Excelentísimos Ministros de Estado, Ministros del Supremo Tribunal Federal, Ministros del
Superior Tribunal de Justicia y representantes legislativos,
Excelentísimos Fiscales-Generales de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y
Fiscales-Generales de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa, así como sus
representantes,
Excelentísimos representantes diplomáticos, representantes de organismos internacionales y demás
autoridades,
Miembros y funcionarios del Ministerio Público Federal brasileño,
Señoras y señores:
En más de una ocasión, he indicado, publicamente, que el combate a la corrupción, en todas sus
formas, sería prioridad y línea maestra de mi gestión en la Fiscalía-General de la República.
No fui ni intentaré ser creativo con esa directriz: el combate prioritario a la corrupción es misión,
función y destino del Ministerio Público brasileño.
Esta es también una misión crucial del Ministerio Público en otros países, incluso en aquellas
naciones que hoy nos visitan, de Europa, África e de otras partes de América.
Aprovecho la oportunidad para festejar el aniversario de la Asociación Iberoamericana de
Ministerios Públicos, la AIAMP.
Creado en Brasil, en el año de 1954, en la ciudad de San Pablo, esa entidad cumple 60 años y
participa de esa Conferencia comprometida con el combate a la corrupción y a todos los delictos
graves.
La idea de una institución estatal independiente, con garantías y prerogativas propias, encargada de
defender el orden jurídico, sirve a muchas finalidades; pero pocas de estas finalidades tendrán mejor
caída que la de crear, dentro del propio Estado, una barrera de contención a la entremezcla de
intereses entre agentes públicos y particulares por los cuales fluye la corrupción.
El Ministerio Público Federal y todo el Ministerio Público brasileño, desde su fundación por la
Constitución de 1988, han atentado para este dato de su realidad – y se fueron a la lucha.
Y la lucha, en la forma de investigaciones y iniciativas diversas, lanzó luz sobre el Ministerio
Público: las dos últimas décadas han ubicado nuestra situación, hasta ahí una ilustre desconocida
fuera de las instituciones y de las facultades de Derecho, en el radar de la ciudadania y de la opinión
pública.
Hoy, la asociación del Ministerio Público con el combate a la corrupción es intuitiva mismo para las
personas más sencillas y con menor acceso a la información.
Es siempre más facil ser inteligente en retrospecto – pero una mirada más atenta demostra, muy
claramente, que el saldo del pionerismo del Ministerio Público en materia del combate a la
corrupción es seguramente positivo: quienes pueden niegar que hoy está mucho más dificil que hace
25 años corromper y corromperse a uno mismo en Brasil, que tiren la primera piedra.
Sin duda que avanzamos. Sin embargo, la tarea es aún inmensa: nuestro país padece de adicciones
graves en su proceso de desarrollo.
El patrimonialismo y el fisiologismo de nuestra formación social de origen aún campean; y aún
funcionan como antídotos importantes a la demonización que debería haber alrededor de la
corrupción.
Los años del regimen de excepción, en las dos mitades del siglo XX, retrasaron el desarrollo de una
cultura de transparencia y de servicio público en el Estado brasileño.
En su lugar, la opacidad, el fetiche del sigilo y la cultura de autoridad dieron el tono y el trazo de las
relaciones de los agentes públicos con la sociedad civil por mucho tiempo, quizá por demasiado
tiempo, en este país.
Por eso, queremos ir más allá de lo que hemos hecho hasta aquí. Queremos tener una actuación
profesional, coordinada y guiada por visiones claras de estrategias y tácticas.
Así que he propuesto al Consejo Superior del Ministerio Público Federal la creación de una cámara
de coordinación y revisión de la actividad-fin, con el objetivo de tratar el fenómeno de la
corrupción, tanto por el ángulo de la persecución penal cuanto por el de la represión por la vía de la
acción de improbidad administrativa.
