tener lugar los mencionados efectos reflejos:
a) En primer lugar, la dependencia, es decir, debe existir una relación de causalidad directa e
inmediata entre la ilicitud en la obtención de la prueba y el resultado logrado posteriormente
merced a dicha ilicitud;
b) Y, en segundo lugar la imposibilidad de su obtención por otros medios legales, razón por la
cual estos efectos no entran en juego cuando el resultado logrado hubiese sido obtenido,
igualmente, por otras vías diferentes a la utilizada28. Si bien es cierto que este segundo requisito
comporta la necesidad de efectuar juicios hipotéticos acerca de la probabilidad que existía de
acceder a los datos e informaciones logrados a través de la mencionada prueba, no lo es menos
que tales juicios deberán ser oportunamente razonados por el juzgador en su sentencia, siendo de
este modo controlables mediante los correspondientes recursos29.
27
Art. 230 LEC: “Conservación de los actos.- 1. La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos que
fueren independientes de aquél ni la de aquelllos cuyo contenido no pudiere haber sido distinto en caso de no
haberse cometido la infracción que dio lugar a la nulidad. 2. La nulidad de parte de un acto no implicará la de las
demás del mismo acto que sean independientes de aquélla”.
28
Como indiqué con anterioridad, en esta línea restrictiva se muestra la propia jurisprudencia estadounidense
creadora de la fruit of the poisonous tree doctrine (cfr. mi trabajo El derecho a la prueba en el proceso civil, ob. cit.,
págs. 358-359).
En este sentido se pronuncia, de entre nuestros autores, DE MARINO, para quien "podría reducirse la ineficacia, en
estos casos, a los supuestos en que tales elementos de prueba no hubieran podido obtenerse por un procedimiento
lícito. Restringiendo o ampliando la validez, según se presumiera o no la obtenibilidad legítima" (ob. cit., pág. 619).
En parecidos términos, vid. CLIMENT DURAN, C.: ob. cit., págs. 2553-2554.
29
Además, especialmente en el orden penal, con ello se evitan eventuales actuaciones fraudulentas e injustas del
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
14
En esta línea parece pronunciarse alguna resolución del TS. Así, la Sentencia de 1 de
marzo de 1994, f.j. 2º (Ar. 1765), omitiendo en todo momento el art. 11.1 L.O.P.J., destaca que
“si bien es cierto que el registro practicado sin la asistencia del Secretario judicial o del que haga
sus veces incumple lo prevenido en el art. 569 LECrim y por ello constituye una diligencia
procesalmente invalidada y carente de los efectos probatorios que de ella se derivarían de
haberse cumplido las prescripciones que la ley de ritos prevé para su celebración, no lo es menos
que tal irregularidad afecta sólo a la diligencia concreta en la que concurre, pero ni se contagia
al resto de las actuaciones procesales, si los ritos a ellas aplicables se han cumplido, los que,
por el principio de conservación de los actos (art. 242 LOPJ) mantienen los efectos que les son
propios, ni impide que los datos que pretendían probarse por la diligencia de registro irregular y
que ésta ya no puede acreditar al perder sus efectos, sean susceptibles de ser probados por otra
actividad probatoria practicada en la causa [...]"30.
presunto delincuente. Así -destaca PASTOR BORGOÑÓN- "basta con inducir a la persona que está buscando y
recogiendo las fuentes de prueba a que incumpla alguno de los requisitos legales, previstos para que la actuación
restrictiva de un derecho fundamental sea admisible, para invalidar toda su labor posterior de investigación
derivada, en mayor o menor medida, de las informaciones obtenidas con la conducta irregular" (ob. cit., pág. 360).
De igual modo, LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, T.: ob. cit., pág. 98; y CLIMENT DURÁN, C.: ob. cit., pág.
2554.
30
La cursiva es mía. El presente razonamiento aparece recogido por el TS para dar validez a elementos probatorios
logrados durante la práctica de una diligencia de entrada y registro y que acreditan la existencia de un delito distinto
a aquél que es objeto de investigación judicial. De este modo, la STS de 18 de febrero de 1994 (Ar. 2314) afirma en
el f.j. 1º: "[...] carece de razón la Defensa cuando afirma que el hallazgo casual de pruebas de otro delito que el que
ha motivado las diligencias sumariales quita a tales pruebas validez. En efecto, si las pruebas casualmente halladas
hubieran podido ser obtenidas mediante el procedimiento en el que se las encontró, nada impide que tales pruebas
sean valoradas. Por lo tanto, aunque el auto que autorizó la entrada y registro establezca que la misma se otorga
«tan sólo al objeto de comprobar la existencia de estupefacientes», la valoración de pruebas obtenidas en dicha
diligencia relativas a la tenencia ilícita de armas y demás delitos diversos por los que el recurrente fue finalmente
condenado, es ajustada a derecho, pues tales pruebas hubieran podido ser obtenidas por medio de una diligencia
de entrada y registro" (la cursiva es mía). De igual modo, podemos mencionar la STS de 28 de marzo de 1995, f.j.
4º (Ar. 2246), según la cual: "Ha de quedar claro al respecto que la prueba ilegítimamente obtenida puede no viciar
a las restantes investigaciones siempre que sea posible la consiguiente desconexión causal entre unas y otras. Pudo
pues existir, y existió, una línea de investigación ilegítima pero ello no empece para que otras pruebas, sin relación
con la ineficaz, acrediten suficientemente los hechos acaecidos [...] como dice el artículo 242 de igual Ley Orgánica
(del Poder Judicial), la nulidad del acto no implica la de los sucesivos que fueren independientes de aquél".
Igualmente, la STS de 18 de enero de 1994, f.j. 1º (Ar. 29), sin mencionar el art. 11.1 L.O.P.J., destaca: "[...] se
denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, por entender que la prueba que sirvió de base a la
condena fue consecuencia de un registro practicado en el bar que, a su vez, trajo causa de unas conversaciones
telefónicas que el Tribunal declaró nulas, por lo que toda la prueba debe ser considerada como tal. Es un problema
complejo, y no exento de dificultades, determinar cuál es el alcance de la declaración de nulidad de una prueba. Es
evidente que, de una actividad que se declara radicalmente nula, nada puede obtenerse con vistas a una condena,
pero también lo es que tampoco es aceptable afirmar que si una prueba se declara nula la absolución es ya
irremediable. Se daría así el contrasentido de que todo acusado recibiría con alborozo la práctica de una prueba nula
porque con ella estaría garantizada la imposibilidad de condena. Las pruebas no contaminadas son válidas y nada
puede objetarse respecto de ellas. Así la propia declaración del imputado reconociendo sin precisión alguna el
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
15
De igual modo, debemos destacar la STC 85/1994, de 14 de marzo. En esta resolución, se
declara el carácter ilícito de las presunciones utilizadas por el juzgador para condenar al
recurrente, pues las mismas traían causa de una serie de datos que no podían lograrse al margen
de la intervención telefónica ilícitamente practicada. Así, en el f.j. 4º afirma que “al no poderse
valorar, dada su procedencia constitucionalmente ilícita, los indicios considerados como tales por
el órgano judicial, es evidente que dicho razonamiento lógico [se refiere al utilizado para
fundamentar la sentencia condenatoria] queda con ello afectado, pues, por sí sola, la ocupación
de la droga en poder de la menor no puede estimarse prueba suficiente para acreditar el hecho de
tráfico que se imputa a los recurrentes. Máxime cuando, como es el caso, dicho indicio no habría
podido obtenerse sin saber previamente que la citada menor iba a realizar el recorrido indicado
transportando «algo» desde el domicilio de los recurrentes al suyo propio, hecho éste del que se
tuvo conocimiento a través de la vulneración del derecho fundamental al secreto de las
comunicaciones.
Esa derivación inmediata de la prueba inconstitucionalmente obtenida impide considerar
a este indicio como prueba de carácter independiente, legalmente obtenida".
En definitiva, como puede comprobarse, con la simple aplicación de las normas
reguladoras de las nulidades procesales, esto es, los arts. 243 LOPJ y 230 LEC, es totalmente
innecesario acudir a figuras extrañas, como la de la fruit of the poisonous tree doctrine, y crear
nuevas teorías, como la de la “conexión de antijuricidad”, para limitar su posterior eficacia.
3 ¿Qué consecuencias se derivan de una prueba ilícita?
3.1.- Introducción
Como se deduce de la literalidad del propio art. 11.1 L.O.P.J., al establecer que las
pruebas ilícitas “no surtirán efecto" la consecuencia más relevante de las mismas es la
prohibición de otorgarles efecto alguno. Esta ineficacia puede manifestarse, en principio, en dos
momentos procesales distintos: uno inicial, en la admisión del elemento probatorio; y otro final,
durante la valoración judicial de la prueba desarrollada en el proceso, esto es, en la emisión del
juicio jurisdiccional.
hecho, las declaraciones testificales autónomas, es decir, no asociadas a la prueba nula [...]".
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
16
3.2 Prohibición de admisión de la prueba ilícita. Reconsideración con la nueva LEC
a) Significado
Como ya sabemos, el art. 11.1 L.O.P.J establece que la prueba ilícita “no surtirá efecto”,
por lo que una primera lectura del mismo podría hacernos pensar que únicamente se refiere al
momento de valorar el resultado de un medio probatorio, momento en el que el referido precepto
impediría al órgano jurisdiccional extraer consecuencia alguna de la prueba ilícita. Sin embargo,
en otro estudio entendí que dicho planteamiento resultaba incorrecto ya que no tenía sentido
admitir una prueba para seguidamente impedirle que desplegase sus efectos, motivo por el cual
consideré que la prueba ilícita debía inadmitirse ab initio31.
Frente a esta regulación, la nueva LEC ha venido a completarla, y así el art. 287 LEC,
regulador de la prueba ilícita, se refiere a ella cuando haya sido “admitida”, motivo por el cual
debemos entender que el juez no puede pronunciarse ex officio sobre este punto e inadmitir ab
initio una prueba por ilícita. Si ello es así debemos preguntarnos: ¿Qué sentido tiene esta peculiar
regulación en la que primero se admite la prueba para, con posterioridad, declarar su ineficacia
por ilícita?. Probablemente el legislador al formular esta regulación ha sido consciente de dos
hechos: la extrema dificultad externa de apreciar in limine la ilicitud de la prueba sin una previa
denuncia por la parte perjudicada; y la oportunidad –y necesidad- de articular un incidente
contradictorio en el que discutir y verificar la ilicitud de la prueba. Con esta nueva regulación, el
legislador ha querido evitar que el juez realice prejuicios frustrantes del derecho a la prueba, por
lo que respetando la eficacia de este derecho, prefiere que el litigante perjudicado por la presunta
ilicitud de una prueba pueda defenderse. En todo caso, entiendo que si el juez aprecia
inicialmente esta presunta ilicitud de la prueba, deberá admitirla e iniciar el procedimiento
incidental contradictorio previsto en el art. 287 LEC y que analizaremos posteriormente.
b Efectos de la estimación de la “impugnación” de la prueba ilícita
31
De igual modo, en esta línea, tanto la STC 114/1984, de 29 de noviembre (f.j. 4º), como el ATC 899/1985, de 13
de diciembre (f.j. 4º), destacan expresamente "la imposibilidad de admitir en el proceso una prueba obtenida
violentando un derecho fundamental o una libertad pública" (la cursiva es mía).
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
17
b.1.- Imposibilidad de subsanación de la prueba ilícita
Como consecuencia lógica de la nulidad de toda prueba ilícita, se deriva la imposibilidad
de cualquier tipo de subsanación32, por lo que el principio de conservación de los actos jurídicos
imperfectos33, entendido como utilización de un acto imperfecto a los mismos efectos que el
correspondiente acto perfecto34, no despliega ningún tipo de virtualidad35.
Ello significa que la ilicitud de la prueba:
a) Es total y plena, no pudiéndose utilizar en nada para acreditar el hecho controvertido. Así, la
STS de 13 de diciembre de 2004 (LA LEY JURIS 1904537/2004), en su f.j. 2º, afirma: “En
síntesis, la sentencia de instancia declara nulas las declaraciones de las tres personas absueltas
pero las recupera en una especie de sanación en raíz parcial y a posteriori dándoles el valor de
testifical en cuanto a las imputaciones que en aquellas se contienen contra el recurrente [...]. Tal
proceder es totalmente inadmisible. En primer lugar, las declaraciones declaradas nulas lo son de
forma total y absolutas, no pudiendo ser nulas en algunos aspectos –los que incriminan a los
declarantes- y válidos en otros –en cuanto incriminan al recurrente-. Tal división ignora la radicas
unidad de toda declaración cuya validez no puede ser troceada. Si hubo nulidad lo es en su
integridad”.
b) Y no puede convalidarse ni explícita ni implícitamente. Así,
- En el primer caso, no puede convalidarse la prueba ilícita ofreciendo al litigante perjudicado por
la misma la posibilidad de defenderse y contradecir su contenido36. En mi opinión, es un error
relacionar el tema objeto de estudio únicamente con la actividad probatoria en la que se ha
infringido el derecho de defensa y contradicción, esto es, con independencia de que en la
obtención del elemento probatorio haya sido vulnerado un derecho fundamental.
Afortunadamente este planteamiento ha sido acogido por el TS, que reconociendo el valor del
contradictorio en materia probatoria, lo limita a las pruebas susceptibles de ser valoradas por el
juzgador, de las que se excluyen aquéllas obtenidas con infracción de los arts. 14 a 29 C.E.. En
otras palabras, no permite que un elemento probatorio ilícitamente logrado, por el mero hecho de
someterse a contradicción en juicio, pueda ser "subsanado" y tomado en consideración por el
órgano jurisdiccional. Así, la STS de 14 de marzo de 1991, f.j. 2º (Ar. 2133), con referencia al
proceso penal (aplicable, de igual modo, al civil), señala: "[...] Las pruebas, como tantas veces se
ha dicho han de verse en el juicio oral y público para que contradictoriamente puedan las partes
32
En este sentido, con carácter general, vid. SERRA DOMÍNGUEZ, M.: Actos procesales ineficaces, ob. cit., págs.
461 y 466; MORÓN PALOMINO, M.: La nulidad en el proceso civil, edit. Nereo, Barcelona, 1962, págs. 203-204;
o VERGÉ GRAU, J.: La nulidad de actuaciones, edit. Bosch, Barcelona, 1987, págs. 64-65. Con referencia a la
doctrina italiana cfr., especialmente, CONSO, F.: "Il concetto e le specie d'invalidità", ob. cit., pág. 28; DENTI, V.::
Nullità degli atti processuali civili, ob. cit., pág. 473; VIGORITI, V.: Prove illecite e Costituzione, en “Rivista di
diritto processuale”, 1968, I, págs. 70-71; ORIANI, R.: Nullità degli atti processuali (Dir. proc. civ.), ob. cit., pág.
13; o ANGELONI, F.: Le prove illecite, edit. CEDAM, Pavoda, 1992, pág. 120.
33
Acerca de este principio vid. CONSO, G. : Il concetto e le specie d'invalidità, ob. cit., págs. 19 y ss..
34
Así, CONSO, G.: ob. cit., págs. 28-29.
35
En estos términos se pronuncian CONSO, G.: ob. cit., pág. 28; PIERO, G.: Una nuova specie d'invalidità:
l’inutilizzabilità degli atti processuali penali, edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1992, pág. 169; y GALANTINI,
N.: L'inutilizzabilità della prova nel processo penale, edit. CEDAM, Padova, 1992, págs. 260-261.
36
Por convalidación, siguiendo a GUASP DELGADO, entiendo "aquella específica actividad que tiende a remediar
la ineficacia de un acto originada por su invalidez" (Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, T.I, edit.
Aguilar, Madrid, 1943, pág. 693, nota 1).
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
18
rebatirlas por los medios que estimen oportunos aunque después el Tribunal tenga plena libertad
para valorarlas conforme al art. 741, siempre en todo caso sobre pruebas que cumplan las
exigencias constitucionales más elementales -Sentencias de 4 y 18 de diciembre de 1990 (R. 9405
y 9557) entre otras- [...]".
- Y tampoco cabe ningún tipo de convalidación implícita de la prueba ilícita derivada de la actitud
pasiva del litigante que, perjudicado por la prueba ilícita, no denuncia su existencia, pues el
carácter absoluto de la prohibición contenida en el artículo 11.1 L.O.P.J. comporta la plena
ineficacia de la misma. Además, como destaca CAPPELLETTI37, las normas que disponen la
inadmisibilidad, o fijan los límites objetivos y subjetivos de la admisión de pruebas, son normas
de orden público, de ius cogens, por lo que la disponibilidad de las mismas por parte de los
litigantes no despliega ninguna virtualidad, siendo su vulneración apreciable ex officio por el
órgano jurisdiccional38.
Finalmente, estimamos de interés formular tres últimas observaciones:
a) En primer lugar, debemos destacar el diferente tratamiento jurídico que debe merecer
la irregularidad producida en la práctica de una prueba que sea susceptible de provocar la
infracción de alguna de garantía procesal constitucionalizada en el art. 24 C.E. (así, ad
exemplum, la prueba desarrollada sin notificación a la parte contraria para que puede
oportunamente intervenir en la misma, vulnerándose con ello lo prescrito en los arts. 295.1,
354.2 y demás concordantes de la L.E.C., o la prueba pericial cuando se impide la concurrencia
de alguno de los litigantes en contra de lo establecido en el art. 345.2 L.E.C.). En estos supuestos,
37
CAPPELLETTI, M.: Efficacia di prove illegittimamente ammesse e comportamento della parte, en “Scritti in
onore di A.C. Jemolo”, T.II, edit. Giuffrè, Milano, 1963, pág. 181.
38
En este sentido, se pronuncian en Italia DENTI, V.: Nullità degli atti processuali civili, ob. cit., pág. 473 (nota 7);
CAPPELLETTI, M.: Efficacia ..., ob. cit., pág. 182; PIERO, G.: Una nuova specie d'invalidità ..., ob. cit., págs. 56
y 169; y GALANTINI, N.: L'inutilizzabilità della prova, ob. cit., pág. 255. Y en España, PRIETO-CASTRO Y
FERRÁNDIZ, L.: Pactos privados sobre la prueba, en “Trabajos y orientaciones de Derecho Procesal”, edit.
EDERSA, Madrid, 1954, págs. 270-271; SERRA DOMÍNGUEZ, M.: Actos procesales ineficaces, ob. cit., pág.
462; id.: Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales (arts. 1214 a 1253), T. XVI, vol. 2º, 2ª ed., edit.
EDERSA, Madrid, 1991, págs. 31 a 34 y 103; DE MARINO, R.: ob. cit., pág. 618; PASTOR BORGOÑÓN, B.:
ob. cit., pág. 363; id.: La prueba ilegalmente obtenida, en “La restricción de los derechos fundamentales de la
persona en el proceso penal”, Cuadernos de Derecho Judicial, C.G.P.J., Madrid, 1993, pág. 210; y FERNÁNDEZ
ENTRALGO, J.: ob. cit., pág. 1.205.
En contra de la apreciación ex officio, vid. GIMÉNEZ PERICAS, para quien los derechos fundamentales "son
derechos individuales, subjetivos, que para su reconocimiento en cada caso concreto, deben ser esgrimidos [...] si
no se alega ante el Tribunal la vulneración específica de un derecho fundamental lesionado por una actuación
irregular o tajantemente ilegal en la obtención de la fuente de prueba la parte hipotéticamente lesionada ha aceptado
tácitamente el resultado de la pesquisa, la aportación del material ocupado, etc. interviniendo en el debate
contradictorio sobre los datos aportados" (Sobre la prueba ilícitamente obtenida, en “La prueba en el proceso penal.
Cuadernos de Derecho Judicial”, CGPJ, Madrid, 1992, págs. 287-288). De igual modo, un sector de la doctrina
italiana entiende que la ausencia de la oportuna protesta comporta la aceptación tácita y con ello la sanación de la
inicial ilicitud, que se convierte así en un vicio inócuo (en estos términos, cfr. CORDERO, F.: Nullità, sanatorie,
vizi innocui, en “Rivista italiana di diritto e procedura penale”, 1961, pág. 699; y RICCI quien acogiendo alguna
resolución de la Corte di Cassazione sostiene la eficacia y validez de los documentos incorporados al proceso de
manera irregular o extemporáneamente, en el supuesto de que la contraparte no formule oportunamente su
oposición [RICCI, G.F.: Le prove illecite nel processo civile, en “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”,
1987, 1, págs. 41-42, y jurisprudencia en la nota 28]).
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
19
al no consumarse la vulneración de la mencionada garantía constitucional hasta tanto no se
produzca una sentencia que reconozca eficacia probatoria a tales diligencias39, entiendo que el
órgano jurisdiccional deberá disponer la subsanación de las mismas.
b) En segundo lugar, que la prueba ilícita sea insubsanable no significa que impida
aportar al proceso aquel elemento probatorio, válidamente obtenido, que tenga por objeto
acreditar los mismos hechos que pretendían justificarse a través de dicha prueba ilícita. De este
modo, la STS de 28 de marzo de 1995, ff.jj. 4º y 5º (Ar. 2246), afirma:"En el caso que se estudia
se produjeron vicios procesales que afectaban al valor probatorio de las escuchas, mas ello no
impide, como se viene diciendo, que la evidencia se obtenga legítimamente por otros medios [...]
no puede afirmarse que el hecho probado por una actividad procesal nula suponga la
imposibilidad de probarlo por otras vías".
c) Y, finalmente, en tercer lugar, la imposible subsanación o convalidación de la prueba
ilícita no supone que el elemento probatorio logrado con infracción de un derecho fundamental
no pueda volver a obtenerse, con posterioridad, mediante el procedimiento legal previsto. Al
respecto, entendemos que es necesario distinguir dos supuestos, a saber, aquéllos en que existen
las condiciones legales para efectuar válidamente el acto ilícito, y aquéllos en que no existen
tales condiciones, pues en el primer caso podrá volverse a procurar (que no subsanar40), esta vez
por los cauces legales, el elemento probatorio inicialmente logrado de forma ilícita, mientras que
en la segunda hipótesis no será posible41. Para ilustrar este razonamiento me parece oportuno
formular varios ejemplos. Imaginemos un documento obtenido de un Registro Público, por un
tercero, infringiéndose el derecho a la intimidad de la persona cuyos datos constan registrados42.
En este caso, la ilicitud producida en la obtención del documento43 no impide que el juez, a
instancia de parte, si lo estima pertinente y necesario, pueda requerir posteriormente al Registro
Público, durante el período probatorio, la aportación de una copia o certificación de los datos que
39
En este sentido, cfr. STC 64/1986, de 21 de mayo (f.j. 2º).
Estaremos en presencia de una prueba ex novo y no ante la subsanación o convalidación de un medio probatorio
ilícitamente obtenido.
41
De igual modo se pronuncia ANGELONI, F.: Le prove illecite, ob. cit., pág. 121.
42
La protección del derecho a la intimidad (art. 18.1 C.E.) aparece como el motivo ex lege que justifica la
restricción del acceso a los Registros Públicos. Así, el art. 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que "el acceso a
los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas [...]". De igual
modo, los arts. 13, 14.2 y 19.2 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, y los arts. 6, 7,
9.1, 11 y 14 de la L.O. 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal, no permiten el acceso a los datos registrados sin consentimiento del titular de los mismos,
precisamente, para preservar su derecho a la intimidad.
43
Estaremos en presencia de una prueba ilícita por existir una vulneración del derecho a la intimidad.
40
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
20
consten en él44. Por el contrario, unas fotografías, un disket magnetofónico o una cinta de video
efectuadas infringiéndose el derecho a la intimidad, esto es, cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el art. 7º de la L.O. 1/1982, de 5 de mayo, serán de imposible
repetición, al no existir para ello un cauce legal válido.
b.2 Custodia de la prueba ilícita por parte del Secretario Judicial
La exigencia ex lege de que la prueba ilícita "no surta efecto alguno" comporta, en
opinión de la mayoría de los autores, la necesidad de retirar del proceso todo vestigio de la
misma, devolviéndosela al litigante que la aportó, e incluso, alguna resolución del T.S. ordena
proceder a su destrucción45, con el fin de evitar que el juzgador la tenga presente en el momento
final de su enjuiciamiento.
No obstante, estas soluciones, aparentemente correctas, encierran dos grandes
inconvenientes:
a) En primer lugar, ante una eventual impugnación de la decisión del juez a quo que declara la
ilicitud del elemento probatorio, impide al órgano jurisdiccional superior tener acceso directo al
objeto material sobre el cual se ha efectuado la mencionada declaración judicial. Ciertamente, la
solución expuesta con anterioridad imposibilita, o hace muy difícil, la resolución de la
impugnación por parte del Tribunal ad quem;
b) Y, en segundo lugar, si se devuelve la prueba ilícita a la parte que la ha presentado será difícil,
con posterioridad, enjuiciar plenamente la responsabilidad derivada de la infracción de un
derecho fundamental, pues podrá provocarse, con suma facilidad, la desaparición del objeto
material que origina la citada responsabilidad.
Por todo ello, en mi opinión, cuando el juez de instancia considera que una determinada
prueba ha sido obtenida ilícitamente debe, ad cautelam, por si se recurre su decisión o se procede
a indagar sobre una eventual responsabilidad, ponerla a disposición del Secretario Judicial con el
fin de que éste, en ejercicio de la función encomendada por el art. 459.1 L.O.P.J., la guarde y
custodie46.
3.3 Prohibición de valoración de la prueba ilícita
44
Ello sin perjuicio de exigir la correspondiente responsabilidad disciplinaria, civil o penal en la que eventualmente
haya podido incurrir el infractor del derecho fundamental.
45
En este sentido, vid. el ATS de 18 de junio de 1992 (RA 6102).
46
Art. 459.1 L.O.P.J.: "Los secretarios judiciales responderán del depósito de los bienes y objetos afectos a los
expedientes judiciales [...]”.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
21
a) Significado
La vigencia del art. 11.1 L.O.P.J. además comporta la exigencia de no valorar la prueba
ilícita para la configuración fáctica de la sentencia. La ineficacia de esta prueba, entendemos con
DENTI, se traduce en la irrelevancia del resultado probatorio respecto a la decisión final del
proceso47. Sólo de este modo se logra dar efectivo cumplimiento a la exigencia contemplada en
la mencionada norma, a saber, que "no surtan efecto" las pruebas obtenidas con infracción de
derechos fundamentales.
La vulneración de esta prohibición es susceptible de recurrirse alegando la vulneración
del art. 11.1 L.O.P.J., esto es, por infracción de las normas que rigen los actos y garantías
procesales susceptible de causar indefensión. Como reiteradamente destaca la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, la valoración de una prueba ilícita comporta la vulneración del derecho
a un proceso con todas las garantías y la igualdad de armas procesales. Ya en este sentido, la
STC 114/1984, de 29 de noviembre, en su f.j. 5º establece que "constatada la inadmisibilidad de
las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, su recepción procesal implica
una ignorancia de las «garantías» propias al proceso (art. 24.2 de la Constitución) implicando
también una inaceptable confirmación institucional de la desigualdad que se ha procurado en el
juicio (art. 14 de la Constitución), desigualdad que se ha procurado antijurídicamente en su
provecho quien ha recabado instrumentos probatorios en desprecio a los derechos fundamentales
de otro".
En conclusión, la eventual valoración de pruebas ilícitas por parte del órgano
jurisdiccional puede ponerse de manifiesto en cualquier instancia del proceso, y sólo la cosa
juzgada impide hacer valer la imposibilidad de su utilización48.
47
DENTI, V. : Nullità degli atti processuali civili, ob. cit., pág. 473.
Así, ANGELONI, F. : Le prove illecite, ob. cit., pág. 618; PIERO, G. : Una nuova specie d'invalidità ..., ob. cit.,
pág. 195; y ORIANI, R. : Nullità degli atti processuali (Dir. proc. civ.), ob. civ., pág. 13. Con carácter general,
nuestra doctrina destaca que la nulidad absoluta puede ponerse de relieve en cualquier momento procesal, mientras
la sentencia no adquiera firmeza. En este sentido, MORÓN PALOMINO indica que los "casos de nulidad no
admiten convalidación en tanto el proceso perdura, porque, en tanto la sentencia firme no se produce el Tribunal
que conozca del asunto, en el grado que sea, tiene ocasión de decretar la nulidad, cuya indicación se produce en
virtud de la fiscalización y del control de la observancia de las formas; pero una vez que la sentencia firme pone fin
al proceso sin que el órgano jurisdicional haya decretado pronunciamiento alguno de nulidad hay que entender que,
implícitamente, el Tribunal ha entendido que las actuaciones son válidas" (ob. cit., pág. 206-207). De igual modo,
SERRA DOMÍNGUEZ sostiene la posibilidad de mantener "una regla general en materia de nulidad absoluta,
según la cual ésta podría ser puesta de relieve de oficio por cualquier juzgador o tribunal que entendiera del
proceso, en cualquier estado del procedimiento, y mientras no se dictara sentencia definitiva y firme" (Ineficacia de
los actos procesales, en “Estudios de Derecho Procesal”, ob. cit., pág. 463). En parecidos términos, cfr. VERGÉ
48
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
22
b) El problema del efecto psicológico de la prueba ilícita en el juzgador.
Otra de las cuestiones que no afronta el art. 11.1 L.O.P.J. es el denominado efecto
psicológico de la prueba ilícita, esto es, la eventual incidencia que en el subconsciente del
juzgador ha podido ocasionar el elemento probatorio ilícitamente obtenido. Así, suele afirmarse
que la simple declaración judicial de que no se han tomado en consideración los datos aportados
por dicha prueba puede ser insuficiente, pues lo cierto es que el órgano jurisdiccional los habrá
conocido y, aún inconscientemente, pueden influir en la formación de su convicción, máxime si
tenemos en cuenta que, en la mayoría de los casos, la ilicitud en la obtención de la prueba no
empece la certeza de los hechos que acredita. Para resolver la cuestión aquí suscitada pueden
arbitrarse tres soluciones, cuyo estudio realizamos seguidamente.
A) La primera solución, aceptando la imposibilidad de que el juez pueda subjetivamente
desvincularse de la realidad fáctica introducida por la prueba ilícita, sostiene que el resultado de
la misma, una vez incorporada al proceso, sea valorado conjuntamente con el resto de los medios
probatorios49. A nuestro entender, este planteamiento contraviene el mandato expreso del art.
11.1 L.O.P.J., ya que supone reconocer eficacia a los elementos de prueba logrados con
desprecio de los derechos fundamentales. Por otro lado, como observa la doctrina italiana50, el
recurso al libre convencimiento del juez y a la valoración conjunta de las pruebas despliega toda
su eficacia respecto a los medios probatorios lícitos, pero no puede valer para los ilícitamente
alcanzados.
B) La segunda solución postula la recusación del Juez que ha tenido contacto con dicha
prueba, al objeto de garantizar plenamente que no surta efecto alguno en la resolución del litigio.
Se argumenta que el órgano jurisdiccional difícilmente podrá borrar de su memoria el resultado
de esta prueba, y lo contrario supondría exigirle lo que SCHMIDT denominó una acrobacia
psicológica (psychologisches Akrobatenstünck)51. Por esta razón, TROCKER, recogiendo la
GRAU, J.: ob. cit., pág. 57.
49
En este sentido, MUÑÓZ SABATÉ, Ll.: Técnica probatoria, 4ª ed., ob. cit., pág. 77.
50
Al respecto, cfr. ALLORIO, E.: Efficacia di prove ammesse ed esperite in contrasto con un divieto di legge?", en
“Studi in onore di B. Biondi”, T. IV, edit. Giuffrè, Milano, 1965, pág. 218; CAPPELLETTI, M.: Efficacia di prove
illegittimamente ammesse, ob. cit., págs. 184-185; TROCKER, N.: Processo civile e Costituzione, edit. Giuffrè,
Milano, 1974, pág. 632; NUVOLONE, P.: Le prove vietate nel processo penale nei paesi di diritto latino, en
“Rivista di diritto processuale”, 1966, 3, pág. 448; o BARGI, A.: Procedimento probatorio e giusto processo, edit.
Jovene editori, Napoli, 1990, pág. 262.
51
SCHMIDT, E.: Sinn und Tragweite des Hinweises auf die Aussagefreiheit des Beschuldigten, en “Neue
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
23
opinión de un sector de la doctrina italiana y alemana, sostiene que "la soluzione più convincente
ci viene tuttavia offerta da coloro che propongono di ricorrere all'istituto della ricusazione del
giudice"52. De igual modo, otro máximo valedor de esta posición es SENTÍS MELENDO, para
quien el único modo de resolver el problema del efecto psicológico de la prueba ilícita es
"eliminar del proceso al juez, separarlo de los autos en que tales elementos figuran y que él no ha
podido por menos de haber conocido" para que su sucesor "pueda juzgar con absoluta
imparcialidad"53. Este razonamiento ha sido acogido por parte de la doctrina española. Así DE
MARINO, ya con anterioridad a la L.O.P.J., destacó que la recusación del Juez es la única
solución realista, pues la mente de un Juez que ha conocido un hecho a través de una prueba
prohibida no podrá actuar libre del convencimiento obtenido con la mencionada prueba54. En
esta línea inciden ASENCIO MELLADO55 y PASTOR BORGOÑÓN56, autora esta última que
ofrece además un argumento legal para apoyar su razonamiento, a saber, la causa décima del art.
219 L.O.P.J., referente a la abstención y/o recusación de los jueces, puesto que "si haber sido
instructor de la causa o haber fallado el pleito en una instancia anterior son razones para que el
juez deba abstenerse, es debido a que se duda de que, habiéndose formado previamente una
opinión sobre el asunto, pueda prescindir totalmente de ella y formar su convencimiento sobre
otra base"57. Por último, FERNÁNDEZ ENTRALGO se refiere a la doctrina del Tribunal
Constitucional sobre la debida imparcialidad "objetiva" del juzgador58, para sostener la opinión
Juristische Wochenschrift”, 1968, pág. 1218.
52
TROCKER, N.: ob. cit., pág. 633. Para este autor, el juez que "sia venuto a conoscenza di un fatto attraverso una
prova illecita, è un iudex suspectus. Esso avrà pertanto l'obbligo di astenersi dal giudicare e le parti avranno il diritto
di ricursarlo" (ob. cit., pág. 634).
53
SENTÍS MELENDO, S.: La prueba en el proceso, en “Revista de derecho procesal iberoamericana”, 1977, 2-3,
págs. 228 y 229.
54
DE MARINO, R.: ob. cit., pág. 620.
55
ASENCIO MELLADO, J.M.: La prueba. Garantías constitucionales derivadas del ar. 24, en “Poder Judicial”,
1986, IV, págs. 38-39; e id.: Prueba prohibida y prueba preconstituída, ob. cit., pág. 86.
56
PASTOR BORGOÑÓN, B.: ob. cit., págs. 365-366.
57
PASTOR BORGOÑÓN, B.: ob. cit., pág. 366. Le siguen en su razonamiento REY GUANTER, S.: Nuevas
técnicas probatorias, obtención ilícita de la prueba y derechos fundamentales en el proceso laboral, en “Revista
Española de Derecho del Trabajo”, núm. 37, 1989, pág. 71; GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N.: ob. cit., pág.
334 (nota 60); FERNÁNDEZ ENTRALGO, J.: ob. cit., pág. 1203; y ÁLVAREZ LANDETE, J.: ob. cit., pág. 38.
58
La imparcialidad "objetiva" del juzgador es aquella cuyo posible quebrantamiento deriva de la relación del Juez
con el objeto del proceso. Esta doctrina se encuentra recogida en diversas resoluciones del T.E.D.H. (entre otras,
cfr. caso "Piersack" de 1 de octubre de 1982 [en B.J.C. 1984-38. págs. 883 y ss.], o el caso "De Cubber" de 26 de
octubre de 1984 [en B.J.C. 1986-58, págs. 237 y ss.]), y se acoge por nuestro TC en diversas sentencias (así, por
ejemplo, vid. la STC 145/1988, de 12 de julio, f.j. 5º). Al respecto, me remito a mi estudio La imparcialidad
judicial y sus garantías: la abstención y la recusación, edit. J. Mª. Bosch editor, Barcelona, 1998, pág. 51.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
24
de la necesaria separación del juez que ha tenido acceso al material probatorio ilícitamente
obtenido59.
En mi opinión, ésta sería la única respuesta válida si el ordenamiento jurídico permitiese
al órgano jurisdiccional no motivar en su sentencia los resultados alcanzados con los distintos
medios de prueba. Desgraciadamente, en la práctica forense encontramos en ocasiones un mal
uso del expediente de la valoración conjunta de las pruebas60, empleándose precisamente para lo
contrario de lo que debería servir, esto es, preterir todo razonamiento de las pruebas empleadas
para formar el supuesto de hecho de la sentencia, limitándose el juez a declarar que el material
probatorio ha sido valorado "en conjunto" o "conjuntamente". Así, se omite la debida
justificación racional de los motivos por los cuales se ha concedido validez a los datos fácticos
aportados al proceso mediante los diversos medios probatorios. Pues bien, ante esta situación, la
recusación del juez se configura como la única solución práctica que garantiza el control de la
ineficacia de las pruebas objeto de estudio, debido a que la falta de motivación de la sentencia
supone vedarle al Tribunal ad quem el conocimiento del único criterio válido para valorar si
dichas pruebas han desplegado o no algún tipo de virtualidad61.
Sin embargo, no puedo desconocer que esta solución plantea un grave inconveniente: el
uso torticero de la recusación con el único ánimo de entorpecer y dilatar el normal desarrollo del
proceso, pues no olvidemos que la ilicitud la determina el mismo juez competente para dictar
sentencia, por lo que el justiciable que desee apartarlo del conocimiento de un determinado
asunto lo podrá lograr simplemente con aportar una prueba de origen ilícito.
C) La tercera y última de las posibles soluciones consiste en negar toda eficacia a las
pruebas ilícitas sin necesidad de recusar al juzgador debido a la exigencia de motivación de las
sentencia. Si bien es cierto que habrán podido influir en el subconsciente del juzgador –y ello es
imposible de controlar-, no lo es menos que su juicio no puede ser arbitrario, esto es, sin
motivación alguna62. El juez debe, por mandato constitucional63 y legal64, motivar sus sentencias,
59
FERNÁNDEZ ENTRALGO, J.: ob. cit., pág. 1203.
Para una crítica de esta corruptela, vid. las consideraciones efectuadas en mi trabajo El derecho a la prueba en el
proceso civil, ob. cit., págs. 28-29.
61
En esta línea, cfr. DE MARINO, R.: ob. cit., pág. 619; o PASTOR BORGOÑÓN, B.: ob. cit., pág. 365.
62
De este modo, CORDERO destaca que cuando se habla del deber de no tomar en consideración tales pruebas, se
quiere con ello indicar "che fra le ragioni della sentenza, quali emergono dalla motivazione, non deve figurare la
prova che non si sarebbe dovuta valutare", para seguir manteniendo que "ciò che è avvenuto nella mente del giudice
non ha importanza [...] le sole che contino sono le ragioni palesi della sentenza, ossia la motivazione", esto es, "la
regola è rispettata ogniqualvolta il dato spurio non figura fra le premesse del ragionamento (palese o ufficiale, che
potrebbe anche non coincidere con l'effettivo) con il quale la sentenza risolve la questione di fatto, salvo vedere se
la motivazione sia adeguata" (CORDERO, F.: Procedura penale, 2ª ed., Edit. Giuffrè, Milano, 1971, pág. 594).
60
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
25
es decir, exponer y razonar el iter mental lógico que le conduce a pronunciar un determinado
fallo. En este camino tiene que someter a crítica todos los elementos probatorios aportados al
proceso, debiendo manifestar cuales le han llevado a estimar como probados los hechos
recogidos en el relato fáctico de su resolución. De este modo, el mencionado razonamiento
aparece como el mecanismo adecuado de control y garantía de la ineficacia de las pruebas ilícitas
por parte del Tribunal ad quem, quien a través de los oportunos recursos, podrá conocer y valorar
las fuentes de enjuiciamiento utilizadas por el juzgador de instancia65.
En mi opinión, al objeto de verificar al máximo que la prueba ilícita no ha surtido efecto
alguno, es exigible una mayor valoración de los elementos probatorios utilizados por el juez para
formar su válida convicción, ya que sólo de este modo podrá controlarse eficazmente que el juez
–aún inconscientemente- no utilizará datos logrados de pruebas ilícitas. Esta solución plantea dos
problemas prácticos: el primero, la dificultad de verificar que realmente la prueba ilícita no ha
producido ninguna convicción psicológica al juez, pues lo cierto es que habrá visto u oído
aquello que no podía ver u oír, y ello podrá utilizarse si bien de forma camuflada valorando
excesivamente el resultado de otras pruebas que en otras circunstancias no serían suficientes para
lograr su convicción. Para solucionar este primer problema, entiendo precisamente que es
exigible una mayor motivación judicial de la prueba utilizada en la sentencia, susceptible de
controlarse por vía de los recursos. El segundo problema se suscita, como he indicado
anteriormente, por el incorrecto uso del expediente de la valoración conjunta de la prueba: en los
supuestos de inexistencia del necesario razonamiento de las sentencias, el Tribunal ad quem
Igualmente, PIERRO, G.: Una nuova specie d'invalidità ..., ob. cit., págs. 181-182. En España, cfr. SAINZ DE
ROBLES, F.C., y ALBACAR LÓPEZ, J.L.: ob. cit., pág. 605; SERRA DOMÍNGUEZ, M.: Comentarios ..., ob.
cit., pág. 103; MORENO CATENA, V.: De los medios de prueba, en “Comentarios a la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, coord. V. Cortés Domínguez, edit. Tecnos, Madrid, 1985, pág. 537; o GONZÁLEZ
MONTES, J.L.: ob. cit., pág. 41.
63
Art. 120.3 C.E.
64
Arts. 248.3 L.O.P.J. y 218.2 L.E.C..
65
Así el problema del efecto psicológico de la prueba ilícita puede solucionarse por medio del control de la
motivación judicial de las sentencias (enjuiciamiento del material probatorio de que se ha servido el juzgador para
elaborar los razonamientos fácticos de su resolución), razón por la cual resulta inadecuado apelar a la confianza en
la capacidad del juez para olvidar (y no valorar) aquello que no debería haber conocido, como hace CORDERO en
su estudio Il procedimento probatorio, en “Tre studi sulle prove penali”, edit. Giuffrè, Milano, 1963, pág. 717 y
nota 107. De igual modo, CORBAL FERNÁNDEZ mantiene que "ante el problema de la «contaminación
sicológica» del juez [...] no cabe resolver con su sustitución [...] El tema parece tener sencilla solución. Frente a
«contaminación, motivación». Una motivación completa y correcta permite eliminar reticencias y revela cuál ha
sido el material probatorio tenido en cuenta para resolver, abriendo a la parte la posibilidad de rebatir la
fundamentación mediante la utilización del recurso" (La adquisición procesal y la carga de la prueba, en “La
prueba en el proceso civil”, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, Madrid, 1993, págs. 172-173). En esta línea,
VEGAS TORRES, J.: ob. cit., pág. 127, nota 131.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
26
deberá, ante la inseguridad de saber si tales pruebas han producido efecto en el juez a quo, entrar
a valorar si han existido suficientes elementos de juicio para pronunciar la resolución impugnada
y, en función de ello, confirmar o anular la sentencia de instancia (art. 465.2 LEC).
En definitiva, entiendo que éste el planteamiento dogmáticamente correcto para asegurar
el debido cumplimiento del art. 11.1 L.O.P.J.66.
4 ¿Cuándo debe determinarse judicialmente el carácter ilícito de una prueba?
4.1 ¿En la admisión de la prueba?
En el trámite de admisión de las pruebas el juez tiene el deber de pronunciarse sobre el
carácter prohibido de la prueba propuesta (art. 283.3 LEC). Como ya indiqué en su momento67,
aquella prueba que expresamente no esté permitida o infrinja las normas procedimentales debe
inadmitirse (así, por ejemplo, el interrogatorio del colitigante respecto del cual no exista en el
proceso oposición o conflicto de intereses con el otro colitigante que solicita su interrogatorio –
art. 301.1 LEC-; el informe elaborado por profesionales de la investigación privada que no estén
legalmente habilitados –art. 265.1.5ºLEC-; la aportación extemporánea de un documento o
dictamen pericial de parte sin que exista una norma de cobertura que lo permita –arts. 269, 270 y
336 LEC-; etc.).
Cuestión distinta es la prueba ilícita, para la cual el art. 287 LEC no prevé su inadmisión
inicial sino la tramitación de un incidente contradictorio. A diferencia de la prueba prohibida ex
art. 283.3 LEC -para la que se prevé expresamente su denegación ab initio-, para la ilícita la LEC
parte de su previa admisión. Así, el art. 287 LEC se inicia indicando: “Cuando alguna de las
66
Esta solución aparece implícitamente recogida por la jurisprudencia. Así, a modo de ejemplo, la STS de 2 de julio
de 2002 (RA 2003\73), en su f.j. 1º, afirma: “Y si las mencionadas pruebas, no afectadas ya por la prohibición del
art. 11.1 LOPJ permitieron al Tribunal de instancia llegar al convencimiento de la realidad del transporte de
heroína, también se practicó en el juicio oral una actividad probatoria, no contaminada por violación de derecho
fundamental alguno, que le pudo convencer razonablemente de la intervención del acusado en los hechos. El
Tribunal expone con impecable rigor, en el fundamento jurídico sexto de su resolución, las razones por las que ha
alcanzado la convicción de que la presencia de José María V.S. en el lugar en que se intervino el cargamento de
heroína [...]. Pero no ha tenido en cuenta –expresamente las descarta- las declaraciones prestadas en el juicio oral
por los agentes policiales [...]. En cualquier caso, esta Sala considera que obran en autos pruebas con sentido de
cargo, lícitamente obtenidas y practicadas en el acto del juicio oral con plenitud de garantías, en las que pudo
fundarse el convencimiento reflejado en la declaración de hechos probados (de la sentencia)”.
67
Vid. punto 2.1.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
27
partes entendiera que en la obtención u origen de alguna prueba admitida se han vulnerado
derechos fundamentales ...”68. Al respecto, debemos formularnos dos interrogantes:
Primero: el art. 287 LEC, si bien es cierto que prevé el incidente contradictorio para
cuando se haya admitido una prueba ilícita ¿Excluye la posibilidad de un pronunciamiento
judicial previo que inadmita la prueba por razón de su ilicitud?. En mi opinión sí, básicamente
por dos motivos: en primer lugar, porque el régimen de recursos previsto contra la inadmisión de
una prueba, esto es, la reposición y posterior protesta (art. 285.2 LEC), impide la práctica de
pruebas para acreditar dicha ilicitud, y ello es básico para apreciar la vulneración de un derecho
fundamental69; y en segundo lugar, porque carece de sentido prever un doble mecanismo de
protección judicial –uno más restringido y otro más amplio- frente a una prueba ilícita en función
del momento –inicial o sobrevenido- en que ésta sea apreciada por el juez. Además, como indica
ASENCIO MELLADO, la imposibilidad de inadmisión de la prueba ilícita al tiempo del trámite
de admisión de pruebas se deriva del propio art. 287 LEC que “consagra un determinado
procedimiento que establece el momento y la forma en que la prueba ilícita ha de ser denunciada
en el proceso civil, momento éste que en nada se opone a la finalidad pretendida por la
prohibición establecida por el artículo 11.1 LOPJ cual es la nulidad de la prueba prohibida. Esto
es, que el incidente sea resuelto en uno o en otro momento no tiene en el proceso civil incidencia
alguna en la virtualidad real de la prohibición”70. De igual modo, FERNÁNDEZ URZAINQUI
entiende que “a tenor de lo dispuesto en el precepto legal comentado (art. 287 LEC) es claro que
el tribunal no podrá fundar en la ilicitud aparente –e incluso evidente- de una prueba la
resolución que, a tenor del artículo 285, debe adoptar sobre cada una de las propuestas. Siendo
legal el medio probatorio propuesto y, pertinente y útil, la prueba que con él se pretende alcanzar,
es procedente su admisión, a reserva, en todo caso, de la resolución que sobre su licitud haya de
recaer en el trámite a que se refiere el artículo 287; resolución que aquella admisión preliminar
en modo alguno alcanza a prejuzgar”71. Y ABEL LLUCH destaca que “no es posible que el
tribunal pueda soslayar el incidente de ilicitud e inadmitir de oficio y ab limine una prueba por
ilícita, como puede hacer al inadmitir una prueba por impertinente o inútil”72. Y en todo caso,
68
La cursiva es mía.
No lo es para cuando se proponga una prueba vulnerando las normas de procedimiento (prueba prohibida ex
art. 283.3 LEC), por lo que, en este caso, el juez esta en plenas condiciones de inadmitirla sin necesidad de
previa audiencia a las partes.
70
ASENCIO MELLADO, J.M.: Comentario al art. 287, ob. cit., pág. 1-133.
71
FERNÁNDEZ URZAINQUI, F. J.: Comentario al art. 287, t. II, ob. cit., pág. 1341.
72
ABEL LLUCH, X.: Iniciativa probatoria de oficio en el proceso civil, edit. Bosch, Barcelona, 2005, pág. 359. En
69
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
28
como indiqué anteriormente, entiendo que si el juez aprecia in limine una presunta ilicitud de la
prueba, deberá admitirla e iniciar el procedimiento incidental contradictorio previsto en el art.
287 LEC y que analizaremos posteriormente
Segundo: ¿Qué finalidad tiene esta norma? Probablemente la justificación de esta norma
debamos buscarla en la máxima protección del derecho de defensa de las partes, así como en la
extrema dificultad inicial por parte del juez de pronunciarse sobre la ilicitud de una prueba sin
haber tomado audiencia a ambas partes, ya que por su simple apariencia externa es muy probable
que carezca de datos suficientes para resolver motu propio sobre la ilicitud de la prueba.
En definitiva, la necesidad de efectuar siempre una lectura procesal de las normas lo más
garantista posible, me conduce a mantener que la regla básica en materia de ilicitud probatoria es
la del art. 287 LEC, por lo que deberá procederse siempre a la tramitación del incidente
contradictorio que en el mismo se prevé y que seguidamente paso a estudiar.