Tuve el honor de haber acogida mi propuesta, y hoy la 5ª Cámara de Coordinación y Revisión del
Ministerio Público Federal, renovada y empoderada, constituye, efectivamente, una instancia
federal relevante de proposición, discusión e implementación de estrategias de combate a la
corrupción.
Mantuvimos canales cada vez más densos de actuación concertada con la Contraloría-General de la
Unión y el Tribunal de Cuentas de la Unión, sin perder la independencia que la Constitución de
1998 nos ha otorgado.
Casi todas las principales unidades del Ministerio Público Federal cuentan, hoy, con Nucleos de
Combate a la Corrupción, y Brasil – no solo el Ministerio Público Federal, sino Brasil – ha sido
elogiado por el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE (Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico), por esa verdadera revolución organizacional, surgida a partir de la
experiencia pionera de unidades como las Fiscalías de la República en los Estados del Rio Grande
do Norte y de Goiás.
Aspiro a que, en un futuro próximo, todas nuestras principales unidades adopten este formato. Esos
nucleos, coordinados por la 5ª Cámara, ya muestran, en números, la superioridad táctica del
abordaje conglobante en el tratamiento del tema.
Era precisamente esa una de mis propuestas cuando submetí mi nombre a la carrera para la función
que hoy desempeño: crear unidades nacionales, con atribuciones complementares a las de los
órganos de ejecución ya establecidos, para los casos más complejos, en las dinámicas más
complejas, entre las cuales, evidentemente, la corrupción.
Espero que en el futuro podramos tener una Fiscalía Nacional Anticorrupción, con actuación en
todo el territorio nacional.
Necesitamos cada vez más convencerles a los legisladores y juezes del peligro – un peligro
concreto, real, profondo – que representan corruptos y corruptores.
El daño causado al País es grave: servicios mal prestados y obras mal ejecutadas no solo sangran las
finanzas públicas con la carga de la reejecución, pero causan males muy tangibles: la fiscalización
desidiosa de hoy es la causa del accidente de mañana; la obra mal ejecutada de hoy también es la
causa del desastre de mañana.
Corruptos y corruptores necesitan conocer la cárcel y necesitan devolver los ganos espurios que
engordaron sus cuentas, a costa de la escualidez del tesoro nacional e del bienestar del pueblo. La
corrupción también sangra y mata.
Necesitamos, en los límites del Estado Democrático de Derecho e en el debido proceso legal,
alejarlos de la sociedad, confiscar el producto del crimen y tratarlos como los criminales que son.
Es por eso, para discutir los medios de prevenir la corrupción, pero también de punir corruptos y
corruptores, que aquí estamos, reunidos en el día 9 de deciembre de 2014, Día Internacional de
Combate a la Corrupción.
Todavía, en este día de celebración, hay motivos para lamentarse. Y mucho!
Lamentamos porque estamos en pésimo puesto en el índice de percepción de la corrupción,
divulgado este mes por la Transparencia Internacional.
Brasil aun es un país extremamente corrupto. Estamos abajo de la media global, rateando en
posiciones que nos hacen pasar vergüenza y nos alejan de los índices tolerables. Nos hace pasar
vergüenza donde estamos.
Y eso nos es culpa del Ministerio Público. Es culpa de mal dirigentes, que se asocian a malos
empresarios, en odiosas actuaciones, arregladas para saquear continuamente las riquezas nacionales.
Lamentamos también la salida del ministro Jorge Hade de la jefía de la Contraloría-General de la
Unión, que sorprendió a todos, o a casi todos!
Aunque sea credor de merecido descanso, el País pierde un grande colaborador y un parcero fiel al
Ministerio Público en el combate a la corrupción, ese flagelo que acaba por subtrair de la sociedad
escuelas, hospitales, investimientos en seguridad pública, y más, la ciudadanía.
Lamentamos más. Aunque el Congreso Nacional haya aprobado la nueva Ley Anticorrupción
Empresarial, que entró en vigor el enero pasado, hasta ahora, casi un año después de su vigencia, no
vino el decreto que permitirá la implementación de medidas de combate a la corrupción en este
segmento de la vida nacional y la punición administrativa de las empresas corruptoras. Urge su
edición.