4.2 Durante el curso del proceso con incidente contradictorio
La admisión de una prueba ilícitamente obtenida puede “impugnarse” a través del
incidente procesal previsto en el art. 287 LEC para denunciar, discutir y probar el carácter ilícito
de una prueba admitida. Atendiendo al procedimiento probatorio previsto en la nueva LEC,
podemos observar que la denuncia de la ilícitud de la prueba puede tener lugar en dos momentos
procesales: en la audiencia previa, cuando se procede a la admisión de un medio probatorio
mediante el cual pretenden introducirse fuentes probatorias ilícitamente obtenidas; o en el acto
del juicio o vista, cuando se esté practicando cualquier medio de prueba con vulneración de un
derecho fundamental:
A) En el primero de los supuestos, esto es, cuando el juez admite una prueba considerada
como ilícita, la parte contraria –e incluso el propio juez- debe alegar dicha circunstancia de
inmediato (art. 287.1 LEC) para discutir y practicar prueba sobre su alegación al inicio del juicio
(art. 287.1.II LEC). En consecuencia, lo más lógico es pensar que dicha alegación se producirá
oralmente en el trámite de la audiencia previa, ya que éste es el momento de la admisión de la
esta línea, si bien de una forma no tan precisa, cfr. MORENO CATENA, V.: Comentario al art. 287, T. III, ob. cit.,
pág. 2232.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
29
pruebas73. De igual modo, con posterioridad entiendo que tal alegación puede formularse
también por escrito y antes del inicio del juicio al objeto de garantizar su traslado a la parte
contraria (art. 287.1.II LEC)74. En ningún caso entiendo que sea de aplicación el régimen general
de los recursos (reposición y posterior protesta) en la medida en que la LEC prevé expresamente
un procedimiento ad hoc más garantista para resolver el carácter ilícito de una determinada
prueba75. Formulada la alegación, su discusión y acreditación tendrá lugar al inicio del juicio,
practicándose al efecto cuantas pruebas se propongan en el acto y se consideren pertinentes y
útiles76.
B) En el segundo de los casos de ilicitud de la prueba, esto es, cuando tiene lugar durante
la práctica del medio probatorio77, la parte que pretenda hacer valer la ilicitud deberá alegarlo
inmediatamente en el acto del juicio, procediéndose a iniciar el incidente del art. 287 LEC, lo que
probablemente exigirá interrumpir su sustanciación (art. 193.1.1º LEC)78.
Por último, practicada toda la prueba sobre la eventual ilicitud, el tribunal resuelve lo que
estime adecuado, admitiendo o rechanzado la eficacia de la prueba, siendo en ambos casos su
decisión recurrible en reposición, que se interpondrá, sustanciará y resolverá oralmente en el
73
Para el juicio verbal, el trámite de la vista es el oportuno para denunciar, discutir y probar la ilicitud
probatoria.
74
De alegarse la ilicitud probatoria al inicio del juicio, en orden a permitir ejercer correctamente el derecho de
defensa de la parte contraria, probablemente deberá interrumpirse el juicio (art. 193.1.1º LEC).
75
De igual modo, ASENCIO MELLADO entiende que “no es posible denunciar con anterioridad a su admisión
la ilicitud de la prueba, ni tan siquiera recurrir en reposición la admisión de una prueba como ilícita”
(Comentario al art. 287, ob. cit., pág. 1-131).
76
Esta prueba puede ser incluso practicada ex officio iudicis. En este sentido, ABEL LLUCH mantiene que “si
existe una legitimación compartida entre las partes y el juez para plantear el incidente de ilicitud, no hay razón para
privar al juez de acordar pruebas de oficio, pues una vez promovido el incidente, mayormente en aquellos supuestos
de planteamiento de oficio, la facultad de proponer y practicar pruebas también debe extenderse al juez, en cuanto
principal destinatario de la prueba e interesado en apartar de su convicción una prueba ilícita. De no ser así, se
puede plantear un supuesto en el que, suscitada de oficio la cuestión de la ilicitud de la prueba admitida, las partes
optaran por no proponer prueba por entender cada una de ellas que la prueba es favorable a sus pretensiones, y el
juez careciera de soporte probatorio para declarar la ilicitud de la prueba” (Iniciativa probatoria de oficio en el
proceso civil, ob. cit., pág. 359). Esta iniciativa probatoria de oficio puede tener lugar, por ejemplo, cuando el
demandado se encuentre en rebeldía o cuando se entienda que se ha producido una eventual vulneración de
derechos fundamentales de terceras personas.
77
Pensemos, ad exemplum, en la declaración testifical de una persona que vulnera su deber de guardar secreto
conculcando el derecho a la intimidad del art. 18.1 C.E. de una de las partes, etc.
78
Distinto tratamiento jurídico merece la irregularidad producida en la práctica de la prueba y susceptible de
provocar la infracción de alguna de las garantías procesales constitucionalizadas en el art. 24 C.E. (así, ad
exemplum, la prueba desarrollada sin notificación a la parte contraria para que puede oportunamente intervenir en la
misma, vulnerándose con ello lo prescrito en los arts. 295.1, 354.2 y demás concordantes de la L.E.C., o la prueba
pericial cuando se impide la concurrencia de alguno de los litigantes en contra de lo establecido en el art. 345.2
L.E.C.). En estos supuestos, al no consumarse la vulneración de las mencionadas garantías o derechos procesales
hasta tanto no se produzca una sentencia que reconozca eficacia probatoria a tales diligencias -en este sentido, cfr.
STC 64/1986, de 21 de mayo, f.j. 2º-, entiendo que el órgano jurisdiccional deberá disponer la subsanación de las
mismas.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
30
mismo acto del juicio o vista, sin posibilidad de ulterior recurso, ya que el derecho de las partes a
reproducir la impugnación de la prueba ilícita deberá formularse en la apelación contra la
sentencia definitiva (art. 287.2 LEC).
4.3 En la sentencia
Finalmente, es posible que el juez advierta la eventual ilicitud de la prueba en el
momento de dictar sentencia. La LEC no se plantea directamente este problema, por lo que el
juez puede resolverlo en dos líneas distintas: dictar sentencia sin tomar en consideración los
resultados probatorios obtenidos gracias a una ilicitud de la prueba; o provocar una audiencia
contradictoria para que las partes puedan defenderse. Vamos seguidamente a analizar ambas
posturas:
En primer lugar, podemos entender que si el juez aprecia una ilicitud probatoria en el
momento de dictar sentencia deberá limitarse a no valorarla, esto es, como indica el art. 11.1
LOPJ, a asegurarse de que “no surta efecto alguno”; y en este sentido hay autores que consideran
que una vez practicada la prueba la única solución posible a este problema se materializa en el
hecho de que la sentencia no tenga en cuenta el resultado probatorio79. En todo caso, desde esta
perspectiva, siempre cabe recurrir en apelación la sentencia que ha dejado de valorar la prueba,
denunciando así el erróneo proceder del juez a quo. Será a través del recurso como se ejercita el
derecho de defensa del litigante perjudicado por la decisión judicial.
79
Así, por ejemplo, ASENCIO MELLADO afirma: “Lo dicho en modo alguno puede oponerse a que el tribunal, en
la misma sentencia, y si la infracción de derechos fundamentales se evidencia tras la práctica de la prueba, aprecie
la ilicitud y no la tome en consideración. Esta conducta viene obligada tanto por el sistema de derechos
fundamentales, cuanto por el mismo artículo 11.1 LOPJ. En este supuesto, naturalmente, y al no venir dispuesto
procedimiento alguno y haber sido la prueba ya practicada, el tribunal no podría actuar de otro modo que emitiendo
sentencia sin tener en consideración la ilícita y sin acudir a discusión alguna o práctica de prueba adicional”
(Comentario al art. 287, ob. cit., pág. 1-134). De igual modo, vid. GARCIMARTIN MONTERO, R., ob. cit., p.
1027.
En la doctrina italiana, DENTI observa que la nulidad probatoria, al no suponer una cuestión prejudicial que impida
la resolución sobre la cuestión de fondo litigiosa, puede ser objeto de una autónoma e independiente valoración del
juzgador en su sentencia. En este sentido, afirma: "recentemente la dottrina ha fermato la propia attenzione sul
problema della invalidità o illeceità dell'acquisizione delle prove, affermando che il vizio dell'atto si traduce, in tal
caso, nella irrelevanza del dato probatorio rispetto alla decisione, ossia nel dovere del giudice di non tenerne conto
[...] La nullità non dà luogo, quindi, ad una «quesione pregiudizile attinente al processo», ma è oggetto di autonoma
valutazione da parte del giudice [...] l'uso del termine irrelevanza per designare il dovere del giudice di non tenere
conto dell'atto viziato, può apparire questione meramente terminologica [...] È preferibile, dunque, parlare di nullità
anche a proposito degli atti di acquisizione probatoria, considerando che, se pure la nullità non opera, rispetto a tali
atti, como motivo di absolutio ab instantia, essa costituisce pur sempre un ostaculo all'esercizio dei poteri decisori
dell'organo giurisdizionale, in quanto delimita il campo delle prove che debbono essere poste a fondamento della
decisione" (Nullità degli atti processuali civili, ob. cit., pág. 473).
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
31
Y, en segundo lugar, también es posible entender que previamente a la decisión sobre la
ilicitud debe exigirse un trámite de audiencia para que la parte que confiaba en la eficacia
probatoria pueda defenderla.
En mi opinión, esta segunda postura garantista es la que debe prevalecer, básicamente
por los siguientes cuatro motivos:
a) Primero: el debido respeto al derecho a la prueba. Como tuve ocasión de analizar en otro
estudio80, este derecho comporta la necesidad de que el juez admita, practique y valore la
prueba realizada en el proceso. Al admitirse y practicarse una prueba, la parte solicitante tiene
el derecho a que los resultados de la misma puedan influir en la convicción judicial. En
consecuencia, de permitirse que el juez actúe así de oficio se limita la eficacia del derecho a
la prueba.
b) Segundo: evitar las decisiones judiciales sorpresivas susceptibles de causar indefensión.
Respecto a una cuestión no planteada por las partes, esto es, al margen del contradictorio, el
juez puede actuar de oficio pero siempre respetando al máximo el derecho de defensa de las
partes, que debe poderse ejercitar con carácter previo a la decisión judicial81. En mi opinión,
esta medida precautoria del juzgador evita la eventual indefensión que puede causársele al
litigante que confía en la eficacia de la prueba desarrollada en el proceso82.
c) Tercero: la lectura garantista de las normas tendentes a permitir la máxima eficacia de los
derechos fundamentales. Así, si bien es cierto que la LEC no resuelve el problema aquí
planteado, indirectamente sí lo hace la LOPJ, en cuyo art. 240.2 permite la apreciación de una
nulidad ex officio cuando estime que existe una causa de nulidad susceptible de causar
indefensión a una de las partes83. Como es obvio, impedir a una de las partes que una prueba
80
El derecho a la prueba en el proceso civil, ob. cit., págs. 21 a 30.
Respecto a las “decisioni a sorpresa” de la doctrina italiana, vid. COMOGLIO, L.P.: La garanzia costituzionale
dell’azione ed il processo civile, edit. CEDAM, Padova, 1970, pág. 145 y ss.; TROCKER, N.: Processo civile e
Costituzione, ob. cit., pág. 660 (especialmente, vid. la nota 36 en la que se recogen numerosas referencias de autores
alemanes en defensa de esta posición); TARUFFO, M.: Il diritto alla prova nel processo civile, en “Rivista di
diritto processuale”, 1984, IV, pág. 103; o TARZIA, G.: Problemi del contraddittorio nell’istruzione probatoria
civile, en “Problemi del processo civile di cognizione”, edit. CEDAM, Padova, 1989, pág. 373.
82
Así plantea MONTERO AROCA esta problemática señalando "la posible indefensión de la parte que ha
propuesto y practicado la prueba y que, sin posibilidad de discusión sobre su licitud, se encuentra con una
declaración judicial, en la sentencia, en la que se dice que un medio de prueba no surte efecto" (El nuevo proceso
civil, AAVV, 2ª edic., edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pág. 325). De igual modo, con referencia a la
declaración de nulidad de actuaciones, SERRA DOMÍNGUEZ en 1984 (esto es, con anterioridad a la L.O.P.J.)
estimó que era necesario hacer intervenir a las partes "para preservar el principio de audiencia y evitar los posibles
errores judiciales ... (con ello) se evita una posible indefensión de las partes cuya audiencia se solicita" (SERRA
DOMÍNGUEZ, M.: La reforma de la nulidad de actuaciones analiazada a través de tres recientes resoluciones
judiciales, en “Justicia”, 1984, IV, pág. 840). Cfr., igualmente, VERGÉ GRAU, J.: La nulidad de actuaciones, ob.
cit., págs. 297-298. En contra, la STS (Sala 2ª, de lo Penal) de 27 de junio de 1994, f.j. 1º (Ar. 5034), afirma que si
el juzgador acuerda abordar el tema de la licitud de las pruebas en el momento de dictar sentencia, el recurrente "no
puede invocar la falta de tutela judicial efectiva ni la vulneración del derecho a la prueba". Por último PARRA
QUIJANO destaca que es más garantizador inadmitir una prueba ilícita in limine que no declararla al dictar
sentencia, pues en el primer caso el perjudicado por la decisión judicial “sabrá en forma oportuna que no lo será
(apreciada por el tribunal)” (ob. cit., pág. 70).
83
En este orden de ideas se pronuncia FERNÁNDEZ URZAINQUI, para quien “la posterior detección de la ilicitud
ha de resolverse –según se ha dicho antes- mediante el planteamiento y la eventual declaración de nulidad de la
prueba ilícita practicada, por el cauce procesal establecido en los artículos 227.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Comentario al art. 287, vol. II, ob. cit., pág. 1342); así como ABEL
LLUCH, cuando afirma que si “en el momento de dictar sentencia el juez advierte la ilicitud de la prueba practicada
entiendo posible que pueda suscitar de oficio, e incluso también a instancia de parte, un incidente de nulidad de
81
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
32
admitida y practicada deje de tener eficacia puede causarle indefensión. Pues bien, para
decretar esta nulidad es preceptiva la audiencia a ambas partes84, por lo que dicha norma
justifica el citado incidente contradictorio.
d) Cuarto: la más justa resolución de la ilicitud probatoria. Sin duda alguna, la materialización
del contradictorio entre las partes permite al juez lograr los máximos datos posibles para que
pueda enjuiciar, con pleno conocimiento de causa, la posible ilicitud de la prueba,
incrementándose así la justicia de su resolución. Probablemente por este motivo, el nuevo art.
287 LEC establece el incidente contradictorio que hemos analizado y en el que se discute y
resuelve la eventual ilicitud probatoria (recordemos que este incidente también puede
producirse de oficio). Si bien es cierto que este incidente tiene lugar en el acto del juicio, por
analogía podría aplicarse para cuando el problema de la ilicitud probatoria surja con
posterioridad, ya que ante la evidente identidad de supuestos también debería ser idéntica la
solución legal al mismo (art.4.1 del Código Civil)85.
5 Conclusiones
Primera: La ilicitud y la ilegalidad son dos conceptos que inciden directamente sobre la
eficacia del derecho a la prueba, siendo ambos un límite extrínseco al mismo. El primero, se
encuentra regulado en los arts. 11.1 LOPJ y 287 LEC, y el segundo, en el art. 283.3 LEC.
Segunda: La ilicitud de la prueba comporta la vulneración de cualquier derecho
fundamental en la obtención o práctica de la prueba, y la consecuencia procesal de la misma es la
imposibilidad de que “surta efecto alguno”, esto es, que puede ser valorado por el juez. Al objeto
de permitir un trámite procesal para debatir esta ilicitud, el art. 287 LEC prevé un incidente con
contradicción y prueba, lo que pone en evidencia la manifiesta voluntad del legislador de
establecer un claro procedimiento contradictorio para que las partes puedan discutir la validez de
la prueba. De ahí se deriva la imposibilidad de que el juez aprecie esta ilicitud en la sentencia: en
este caso, en méritos del debido respeto del derecho a la prueba que, como hemos analizado,
comporta el derecho a la valoración de la prueba practicada, y al objeto de evitar decisiones
sorpresivas susceptibles de causar indefensión, el juez deberá iniciar ex officio al incidente de
actuaciones. Y salvando nuevamente la contradicción sobre el concreto extremo de la referida ilicitud, declarar la
ilicitud de la prueba, todo ello con fundamento en los arts. 225.5 y 227.2 LEC y 11 LOPJ y la doctrina
constitucional que sanciona con nulidad la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales” (Iniciativa
probatoria de oficio en el proceso civil, ob. cit., pág. 360).
84
Art. 240.2 LOPJ: “Sin perjuicio de ello, el juzgado o tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de
que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar,
previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular”.
85
A similar conclusión, si bien de forma distinta, llega MUÑOZ SABATE para quien: “en tales casos –prueba
ilícita advertida por el tribunal en el momento de dictar sentencia- al igual que hemos resuelto anteriormente,
debería acudirse por analogía al artículo 286.3º y considerar la ilicitud, súbitamente advertida, como un hecho
nuevo o de nueva noticia. Se pondrá en conocimiento de las partes la cuestión suscitada, y se suspenderá el plazo
para dictar sentencia, estándose a lo que resulte de las diligencias finales que a tal efecto se practiquen”
(Fundamentos de prueba judicial civil, edit. J.Mª Bosch editor, Barcelona, 2001, pág. 249).
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
33
nulidad de actuaciones del art. 227.2 LEC, dentro del cual se prevé expresamente la audiencia de
ambas partes.
Tercera: En materia de prueba ilícita, y respecto a la admisión jurisprudencial de la
doctrina norteamericana de los frutos del árbol prohibido, estimo que legalmente no tiene cabida
ni en el art. 11.1 LOPJ ni en el art. 237 LEC. En mi opinión, con la simple aplicación de las
normas reguladoras de las nulidades procesales, esto es, los arts. 243 LOPJ y 230 LEC, es
totalmente innecesario acudir a figuras extrañas, como la de la fruit of the poisonous tree
doctrine, y crear nuevas teorías, como la de la “conexión de antijuricidad”, para limitar su
posterior eficacia.
Cuarta: La ilegalidad de la prueba comporta también la limitación del derecho a la
prueba, pues no puede admitirse ningún tipo de actividad probatoria prohibida por la ley (art.
283.3 LEC). De esta manera se concreta en materia probatoria el mandato constitucional de
sumisión judicial a la ley, no pudiendo el juez admitir la proposición de pruebas que comporte
vulnerar la legalidad ordinaria. Dicho en otros términos, lo que se está previendo aquí es la
obligación del juez de hacer cumplir las normas referentes al procedimiento probatorio, por lo
que deberá denegar toda aquella prueba que suponga infracción del procedimiento probatorio,
como pretender aportar extemporáneamente un documento o un dictamen pericial privado sin
que exista una norma de cobertura que lo permita (arts. 269, 270 y 336 LEC respectivamente);
pretender el interrogatorio de un colitigante sin que exista en el proceso oposición o conflicto de
intereses entre ambos (art. 301.1 LEC); etc. Sin embargo, sí es válida la aportación procesal de
un documento robado, pues el derecho a la propiedad (art. 33 CE) no es un derecho fundamental
de nuestro ordenamiento: al solicitarse la admisión de esta prueba no se está pidiendo ninguna
actividad prohibida por la ley, sino todo lo contrario, se requiere la admisión de una prueba
válida por cuanto no estamos ante ninguna prueba ilícita en los términos definidos en los arts.
11.1 LOPJ y 287 LEC.
Quinta: Ambos conceptos (ilicitud e ilegalidad de la prueba) tienen un tratamiento
procesal distinto. Mientras que la prueba ilícita exige siempre un incidente contradictorio entre
las partes, por lo que se excluye que el juez pueda inadmitirla ab initio o estimar directamente su
existencia al dictar sentencia sin antes proceder al incidente del art. 287 LEC; la prueba ilegal,
sólo permite un control inicial, esto es, en el momento de admisión de la prueba.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
34
CONTORNOS ATUAIS E NOVAS QUESTÕES SOBRE A PROVA DOCUMENTAL NO
PROCESSO CIVIL BRASILEIRO – O ANTEPROJETO DE CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
Júlio César Ballerini Silva1
1 Introdução
O tema referente à prova documental e sua produção se revela como atual na medida
em que, como sabido, já que público e notório, existe projeto de lei, em trâmite pelo
Congresso Nacional, visando a promulgação de um novo Código de Processo Civil, no qual a
questão em comento também restará revisitada, mormente com a disciplina uniformizada e
não esparsa de questões como a do documento eletrônico e os princípios que nortearão o
chamado processo virtual, o que parece ser matéria interdisciplinar já que envolverá conceitos
como o de segurança documental.
Também não pode restar desconhecida dos operadores do direito a atualidade da
discussão da admissibilidade e produção de documentos, em dadas circunstâncias, pelo
Supremo Tribunal Federal, dentro do exame da licitude das provas, o que igualmente revela a
atualidade da questão proposta à cognição no presente trabalho, ainda mais porque na
exposição de motivos do Anteprojeto de novo Código de Processo Civil, a nota preponderante
será a da constitucionalização do processo, o que, obviamente, se estenderá à atividade
probatória.
Aliás, o direito à produção de provas resta como matéria de base de direito
constitucional processual, na medida em que envolve questões como a da isonomia ou da
igualdade (todos tem o mesmo direito de alegar e provar fatos dentro de um processo) entre as
pessoas residentes e domiciliadas no território nacional, o devido processo legal (nas vertentes
do devido processo legal formal e material), implicando em verdadeiro fundamental right do
indivíduo.
Assim, seria, num primeiro momento, de se estabelecer algumas diretrizes a respeito
do que seria a prova documental, bem como a mesma estaria inserida no plano geral dos
meios de prova, com suas espécies, para, então, passar-se ao exame da sua produção, com os
respectivos incidentes.
1
Magistrado. Professor. Mestre em Direito Processual Civil.
35
E o exame de tais tópicos far-se-á nos itens seguintes do presente trabalho, com base
em consultas a textos doutrinários identificados nas referências bibliográficas e, quando se
fizer necessário, com consulta à jurisprudência dos Tribunais pátrios.
2 Breves considerações sobre a atividade probatória
Como sabido, o Brasil se organiza como uma República Federativa consubstanciada
em um Estado Democrático de Direito (tal como decorre do advento da norma contida no
artigo 1º, caput, da Carta Política vigente), por força de dispositivo constitucional, tendo,
como um dos sobreprincípios constitucionais, estabelecidos no caput do artigo 5º da
Constituição Federal, a obediência ao princípio da igualdade (artigo 5º, caput, do mesmo
texto constitucional em questão).
Sob tal perspectiva, todos são iguais perante a lei, o que implica em dizer que, em caso
de lide, ou seja, conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, o magistrado
não poderá se desviar de prelados de imparcialidade, com igualdade de tratamento entre as
partes (artigo 125, inciso I do Código de Processo Civil), para aferir quem tem razão.
E isso implica em dizer que, se uma parte alegar um fato e a outra parte negá-lo, o juiz
deverá analisar a questão sob o prisma do princípio do livre convencimento motivado,
valorando provas apresentadas pelas partes, como consta do disposto no advento da norma
contida no artigo 131 do mesmo diploma processual civil (sempre de modo motivado como
decorre também do advento da norma contida no artigo 93, inciso IX da Constituição
Federal).
Aliás, a todo momento, o ordenamento jurídico, seja em nível constitucional, seja em
nível infraconstitucional parece não se desvirtuar da orientação no sentido da busca do
cumprimento da função política do Poder Judiciário, qual seja, a solução imparcial de
conflitos (a garantia da igualdade seria uma finalidade a ser atingida que poderia ser
conseguida por uma série de garantias asseguradas por outros princípios processuais, como a
possibilidade de acesso a um segundo grau de jurisdição para reexame, a proibição do juiz
fomentador de demandas, pela regra da inércia da jurisdição, ou de um juiz acobertador de
pretensões, pela regra do impulso oficial, agora sob a perspectiva constitucional de um tempo
razoável de duração de um processo – artigo 5º, inciso LXXVIII CF, com redação dada pelo
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
36
advento da EC nº 45/04, com hipérbole dos princípios da economia e tempestividade da
jurisdição, que podiam ser extraídos do artigo 125, inciso II do Código de Processo Civil).
Ganha, portanto, relevância a questão das provas, enquanto meio de convencimento do
magistrado a respeito da ocorrência de fatos, no processo, já que o juiz deve ser imparcial
também na garantia de produção de provas, o que poderia ser analisado neste contexto de
fundamento político de existência do Poder Judiciário, num Estado Democrático de Direito.
Nesse sentido, inclusive, aponta a doutrina no sentido de que prova seria o “modo
pelo qual o magistrado forma convencimento sobre as alegações de fatos que embasam as
pretensões das partes”.2
E, ainda, pertinente a opinião no sentido de que “na dinâmica do processo e dos
procedimentos, prova é um conjunto de atividades de verificação e demonstração, mediante as
quais se procura chegar à verdade quanto aos fatos relevantes para o julgamento”.3
Tudo isso sem prejuízo da constatação no sentido de que a prova seria um conceito
plurívoco, na medida em que “em uma primeira acepção, indica o conjunto dos atos
processuais praticados para averiguar a verdade e formar o convencimento do juiz sobre os
fatos, num segundo sentido, designa o resultado desta atividade, no terceiro, aponta para os
“meios de prova”.4
Assim, tem-se o processo como instrumento pelo qual se manifesta o direito de ação
constitucionalmente assegurado, sendo as provas o meio pelo qual, nesse instrumento
processual, as partes podem convencer o juiz acerca da existência ou inexistência dos fatos
que restam apontados nas relações jurídicas materiais discutidas no bojo da demanda.
E superando períodos históricos de provas místicas, como as ordálias e os juízos de
Deus e da prova tarifária5, passa-se ao sistema atual, do artigo 131 do Código de Processo
Civil, que seria o princípio da persuasão racional.
Sobre a questão, importaria destacar a seguinte opinião doutrinária:
2
WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo; Curso Avançado de Processo Civil, vol. 1. São Paulo:
Revista dos Tribunais, Brasil, 2.010, p. 475.
3
DINAMARCO, Cândido Rangel; Instituições de Direito Processual Civil, vol. III. São Paulo: Malheiros,
Brasil, 2.010, p.42.
4
GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; As
Nulidades no Processo Penal, São Paulo: Malheiros, Brasil, 1.992, p. 97.
5
GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; Teoria
Geral do Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1.990, p. 198.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
37
Enquanto no livre convencimento o juiz pode julgar sem atentar,
necessariamente, para a prova dos autos, recorrendo a métodos que escapam
ao controle das partes, no sistema da persuasão racional, o julgamento deve
ser fruto da operação lógica armada com base nos elementos de convicção
existentes no processo. Sem a rigidez da prova legal, em que o valor de cada
prova é previamente fixado na lei, o juiz, atendo-se apenas às provas do
processo, formará seu convencimento com liberdade e segundo a
consciência formada. Embora seja livre o exame das provas, não há
arbitrariedade, porque a conclusão deve ligar-se logicamente à apreciação
jurídica daquilo que restou demonstrado nos autos.6
Sobre o período de prova tarifária, aplicável no direito pátrio na época das Ordenações
do Reino de Portugal, inclusive, seria de observar a grande importância que se atribuía à
prova documental7 (como ainda é hoje em dia, verbi gratia, para atos solenes como a
transmissão da propriedade imobiliária).
E todo este intróito se faz adequado e necessário na medida em que, englobando a
teoria geral das provas, obviamente, aplicar-se-á o respectivo arcabouço, à prova documental
e sua produção.
Aliás, sobre a questão, a jurisprudência pátria, tem reafirmado a proeminência do
princípio da persuasão racional, em questões versando a produção de provas documentais em
processos. Nesse sentido, de se pedir licença para destacar:
ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE. REVISÃO. CABIMENTO. PROVENTOS
EFETIVAMENTE REDUZIDOS. RECURSO E REMESSA NÃO
PROVIDOS. Inocorrência de cerceamento de defesa alegado pela União
Federal, pois se verifica que, instada a manifestar-se sobre a produção de
novas provas, informou que "não tem provas a produzir, por entender que as
provas necessárias ao julgamento da lide já encontram - Nos autos". O
"artigo 131, do CPC, consagra o princípio da persuasão racional,
habilitando-se o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos,
provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto constantes dos autos, rejeitando
diligências que delongam desnecessariamente o julgamento, atuando em
consonância com o princípio da celeridade processual" (STJ, 1ª Turma,
RESP - 760998 GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 29.03.2007). Não procede
a alegação de que o autor não procurou a Administração para efetuar a
revisão de sua aposentadoria, pois encontra-se acostado aos autos o
protocolo, cujo assunto é "revisão de aposentadoria". De qualquer forma, a
6
THEODORO JR., Humberto; Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, Brasil, 2.008, p. 483.
GOMES, Orlando. Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro, Salvador: Publicações da
Universidade da Bahia, Brasil, 1.958, p. 67.
7
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
38
necessidade de, primeiramente, exaurir a instância administrativa carece de
amparo legal, vez que a Constituição Federal não agasalha tal pretensão,
estabelecendo em art. 5º, inciso XXXV: "A lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Conforme os documentos
acostados, não há qualquer mudança funcional que justifique a brusca
redução do provento básico do autor, devendo, assim, ser este restabelecido,
nos valores de julho de 1997, isto é, R$ 211,22 (duzentos e onze reais e vinte
e dois centavos), sendo as vantagens recalculadas como base neste valor.
Dos valores apurados em liquidação de sentença, deve ser realizada a
compensação entre os devidos e os efetivamente recebidos. Recurso e
remessa não providos. (Apelação Cível nº 242487/RJ (2000.02.01.0469493), 6ª Turma Especial do TRF da 2ª Região, Rel. Benedito Gonçalves. j.
19.09.2007, unânime, DJU 02.10.2007, p. 254/255).8
3 Prova documental
O próprio texto legal disponibiliza uma gama de meios de prova colocados à
disposição do juiz (artigo 130 do Código de Processo Civil) ou mesmo das partes, para a
formação do convencimento judicial acerca da forma como se deram os fatos, sendo certo
que, dentre esses meios, se insere a prova documental.
Etimologicamente, documento vem do latim docere, na acepção de “mostrar, indicar,
ensinar – a coisa que contém a virtude de fazer conhecer conhecer outras coisas”9.
Neste sentido, inclusive, já se definiu a prova documental como sendo “a coisa
representativa de um fato e destinada a fixá-lo de modo permanente e idôneo”10 e mesmo
como “coisa em que se expressa por meio de sinais, o pensamento, esse o sentido restrito e
técnico que supõe o conteúdo intelectual como elemento definidor de documento”11..
Curiosa, ainda, a comparação estabelecida entre prova oral e documental, no sentido
de que, em relação a documentos (que igualmente não seriam um conceito unívoco, ou de
único sentido):
Por estas palavras, queremos designar ao mesmo tempo todos os objetos
inanimados, que por acaso dão testemunho da realidade de um
8
DVD Jurisplenum, Edição 101, Vol.1, julho, Porto Alegre: Editora Plenum, Brasil, 2.008.
TUCCI, Rogério Lauria. Documento, FRANÇA, Rubens Limongi (coordenador), Enciclopédia Saraiva do
Direito, Vol. 29, São Paulo: Editora Saraiva, Brasil, 1.977, p. 196.
10
SANTOS, Moacyr Amaral; Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, vol. 3, São Paulo: Ed. Saraiva,
1.977, p. 338.
11
MIRANDA, J. M. Pontes de; Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo IV, Rio de Janeiro: Ed.
Forense, Brasil, 1.996, p. 357.
9
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
39
acontecimento, e todos os que forem expressamente criados para servir-lhe
de prova (neste último caso a palavra – documento – é tomada em uma
acepção restrita). Entre estes meios de prova distinguem-se os monumentos
(monumenta), que são destinados a consagrar a memória de um fato, ou
traduzir e proclamar, sob uma forma simbólica, um direito existente, e, no
sentido mais restrito, os documentos propriamente ditos (documenta), que
tem por fim certificar a realidade do fato. Destes últimos, uns foram logo
instituídos com o fim de servirem como prova no futuro, outros, por efeito
do acaso, e sem que se tenha previsto fim especial, dão certas explicações,
ou atestam acontecimentos importantes.12
Por esta perspectiva, tem-se que qualquer objeto inanimado poderia ser entendido
como prova documental, por exemplo, uma faca utilizada para danificar um veículo, numa
ação indenizatória, um contrato escrito, uma cártula, etc...
Mas isso não seria unânime, eis que existem autores que somente considerariam prova
documental aquelas vertidas em papel escrito13, portanto em acepção menos ampla.
Havendo, mesmo, quem diferencie entre prova material (qualquer objeto) e prova
documental (prova vertida em papel como sub-espécie de prova material).14
Outros asseveram que a idéia de documento estaria associada a “superfícies portadoras
de símbolos capazes de transmitir idéias e demonstrar a ocorrência de fatos”15.
No entanto a própria lei parece adotar um posicionamento menos exigente, eis que,
como pode ser percebido, de modo expresso e literal pela redação do artigo 383 do Código de
Processo Civil, reproduções mecânicas, fotográficas, cinematográficas, ou de outras espécies
(e tem-se aí a autorização para todo o arcabouço tecnológico posterior ao advento do CPC/73
quando de seu início de vigência), poderá ser utilizado como meio de prova, sendo tratado,
ademais, como prova documental já que se cuida de dispositivo inserido em tal capítulo.
Modernamente, com o avanço tecnológico, a expressão documento pode ser
empregada, até mesmo, no sentido de identificar “trabalho criado em um processador de texto
e gravado num arquivo”.16
12
MITTERMAIER, C.J.A., Tratado da Prova em Matéria Criminal, Campinas: Ed. Bookseller, Brasil, 1.996, p.
295-296.
13
SILVA, De Plácido e, Vocabulário Jurídico, vol. 1, Rio de Janeiro: Ed. Forense, Brasil, 1.991, p. 118.
14
CAPEZ, Fernando, Manual de Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, Brasil, 2.007, p. 331.
15
DINAMARCO, Cândido Rangel; op. cit., p. 591.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
40
A Lei nº 11.419/06, inclusive, disciplinou a informatização do processo judicial,
passando a prever documentos sob a forma de extratos digitais de bancos de dados (com a
redação que conferiu ao inciso V do artigo 365, do Código de Processo Civil) possam ser
aceitos como documentos no processo civil pátrio (orientação mantida no anteprojeto do novo
Código de Processo Civil, como se pode observar pelo advento da norma contida no artigo
385, incisos V, Vi e parágrafos).
E, para alguns, dentre os grandes méritos desta lei, além da disciplina expressa de
questões referentes à existência dos chamados documentos eletrônicos, estaria a própria
possibilidade de existência de uma própria execução eletrônica.17
O Superior Tribunal de Justiça, tem, até mesmo, já há algum tempo, apreciado
questões que abordam a discussão acerca de documentos eletrônicos (questão cada vez mais
atual num ambiente com milhares de transações mercantis pela internet), e mesmo
documentos magnéticos (como se conceitou em Julgado recente, um cartão bancário para
operar caixa eletrônico. Neste sentido, de se pedir licença para destacar o Julgado elucidativo
da questão:
RECURSO ESPECIAL Nº 602.680 - BA (2003/0195817-1) CIVIL.
CONTA-CORRENTE. SAQUE INDEVIDO. CARTÃO MAGNÉTICO.
SENHA. INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1 - O uso do cartão
magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto,
eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o
Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na
entrega do numerário. 2 - Recurso especial conhecido e provido para julgar
improcedente o pedido inicial. Brasília, 21 de outubro de 2004 (data de
julgamento). MINISTRO FERNANDO GONÇALVES, Relator. O acórdão,
reconhecendo o extravio do cartão magnético do recorrido, afirma o saque
em sua conta de poupança, debitando à recorrente a culpa pelo evento por
não haver apurado "a verdade dos fatos". Diz o julgado: "Embora a CEF
critique a provável falta de cautela do cliente com seu cartão magnético, não
se preocupou a referida empresa pública, como dito, em provar, nestes autos,
a culpa concorrente ou exclusiva do autor no saque indevido efetuado em
sua conta poupança..." (fls. 157) Em nenhum momento, nem o acórdão e
nem a sentença tratam do tema relativo à senha de uso pessoal, intransferível
e sigiloso e que constitui fator importante, senão imprescindível, para a
efetivação de saques. Sob o ângulo do dissenso pretoriano (letra c), afastada
eventual controvérsia acerca do tema probatório ou sua possível inversão, no
julgamento do Resp 417.835-AL, pela Quarta Turma, na assentada do dia 11
de junho de 2002, onde argüido maltrato aos arts. 333, I, do Código de
16
DINIZ, Maria Helena, Dicionário Jurídico, vol. 2, São Paulo: Ed. Saraiva, Brasil, 1.998, p. 224.
MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado e Anotado. Barueri: Manole,
Brasil, 2.008, p. 697.
17
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
41
Processo Civil, e 159 do Código Civil de 1916, foi estabelecido, no
essencial, o seguinte: "Na inicial é alegado pela autora que sua contacorrente apresenta débito de R$ 850,00, pelo qual não foi responsável. A
CEF, por outro lado, alega que tal saque se deu mediante utilização de cartão
da correntista em caixa eletrônico, com o emprego de senha pessoal. O
acórdão regional confirma que a retirada deu-se daquela forma, mas, como
não é possível identificar-se quem teria feito o uso do cartão magnético,
imputou o ônus da prova ao banco réu (cf. fl. 56). A questão, realmente, não
é simples. Todavia, a conclusão a que chego é no sentido oposto à do aresto
regional. É que entregue o cartão ao cliente e fornecida a senha pessoal para
a sua utilização, a guarda a ele cabe, exclusivamente. Não pode nem deve,
em princípio, cedê-lo a quem quer que seja, ou quebrar o sigilo, fornecendo
a senha a terceiros. Também incumbe-lhe manusear adequadamente o cartão,
evitando solicitar auxílio de estranhos. Desse modo, achando-se na posse e
guarda do cartão e da senha, a presunção lógica é a de que se houve o saque
com o emprego de tal documento magnético, cabe à autora provar que a
tanto não deu causa. Não basta alegar que dele não fez uso. Tem de
demonstrá-lo. Ao estabelecimento bancário basta, na hipótese em comento,
comprovar que o saque foi feito com o cartão do cliente, que tinha a sua
guarda, e não que foi o cliente, pessoalmente, quem efetuou a retirada. Seu
ônus não tem essa extensão, penso eu. Não há, pois, a prova da culpa do
banco, que ele teria agido com imprudência, imperícia ou negligência, se
entregou o dinheiro de acordo com as regras de depósito, mediante a
apresentação do credenciamento necessário." O acórdão teve a seguinte
ementa: "CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO
MAGNÉTICO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA.
EXTENSÃO INDEVIDA. CPC, ART. 333, I. I. Extraída da conta corrente
do cliente determinada importância por intermédio de uso de cartão
magnético e senha pessoal, basta ao estabelecimento bancário provar tal fato,
de modo a demonstrar que não agiu com culpa, incumbindo à autora, em
contrapartida, comprovar a negligência, imperícia ou imprudência do réu na
entrega do numerário. II. Recurso especial conhecido e provido, para julgar
improcedente a ação." A hipótese retratada nestes autos, em tudo por tudo, é
idêntica, porquanto no saque não houve utilização apenas do cartão
magnético, mas, também, como sustenta a Caixa Econômica, da senha
pessoal criptografada, que, por força de contrato, "é um código privativo e
de conhecimento exclusivo do titular da conta" (fls. 70). Neste contexto, sem
adentrar ao terreno probatório quanto à sua inversão ou não, a verdade é que
não houve debate nas instâncias ordinárias sobre o uso conjugado do
cartão/senha, atribuindo-se responsabilidade à CEF, sem maiores
detalhamentos e colidindo com o entendimento esposado pela Turma no
recurso especial em apreço (417835-AL). Assim sendo, com apoio no
precedente acerca do tema, conheço do recurso e lhe dou provimento para
julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência.18
Aliás, o Projeto de Novo Código de Processo Civil, elaborado por uma comissão de
processualistas capitaneados por Luiz Fux, não deixa à margem a questão referente aos
18
DVD Jurisplenum, Edição 101, Vol.1, julho, Porto Alegre: Editora Plenum, Brasil, 2.008.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
42
documentos eletrônicos, como disposto, de forma expressa, nos seus artigos 418 a 420, com a
exigência, no entanto, de que tais documentos, embora admissíveis, devam ser reduzidos à
forma impressa19.
Em vários trechos, aliás, se observam os impactos da evolução tecnológica sobre a
própria noção de prova documental, tal como se tem pelo quanto estabelecido no artigo 88,
par. único do anteprojeto, que possibilita a assinatura digital de instrumento de procuração do
advogado (com a ressalva “nos termos da lei”, a exigir o advento de lege ferenda em relação
aos requisitos de tal assinatura digital), ou mesmo pelo contido no artigo 151, pars. 2º, 3º e 4º,
com expressas referências a tais processos eletrônicos, ao disciplinar a forma dos atos
processuais.
Destacam-se, em relação a tanto, os requisitos mínimos para a admissão de
comunicação de atos processuais, por meios eletrônicos (mas na medida em que se cuidaria de
documentos eletrônicos, deveriam ser reduzidos à forma impressa, como aduzido linhas
acima), a serem disciplinados por lei própria (mesmo juízo de lege ferenda que precisaria
disciplinar a assinatura digital de procurações, diga-se en passant), mas que devem se pautar
pela autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade, sendo ônus das partes
obter meios tecnológicos para o acompanhamento dos atos processuais sob tal perspectiva.
Como novidades deste projeto de lei, inclusive, tem-se, em matéria de prova
documental, a admissão expressa de fotos digitais, bem como as extraídas da rede mundial de
computadores, além dos conhecidos msn’s, como se pode observar pela redação do artigo
405, parágrafos 1º e 5º deste referido esboço legislativo (novidade, portanto, de lege ferenda).
E, ainda, apontar-se-ia que, de modo expresso, o anteprojeto passa a disciplinar o
aproveitamento de prova emprestada, como se observa pelo disposto no seu artigo 260, o que
seguramente passa pelo aproveitamento de cópias, portanto documentos, de trechos de outros
feitos, desde que respeitado o contraditório (nota, aliás, característica deste projeto
legislativo).
Como dado relevante, ainda, em relação à prova documental, seria de se referir às suas
várias formas de classificação, eis que, na legislação de regência, ou seja, o Código de
Processo Civil, dependendo da autoria do documento, este poderá ser considerado público ou
particular.
19
Orientação que não deixa de ser curiosa, por razões óbvias, mormente em um sistema que admite processos
eletrônicos, e que, talvez se justifique como uma cautela para a segurança do sistema.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
43
Do mesmo modo, se a autoria do documento for conhecida, o documento será
reputado autêntico, mas, caso contrário, o documento será tido por apócrifo20, sem prejuízo
das classificações propostas por Mittermaier, já mencionadas linhas acima, e mesmo a alusão
a documentos autógrafos ou heterógrafos dependendo, no primeiro caso, de ser o autor
material, também autor intelectual do documento, ou não (segundo caso).
4 Prova documental: licitude e produção
Prova, como visto acima, tem um conceito não unívoco, e, na acepção de meio de
prova, não pode ser vista como um conceito absoluto, eis que, se de um lado, como
demonstrado acima, podem ser produzidas pela iniciativa do juiz (artigo 131 do Código de
Processo Civil), igualmente podem ser produzidas pelas partes, falando-se, assim, num direito
à produção da prova21 (no caso, documental).
Não se pode esquecer, portanto, que o direito à produção de provas, se não é absoluto,
acaba por encontrar limites devidamente estabelecidos no próprio ordenamento jurídico, isso
porque “os direitos do homem, segundo a moderna doutrina constitucional, não podem ser
entendidos em sentido absoluto, em face da natural restrição resultante do princípio da
convivência das liberdades, pelo que não se permite que qualquer delas seja exercida de modo
danoso à ordem pública e às liberdades alheias”22.
No direito brasileiro, a Constituição Federal veda a proibição das provas obtidas por
meios ilícitos (artigo 5º. inciso LVI), ou seja, produzidas em contrariedade ao direito, não se
admitindo, ainda, como pode ser extraído da orientação prevista pelo artigo 332 do Código de
Processo Civil, os meios de prova que não sejam considerados moralmente legítimos, o que
interessa diretamente à questão da produção da prova documental (no mesmo sentido a
orientação contida no artigo 32 da Lei nº 9.099/95), onde “a referência a meios de provas
moralmente legítimos deve ser lida como fontes de prova obtidas ou manipuladas por meios
lícitos não importam ilicitude da prova, para os fins do preceito constitucional e consequente
ineficácia probatória, os defeitos das próprias fontes, como a falsidade do documento trazido
ao processo; ou eventuais vícios na produção da prova, como a inobservância do princípio do
20
DINIZ, Maria Helena, op. cit., p. 224.
DINAMARCO, Cândido Rangel; op. cit., p. 46.
22
GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; op.
cit., p. 104.
21
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
44
contraditório; ou ainda a mentira intencional da testemunha, esses desvios são sancionados
pelo sistema processual por outros modos.”23.
Neste sentido, já se manifestou a jurisprudência dos Tribunais pátrios, em relação à
questão da utilização de tais documentos em processos judiciais:
TRF1-136721) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO RETIDO: PROVA TESTEMUNHAL - IRPJ OMISSÃO DE RECEITA - INFORMAÇÃO SOBRE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO - INFORMAÇÕES OBTIDAS PELA FAZENDA
NACIONAL EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL
ANTES
DA
LEI
COMPLEMENTAR Nº 105/2001 - PROVA ILÍCITA NULIDADE DO LANÇAMENTO. 1. A produção de prova
testemunhal se mostra inócua diante da silhueta obtida com a prova
pericial produzida, o que afasta a sua necessidade. 2. Não é admissível
que ao Fisco sejam disponibilizados dados sobre a movimentação
bancária do correntista sem a devida autorização judicial, em mero
procedimento administrativo anterior à Lei Complementar nº
105/2001, regulamentada pelo Decreto nº 3.724/2001. 3. As
instituições financeiras devem atender à solicitação de informação
encaminhada pelo Fisco, cumprindo-lhe, porém, negar-se a fornecer
qualquer espécie de notícia ou documento pertinente à movimentação
ativa e passiva do correntista/contribuinte, bem como dos serviços a
ele prestados (art. 38 da Lei nº 4.595/64). Precedente do STJ. 4. Os
autos de infração impugnados e a decisão administrativa que
confirmou a omissão de receita, ao se fundarem em prova ilícita,
caracterizada pela quebra do sigilo bancário da apelante sem
autorização do Poder Judiciário e sem o consentimento do
contribuinte, são, portanto, nulos. 5. Agravo retido não provido.
Apelação provida: pedido inicial parcialmente procedente. 6. Peças
liberadas pelo Relator, em 07.08.2007, para publicação do acórdão.
(Apelação Cível nº 2002.38.00.022461-4/MG, 7ª Turma do TRF da 1ª
Região, Rel. Luciano Tolentino Amaral, Rel. Convocado Rafael Paulo
Soares Pinto. j. 07.08.2007, unânime, DJU 24.08.2007).24
Portanto, como premissa inicial para comentar a produção da prova documental, temse que esta peculiar espécie de meio probatório deve se dar com vedação das provas obtidas
por meios ilícitos ou moralmente ilegítimos.
23
24
DINAMARCO, Cândido Rangel; op. cit., p. 46.
DVD Jurisplenum, Edição 101, Vol.1, julho, Porto Alegre: Editora Plenum, Brasil, 2.008.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
45
No anteprojeto de Código de Processo Civil, como se observa pelo contido no artigo
257 e seu parágrafo único, se mantém a orientação no sentido da vedação da produção de
provas que não sejam legais ou moralmente legítimas.
O próprio Supremo Tribunal Federal, por precedentes recentes, tem se orientado no
sentido de total vedação de admissão de documentos obtidos por meios ilícitos, nos processos
em geral, neste sentido, poder-se-ia continuar a pedir vênia para destacar, dentre outros, o
seguinte precedente, verificando em ação penal oriunda daquele E. Areópago:
PROVA - CRIMINAL – DOCUMENTOS - Papéis confidenciais
pertencentes a empresa. Cópias obtidas sem autorização nem
conhecimento desta, por ex-empregado. Juntada em autos de inquérito
policial. Providência deferida em Mandado de Segurança impetrado
por representante do Ministério Público. Inadmissibilidade. Prova
ilícita. Ofensa ao art. 5º, inciso LVI, da CF, e aos arts. 152, parágrafo
único, 153 e 154 do CP. Desentranhamento determinado. Habeas
Corpus concedido para esse fim. Não se admite, sob nenhum pretexto
ou fundamento, a juntada, em autos de inquérito policial ou de ação
penal, de cópias ou originais de documentos confidenciais de empresa,
obtidos, sem autorização nem conhecimento desta, por ex-empregado,
ainda que autorizada aquela por sentença em Mandado de Segurança
impetrado por representante do Ministério Público. (STF - 2ª T.; HC
nº 82.862-1-SP; Rel. Min. Cezar Peluso; j. 19/2/2008; v.u.). BAASP,
2584/4817-j, de 14.8.2008.
Referida tendência, aliás, já estaria sendo verificada há certo tempo, como o revela
precedente anterior, da época das investigações do conhecido caso Collor e suas ramificações,
como se observa, pelo presente Julgado que continuo a pedir vênia para destacar, a título
meramente exemplificativo da questão a ser posta no cerne do presente estudo:
PROVA ILÍCITA – DESENTRANHAMENTO Julgando embargos
declaratórios opostos ao acórdão que recebera denúncia ofertada
contra a ex Ministra Zélia Cardoso de Mello, por crime de corrupção
passiva, o Tribunal os acolheu para, suprindo a omissão apontada pelo
embargante – o co-réu Paulo César Farias -, determinar o
desentranhamento das provas resultantes da decodificação das
informações encontradas na memória do computador apreendido nas
dependências da empresa Verax, tidas por ilícitas no julgamento da
Ação Penal 307, em que figurava como réu, entre outros, o exPresidente Fernando Collor de Mello. Aplicação do disposto no artigo
5º, LVI, da CF. Inq. 731-DF (EDcl), Rel. Min. Néri da Silveira,
22.05.96 (Informativo STF nº 32).