Ni bien se encerró la acción penal 470, propuesta con éxito por la Fiscalía-General de la República,
resultando en la condena de diversas personas, una vigorosa respuesta de las Instituciones, se revela
al país otro grande esquema de corrupción en investigación profonda a cargo del Ministerio Público
Federal.
El País no tolera más a la corrupción y la desfachatez de algunos malos agentes públicos y malos
empresarios. Es evidente que no podemos y no debemos generalizar. Es importante separar la paja
del trigo, reconociendo que, en cualquier segmento de la vida pública y también así en el mercado,
hay personas bien y mal intencionadas.
Para estos últimos, la sociedad brasileña ansía por providencias de sanción efectivas, en nombre de
la probidad y de la dignidad, en todos los sectores.
Al nos reunirmos en esta fecha comemorativa, vivimos un momento de turbulencia, cuando el País
se ve convulsionado por un escandálo que, como un incendio de grandes proporciones, consume a
la Petrobras y produce llagas que corroen la probidad administrativa y las riquezas de la Nación.
Frente a un escenario tan desastroso en la gestión de la Compañía, lo que la sociedad brasileña
espera es la más completa y profonda investigación de los crímenes perpetrados, con la punición de
todos, todos los involucrados.
Urge también una mirada detenida sobre la Petrobras, en especial sobre los procedimientos de
control a los cuales está sometida.
Por tratarse de una sociedad de economía mista, con la presencia de capital mayoritario de la Unión
– y, pues, del pueblo brasileño – es necesario mayor rigor y transparencia en su manera de actuar.
Se esperan las reformulaciones cabibles, incluso sin expiar o imputar previalmente culpa, la
eventual sustitución de su directoría, y trabajo colaborativo con el Ministerio Público y demás
órganos de control.
Los Fiscales de la República en Curitiba y el Fiscal-General de la República cumplirán con su
papel. Nos toca actuar.
Toca a mis colegas en primera instancia iniciar acciones penales y acciones de probidad contra
todos aquellos que han robado el orgullo a los brasileños por su Compañía.
Me toca a mi apoyarles y, frente al Supremo Tribunal Federal, presentar eventuales acciones penales
contra los detentores de fuero especial. Nadie se beneficiará de tratos espurios, de eso todos pueden
estar seguros.
La respuesta a aquellos que han robado la Petrobras será firme, en la Justicia brasileña y al
extranjero. En los últimos meses, autorizé misiones de fiscales de la República a la Suiza y a la
Holanda, para investigaciones relacionadas a los casos conocidos como Lava Jato y SBM.
Pruebas de los crímenes serán obtenidas por medio de mecanismos de cooperación internacional en
varios países. En enero, otro equipo de fiscales de la República irá a los Estados Unidos, para
cooperar con la Securities and Exchange Commission (SEC) y el Departamento de Justicia de
norteamericano, para sofocar los criminales que utilizaron de fraudes y lavado de dinero para
destruir el patrimonio de la Petrobras y su marca.
Aquí y allá, la decisión es de ir fondo en la responsabilización penal y civil de aquellos que
planearon ese esquema.
No habrá descanso. El Fiscal-General de la República no tergiversa ni renuncía al deber de hacer
que valga el interés mayor de la Nación. La PGR actúa.
El Ministerio Público Federal es órgano de Estado. Tiene compromiso solamente con la ley y con la
sociedad, siendo constitucionalmente incumbido de preservar y defender el patrimonio público y la
probidad administrativa.
Gracias a la independencia que le ha sido garantizada por la Constitución de 1988, podemos actuar
de forma isenta y republicana, sin temor a represalias, sin lazos con el poder político, sin amarras al
poder económico.
No importa quienes sean, el Ministerio Público Federal actuará y hará con que respondan frente al
Judiciario todos los criminales involucrados en este esquema. Estamos haciendo nuestra parte.
Sean todos bienvenidos a la ciudad de Brasília y muchas gracias.