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
46
Aliás, neste caso específico, continuo a destacar o quanto asseverado no julgamento do
próprio recurso de embargos declaratórios:
INQ. 731 (EDcl) – Rel. Min. Néri da Silveira, Ação Penal. Denúncia
recebida. Prova ilícita. Embargos de Declaração pleiteando seu
desentranhamento. Constituição, art. 5º, inciso LVI. Reconhecida a
ilicitude da prova constante dos autos, conseqüência imediata é o
direito da parte, à qual essa prova possa prejudicar, a vê-la
desentranhada. Hipótese em que a prova questionada foi tida como
ilícita, no julgamento da Ação Penal nº 307, fato já considerado no
acórdão de recebimento da denúncia. Pedido de desentranhamento
formulado na resposta oferecida pelo embargante e reiterado em outro
instante processual. Embargos de Declaração recebidos, para
determinar o desentranhamento dos autos, das peças concernentes à
prova julgada ilícita nos termos discriminados no voto condutor do
julgamento (Informativo STF nº 34).
Mas, mesmo assim, não se pode deixar de apontar que, ao menos nas situações de
legítima defesa do produtor da prova ilícita, possa ocorrer o aproveitamento, como igualmente
já frisado pelo mesmo E. Pretório Excelso, em hipótese que, acredita-se, a nota seja a da
excepcionalidade, justamente para se conter excessos.
Neste sentido, sempre de se continuar a pedir vênia, desta feita, para destacar outro
exemplo de precedente jurisprudencial a respeito do mesmo tema em comento:
RE Nº 212.081 – REL. MIN. OCTÁVIO GALLOTTI – EMENTA
Captação, por meio de fita magnética, de conversa entre presentes, ou
seja, a chamada gravação ambiental, autorizada por um dos
interlocutores, vítima de concussão, sem o conhecimento dos demais.
Ilicitude da prova excluída por caracterizar-se o exercício de legítima
defesa de quem a produziu. Precedentes do Supremo Tribunal Federal
HC 74.678, DJ 15.08.97 (Informativo STF nº 104).
Essa interpretação excepcional, inclusive, parece despontar quando, em antinomias, o
magistrado possa analisar a questão da ilicitude da prova, avaliando a natureza dos direitos
envolvidos (sob uma perspectiva de proporcionalidade ou razoabilidade25), como se extrai
25
O próprio artigo 6º do Anteprojeto de novo Código de Processo Civil, que estabelece uma parte geral com
garantias processuais constitucionais, inclusive, resta expresso no sentido de que se deva aplicar a norma
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
47
(obviamente de lege ferenda) da orientação contida no parágrafo único do supramencionado
artigo 257 do anteprojeto de novo Código de Processo Civil.
Tal produção deve se dar, ademais, quando de iniciativa das partes (o juiz pode
requisitar a produção de documentos ex officio como decorre do artigo 130 do Código de
Processo Civil) nos momentos processuais adequados, o que, em relação à prova documental
deve ocorrer, em relação ao autor, com a distribuição ou despacho da petição inicial, em
relação aos documentos indispensáveis à propositura da ação (como pode ser extraído da
orientação contida nos artigos 263 e 283 do Código de Processo Civil), e, em relação ao réu,
até por força dos princípios da eventualidade e da concentração dos atos de defesa (bem como
pela própria redação dos artigos 300 e 302 do mesmo diploma processual civil) deve se dar
com a apresentação da peça de resposta processual (seja exceção em relação ao que se
pretender alegar, seja contestação ou reconvenção).
Aliás, a norma contida no artigo 396, do respectivo Código de Processo, estabelece
como regra geral que a prova documental teria momentos próprios para a produção, mas,
eventualmente, haveria a possibilidade de juntada de documentos novos, desde que garantido
o direito de acesso ao contraditório, como pode ser extraído dos artigos 397 e 398 do mesmo
diploma legal.26
Pertinente, aliás, a respeito da questão, as ponderações a respeito da flexibilização
dessas regras referentes à produção de documentos novos fora dos momentos processuais
adequados. Sobre o tema:
Além disso, a interpretação sistemática do art. 396 do Código de Processo
Civil tem propociado uma flexibilização racional das exigências que contém,
admitindo-se a exibição ulterior de documentos (a) sempre que o
retardamento não seja fruto de um espírito de ocultação premeditada e do
propósito de surpreender o juízo ou a parte contrária (STJ) e (b) desde que o
estado do procedimento o permita. É excepcional a admissão
de
documentos novos com as razões ou contra-razões de recurso, seja porque o
contraditório nesse momento já é bem mas restrito, seja porque não comete o
error in procedendo ou in judicando o juiz que julga contrariamente à
realidade dos fatos em virtude de omissões probatórias das próprias partes.27
processual sob a perspectiva, dentre outros, dos princípios da legalidade (e a aí se reafirma, obviamente, o caráter
imperativo da exigência da produção de meios de provas legais e legítimos), mas também da razoabilidade.
26
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; Manual do Processo de Conhecimento, São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais, Brasil, 2.006, p.363.
27
DINAMARCO, Cândido Rangel; op. cit., p. 609-610.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
48
Não se esqueça, ademais, que, em regra, o direito processual pátrio, não mais visto
como um fim em si mesmo, mas como um verdadeiro instrumento processual, já permitiria a
admissão de documentos novos, como provas judiciais, sob a perspectiva do advento da
norma contida no artigo 130 do Código de Processo Civil, sendo certo que a maior
preocupação em relação a tanto, deva ser a referente à efetiva garantia do contraditório.
Isso porque, como é cediço, na fase sincretista do processo civil, com grande
importância da sua constitucionalização, a pedra de toque vem sendo a busca pela efetividade
da jurisdição, que, ainda, deve ser obtida de forma tempestiva (nos estritos termos
preconizados, aliás, pelo advento da norma contida no artigo 5º, inciso LXXVIII, CF, com
redação dada pelo advento da EC nº 45/04, conferindo status de direito fundamental, ou,
como preconizado por J. J. Canotilho, em seu conhecido Curso de Direito Constitucional, um
verdadeiro fundamental right, ao tempo razoável de duração de um processo).
Nessas condições, tem-se que conferir efetividade ao brocardo de direito franco de
acordo com o qual pás de nulitèe sans grief, o qual, em tradução literal e livre implica na idéia
de acordo com a qual não haverá que se cogitar de reconhecimento de qualquer causa de
nulidade, sem efetivo prejuízo processual.
Tal idéia sofreu refinamento teórico e jurisprudencial, passando a ser entendida como
um princípio instrumental, ou princípio da instrumentalidade das formas, o qual veio a ser
expressamente previsto pelo processo civil pátrio, como se pode observar pelo advento das
normas contidas nos artigos 244 e 249, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Neste mesmo sentido, de se pedir vênia para ponderar a respeito do quanto apontado
por Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco,
em seu clássico "Teoria Geral do Processo", a respeito do que, de forma expressa:
O princípio da instrumentalidade das formas, de que já se falou, quer que só
sejam anulados os atos imperfeitos se o objetivo não tiver sido atingido (o
que interessa, afinal, é o objetivo do ato, não o ato em si mesmo). Várias são
as suas manifestações na lei processual, e pode-se dizer que esse princípio
coincide com a regra contida no brocardo "pas de nulité sans grief". Tal
princípio, formulado legislativamente nesses mesmos termos no direito
francês, está presente nos códigos brasileiros: a) mediante expressa
referência ao prejuízo como requisito para a anulação (CPP, art. 563; CPC,
art. 249, § 1º); b) estatuindo a lei que a consecução do objetivo visado pela
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
49
determinação da forma processual faz com que o ato seja válido ainda se
praticado contra a exigência legal (art. 244 CPC)28.
No âmbito do Juizado Especial Cível (a seara das assim chamadas causas cíveis de
menor complexidade), a questão ganha contornos de flexibilização ainda mais ampla, posto
que, nos estritos termos preconizados pelo advento da norma contida no artigo 2º da Lei nº
9.099/95, dentre os princípios norteadores deste Juizado, se insere um princípio de
simplicidade de formas, autorizando, portanto, guardadas essas garantias de acesso ao
contraditório, e com as ressalvas referentes à licitude da prova, como tecidas linhas acima, a
juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação, em outras fases do processo,
que não na fase postulatória.
Pelo óbvio que se deva esperar um minimum29 ético das partes em litígio (artigo 14,
inciso II do Código de Processo Civil), que, tem, ademais, que atuar com boa-fé no processo,
de sorte tal que, sob tal perspectiva, se o magistrado perceber que a parte estivesse ocultando
o documento para postergação ou outro fim ilícito, ao invés de desconsiderar o teor de um
documento importante (como visto o artigo 130 do Código de Processo Civil possibilita ao
magistrado mantê-lo no bojo dos autos, eis que meios de prova se prestariam, em ultima ratio
à formação da convicção judicial a respeito da ocorrência de certo fato ou da comprovação da
existência de algum direito), deverá aplicar o arcabouço próprio das situações de litigância de
má-fé.
A produção da prova documental poderá ocorrer, ainda, de modo compulsório, se
acaso se cuidar de documento comum que estiver em poder da parte contrária ou de terceiro, o
que deverá ser obtido a partir da formação do incidente de exibição de documentos, a que
aludem as normas contidas nos artigos 355 e seguintes úteis do Código de Processo Civil.
Em sede cautelar autônoma, inclusive, poderá haver propositura de ação cautelar
autônoma para tal finalidade de exibição, como previsto pelos artigos 844 e 845 do mesmo
diploma processual civil, nada impedindo, observadas as cautelas de cumulação do artigo 292
28
GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; Teoria
Geral do Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1.990, p. 306.
29
Acredito que, em relação a tanto, não se cuide de uma mera ética utilitarista, mas se deva exigir uma ética de
índole eudaimônica, fundada num juízo de aretè enquanto prelado de excelência moral, posto que em jogo, às
mais das vezes, a seriedade e credibilidade na eficácia e efetividade do próprio Poder Judiciário, ainda mais em
um sistema que adota como regra prelados de boa-fé objetiva, como se observa, por exemplo, pelo contido no
artigo 422 do Código Civil, deixando clara a intenção do legislador em impedir a espoliação de quem quer que
seja por artifícios formais e jurídicos.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
50
e consectários do caderno processual em questão, que se proceda ao cúmulo de pedidos, com
a própria tutela principal, como se admissível pelo advento da norma contida no artigo 273,
par. 7º do Código de Processo Civil.
Por fim, como incidente relevante, acerca da produção da prova documental seria de
se realçar a existência do incidente de argüição de falsidade documental, que se refere não aos
casos de falsidade de conteúdo (documentos falsos), mas, ao contrário, se presta à aferição de
documentos falsificados (falsidade de suportes nos quais são plasmados os documentos).
Conclusão
A regra tem sido a aceitação da idéia de que a prova documental deva ser plasmada em
papel, a ser produzida de forma lícita e legítima, devendo ser produzida em momentos
processuais próprios, mas, havendo motivo razoável (princípio da proporcionalidade), a prova
documental poderá ser produzida fora do momento da manifestação inicial das partes,
observada a boa-fé da parte que produzir o documento nessas condições, com possibilidade de
requisição judicial ou exibição compulsória, nos termos da legislação processual de regência.
Acresça a tudo isso que, em havendo antinomias autorizadoras, em relação à natureza
de direitos conflitantes em juízo, o juiz do processo civil, obviamente em situações
excepcionais e devidamente justificadas a analisar a questão da licitude das provas sob um
prisma de proporcionalidade (razoabilidade), havendo, como demonstrado acima, precedente
do E. Supremo Tribunal Federal em relação a tanto.
Referências bibliográficas
CAPEZ, Fernando, Manual de Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, Brasil, 2007.
DINAMARCO, Cândido Rangel; Instituições de Direito Processual Civil, vol. III. São Paulo:
Malheiros, Brasil, 2010.
DINIZ, Maria Helena, Dicionário Jurídico, vol. 2, São Paulo: Ed. Saraiva, Brasil, 1998.
GOMES, Orlando. Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro, Salvador:
Publicações da Universidade da Bahia, Brasil, 1958.
GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antônio Carlos de
Araújo; Teoria Geral do Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
51
GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES FILHO, Antônio
Magalhães; As Nulidades no Processo Penal, São Paulo: Malheiros, Brasil, 1.992.
MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado e Anotado.
Barueri: Manole, Brasil.
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; Manual do Processo de
Conhecimento, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, Brasil, 2.006.
MIRANDA, J. M. Pontes de; Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo IV, Rio de
Janeiro: Ed. Forense, Brasil, 1996.
MITTERMAIER, C.J.A., Tratado da Prova em Matéria Criminal, Campinas: Ed. Bookseller,
Brasil, 1996.
SANTOS, Moacyr Amaral; Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, vol. 3, São Paulo:
Ed. Saraiva, 1977.
SILVA, De Plácido e, Vocabulário Jurídico, vol. 1, Rio de Janeiro: Ed. Forense, Brasil, 1991.
THEODORO JR., Humberto; Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense,
Brasil, 2008.
TUCCI, Rogério Lauria. Documento, FRANÇA, Rubens Limongi (coordenador),
Enciclopédia Saraiva do Direito, Vol. 29, São Paulo: Editora Saraiva, Brasil, 1.977.
WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo; Curso Avançado de Processo Civil, vol.
1. São Paulo: Revista dos Tribunais, Brasil, 2010
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
52
O RESGATE DO SABER HISTÓRICO NO ENSINO DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL
COMO CONTRAPONTO AO PARADIGMA RACIONALISTA
Haide Maria Hupffer1
Valéria Koch Barbosa2
Resumo: O presente estudo objetiva trazer a denúncia do grande jurista e processualista
brasileiro Ovídio Araújo Baptista da Silva sobre o legado do paradigma racionalista e os seus
reflexos no Direito Processual Civil, os quais tornam o juiz um mero engenheiro do processo,
com a função de apenas descobrir a vontade da lei e a vontade do legislador capazes de
garantir certeza e objetividade nas decisões. Apresenta a hermenêutica filosófica de Gadamer
como contraponto à cientificidade do paradigma racionalista. O resgate da consciência
histórica realizado por Gadamer possibilita compreender o Direito Processual Civil sob novas
luzes, integrando passado e presente pelo processo de mediação histórica. A consciência
histórica postula o desafio de reconstituir o processo de compreensão, ao integrar
interpretação, compreensão e aplicação, e favorece o estudo do Direito Processual Civil.
Palavras-chave: Direito Processual Civil. Racionalismo. Hermenêutica Filosófica.
Consciência Histórica. Ensino Jurídico.
Sumário: 1 Notas Introdutórias; 2 Compromisso do Direito Processual Civil com o
Paradigma Racionalista; 3 O legado do Paradigma Racionalista e seus reflexos no Ensino
Jurídico; 4 Historicidade em Gadamer como condição positiva para a “compreensão” do
Direito Processual Civil; 5 Considerações Finais; 6 Referências.
1 Notas Introdutórias
O ensino jurídico desenvolveu-se, ao longo dos anos, como um modelo estruturado que
valoriza excessivamente os aspectos lógico-formais do processo civil, supervalorizando o
estudo técnico do Direito, centrado no código comentado, ocupando-se da “norma”, excluindo
do currículo o “estudo do caso”, indiferente à sua historicidade, à realidade social, à
pluralidade e à complexidade que a dinâmica da sociedade contemporânea requer. Ao pautar
o ensino no universalismo da razão, na matematização de seus modelos, os operadores
jurídicos, na sua grande maioria, não conseguem ir além das práticas jurídicas manualescas,
pois, na academia, reproduziu-se e perpetuou-se a ilusão de que “leis” expressam a “verdade”
1
Doutora em Direito (Unisinos). Docente e Pesquisadora no Mestrado em Qualidade Ambiental e no Curso de
Graduação em Direito da Universidade Feevale. Líder da Linha do Grupo de Pesquisa Direito e
Desenvolvimento e da Linha de Pesquisa Direito Ambiental e Desenvolvimento. E-mail: [email protected].
2
Doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais pela UBA. Graduada em Letras e Ciências Jurídicas e Sociais.
Advogada. Especialista em Redação. Professora das disciplinas de Monografia I, no Curso de Direito, Português
e Comunicação Empresarial da Universidade Feevale.
53
científica e que a norma tem apenas uma vontade, sendo tarefa deles “descobrir” essa
vontade, como se possuísse sentido unívoco e perene.
O doutrinador Ovídio Araújo Baptista da Silva é o jurista brasileiro que mais questionou
o compromisso do Direito Processual Civil com o paradigma racionalista e o empenho das
filosofias liberais do Iluminismo europeu em fazer do Direito uma “ciência” sujeita aos
mesmos princípios metodológicos utilizados pelas matemáticas.3 Entende-se que, a partir das
contribuições de Silva, é possível compreender as consequências e o custo da supremacia do
princípio da segurança e da certeza na formação do processo civil e, consequentemente, a sua
perpetuação no ensino jurídico.
Os ensinamentos de Silva instigam olhar o Processo Civil e o quanto dos princípios do
racionalismo foi incorporado na sua construção e na disseminação de seus conteúdos. Assim,
inicialmente, o presente estudo objetiva examinar como o paradigma racionalista está presente
tanto no ensino jurídico como na concepção de Processo Civil. Na sequência, pretende-se
mostrar o lugar do saber histórico no Direito Processual Civil e no seu ensino, objetivando
indicar a hermenêutica filosófica de Gadamer como possibilidade de diminuir o divórcio entre
Direito Processual Civil e História, tão presente no atual ensino jurídico.
2 Compromisso do direito processual civil com o paradigma racionalista
O Direito Processual Civil, dentre os ramos do Direito, é o que mais absorveu as teorias
racionalistas dos séculos XVI e XVII. Ao buscar assegurar a ordem exigida pela sociedade ao
longo da história, o direito moderno passou a se constituir “um racionalizador de segunda
ordem da vida social, um substituto da cientifização da sociedade”,4 aproximando, assim, o
Processo Civil à Matemática, através do exercício da razão e da observação, priorizando-se
valores como a previsibilidade, a certeza e a seguridade jurídica em detrimento da justiça
efetiva. Inicia, assim, a era das “codificações”, e o sistema passa a ser dominado pela
legislação. A lei passa a ser a fonte principal, quase exclusiva do Direito, concebida num
sistema rígido, lógico, formal e técnico-racional, concepção essa que ainda perdura nos nossos
dias.
3
Em decorrência da importância desse doutrinador, o referencial teórico aqui abordado é com base em suas
ideias, sendo que, ao longo do artigo, menciona-se apenas seu sobrenome – Silva.
4
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente – contra o desperdício da experiência. São Paulo:
Cortez, 2000, p. 119.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
54
Silva é, sem dúvida, o jurista brasileiro que mais denunciou, na cátedra e em inúmeras
obras e artigos, as profundas raízes e o compromisso do Direito Processual Civil com o
paradigma racionalista. Em sua vasta bibliografia e contribuições à moderna doutrina
processual, ele tem o propósito de convocar professores, juristas e acadêmicos para um
aprofundamento da questão, bem como convida a observar as profundas consequências e o
custo da supremacia do princípio de segurança e da certeza na formação do Processo Civil,
presente na raiz ideológica,
que concebe este ramo do conhecimento jurídico como um instrumento
puramente formal, abstrato e sem qualquer compromisso com a História. Em
última análise, concebe-se o Direito Processual Civil como algo dotado da
mesma eternidade de que se vangloriam as matemáticas.5
Do exposto é possível dizer que o Direito Processual Civil é o ramo do Direito mais
comprometido ideologicamente com o paradigma racionalista, pela sua dimensão
eminentemente técnica. Foi no século XIX que o processo se constituiu como ciência e foi
estruturado numa dimensão “repressiva” e não “preventiva”. Nasceu como uma reação ao
direito violado, como um ordenamento fechado que prevê as consequências jurídicas da
conduta dos indivíduos. O direito deve ser violado, para, depois, ser recomposto. Analisando
o conceito de ação de Savigny, Silva investigou a força desse pensamento na doutrina
processual subsequente, pois, para Savigny, a ação “nascia como consequência de uma
segunda relação jurídica, surgida da violação do direito”.6
Esse caráter, aflorado em Savigny, vai marcar profundamente o Direito Processual Civil
no decorrer dos séculos, tornando-se não só um dos traços distintivos, mas também motivo
para a elaboração de inúmeras obras sobre Processo Civil – ainda utilizadas na academia -,
cujo intuito é reforçar o conceito de ação. Nesse sentido, é oportuna a referência de Silva ao
citar que, para um dos mais eminentes processualistas brasileiros, a ação “será sempre
caracterizada por uma atividade dirigida à remoção do ‘obstáculo impeditivo’ ao gozo do
direito; portanto, necessariamente repressiva, nunca preventiva do surgimento do obstáculo”.7
5
SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Racionalismo e Tutela Preventiva em Processo Civil. In: Revista Jurídica.
Órgão nacional de doutrina, jurisprudência, legislação e crítica judiciária. São Paulo: Notadez, n. 295, Ano 50, p.
7-20, maio. 2002, p. 7.
6
SILVA, Ovídio A . Baptista da. Racionalismo e Tutela ....Op. cit., p. 9.
7
Idem, p. 10.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
55
A ciência jurídica é uma ciência da compreensão, na qual o trabalho de interpretação do
jurista significa um diálogo com a tradição, oposta às ciências exatas. Mas o vínculo
metodológico que se instalou a partir do racionalismo gerou, para as ciências jurídicas,
consequências que são
paradoxais e perigosas. O que o direito pode ganhar num plano puramente
ideal parece estar fadado a perdê-lo do ponto de vista da ‘realidade’, da
aplicação empírica. Abandona o mundo do real, do efetivo, do eficiente, a
fim de transferir-se para o lado do ‘possível’.8
Como projeto, a preocupação com a sistematização e a racionalização, características do
jusnaturalismo dos séculos XVII e XVIII, tem sua origem no humanismo jurídico dos séculos
XV e XVI e
remonta ao ideal de Cícero de reduzir o direito a uma arte ou uma ciência
(jus in artem redigendo), através da revelação da razão abstrata contida no
direito romano (a recta ratio ou ratio juris). Essa preocupação com o
methodus, os schemata e a ratio conjuga-se no século XVII, com entusiasmo
pela nova ciência de Galileu e de Descartes, numa combinação que é já uma
primeira manifestação da cumplicidade entre ciência moderna e direito
moderno.9
Uma das manifestações mais claras dessa adesão ao paradigma racionalista no Direito é
a tese da doutrina da “separação de poderes”, com significativa diminuição do papel do juiz
no sistema de Processo Civil, resultando num sistema determinável e previsível. A função do
jurista está subordinada estritamente à lei, a interpretar fórmulas legislativas, isto é, à pura
aplicação do texto legal. Sua tarefa é conservar o corpo de regras já estabelecidas pelos
códigos, atuando como mero intérprete-aplicador do Direito. Ele apenas declara, isto é, revela
o Direito existente. Em contraposição, é delegada ao Poder Legislativo - na figura do
legislador - a tarefa de criar as leis; é dele a titularidade da iniciativa de propor leis. O jurista
está subordinado a esse legislador e sua função, como prático do Direito, é de apenas aplicar a
lei ao caso concreto, como uma função supletiva da atividade legislativa. “Interpretar y aplicar
el derecho se concibe – idealmente – como una tarea lógico-mecánica”.10
8
CASSIRER, Ernst. El Problema del Conocimiento En la Filosofia y En la Ciência Moderna II. México/D.F.:
IEPSA, 1993, p. 319.
9
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão ... Op. cit., p.126.
10
CALSAMIGLIA, Albert. Racionalidad y Eficiência de Derecho. 2. ed. México, D.F.: Fontamara, 1997, p. 59.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
56
A doutrina da política de “separação de poderes” tem como raízes o pensamento de
Montesquieu e, mais especificamente, de Thomas Hobbes, marcando decisivamente a posição
subalterna do poder judiciário e reduzindo suas funções a um poder subordinado, ou melhor, a
um órgão do poder, cuja missão constitucional “não deveria ir além da tarefa mecânica de
reproduzir as palavras da lei, de modo que a jurisdição não passasse de uma atividade
meramente intelectiva, sem que o julgador lhe pudesse adicionar a menor parcela volitiva”.11
Isso torna o juiz um mero “engenheiro”, que aceita o sistema normativo, redige a sentença
com base na abstração e no conceitualismo da doutrina, reduz e simplifica o ato interpretativo,
resultando na diminuição da importância do Poder Judiciário.
Portanto, a função do jurista é fundamentalmente a de descobrir a “vontade da lei”, que
corresponde à “vontade do legislador” que elaborou regras “justas” a partir dos postulados da
razão. Nesse sentido, Santos destaca que a “dominação jurídica racional é legitimada pelo
sistema racional de leis universais e abstratas, emanadas do Estado, que presidem a uma
administração burocratizada e profissional e que são aplicadas a toda a sociedade por um tipo
de justiça baseado numa racionalidade lógico-formal”.12 O aparelho ideológico do Estado, por
excelência, é o Poder Legislativo e, nesse aspecto, pode-se questionar a democracia do Direito
criado pelo legislador.
O dogma da separação de poderes reduz a função do juiz ao que alguns denominam ser
a “boca da lei” ou o oráculo do soberano. Sua função é descobrir a verdade e revelá-la na
sentença. Ao buscar, nos métodos da Matemática, a segurança, o sistema jurídico passou a
assumir que na cognição plenária se possa discutir o todo de uma pretensão, o que é
extremamente amplo e torna o processo moroso. Isso ocasiona a proliferação de recursos, que,
em suma, têm o objetivo de chegar mais perto da pretensa “verdade”, precedidos de amplo
debate judicial, o que, sem dúvida, ocasionou uma visível diminuição do poder do magistrado
de primeiro grau. O Código foi elaborado nesse ideal. Se, ao contrário, o sistema restringisse
os recursos e permitisse ao juiz decidir a lide a partir de juízos de verossimilhança, seria
resgatada a atividade criadora de Direito, agilizar-se-ia o processo e, consequentemente, o
juízo de primeiro grau voltaria a ser fortalecido.
Mas, como o juiz é apenas a “boca da lei”, não tem a prerrogativa de criar Direito e, em
consequência, não transforma a realidade. Isso gera como consequência a universalização da
11
12
SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Racionalismo e Tutela .... Op. Cit., p. 8.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão .... Op. cit., p.142.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
57
“condenatória” e, como o Processo de Conhecimento não contém “qualquer vestígio de
executividade, fica subentendido que a passagem dele para o Processo de Execução terá de
dar-se através da sentença condenatória”.13 Silva mostra que o mesmo princípio que prescreve
a neutralidade do juiz é o que
impede a existência simultânea de conhecimento e execução, pois o eventual
conteúdo executório, numa ação que, pela doutrina, haveria de ser exclusivamente
de conhecimento e permitiria a concessão de tutela executiva antecipada, sob forma
de liminar, como ainda hoje se dá com nossas ações possessórias de tipo interdital.14
(Grifos do autor)
Como falta, na condenatória, o processo de execução, nas decisões sobre a lide, não há
uma consequência imediata; é necessário outro processo, que, em muitos casos, pode se tornar
tão demorado como o de condenação. E esta é a consequência do paradigma dominante: “o
ato jurisdicional estará sempre no Processo de Conhecimento, nunca em suas consequências
práticas ocorridas no processo executório”. (Grifos do autor)15
Um passado inteiro de cultura racionalista aí se revela.
Uma das razões para esse paradigma se perpetuar no Direito reside na própria formação
dos juristas, baseada na segurança da lei codificada. Encharcada pelo paradigma racionalista e
positivista,16 a ciência jurídica, durante os últimos séculos, passou a apenas descrever as
normas do Direito Positivo, transformando o Direito num Direito estatal cientifista. Como
mecanismo lógico, “La política jurídica, las cuestiones de justicia, quedan fuera del alcance
del trabajo estrictamente científico-jurídico”.17 O racionalismo ficaria desamparado diante
dessa perspectiva oferecida.
Como o tema é importante e suas consequências se estendem para o ensino de Processo
Civil, julga-se oportuno fazer uma síntese da importante contribuição do jurista Silva, quando
13
SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1997, p. 120
14
Idem, p. 106.
15
Idem, p. 191.
16
Importante registrar a descrição de positivismo realizada por Boaventura de Sousa Santos, para uma melhor
compreensão desse movimento no ensino jurídico: “O positivismo é a consciência filosófica do conhecimentoregulação. É uma filosofia da ordem sobre o caos tanto na natureza como na sociedade. A ordem é a
regularidade, lógica e empiricamente estabelecida através de um conhecimento sistemático. O conhecimento
sistemático é o conhecimento das regularidades observadas. A regulação sistemática é o controle efetivo sobre a
produção e reprodução das regularidades observadas. Formam, em conjunto, a ordem positiva eficaz, uma ordem
baseada na certeza, na previsibilidade e no controle”. (SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão ... Op.
cit., p.14).
17
CALSAMIGLIA, Albert. Racionalidad y Eficiência ...Op. cit., p. 59 e ss.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
58
analisa, na obra “Jurisdição e execução na tradição romano-canônica”, a herança dessa
corrente de pensamento e as consequências mais significativas do racionalismo no direito
processual contemporâneo. Passa-se, então, a elencar alguns pontos que confirmam a
continuidade do paradigma racionalista, conforme segue:
- construção de um “mundo jurídico”, através de um castelo conceitual, normativo,
criado pelos próprios juristas, distante do mundo real e dos fatos, sem qualquer compromisso
com o fato, com a realidade social, econômica, política, cultural e histórica, aprofundando o
divórcio entre Direito e História, restringindo juízos de verossimilhança e indiferente às novas
demandas que surgem a partir da transformação da sociedade; 18
- separação entre teoria e prática, Direito e fato, cognição e execução, atividade judicial
e ciência jurídica, entre o mundo do ser e do dever ser, entre moral e direito, “alheamento da
ciência jurídica em relação às realidades sociais, políticas e morais do direito”, tendo como
base que o Direito é tão demonstrável como qualquer teorema matemático. Como
consequência, assegura, fortalece e sedimenta a alienação dos juristas em relação aos
problemas sociais e políticos de seu tempo, contribuindo para mantê-los na servil condição de
executores da lei do Estado, seres iluminados, proferindo a sentença com sentido unívoco,
produto de um juízo de certeza, representando a única solução correta, ajustada na moldura da
norma, resultando, enfim, na submissão do juiz ao poder político e na vitória do formalismo;
19
- reconhecimento exclusivo, no mundo jurídico/normativo, das ações declaratórias,
condenatórias e constitutivas, considerando “meras conseqüências do ato jurisdicional as
eventuais repercussões fáticas da sentença, como seus efeitos executivos e mandamentais que,
sendo fáticos, para a doutrina, não seriam mais jurídicos”;20
- universalização e consagração do procedimento ordinário, tornando ordinário um
conteúdo necessariamente plenário, contribuindo para fortalecer a tendência para a
uniformidade ritual, técnica e de métodos; universalização da ação condenatória e o
predomínio absoluto da actio romana e de seu respectivo procedimento, com supressão da
tutela interdital;21
18
SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Jurisdição e execução ...Op. cit., p. 155.
Idem, p. 105, 157 e 197.
20
Idem, p. 157.
21
SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Jurisdição e execução ...Op. cit., p. 181.
19
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
59
- sentença considerada apenas como “forma”, desprezando as diferenças e valorizando
apenas as uniformidades que transformam as leis em universais, distanciando-se do
individual, “no que ele possa ter de diferente, apesar de o conflito judiciário, a lide que fez a
glória de muitos processualistas, e que é seu objeto ser irrepetível, como os objetos
históricos”.22
Essas considerações levam a deter a análise em outro dogma do racionalismo - o valor
“certeza” no Direito -, que continua presente em países civilistas mais independentes,
revelando que a certeza é preconizada como um dogma científico purificado de conotação
metajurídica, histórica, social, política e cultural. Em sua crítica, Silva diz que, no momento
em que a justiça se cristaliza no texto da lei escrita, o sistema diz que “não haverá lei injusta”
e que não “caberá ao juiz a tarefa de encontrar outros critérios de justiça, para o caso concreto,
que já não venham indicados no texto legal aplicável”. O autor relembra ainda que, nessa
tarefa “atribuída ao julgador, da determinação da verdade dos fatos submetidos a julgamento,
de modo que, esclarecidas as questões probatórias, nada mais lhe resta fazer senão proclamar
(declarar) a solução previamente dada pela lei”.23 A certeza, portanto, é a expressão da
segurança do sistema, que é incompatível, como se viu anteriormente, com a possibilidade de
o juiz criar Direito a partir de juízos de verossimilhança, outorgando-lhe uma dose de
discricionariedade. É inconciliável a justiça do caso singular com o valor segurança do
Direito. Para avançar, o importante é despir-se da ideologia, do juízo de certeza, da única
resposta certa.
Carnelutti traz a posição de Lópes com o intuito de demonstrar como a tese central do
racionalismo, caracterizado pela excessiva confiança no poder da razão, continua presente no
modo de pensar o processo, ou seja, na certeza do Direito está sua equidade, “pero,
verdaderamente, en la certeza del derecho debe reconocerse más bien su tecnicidad, es decir,
su correspondencia al fin, o sea, el medio para plegar la acción a que se presente en su
universalidad y en su verdad”.24 Carnelutti assim traduz o texto de López:
la certeza del derecho favorece a la actividad de los hombres y la
incertidumbre de él la perjudica; a los hombres, para obrar, les es necesario
saber lo que deben o no deben hacer, y por tanto, a qué consecuencias se
22
Idem, p. 174.
Idem. p. 116-181.
24
LÓPES, apud CARNELUTTI, Francesco. Estudios de Derecho Procesal. Trad. Santiago Sentis Melendo.
Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1952. v. I, p. 331.
23
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
60
exponen haciéndolo o no haciéndolo. Bajo este aspecto es deseable la
construcción de leyes con modelos lo más definidos posible, pues toda
indefinición del modelo deja un margen de incertidumbre.25
Carnelutti tem se orientado de modo oposto ao de Lópes. Dedica todo um capítulo para
relatar suas reflexões em torno do problema da certeza no Direito. A certeza é, para
Carnelutti, “un ver más allá como si el más allá estuviese más acá; un hacer presente el futuro
antes de que se haga presente por sí mismo; y así un ensanchar fuera de sus límites el presente
o un apoderarse del futuro”. Isso vincula o Direito à ideia da lei, pois é “la ley (en sentido
proprio o natural) lo que hace ver más allá, vinculando lo que viene antes a lo que viene
después”. Assim, quando os homens se deram conta da natureza ou da virtude da lei, foi
como se tivessem encontrado a chave do futuro. Mas Carnelutti referencia que a lei é apenas
“un aspecto del derecho; pero el derecho es un fenómeno incomparablemente más complejo,
puesto que contiene en sí también los medios para transformarla”. A lei é um instrumento
para alcançar a justiça, mas nem sempre através dela se alcança a justiça verdadeiramente.
Com essas palavras, o autor quer dizer que a “certeza obtenida con las leyes es una certeza
aproximativa; de una manera absoluta, nadie se puede fiar de ella”. Isso significa que a
certeza da lei não é sempre certeza de justiça.26
Silva faz uma análise do pensamento de Carnelutti e resume que: “o programa
principal” do processo de conhecimento em Carnelutti é a “ambiciosa busca da verdade”.27
Essa proposição, nas cabíveis considerações de Silva, representaram,
a partir de Descartes e dos demais filósofos racionalistas do século XVII, o
abandono da retórica forense e a recusa em reconhecer ao Direito, enquanto
ciência da cultura, a natureza de uma disciplina hermenêutica, preferindo
submetê-lo às epistemologias das ciências explicativas ou ciências de
descoberta, quando a disciplina jurídica há de ser entendida como ciência da
compreensão, como deverão sê-lo as ciências do espírito e particularmente a
História.28
25
CARNELUTTI, Francesco. Estudios de Derecho Procesal. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires:
Ediciones Jurídicas Europa-América, 1952. v. I, p. 344.
26
Idem, p. 332-344.
27
SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Jurisdição e execução ... Op. cit., p. 115.
28
Idem. Ibidem.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
61
A hermenêutica filosófica de Gadamer tem na compreensão o objeto de sua reflexão,
mostrando o quanto de acontecimento se dá em toda a compreensão. Ela começa quando algo
nos interpela. E a compreensão é sempre um interpretar.
Para avançar, importante observar como o conceito de “Processo” foi traduzido na
doutrina jurídica. Assim, Chiovenda define o processo civil como sendo “o complexo de atos
coordenados ao objetivo da atuação da vontade da lei (com respeito a um bem que se pretende
garantido por ela), por parte dos órgãos da jurisdição ordinária”. Portanto, é dado ao juiz o
poder de “dizer” a vontade da lei que, a partir dos fatos existentes, afirma a existência ou não
de uma vontade concreta da lei. O autor assinala ainda que a atividade do juiz se dirige a dois
pontos distintos: “exame da norma como vontade abstrata da lei (questão de direito), exame
dos fatos que transformam em concreta a vontade da lei (questão de fato)”. Ao discorrer sobre
o assunto, percebe-se o quanto do modelo matemático está presente, quando Chiovenda
analisa a função do juiz de fixar o verdadeiro pensamento da lei, auxiliando-se de critérios
gramaticais, lógicos e históricos; declara ainda que sua importância reside “unicamente em
que a opinião dos compiladores encerra certo grau de probabilidade de se identificar com o
pensamento da lei, grau maior ou menor conforme se trate de relações ou de discussões: caso
por caso, deve inquirir-se se a probabilidade verificou-se”.29 Essa visão elimina a
possibilidade de os juízes criarem o Direito, concebendo a função legislativa e a função
judiciária como funções separadas e, muitas vezes, opostas.30
Fazendo uma analogia com os quatro preceitos do método de Descartes, percebe-se
quão presentes estão no pensamento de Chiovenda, principalmente, quando ele situa a função
do juiz dentro do método da lógica formal tradicional e como ele se move nesse contexto.
Destaca-se o primeiro e o último preceito de Descartes, nos quais ele demonstra que, para se
ter certeza de uma ideia, necessita-se, primeiramente, evitar a precipitação e a prevenção, “e
não incluir em meus juízos nada além daquilo que se apresenta tão clara e distintamente ao
meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida” e “fazer em tudo
29
CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito ... Op. cit., p. 56-62.
Ver sobre a doutrina de CHIOVENDA em SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de Processo Civil –
Processo de Conhecimento. 6. ed. rev. e atual. Com as Leis 10.352, 10.358/2001 e 10.444/2002. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002. 576 p. v. I, p. 26 e ss. Merece referência especial a posição de SILVA em relação à
doutrina de Chiovenda, ao afirmar que ela pressupõe a “plenitude do ordenamento jurídico, tal como a
pressupunham as doutrinas filosóficas de inspiração positivista, predominantes no século XIX”. Idem, p. 29.
30
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
62
enumerações tão completas, e revisões tão gerais, que eu tivesse certeza de nada omitir”.31 Os
juízos de verossimilhança excluem-se nesse processo.
Merryman afirma que a História também foi abolida como fonte de compreensão pelos
juristas franceses e, mais tarde, pelos juristas italianos. Para os olhos dos juristas da Common
Law, o pensamento jurídico da Civil Law é a-histórico, pois a grande maioria de seus manuais
e tratados jurídicos não contém aqueles componentes históricos que são habitualmente
reconhecidos na literatura e, quando se compara, parece abstrata e desprovida de vida. Isso
está seguramente vinculado à ideia da completude do código e que os elementos estranhos ao
código devem ter o papel exclusivo de auxiliar na interpretação.32
A fim de superar, ou seja, para sair do pensamento dogmático para o pensamento
jurídico, Ovídio Araújo Baptista da Silva indica que é necessário evoluir do “princípio de que
a atividade do juiz deve limitar-se a revelar ‘a vontade concreta da lei’. [...] com a
neutralidade de um matemático, resolver o problema ‘algébrico’ da descoberta da
‘vontade’”,33 para que o intérprete possa hermeneuticamente “compreendê-la”. O doutrinador
aponta para pensar o Direito não mais como dogma e, sim, como “problema”, para perder a
dimensão aritmética do Direito. O processo trabalha com a lide e essa é individual, não
repetível. Ele não produz verdades; o processo alimenta versões: a do autor e a do réu. Por
essa razão, a ciência jurídica deve ser a ciência da compreensão. E essa é a riqueza da
compreensão. A hermenêutica filosófica de Gadamer possibilita a construção da solução pelo
problema, admitindo que a lei não tem vontade e que o jurista deve ter a consciência da
historicidade do Direito e de seu “compromisso com a realidade social, com as aspirações e
exigências predominantes de uma dada comunidade humana, cuja convivência lhe caiba
regular”.34
Portanto, permanecem, no pensamento jurídico contemporâneo, os pressupostos
doutrinários lançados no século XVII para a formação do “mundo jurídico”. Especialmente,
31
DESCARTES, René. Discurso do Método. Trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins
Fontes, 1999, p. 23.
32
MERRYMAN, 1968, apud SILVA, Ovídio A. Baptista. Verdade e Significado. In: ROCHA, Leonel Severo;
STRECK, Lenio Luiz (Org.). Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2005, p. 269.
33
SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Racionalismo e Tutela ... Op. Cit. p. 8.
34
SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de Processo Civil – Processo cautelar (tutela de urgência). 3. ed.
rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. v. 3. p. 21.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
63
a partir desta renúncia ao individual, deste abandono dos compromissos do
direito com o fato; de um direito que se desliga, cada vez mais, do reino da
existência, para refugiar-se no puro normativismo, ‘engessando’ o sistema
processual numa teia de conceitos e regras, com pretensões de
universalidade, que o tornam inflexível e, por isso mesmo, anacrônico. O
abandono do caso e, especialmente, como pretendera Leibniz, o repúdio ao
precedente – como forma de libertar-se da tradição cultural herdada da Idade
Média -, que, como se sabe, foi o ethos do iluminismo, tornam-se bem
visíveis na posição do filósofo.35
Esse rápido olhar histórico sobre a influência do pensamento racionalista na
constituição do Processo Civil e que ainda caracteriza o pensamento jurídico contemporâneo,
transformando o Direito em ciência matematizada, tem a intenção de servir de subsídio para
se entender a metodologia de ensino-aprendizagem adotada na maioria das escolas jurídicas
do nosso país.
3 O Legado do paradigma racionalista e seus reflexos no ensino jurídico
O ensino do Direito ministrado nas universidades sofreu uma profunda revolução a
partir dos séculos XVII e XVIII, afastando-se do Direito de Justiano,
para se tornar um direito sistemático, fundado sobre a razão, tendo por isso
vocação para ser aplicado de modo universal. A preocupação de respeitar o
direito romano sobrepõe-se cada vez mais, nas universidades, à preocupação
de descobrir e ensinar os princípios de um direito plenamente racional.36
As escolas jurídicas passam a assumir os princípios do racionalismo, abandonando os
métodos escolásticos e privilegiando a sistematização, modelos e métodos eminentemente
lógico-axiomáticos. Como consequência, a partir do século XVII, a razão humana passa a ser
“o único guia; na época da filosofia das luzes, os juristas, inspirando-se num ideal de
universalismo, procurarão proclamar as regras de justiça de um direito universal, imutável,
comum a todos os tempos e a todos os povos”.37 E é esse campo dogmático-conceitual que
serve de premissa ao raciocínio jurídico em sala de aula.
35
SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Jurisdição e execução... Op. Cit. p. 126.
DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. Trad. Hermínio A. Carvalho 3. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1996, p. 36.
37
DAVID, René. Os grandes sistemas... Op. cit. p. 37.
36
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
64
Na verdade, a codificação, por si só, não foi a única responsável pela expansão ilimitada
dos princípios do racionalismo no ensino jurídico. Nesse particular, são relevantes as palavras
de David, quando analisa as consequências da codificação ao longo da história:
Pode dizer-se que os efeitos nefastos da codificação se produziram
independentemente do seu próprio princípio, e compete em larga medida aos
próprios juristas a sua correção. Pelo fato de se ter realizado, na França em
1804, na Alemanha em 1896, na Suíça em 1881-1907, a perfeição da razão,
para apenas considerar os códigos civis, perdeu-se de vista a tradição das
universidades, que era a de orientar a procura do direito justo, de propor um
direito modelo e não de expor ou de comentar o direito dos práticos deste ou
daquele país ou região. Quando surgiram códigos nacionais, pareceu que as
duas coisas coincidiam, e que a função das universidades era apenas a de
fazer a exegese dos novos textos.38
Não está na codificação e na técnica o perigo, mas, sim, na fascinação que advém delas
e na atitude das universidades frente a esse novo paradigma que se instala, passando a formar
juristas na concepção de que o Direito é identificado pela lei, é expresso na vontade do
legislador e aplicado ao caso concreto pelo magistrado.39
Os cursos jurídicos, no Brasil, surgiram dentro desse contexto de exaltação à razão,
codificação das relações sociais e desvinculado da realidade social. Suas raízes históricas
remontam à Universidade de Coimbra, Portugal,40 pois, no Brasil Colônia, a formação
universitária jurídica era dada aos brasileiros pela Universidade de Coimbra. E foi essa
pequena elite, formada em Coimbra, que se tornou responsável pela criação dos cursos
jurídicos no Brasil. A preocupação presente desde a criação dos primeiros cursos jurídicos foi
sua finalidade social e instrucional de formar a elite administrativa, ficando a formação de
juristas e operadores jurídicos para atender às demandas e expectativas judiciais da sociedade
civil reprimida. A metodologia adotada recomendava o estudo prático frente ao teórico, com
38
DAVID, René. Os grandes sistemas... Op. cit., p. 53.
HUPFFER, Haide Maria. Ensino Jurídico: Um novo caminho a partir da Hermenêutica Filosófica. Viamão,
RS: ENTREmeios, 2008, p. 31-34.
40
Como resgate histórico, é importante registrar a análise de René David em relação a Portugal, nos anos de
1769, a partir de uma lei atribuída ao Marquês de Pombal, chamada a “lei da boa razão”, que “libertou os juízes
da obrigação estrita de seguirem as opiniões de Acúrsio e de Bártolo e a communis opinio doctorum, segundo as
regras que tinham sido prescritas pelas Ordenanças Filipinas. Desde então, estas opiniões apenas deverão ser
seguidas se forem conformes a uma sã razão (recta ratio)”, isto é, “as verdades essenciais, intrínsecas,
inalteráveis, onde o direito divino e os direitos humanos colheram as regras morais e cívicas da cristandade; os
juízes são remetidos, além disso, para outras regras que ‘através do consentimento unânime, o direito das gentes
estabeleceu para dirigir e governar todas as nações civilizadas’”. (DAVID, René. Os grandes sistemas... Op. cit.,
p. 48).
39
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
65
aulas expositivas ou aulas-conferência, heranças do modelo da Universidade de Coimbra. A
evolução do ensino jurídico deu-se quase que exclusivamente pela edição de novas matérias e
disciplinas, prevalecendo o conservadorismo metodológico, modelos dissertativos no velho
sistema de cátedras, privilegiando a memorização em detrimento do raciocínio crítico do
acadêmico, o que caracteriza, ainda, o ensino na maioria dos nossos cursos jurídicos da
atualidade.
Portanto, é de longa data que esse modelo está posto. Como a matéria é inesgotável, não
se vai aqui discutir a crise do ensino jurídico no Brasil. Importa registrar o quanto os
fundamentos metafísicos, racionais e formais e os critérios de cientificidade estão
impregnados em nossas faculdades de Direito. Esse tema tem sido pauta de inúmeras
discussões e a maioria delas situa-se, geralmente, na análise e na proposta acerca do currículo
jurídico e da metodologia de ensino. Ovídio Araújo Baptista da Silva transcende essa
discussão, asseverando que:
enquanto pensarmos o Direito como uma questão lógica, capaz de ser
resolvida como qualquer problema matemático; enquanto não perdermos a
ilusão de que a lei – fruto, como o sistema pressupõe, de um legislador
supostamente iluminado – tenha univocidade de sentido, a Universidade
conservar-se-á imutável em sua metodologia jurídica, fornecendo ao sistema
contingentes de servidores, aptos para a tarefa de descobrir a inefável
‘vontade da lei’, a que se referia Chiovenda e que, para nosso tempo,
confunde-se com a ‘vontade do poder’.41
É essa concepção de Direito que se precisa ultrapassar. A verdadeira cegueira repousa
no fato de se escolher o caminho do princípio da dúvida cartesiana de não aceitar por certo
nada sobre o que exista alguma dúvida, e nisso está o fascínio de nossa metodologia
universitária da valorização excessiva do código comentado como livro-texto. Para avançar, é
necessário colocar à disposição do educando uma multiplicidade de referenciais teóricos, que
se reúnem na ciência da história jurídica. O aluno precisa ser conduzido a construir seu saber
a partir da compreensão e da reflexão, que incluem, necessariamente, a mediação da História
num processo de fusão de horizontes. O espaço acadêmico necessita ser um espaço de
41
SILVA, Ovídio A . Baptista da. Os juristas e o poder. In: Processo e ideologia. Rio de Janeiro: Forense, 2004,
p. 16.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
66
experienciar a tensão entre o texto e o presente, para ter condições de projetar um horizonte
histórico que difere do presente e encontrar a justa aplicação da lei.42
No fundo, o ensino jurídico traz o signo da homogeneidade de pensamento. E os alunos,
por sua vez, reproduzem o mesmo hábito. Com grande frequência, sua base jurídica são os
apontamentos da sala de aula, a partir do conhecimento do professor. Percebe-se melhor isso,
ao comparar o dizer de Descartes com a realidade da academia, quando ele consagra – em
outro contexto - que a “pluralidade de opiniões não é uma prova que valha para as verdades
um pouco difíceis de descobrir, porque é muito mais verossímil que um só homem as tenha
encontrado do que um povo inteiro”.43 Os alunos delegam ao professor essa “capacidade” de
sintetizar o pensamento universal. Com raras exceções, são instigados a complementar o
entendimento através de leitura complementar. Não são instigados a desenvolver habilidade
de pesquisar, pois a avaliação geralmente se dá sobre o entendimento do docente, não sendo
exigidos (ou permitidos) outros horizontes e outros olhares sobre o tema. Soma-se a isso o
fato de que muitos acadêmicos adquirem, para sua biblioteca pessoal, como obras jurídicas,
apenas os códigos comentados e frequentam a biblioteca no período da monografia de final de
curso.44 Também se soma ao exposto o dizer de Streck de que os
Juízes mais citam a doutrina consagrada que a sua própria jurisprudência
(existem tribunais que, em Direito Administrativo, trabalham com um único
doutrinador e em Direito Comercial; por exemplo, avalizam suas decisões
em autores, dois ou três) que, de modo predominante, escreveram seus
trabalhos logo após a Segunda Guerra Mundial. E os professores falam mais
de sua prática forense do que em doutrinas e jurisprudências dos tribunais.45
A doutrina e a jurisprudência, na área de Processo Civil, construídas ao longo da
história, podem servir como mediadoras, estabelecer pontes, aproximar mundos, possibilitar a
fusão de horizontes. De posse de uma variedade de teorias, o aluno revisita autores clássicos,
contrasta pensamentos, critica, rompe com o já dado, reflete, incorpora sua compreensão e
coloca-se frente ao fato jurídico com mais liberdade, pois participou do milagre da
42
HUPFFER, Haide Maria. Ensino Jurídico... Op. Cit. p. 60-67.
DESCARTES, René. Discurso do Método. Trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins
Fontes, 1999, p. 21.
44
HUPFFER, Haide Maria. Educação Jurídica e Hermenêutica Filosófica. 2006. Tese. 381 f. (Doutorado em
Direito). Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS,
2006, p. 125-128.
45
STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: uma nova crítica do Direito. Porto Alegre:
Livraria dos Advogados, 2002, p. 42.
43
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
67
compreensão. A pertença à tradição é uma das condições da compreensão, e compreender é
sempre um processo de fusão de horizontes, significando não estar limitado apenas ao que é
posto em sala de aula, mas, sim, poder olhar além.
Ao analisar o conteúdo programático da disciplina de Direito Processual Civil
ministrada até recentemente por uma grande faculdade de Direito, percebe-se o quanto o
modelo cartesiano está presente tanto na metodologia indicada como no conteúdo
programático, nos objetivos da disciplina e na bibliografia recomendada. Como consequência
dessa situação, as palavras de Ovídio Araújo Baptista da Silva impactam pela realidade
presenciada pelo doutrinador em sua luta em favor de uma alteração radical no modo de
ensinar os conteúdos de Processo Civil. Ou seja, para o ator, aprende-se, desde a
Universidade, a conceituar a lei
idealisticamente (ou ideologicamente) como a conceituavam os filósofos do
iluminismo, que pressupunham um estado rigorosamente neutro, desinteressado e
ausente, relativamente aos grandes problemas econômicos e sociais que hoje formam
a essência da administração pública e do Governo.46
Acrescenta-se a isso a quase ausência de discussões, nas aulas de Processo Civil, que
privilegiem a racionalidade crítica, reflexiva e os problemas da concretude do Direito
Processual Civil.
O grande desafio para os estudantes de Direito é sair da atitude passiva de apenas
“apropriar-se” do conhecimento transmitido, podendo ser partícipe no ato de conhecer, isto é,
ser um sujeito que possa, conforme Gadamer, compreender que o “conhecimento do sentido
de um texto jurídico e sua aplicação a um caso jurídico não são atos separados, mas um
processo unitário”47 e que o saber pode ser construído a partir da compreensão e da reflexão,
que incluem, necessariamente, a mediação da História num processo de fusão de horizontes. E
essa mediação entre passado e presente, para Gadamer, é aplicação. O acadêmico,
necessariamente, terá que (re)aprender a pensar, fazendo essa mediação entre os textos que
devem ser interpretados juridicamente e compreendidos historicamente.
O ensino do Processo Civil, nos cursos jurídicos, ao longo dos séculos, teve como
marca o “saber reprodutor”, limitando-se quase exclusivamente a verbalizar a vontade da lei
e, conforme Gadamer, a “reprodução é uma interpretação que representa certa compreensão
46
SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Jurisdição e execução ... Op. Cit., p. 203.
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método – traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Trad.
Flávio Paulo Meurer. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 463.
47
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
68
do texto original” (grifo do autor). O confronto com a tradição permite que o novo venha à
luz. É a partir daí que se introduz a importância do momento histórico na compreensão do
Direito e sua produtividade hermenêutica. O aluno perdeu a capacidade do “porquê”, ele
apenas aprende o “como”. Perdeu a capacidade de se “angustiar” perante o Direito vivo. Com
efeito, evidencia-se o papel positivo do reconhecimento do passado histórico, que poderá
contribuir para a descoberta de uma identidade para o Direito Processual Civil. E essa
significação Gadamer dá, ao dizer que “o confronto com a nossa tradição histórica é sempre,
em verdade, um desafio crítico que tal tradição nos lança”.48
4 Historicidade em Gadamer como condição positiva para a “compreensão” do Direito
Processual Civil
Para dar sentido à sua teoria, Gadamer insere um novo pressuposto que orienta toda
compreensão. Ele cria-aprofunda-retoma o entendimento sobre o círculo hermenêutico,
explicando essa circularidade entre o sentido interno do círculo e entre o todo e a parte,
declarando que é aí onde se encontra a base de toda compreensão. O círculo da compreensão
procede da antiga retórica, que a hermenêutica moderna transferiu da arte de falar para a arte
de compreender. A regra hermenêutica pode ser entendida assim: é preciso compreender o
todo a partir do individual e o individual a partir do todo. Há uma relação circular em ambos
os casos. Ao aprofundar o problema da compreensão, Gadamer detalha todas as condições
sobre as quais se dá a compreensão, enfatizando os traços fundamentais da teoria da
experiência hermenêutica. O impacto de sua tese está na sua descrição do círculo hermêutico:
a pré-compreensão como acesso à coisa; o primado da tradição no comportamento
hermenêutico; o significado da distância temporal; o princípio da história efeitual; os préjuízos autênticos e inautênticos; a fusão de horizontes e a compreensão como aplicação.
Para uma adequada compreensão do processo, é necessário se ter uma pré-compreensão
do Direito Processual Civil ao longo da história e das teorias que o fundamentam. O processo,
como todo o Direito, foi construído ao longo da história – nas compilações de Justiano
(Código, Digesto, Institutas, publicados de 529 a 534), no Direito romano-canônico, na
família de Direito romano-germânica, nos direitos socialistas, na família de Direito da
48
GADAMER, Hans-Georg. Introdução. In: GADAMER, Hans-Georg; FRUCHON, Pierre (org.). O problema
da consciência histórica. Trad. Paulo César Duque Estrada. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998, p.
10-14.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
69
common law etc. – como resultado dos costumes de uma civilização, do pacto de uma
sociedade explicitada a partir de um contrato social e das várias correntes filosóficas,
consubstanciando-se em doutrinas, códigos, decisões judiciais, pareceres etc. Portanto, o
universo do Direito Processual Civil é delineado, é um universo todo peculiar, formal,
abstrato, característico de uma civilização, da escrita, da história e dos sistemas jurídicos que
foram incorporados ao longo do tempo.
O Direito Processual Civil é afetado pela História e pela tradição, pois elas penetram
todo o processo legal, influenciando fortemente legisladores e juízes. A força da ideia da
centralidade da História como exigência necessária na hermenêutica filosófica pode ser
percebida, quando Gadamer diz que a consciência moderna
assume – precisamente como consciência histórica - uma posição reflexiva
com relação a tudo que lhe é transmitido pela tradição. A consciência
histórica já não escuta beatificamente a voz que lhe chega do passado, mas,
ao refletir sobre a mesma, recoloca-a no contexto em que ela se originou, a
fim de ver o significado e o valor relativos que lhe são próprios. Esse
comportamento reflexivo diante da tradição chama-se interpretação.49 (Grifo
do autor)
Com Gadamer, o termo “interpretação” assumiu uma dimensão sem precedentes nas
modernas Ciências Humanas, tornando-se um conceito universal “que pretende englobar a
tradição como um todo”,50 isto é, tudo que é transmitido ao ser humano pela História. Todo
conhecimento histórico é também um saber histórico como um reconhecimento de pertencer à
própria História por parte de quem quer conhecer ou interpretar. Significa que a interpretação
da constituição do Processo Civil, ao longo da história, deve se efetuar desde a consciência da
relação intérprete/interpretado. O que chega pelo caminho da tradição linguística não é o que
ficou, mas algo que se transmite. A essência da tradição caracteriza-se pela sua
linguisticidade; adquire significado hermenêutico onde a tradição se torna escrita. Ao serem
portadoras da tradição, as pessoas dão continuidade à memória, pois “onde uma tradição
escrita nos alcança, não somente se nos dá a conhecer algo individual, mas se nos torna
49
GADAMER, Hans-Georg. Problemas Epistemológicos das Ciências Humanas. In: GADAMER, Hans-Georg;
FRUCHON, Pierre (Org.). O problema da consciência histórica. Trad. Paulo César Duque Estrada. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998, p. 18 e ss.
50
Idem, p. 19.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
70
presente toda uma humanidade passada, em sua relação geral com o mundo”.51 Assim, o
acadêmico pertence à tradição e encontra-se à distância dos objetos que interpreta, a partir do
acesso livre a tudo o que foi transmitido pela escrita.
Onde está o novo em Gadamer? Ele rejeita regras para a compreensão; para ele,
compreender não significa estar de posse da “verdade” nem compreender melhor, nem saber
mais, mas toda compreensão significa “compreender diferentemente”.52 A noção de verdade,
em Gadamer, não está ligada ao método, como conceito unitário, como um caminho
cognitivo. O que Gadamer entende por verdade – revelação, desocultação das coisas – tem,
para ele,
sua própria temporalidade e historicidade. Em todo o nosso esforço por
alcançar a verdade, descobrimos admirados que não podemos dizer a
verdade sem interpelação e sem respostas, e assim sem o caráter do senso
obtido. [...] e que nenhum de nós abarca toda a verdade em seu pensar, mas
que a verdade no seu todo, no entanto, pode abarcar a todos nós em nosso
pensar individual.53
Daí a precisa observação de Ovídio Araújo Baptista da Silva: os conceitos jurídicos
“evoluem e transformam-se na medida em que evolui e transforma-se o processo históricocultural de cada povo”.54 Por isso, Gadamer diz que ao buscar interpretar o conteúdo da lei, o
jurista não pode prescindir de “um conhecimento histórico do sentido originário”,
reconduzindo “essa compreensão para a sua adaptação ao presente jurídico”. Assim, é
importante ter presente que o que deve ser compreendido em Gadamer não é a intenção do
legislador ao elaborar a lei, mas o jurista está “obrigado a admitir que as circunstâncias foram
sendo mudadas e que, por conseguinte, tem que determinar de novo a função normativa da
lei”. Gadamer infere-se que nisso reside a chave para reconhecer a importância do
conhecimento histórico.55 Nessa mediação jurídica, o juiz não faz uma tradução arbitrária. Ele
não é apenas um mero intérprete-aplicador do Direito; ele participa criando Direito. Dito de
51
GADAMER, Hans-Georg. Verdad y Método I. Trad. Ana Agud Aparício y Rafael de Agapit. Salamanca,
Espanha: Sígueme, 1996, p. 568.
52
KUSCH, Martin. Linguagem como cálculo versus linguagem como meio universal. Trad. Dankwart
Bernsmüller. São Leopoldo: EdUNISINOS, 2001, p. 258.
53
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método II. Trad. Enio Paulo Giachini. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002, p.
71.
54
SILVA, Ovídio A . Baptista da. Jurisdição e execução... Op. cit., p. 200.
55
GADAMER, Hans-Georg. Verdad y Método I ...Op. Cit. p. 485-568.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
71
outra maneira: o juiz deve ter presentes os resultados práticos e as implicações morais da sua
escolha. A sociedade não quer apenas a aplicação dos argumentos da lógica abstrata, da
análise linguística formal, mas espera que o juiz integre argumentos da História, da economia,
da ética, da política, da sociologia e da psicologia.56 Portanto, sua função é muito mais do que
declarar o Direito a partir da norma preestabelecida. Ele vai mais além: busca “reconhecer a
‘idéia jurídica’ da lei, intermediando-a com o presente”, ocupando-se de “sua própria história,
que é seu próprio presente”. A tradição que chega pela compreensão histórica fala sempre do
presente, precisando ser compreendida como mediação.57
Por isso a importância da hermenêutica filosófica, por creditar ao conhecimento
histórico um lugar cimeiro na compreensão do Direito. Nesse sentido, Gadamer vaticina que
só existe conhecimento histórico quando em cada caso o passado é entendido
na sua continuidade com o presente, e isto é o que realiza o jurista na sua
tarefa prático-normativa, quando procura ‘realizar a sobrevivência do direito
como um continuum e salvaguardar a tradição da idéia jurídica’.58
Ora, quando o Direito Processual Civil nega a historicidade, ao valorizar
excessivamente a interpretação normativa, cognitiva e reprodutiva, ocorre uma deformação do
conhecimento. De fato, como já assinalado, o ensino do Direito Processual Civil, na maioria
dos nossos cursos jurídicos, se sustenta no dualismo “sujeito-objeto” e no velho modelo
liberal-individualista-normativista que ele mesmo não é mais capaz de sustentar, face às
exigências das novas demandas sociais. Com propriedade, Streck chama a atenção,
convidando a observar o conteúdo dos manuais jurídicos, “através dos quais pretendem os
juristas construir um corpo doutrinário repleto de conceitos com sentidos ‘corretos, unívocos
e definitivos’, espécie de repertório (universalizante) de prêt-à-porter”.59
Por fim, tem-se que é dessas definições, a priori, que a relação ensino-aprendizagem, no
Direito Processual Civil, precisa avançar, pois o acontecer, no Direito, é sempre um fato
único, irrepetível; por isso, não é possível, nessa quadra da história, o jurista se fechar no
56
CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Trad. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: SAFE,
1999, p. 33.
57
GADAMER, Hans-Georg. Verdad y Método I ...Op. cit., p. 485-568..
58
GADAMER, Hans-Georg. Verdad y Método I ...Op. cit., p. 486.
59
STRECK, Lenio Luiz. A hermenêutica e a tarefa da construção de uma nova crítica do direito a partir da
ontologia fundamental. In: Filosofia UNISINOS. São Leopoldo, RS/UNISINOS, v. 3, nº 4, p. 105 e ss., 2002, p.
115 e ss.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
72
“espírito absoluto” do código, mas precisa estar aberto para o que a tradição quer transmitir a
partir do mundo da vida e para a multiplicidade de sentidos que ela possibilita.
5 Considerações Finais
A hermenêutica filosófica de Gadamer resgata o lugar do saber histórico como
possibilidade produtiva para integrar interpretação, compreensão e aplicação no estudo do
Processo Civil. Todo conhecimento, para ser incorporado na prática jurídica, precisa ser
degustado, saboreado, testado, examinado, refletido, a fim de se integrar ao agir responsável,
à nossa vida, pelos sentidos e pelas razões. Por isso, credita-se aos aportes teóricos de
Gadamer um caminho para que a sala de aula seja o locus privilegiado para a compreensão do
Processo Civil em toda sua extensão e historicidade, como forma de romper com o paradigma
dominante. E a compreensão começa quando algo nos interpela e a essência da pergunta é o
abrir-se para a experiência da história como outra maneira de pensar. Gadamer, ao trazer o
“problema da consciência histórica”, nas suas discussões, desafia os docentes de Processo
Civil a sair de sua estrutura tecnicista, procedimental, ancorado em “verdades eternas” e
calcado no juízo de utilidade e no pragmatismo.
Por outro lado, também não se quer que a “consciência histórica” tome o lugar de uma
verdade definitiva. Caso essa fosse a intenção com este artigo, também se estaria incorrendo
no mesmo erro. O que se quer mostrar é que a “consciência histórica” é apenas um momento
na realização da compreensão do Direito Processual Civil e que ter consciência histórica não é
ficar alienado numa consciência passada, mas, sim, graças ao fenômeno da “distância
temporal”, é ver o Processo Civil de perspectivas diferentes, para também ver a sua
historicidade. Trata-se de uma outra via de acesso ao conhecimento do Direito Processual
Civil, visto que possibilita dialogar com o passado - como ele se apresenta - e dirige-se até o
presente.
6 Referências
CALSAMIGLIA, Albert. Racionalidad y Eficiência de Derecho. 2. ed. México,
D.F.: Fontamara, 1997. 117 p.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
73
CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um processo. Trad. Hilomar Martins Oliveira. 2. ed.
Belo Horizonte: Líder, 2001. 127 p.
______. Estudios de Derecho Procesal. Trad. Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires:
Ediciones Jurídicas Europa-América, 1952. 673 p. v. I.
CASSIRER, Ernst. A Filosofia do Iluminismo. Trad. Álvaro Cabral. Campinas, São Paulo:
EdUNICAMP, 1992. 472 p.
______. El Problema del Conocimiento En la Filosofia y En la Ciência Modernas II.
México/D.F.: IEPSA, 1993. 721 p.
CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Trad. Paolo Capitanio. 2.
ed. Campinas, SP: Bookseller, 2000. 519 p.
DAVID, René. Trad. Hermínio A. Carvalho. Os grandes sistemas do direito contemporâneo.
3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 556 p.
DESCARTES, René. Discurso do Método. Trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São
Paulo: Martins Fontes, 1999. 102 p.
GADAMER, Hans-Georg; FRUCHON, Pierre (Org.). O problema da consciência histórica.
Trad. Paulo César Duque Estrada. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. 72 p.
______. Verdad y Método I. Trad. Ana Agud Aparício y rafael de Agapit. Salamanca,
Espanha: Sígueme, 1996. 697 p.
______. Verdade e Método – traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Trad.
Flávio Paulo Meurer. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 731 p.
______. Verdade e Método II. Trad. Enio Paulo Giachini. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 621 p.
HUPFFER, Haide Maria. Ensino Jurídico: Um novo caminho a partir da Hermenêutica
Filosófica. Viamão, RS: ENTREmeios, 2008, p. 31-34.
_____Educação Jurídica e Hermenêutica Filosófica. 2006. Tese. 381 f. (Doutorado em
Direito). Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade do Vale do Rio dos Sinos,
São Leopoldo, RS, 2006.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
74
MERRYMAN, John Henry. La tradicion jurídica romano-canônica. Trad. Carlos Sierra.
México: Fundo de Cultura Económica, 1979.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente – contra o desperdício da
experiência. São Paulo: Cortez, 2000.
______. Um discurso sobre as ciências. 12. ed. Porto, Portugal: Edições Afrontamento, 2001.
SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Curso de Processo Civil – Execução Obrigacional,
execução real, ações mandamentais. 5. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. v. 2.
______. Curso de Processo Civil – Processo cautelar (tutela de urgência). 3. ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 456 p. v. 3.
______. Curso de Processo Civil – Processo de Conhecimento. 6. ed. rev. e atual. Com as
Leis 10.352, 10.358/2001 e 10.444/2002. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. v. I.
______. Da sentença liminar à nulidade da sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
______. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica. 2. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997.
______. Racionalismo e Tutela Preventiva em Processo Civil. In: Revista Jurídica. Órgão
nacional de doutrina, jurisprudência, legislação e crítica judiciária. São Paulo: Notadez, nº
295, Ano 50, p. 7-20, maio. 2002.
________,Verdade
e Significado. In: ROCHA, Leonel Severo; STRECK, Lenio Luiz (Org.).
Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
_______, Os juristas e o poder. In: Processo e ideologia. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
STRECK, Lenio Luiz. A hermenêutica e a tarefa da construção de uma nova crítica do direito
a partir da ontologia fundamental. In: Filosofia UNISINOS. São Leopoldo, RS/UNISINOS, v.
3, nº 4, p. 105 e ss, 2002.
______. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: uma nova crítica do Direito. Porto
Alegre: Livraria dos Advogados, 2002.
VATTIMO, Gianni. (comp.). Hermenéutica y racionalidad. Trad. De Santiago Perea Latorre.
Bogotá/Colômbia: Grupo Editorial Norma, 1994.
______. O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna. Trad.
Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
75
A EFICÁCIA PROSPECTIVA DAS DECISÕES JUDICIAIS E OS MEIOS DE
ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS À LUZ DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL
Gabriel Peixoto Dourado1
Resumo: O trabalho aborda os impactos da valorização da jurisprudência em solo pátrio,
abordando aspectos como a modulação dos efeitos temporais da decisão, a uniformização de
jurisprudência e uma análise do stare decisis americano,destacando exemplos práticos no
Brasil e sua devida aproximação com o Commow Law. Para tal fim, utilizou-se um método
dedutivo, sobretudo através de análise bilbiográfica.
Palavras-chave: Modulação dos efeitos temporais. Estabilidade das relações jurídicas.
Uniformização da Jurisprudência.
Abstract: The paper discusses the impact of the appreciation of jurisprudence in his native
soil, covering aspects such as the temporal modulation of the effects of the decision, the
uniformity of law and an analysis of stare decisis American, highlighting practical examples
in Brazil and its approach to the due Commow Law. to this end, we used a deductive method,
mainly by analyzing the bibliography.
Key- words: Modulation of temporal effects. Stability of legal relations. Standardization of
Jurisprudence.
1 Introdução
O ato inconstitucional no Brasil, eivado de vício inscrito no plano da validade, é
considerado nulo de pleno direito, tendo a decisão um caráter meramente declaratório e, por
conseguinte, ostenta eficácia retroativa. Tal tese já era proclamada pelo dito modelo
americano, evidenciado por Marshall no caso Marbury vs Madison2. Na Áustria, entretanto,
triunfou a doutrina de Hans Kelsen, prevalecendo a noção de que a norma inconstitucional
1
Membro do grupo de estudo de Direito Processual Civil (GEDPC-UFC); Graduando em Direito pela
Universidade Federal do Ceará. Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da
Universidade Federal do Ceará (PIBIC-UFC).
2
Caso decidido em 1803 pela Suprema Corte Americana que, de forma paradigmática, afirmara a sua
competência de exercer o controle de constitucionalidade ao negar aplicação a leis consideradas, por meio de sua
interpretação, inconstitucionais. A lide continha William Marbury, juiz de paz que fora nomeado pelo presidente
anterior John Adams, mas fora impedido de tomar posse por James Madison, Secretário de Estado de Thomas
Jefferson, presidente ianque a época. O juiz da causa nesta lide, John Marshall, de forma célebre fixou os três
fundamentos que norteiam a aferição de inconstitucionalidade das leis: a supremacia da constituição, a nulidade
da norma inconstitucional e asseverou que cabia ao Poder Judiciário ser o guardião da Constituição e, por
conseguinte, o seu último intérprete.
76
seria meramente anulável, podendo ser convalidada em razão da natureza constitutiva de tal
função jurisdicional, definida como uma atividade legislativa negativa3.
Hodiernamente, visualizam-se alguns temperamentos à teoria da nulidade, dentre os
quais, destacaremos o art. 274; Lei n. 9868/99, que determina a modulação dos efeitos
temporais5 da decisão do Supremo Tribunal Federal inscrita no controle concentrado de
constitucionalidade. Tal dispositivo confere eficácia prospectiva a normas eivadas do vício
írrito da inconstitucionalidade, sendo reverberado em vários ordenamentos no Direito
Comparado, como também na Constituição Portuguesa6 e na Carta Austríaca7. A
aplicabilidade da modulação não se estreita a tal possibilidade, conforme leciona Luís Roberto
Barroso8:
Na linha de jurisprudência do STF, a modulação dos efeitos da decisão
judicial pode ocorrer em quatro hipóteses: a) declaração de
inconstitucionalidade em ação direta; b) declaração incidental de
inconstitucionalidade; c) declaração de inconstitucionalidade em abstrato; d)
mudança de jurisprudência.(grifo nosso)
3
BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009,
p.20.
4
Art.27 Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito
em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
5
O art.11 da Lei 9982/99, que dispõe acerca da Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental, também
assevera a eficácia de tal instituto na seara da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Inobstante, a
limitação de tal técnica de julgamento ao âmbito do controle da lei em tese, a jurisprudência pátria se filia ao
posicionamento, sob o fulcro da abstrativização do controle difuso, que a modulação dos efeitos temporais da
decisão alberga o controle incidenter tantum.
6
Art.282; IV Quando a segurança jurídica, razões de equidade ou interesse público de excepcional relevo, que
deverá ser fundamentado, o exigirem, poderá o Tribunal Constitucional fixar os efeitos da inconstitucionalidade
ou da ilegalidade com alcance mais restrito do que o previsto nos n.os 1 e 2.
7
Art.140(1)The Constitutional Court pronounces on application by the Administrative Court, the Supreme
Court, or a competent appellate court whether a Federal or State law is unconstitutional, but ex officio in so far as
the Court would have to apply such a law in a pending suit. It pronounces also on application by the Federal
Government whether State laws are unconstitutional and likewise on application by a State Government or by
one third of the House of Representatives' members whether Federal laws are unconstitutional. A State
constitutional law can provide that such a right of application as regards the unconstitutionality of State laws lies
with one third of the State Parliament's members. The Court also pronounces whether laws are unconstitutional
when an application alleges direct infringement of personal rights through such unconstitutionality in so far as
the law has become operative for the applicant without the delivery of a judicial decision or the issue of a ruling.
Article 89 (3) applies analogously to such applications. Outros países como a Colômbia e o Chile também
prevêem o instituto em análise. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/2138321384-1-PB.htm#A089_. Acesso em: 25 de outubro de 2011.
8
BARROSO, Luís Roberto. Modulação dos efeitos temporais de decisão que altera jurisprudência consolidada.
Quórum de deliberação .Disponível em: http://www.oab.org.br/arquivos/pdf/Geral/Cofins.pdf. Acesso em: 26 de
outubro de 2011.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
77
No caso da mudança de jurisprudência, não há que se sustentar uma eficácia analógica
da modulação ocorrida sob a égide do art. 27 da Lei nº 9.868/99, por exemplo, no controle in
abstracto ou incidenter tantum de constitucionalidade. Desta feita, não resta dúvidas sobre ser
descabido o quórum qualificado de dois terços para que tal entendimento seja suplantado.
Ainda assim, corroborando tal posicionamento observa-se que não está se
excepcionando a supremacia da constituição, mas propiciando a incidência da segurança
jurídica, enquanto sobreprincípio do nosso ordenamento. Isto nos permite assegurar que a
modulação, em situações análogas a esta, independe de previsão legal sob pena de afrontar a
estabilidade das relações jurídicas e seus corolários lógicos, como o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada.
2 A modulação universal dos efeitos decisórios e o anteprojeto do novo Código de
Processo Civil
A expansão potencial de tal instituto se coaduna com a ampliação da capacidade
decisória dos magistrados a fim de que se atinja uma tutela satisfativa, corroborando com o
ideal de erigir a importância dos precedentes judiciais no Direito Pátrio. Assim, o Anteprojeto
do código de processo civil dispõe:
Art. 882
(...)
V. na hipótese de modificação da jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores ou daquela oriunda de
julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da
decisão.
§1º a mudança de entendimento sedimentado observará a necessidade de
fundamentação adequada e específica, considerando o imperativo de
estabilidade das relações jurídicas.
Em nosso entendimento, tal dispositivo age com o escopo de harmonizar dois
mandados de otimização de nosso ordenamento, quais sejam a segurança jurídica e a evolução
jurisprudencial, visto que o Direito não pode ser concebido como uma realidade estanque a
ponto de desconsiderar os posicionamentos pretorianos reiterados como fonte formal do
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
78
Direito, sobretudo após a Reforma do Judiciário (EC n° 45/04). A fundamentação9 adequada e
específica atua como controle da legitimidade e da legalidade dos atos oriundos do Poder
Judiciário, buscando evitar que sejam exarados acórdãos despropositados ou arbitrários que
venham postergar a incidência da norma por situações que não se coadunem com a segurança
jurídica e nem com o fundado interesse público primário.10
Logo, sob a égide da Teoria Egológica capitaneada por Carlos Cossio, analisamos o
Direito como a conduta humana em sua interferência intersubjetiva11. A modulação nada mais
é do que o lapso temporal para que tais mudanças se inscrevam na sociedade, evitando que
um ambiente anárquico se instaure dada a carência de regulação normativa e se distancie do
ideal de justiça que, de modo deôntico, a norma deve perquirir.
A segurança jurídica está umbilicalmente ligada à própria concepção do Estado
Democrático de Direito, com previsão tanto no preâmbulo bem como no rol dos direitos
fundamentais, buscando assegurar aos cidadãos a previsibilidade imprescindível das relações
sociais e de convivência, determinando de forma clarividente os parâmetros a que todos estão
adstritos nas mais diversas searas do Direito. Nesta toada, é salutar o destaque do magistério
lusitano de J. J. Gomes Canotilho12, buscando colmatar tal cláusula geral, por vezes, vaga e
incerta:
Os indivíduos têm o direito de poder contar com o fato de que aos seus atos
ou às decisões públicas concernentes a seus direitos, posições ou relações
jurídicas fundadas sobre normas jurídicas válidas e em vigor, se vinculem os
efeitos previstos e assinados por estas mesmas normas.
Ademais, para que a evolução jurisprudencial se compatibilizasse com a metanorma
supramencionada, seria mais prudente a adoção do vocábulo súmula/enunciado em vez de
9
Art.93, IX, da Constituição Federal de 1988 todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação
do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
10
VIANA, Juvêncio Vasconcelos apud Renato Alessi Sistema Instituciozionale del Diritto Amministrativo
Italiano, p.197.
11
VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da Norma Jurídica. 6ª Ed. São Paulo: Malheiros,2006,p.88.
12
CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional. Almedina: Coimbra. 1991, p.384
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
79
entendimento dominante para fundamentar tal modulação, vide a impropriedade teórica desta
expressão sob o viés qualitativo e quantitativo. Com esta alteração, propiciaríamos a
adaptação ao viés dinâmico que reveste a sociedade, bem como o Direito como ciência
regulatória, seria dada de forma ordenada mediante a eficácia plena de dispositivos que
incidem acerca dos processos perante os tribunais, como as ferramentas de dirimir as
divergências jurisprudenciais interna corporis, tais como a uniformização de jurisprudência.
2.1 Da Uniformização de Jurisprudência
A uniformização da jurisprudência, instituto ainda de eficácia rarefeita no cenário
brasileiro, ostenta a natureza jurídica de incidente processual que culmina em transferir a
órgão distinto do que iniciou o julgamento, a competência funcional para analisar
determinadas questões incidenter tantum suscitadas como prejudiciais. Isto é, detendo uma
relação antecedente e necessária que deve ser dirimida a fim de solucionar o meritum causae.
Por ora, o seu objeto não é uma questão principal, logo o decisum acerca da cizânia
jurisprudencial não é albergado pelo manto da coisa julgada material, em consonância com o
art.469; CPC13.
A questão incidente, conforme já exposto, deve ser uma questão de direito inerente a
causa de relevância clarividente, que exteriorize distintos posicionamentos jurisprudenciais14
interna corporis sobre o mesmo substrato jurídico.
No Direito Comparado, em uma perspectiva histórica, existia o instituto do assento
previsto no Código de Processo Civil lusitano15. Contrariamente, estende tal postura
uniformizadora a ponto de resolvê-la sem está adstrita a relevância desta ao presente caso,
13
Art.469; CPC. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;
II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença;
III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo.
14
A divergência não pode se amparar tão somente em votos, sendo necessário que o requerente confronte
acórdãos colidentes lavrados por câmaras ou seções do mesmo tribunal.
15
KIETZMANN, Luís Felipe de Freitas. Da uniformização de jurisprudência no direito brasileiro. Jus
Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1124, 30 jul. 2006. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/8701>.
Acesso em: 26 out. 2011. O texto esclarece que o assento fora declarado inconstitucional pelo Acórdão nº 810/93
exarado pelo Tribunal Constitucional português por malferir o princípio da tipicidade dos actos legislativos,
exteriorizado no Art.115 da Constituição lusitana.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
80
conforme assevera o Art.783, nº 316 do diploma português. Tal postura explica-se numa
interpretação sistemática como instrumento equânime de manter a coerência e a unidade que o
ordenamento jurídico deve ter por essência. A contrario sensu, o embate processual hodierno
deve conferir aplicabilidade a efetividade processual e, portanto, ser visto também pela ótica
dos consumidores da prestação jurisdicional17.
A questão incidenter tantum elenca dentre os seus legitimados qualquer das partes, o
juiz votante, excluindo por silogismo lógico aquele que esteja impedido ou tenha se declarado
suspeito, e o Ministério Público enquanto parte e como custos legis, quando recorrer da
sentença e tornar-se parte. A decisão desta questão, por sua vez, incorpora-se no julgamento
da espécie como uma premissa inafastável18, para o julgamento da causa principal. Tal
incidente não se limita a competência recursal dos órgãos pretorianos, podendo ser utilizado
em causas cujo Tribunal detenha a competência originária.
Ao ser requerido pela parte, a despeito de entendimento contrário que sustenta a
análise da conveniência e oportunidade para a admissão ou não do instituto em cotejo,
destacamos que tal solicitação geraria um direito subjetivo processual aos atores processuais
em questão. A uniformização de jurisprudência não pode ser interpretada apenas à luz do
processo em que a divergência reina, todavia em uma visão lata sua exegese deve ser
realizada como instrumento para a segurança jurídica, ao lado da própria modulação dos
efeitos temporais decisórios já abordados neste trabalho, afinal se assim não fosse não
poderíamos afirmar o que seria “entendimento dominante” e muito menos quando este
mudaria a fim de fundamentar uma eficácia prospectiva da decisão. Neste sentido leciona
Freddie Didier Jr e Leonardo José Carneiro da Cunha., citando José Marcelo Menezes
Vigiliar19 :
O incidente de uniformização de jurisprudência afigura-se como garantia do
jurisdicionado. Presentes seus requisitos – impõem os valores igualdade,
16
Art.783; nº 3 Desde que haja conflito de jurisprudência deve o Tribunal resolvê-lo e lavrar o assento, ainda
que a resolução do conflito não tenha utilidade alguma para o caso concreto em litígio, por ter de substituir um
acórdão recorrido, qualquer que seja a doutrina de assento.
17
VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do Processo em face da Fazenda Pública. 1ª ed. Dialética: São
Paulo, 2003, p.13.
18
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O Novo Processo Civil Brasileiro. 27ª Ed. Forense: Rio de Janeiro, 2008,
p.179.
19
DIDIER apud VIGILIAR, José Marcelo Menezes. Uniformização da Jurisprudência- segurança jurídica e
dever de uniformizar, cit., p.204.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
81
segurança, economia e respeitabilidade- deve ser instaurado. Trata-se de
técnica processual perfeitamente identificada com os postulados mais nobres
existentes em nosso ordenamento e intimamente ligada ao efetivo acesso ao
Judiciário.
Assim, após ser suscitada e admitida a solicitação de uniformização de jurisprudência,
o julgamento originário é suspenso havendo uma cisão funcional de competência, destinando
a questão incidente a outro órgão indicado no regimento interno.
Destaca-se que a decisão do incidente é irrecorrível, logo só pode ser afrontada por
meio de embargos de declaração, obedecida a fundamentação vinculada (obscuridade,
omissão, contradição) inerente a este pleito recursal. A decisão, que pode ser afrontada por
remédio voluntário instaurado na mesma relação processual, é a do órgão originário que
completar tal julgamento subjetivamente complexo20.
A Jurisprudência assim deixa a simplória definição etimológica de “dizer o direito”,
passando por meios de incidentes processuais e da expansão da concessão de efeitos
prospectivos em caso de mudança de entendimento sobre determinadas matérias, erigindo a
força vinculante dos precedentes e a interpretação criativa do Judiciário no cenário pátrio,
aliado a uma postura ativista.
Desta feita, sistemas jurídicos como o Commow Law e o Civil Law, não se fixam por
realidades excludentes e incomunicáveis, mas se conciliam de forma que as decisões
pretorianas sejam consolidadas de vez no Brasil. Assim, tornar-se-ão instrumentos de
exteriorizar as relações dinâmicas do Direito, coadunando-se com ferramentas de
uniformização a fim de evitar a famigerada instabilidade jurisdicional propriamente dita, por
meio da implementação com as devidas adaptações do stare decisis americano.
3 Stare Decisis e os precedentes: ferramentes de coerência e estabilidade do
ordenamento jurídico
O Stare Decisis é uma construção jurisprudencial que remonta originalmente a Willian
Blackstone na Inglaterra sob a parêmia de que os juízes não criam direito novos apenas
20
Por analogia, visto que a decretação de inconstitucionalidade da lei sob a égide do art. 480 do Código Processo
Civil também é um incidente processual, aplica-se a Súmula 513; STF: “A decisão que enseja a interposição de
recurso ordinário ou extraordinário, não é a do pleno que decide o incidente de inconstitucionalidade, mas a do
órgão( câmaras, grupos ou turmas) que completa o julgamento do feito”.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
82
revelam e concretizam os que estão inscritos no sistema, formulando os precedentes, que
seriam decisões judiciais que poderiam influenciar a solução de lides supervenientes, desde
que conservem substratos fáticos análogos.
A despeito de não estar prevista na Constituição sintética ianque ou em lei federal, visa
garantir a coerência e a estabilidade de causas a serem julgadas com base em decisões
proferidas a priori, desde que conservem uma similitude fática entre elas, tolhendo, de certa
forma, o juízo axiológico operado pelo magistrado diante do caso sub judice. Entendemos,
contudo, que essa flexibilização não malfere o livre convencimento motivado atinente ao
Julgador, visto que técnicas interpretativas específicas do Commow Law constituem
parâmetros objetivos que permitem brecar a eficácia dos precedentes em determinadas
ocasiões. Neste sentido leciona José Miguel Garcia Medina21:
O juiz, para não aplicar o entendimento materializado em um precedente
jurisprudencial, poderá valer-se de técnicas similares às utilizadas no sistema
do common law, dentre as quais destacam-se o overruling e a
distinguishing. Sob esta perspectiva, passa também a ganhar relevância a
distinção entre obiter dicta e ratio decidendi, habitualmente feita em sistemas
de common law, mas que também deve ser considerada, entre nós, para que
se compreendam, com exatidão, os elementos que devem ser levados em
consideração, em um precedente jurisprudencial.( grifo nosso)
A ratio decidendi é o motivo que fundamenta o teor da decisão judicial prolatada,
tornando-se vinculante para os demais juízes e para as partes diante de eventuais casos
supervenientes. Logo, infere-se que no Direito Americano tal paradigma constitui fonte
formal e material do Direito, visto que é plenamente admissível que a ratio decidendi seja
colmatada por meio dos precedentes. A obter dicta refere-se a manifestação do órgão
jurisdicional dispensável à solução do tema submetido à apreciação do Poder Judiciário.Tratase portanto, de fundamento de reforço retórico, jamais posicionado na parte dispositiva do
julgado. Assim, não vincula os casos subsequentes, tendo apenas uma “eficácia persuasiva”
na medida da força de seus fundamentos.
21
MEDINA, José Miguel Garcia. A importância dos precedentes no Novo CPC. Disponível em:
http://www.medina.adv.br/vernoticia.php?codigo=2316. Acesso em: 26 de outubro de 2011.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
83
A vinculação aos precedentes22 não pode ocorrer de forma irrestrita, existem
mecanismos através dos quais a Corte pode evitar a força gravitacional23 dos precedentes24,
dentre os quais destacaremos o distinguishing method e o overruling. Naquele o precedente é
afastado em virtude de uma circunstância fundamental que o diferencie do caso anterior. Não
é necessário, entretanto, abandoná-lo a súmula ou entendimento pretoriano, mas apenas
afastá-lo no caso concreto, conforme ocorre no sopesamento axiológico dos princípios.
O overruling, por sua vez, corresponde à revogação expressa do precedente, podendo
ser feita até pelo mesmo tribunal que o fixou. A priori, o entendimento que vigorava
sobretudo na Suprema Corte Americana era que o overruling incidia em face de precedentes
eivados de erros de direito quando da sua cognição e conseqüente formulação pelos
magistrados, atingindo por efeitos ex tunc inclusive as decisões tuteladas pela coisa julgada
conforme expõe Eduardo Appio25:
No tocante às decisões da Suprema Corte acerca da interpretação da lei,
sempre que esta nova interpretação signifique a revogação do precedente até
então existente e aplicável (overruling), entende-se que a decisão revogada,
em verdade, nunca foi direito, ou melhor, que não expressava de maneira
correta o direito e,bem por isto, a nova decisão produziria eficácia retroativa,
substituindo a anterior.
Sob a vigência da Corte de Earl Warren nos Estados Unidos ( 1953-1969), tal ideal de
retroatividade irrestrita fora rompido, dando ensejo ao prospective overruling, isto é,
incidiriam tão somente aos casos pendentes de julgamento com fulcro na parêmia tempus
regit actum. Tal ideal vai ao encontro da previsibilidade dos julgados e da confiança do
jurisdicionado, materializada como dimensão subjetiva do princípio da segurança jurídica.
22
A vinculação aos precedentes é visualizada sob o viés horizontal e vertical. Neste, em virtude da hierarquia
entre os órgãos judicantes, a sua obediência é irrestrita. No âmbito horizontal, refere-se que a despeito de se
situarem no mesmo órgão judicante, os juízes estão vinculados pelos precedentes formulados pelos seus
antecessores, todavia tal cogência pode ser elidida por meio do overruling ou pelo distinguishing method.
23
Expressão cunhada por Ronald Dworkin no que tange a eficácia dos precedentes em relação aos casos
supervenientes. Nesta toada, ele acaba por reconhecer, por meio dos precedentes, o direito como integridade,
sendo por definição fator limitador do mero arbítrio judicial ao analisar a exegese normativa e sua conseqüente
subsunção.
24
APPIO, Eduardo. Controle Difuso de Constitucionalidade- Modulação dos Efeitos, Uniformização de
Jurisprudência e Coisa Julgada. 2ª Ed. Curitiba: Juruá, 2011.
25
Id. Ibid.,p.69
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
84
Tais idéias foram ainda mais elastecidas pela jurisprudência americana, conforme o
magistério de Luiz Guilherme Marinonni e Daniel Mitidiero26:
Quando se posterga a produção de efeitos da nova regra fala-se em
prospective prospective overruling. Ademais, alude-se a pure prospective
overruling para demonstrar o que ocorre quando a Corte não aceita que a
nova regra regule o próprio caso sob julgamento, restando a terminologia
prospective overruling para anunciar a mera irretroatividade da nova regra
às situações anteriores à data da decisão.
3.1 Dos efeitos do Stare Decisis no civil law brasileiro
No Direito brasileiro, por muito tempo, tal teoria foi rechaçada integralmente pelo fato
de apenas a parte dispositiva da sentença ser amparada pela coisa julgada, conforme o já
mencionado art.469; CPC. Todavia, tal perspectiva tem sofrido temperamentos, no âmbito da
Teoria dos Motivos Determinantes. Esta assevera que o motivo enquanto elemento do ato
administrativo deve conservar compatibilidade com a situação fática que propiciou a
manifestação de vontade27.
Este liame entre o motivo e o conteúdo do ato incide sobremaneira sobre os atos ditos
discricionários. No âmbito da modulação temporal dos efeitos decisórios, há o fundamento de
duas cláusulas gerais: a segurança jurídica e o interesse público. O conteúdo incerto destas
premissas pode dar azo a arbítrios judiciais salvaguardados pela estabilidade das decisões
emanadas do Judiciário. Ora, nestes termos, a ratio decidendi torna-se vinculante sob o fito de
evitar que atos e provimentos jurisdicionais sejam fundamentados tão somente nestas normas
de diretrizes indeterminadas28.
Na seara do controle de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
ADI, ADC ou na própria edição da Súmula Vinculante, inegavelmente formula um
26
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O projeto do novo CPC. 1ª Ed. São Paulo: RT, 2010,
p.170
27
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23ª Ed. Rio de Janeiro: Lúmen
Iuris, 2010, p. 129.
28
O Superior Tribunal de Justiça já anulou ato administrativo discricionário, que versava acerca do
funcionamento de cursos educacionais, sob a justificativa que o fundamento do ato continha genericamente
menção ao interesse público. ( MS 9.944/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki DJ 25.05.2005)
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
85
precedente de vinculação vertical perante os demais órgãos pretorianos. Tal afirmação é
ratificada pela admissibilidade do instituto da reclamação em caso de descumprimento dos
posicionamentos do órgão de cúpula do Judiciário brasileiro sob o escopo de preservar a sua
competência e a autoridade de suas decisões.29
No pleito recursal, o agravo regimental interposto em face de decisão monocrática do
relator que culmina em negar seguimento ao recurso considerado inadmissível por estar em
confronto com súmula ou entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, Superior
Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores, conforme o art.557; CPC30. Assim, depreendese um nítido caso de vinculação vertical de precedentes, podendo ser estendida até mesmo ao
seu aspecto horizontal caso a matéria já tenha sido sumulada nos Tribunais de Justiça
estaduais em face do incidente processual da uniformização de jurisprudência.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Do exposto, infere-se:
(i) a modulação dos efeitos temporais da decisão em caso de mudança de jurisprudência
dominante independe de previsão legal, visto que tutela princípios basilares do
Estado Democrático de Direito, tais como a segurança jurídica, a estabilidade das
relações jurídicas e a confiança do jurisdicionado perante as manifestações do
Poder Judiciário;
(ii) o art.27 da Lei nº 9.868 é inaplicável ao caso em que há a mudança do entendimento
dominante dos órgãos pretorianos, por conseguinte não se exige o quórum
qualificado de 2/3(dois terços) para que a modulação seja efetivada, bastando que
se atinja os votos da maioria absoluta dos julgadores.
(iii) a despeito da desnecessidade de previsão normativa, o Anteprojeto do Código de
Processo Civil estende tal ferramenta de uniformização aos órgãos colegiados
pátrios em geral, buscando compatibilizar a evolução jurisprudencial e o
supraprincípio da segurança jurídica.
(iv)caso esta previsão se concretize, é necessário de forma imediata a colmatação dos
conceitos das seguintes cláusulas gerais: segurança jurídica e o interesse público,
sob pena de dar azo a interpretações judiciais arbitrárias e nulas.
(v) a partir do cenário delineado, erigiu-se o incidente processual da uniformização de
jurisprudência perante os tribunais como fator sine qua non para estabelecimento
29
FERREIRA SOBRINHO, José Wilson. O stare decisis brasileiro. Disponível em:
http://www.uj.com.br/publicacoes/doutrinas/322/O_STARE_DECISIS_BRASILEIRO. Acesso em:28 de
outubro.
30
Art.557; CPC-O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior. (Alterado pela Lei 9.756/1998)
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
86
de critérios definidos acerca do entendimento dos tribunais sobre a temática,
evitando decisões esparsas e colidentes se perenizem.
(vi)na vertente em análise, visualiza-se que com a ampliação do poder jurisprudencial,
teorias antes de incidência inimaginável no Brasil como o stare decisis ganham
adeptos e que, apesar da vinculação vertical e horizontal que o julgador está
submetido, percebe-se que o livre convencimento não é tolhido, tão somente
mitigado, visto que métodos como o overruling e o distinguisting permitem que se
negue adesão aos precedentes, mas de forma excepcional e expressa.
(vii) no Brasil, já visualizamos exemplos clarividentes do stare decisis seja nas decisões
do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado ou na publicação de
súmulas vinculantes, que gera uma vinculação vertical para os demais pretórios
sob pena da interposição de Reclamação no STF para preservação de sua
competência e autoridade. Outro exemplo é a possibilidade de se negar seguimento
a recurso por decisão monocrática do relator em consonância com o entendimento
pacificado, uniforme, do tribunal ao que faz parte ou dos tribunais superiores em
sentido lato.
5. REFERÊNCIAS
APPIO, Eduardo. Controle Difuso de Constitucionalidade: modulação dos Efeitos,
Uniformização de Jurisprudência e Coisa Julgada. 2ª Ed. Curitiba: Juruá, 2011.
BARROSO, Luís Roberto. Modulação dos efeitos temporais de decisão que altera
jurisprudência
consolidada.
Quórum
de
deliberação.
Disponível
em:
http://www.oab.org.br/arquivos/pdf/Geral/Cofins.pdf. Acesso em 26 de outubro de 2011.
__________________O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 4ªed. São
Paulo: Saraiva, 2009.
CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional. Almedina: Coimbra,1991.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23ª Ed. Rio de
Janeiro: Lúmen Iuris, 2010.
DIDIER JÚNIOR, Freddie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito
Processual Civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos Tribunais. 8. ed.
Jus Podivm: Bahia, 2009.
FERREIRA SOBRINHO, José Wilson. O stare decisis brasileiro. Disponível em:
http://www.uj.com.br/publicacoes/doutrinas/322/O_STARE_DECISIS_BRASILEIRO.
Acesso em:28 de outubro de 2011
KIETZMANN, Luís Felipe de Freitas. Da uniformização de jurisprudência no direito
brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1124, 30 jul. 2006. Disponível em:
<http://jus.com.br/revista/texto/8701>. Acesso em: 26 de outubro de 2011.
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O projeto do novo CPC: críticas e
propostas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.
MEDINA, José Miguel Garcia. A importância dos precedentes no Novo CPC. Disponível em:
http://www.medina.adv.br/vernoticia.php?codigo=2316. Acesso em: 26 de outubro de 2011.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011
87
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O Novo Processo Civil Brasileiro. 27ª Ed. Forense: Rio de
Janeiro, 2008
VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da Norma Jurídica. 6ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do Processo em face da Fazenda Pública. 1ª ed.
Dialética: São Paulo, 2003.
www.temasatuaisprocessocivil.com.br
Revista Eletrônica - ISSN 2236-8981 - VOLUME 1. N. 5. NOVEMBRO DE 2011